“El 22% de las empresas Fintech tiene a la inteligencia artificial como centro de su producto. Tener el doble del promedio de lo que tiene Estados Unidos como centro de producto es realmente un diferencial que habla de por qué esta industria puede escalar en la región, vender sus productos afuera y tener el desarrollo que tiene”.

La Cámara Argentina Fintech dio a conocer los resultados de Industria Fintech Argentina 2026, la segunda edición del relevamiento integral que mide el tamaño, la composición y las perspectivas del sector en el país. La exposición estuvo a cargo de Alejandro Tejero Vacas, Director de Comunicación de la entidad.

El directivo detalló la radiografía de una industria que alcanza las 1.108 empresas dedicadas al desarrollo y distribución de servicios financieros a través de la tecnología. El 75 % son startups; Tejero Vacas mencionó de manera risueña que en este sector "hablar de PYME es algo que no existe".

El estudio no precisa una cifra o porcentaje exacto de cuántas compañías extranjeras se radicaron formalmente en el país. Pero este año "fue muy evidente la llegada de empresas de afuera que vienen a la Argentina" buscando probar modelos o expandirse en la región (mencionó los casos de Revolut y firmas provenientes de China, Europa del Este y Brasil).

El estudio, elaborado con el respaldo técnico y metodológico de la consultora Taquion, refleja un sector con modelos de negocio maduros, alta capacidad de exportación de servicios y una firme apuesta por la inversión privada.

Tejero Vacas destacó los datos que señalan "una industria que creció, desarrolló modelos de negocio sostenibles y tiene capacidad para competir internacionalmente".

En esa línea, enfatizó el valor estructural que el sector aporta a la economía real: “Son empresas que generan empleo, incorporan nuevas tecnologías y mantienen una fuerte apuesta por la inversión. Argentina tiene una oportunidad importante para seguir ampliando el aporte de la industria fintech a su economía”.

Con sus 1.108 compañías, Argentina se ubica como el tercer polo fintech de América Latina, situándose únicamente por detrás de Brasil (1.728 firmas) y México (1.111). El entramado productivo abarca diez grandes “verticales” (nichos) de negocio y 26 subverticales.

El segmento de Medios de Pago lidera la presencia con 438 empresas en Emisión y Procesamiento y 307 en Aceptación y Redes, seguido por Activos Financieros y Mercados de Capitales (293), Crédito y Financiamiento (285) y Cripto & Blockchain (140). Asimismo, existe un alto nivel de diversificación: en promedio, cada firma opera en dos verticales simultáneamente.

En materia laboral, la industria emplea de manera directa e indirecta a cerca de 140.000 personas. A pesar de que tres de cada cuatro empresas cuentan con estructuras relativamente pequeñas de menos de 100 colaboradores, el 52,4% amplió su plantilla de personal durante el último año y un 82% del talento tecnológico empleado es de origen local.

Uno de los datos más sobresalientes expuestos en el informe de la Cámara es el ambicioso plan de desembolsos: el 90% de las empresas ya definió sus planes de inversión para 2027, los cuales suman un estimado de US$ 2.200 millones.

La masa de recursos estará destinada principalmente a desarrollo tecnológico (68%), marketing y adquisición de clientes (51%), expansión geográfica (38%) y atracción de talento (38%).

Este volumen de inversión ocurre en un contexto de marcada solvencia y disciplina financiera. El 71% de las compañías del sector ya alcanzó el punto de equilibrio (breakeven) y un 73% aumentó su facturación en términos reales durante el último año.

Además, la industria muestra una escasa dependencia del crédito tradicional: el 80,4% se financia con capital propio, mientras que el 11,3% recurre a inversores institucionales y el 9,5% a venture capital.

Para 2027, las expectativas de ingresos siguen una trayectoria alcista, con un incremento real proyectado del 28% en la facturación promedio. Este dinamismo estará traccionado principalmente por las scale-ups (con proyecciones del 40%) y el vertical Cripto & Blockchain (36%).

El relevamiento pone de manifiesto la rápida adopción de tecnologías de frontera: el 99% de las fintech argentinas utiliza inteligencia artificial en sus procesos. Un 22% la posiciona como el componente central de su producto comercial, el 34% desarrolla modelos propios de machine learning y un 87% cuenta con arquitecturas tecnológicas propias o híbridas apoyadas en APIs estables.

En cuanto a la inserción internacional, el 49% de las compañías ya opera en el exterior -principalmente en Chile, Colombia, México, Uruguay y Perú-, una proporción que se eleva al 68% al contabilizar a las empresas que planean internacionalizarse en el corto plazo. Entre los nuevos destinos con mayor atractivo sobresalen Paraguay (19%), México (13%) y Uruguay (13%).

Pese al optimismo del sector, Tejero Vacas remarcó las principales inquietudes planteadas por los ejecutivos de la industria. La presión tributaria encabeza la lista de desafíos con el 59% de las menciones, seguida por la necesidad de modernizar el marco regulatorio (52%).

Al indagar sobre las barreras específicas para el lanzamiento de nuevos productos, el 41% señala la carga fiscal y el 32% argumenta falta de claridad normativa.

No obstante, la valoración general de las reglas de juego vigentes es positiva: el 61% de los encuestados considera adecuado el marco regulatorio actual para su actividad, aunque demandan reformas fiscales (40%) y esquemas regulatorios segmentados que contemplen las diferencias de escala entre pequeñas y grandes empresas (32%).

De cara al próximo año, el 59% de los empresarios prevé una mejora general de la situación económica en la Argentina. Asimismo, un 91% anticipa un proceso de consolidación de la industria, en el que las fusiones y adquisiciones jugarán un rol clave para alcanzar la escala requerida ante la creciente competencia regional.

“Es un efecto casi exclusivamente concentrado en petróleo y energía. Shock externo 100%”, explicó Martín Tetaz sobre el incremento de precios mayoristas de septiembre al 3,2%. La fortaleza relativa con la que la economía argentina afronta la suba de tasas de EEUU, la de los precios de la energía y la incertidumbre geopolítica por Ucrania y Ormuz está en buena parte en los dólares que ingresan.

Agroindustria (US$ 41 mil millones), energía (US$ 17,5 mil millones), minería (unos US$ 9 mil millones) y economía del conocimiento (US$10 mil millones) explican la mayor parte del salto exportador. En 2026 aportarían en conjunto del orden de US$ 70.000-80.000 millones, y en 2027 seguirían creciendo especialmente por energía, con el agro manteniendo niveles altos según El Niño lo permita.

Sin embargo hay una diferencia entre esos motores del desarrollo, y es que mientras Vaca Muerta y la minería tienen el RIGI, mientras la industria del conocimiento invierte saberes, los productores agropecuarios -según la Bolsa de Comercio de Rosario- invirtieron a riesgo propio US$ 14.747 millones en la campaña 2025/26 (soja, maíz, trigo, sorgo, cebada y girasol). Y pagan retenciones.

A la virtud de los actores de la cadena se sumó este año una baja relativa en costos. Un reciente informe del IERAL de la Fundación Mediterránea, firmado por los economistas Juan Manuel Garzón, Franco Artusso y Valentino Costamagna, analiza los costos de 13 insumos y servicios clave en la región y EE. UU.

La discusión sobre la competitividad agropecuaria suele enfocarse en el tipo de cambio y la presión impositiva sobre la producción. Sin embargo, la estructura de costos y los precios internacionales de los insumos constituyen un pilar fundamental para medir el verdadero margen del productor.

Para echar luz sobre este aspecto, los investigadores actualizaron a septiembre de 2026 su relevamiento comparativo de precios de insumos y equipos agrícolas entre Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos.

El estudio monitorea un total de 13 bienes y servicios esenciales. En la comparación general, Argentina presenta precios más altos en 5 de los 13 productos respecto de Brasil (38% de los casos), en 10 frente a Paraguay (77%), en 9 frente a Uruguay (69%) y en 5 frente a Estados Unidos (38%).

Al analizar la canasta por sectores, los datos muestran matices considerables:

Fertilizantes y agroquímicos: el fosfato monoamónico (MAP) es un 5,7% más caro en el país (1.030 US$/ton), el fosfato diamónico (DAP) un 5,4% (1.020 US$/ton) y el superfosfato triple un 10,2% más elevado (860 US$/ton). La urea granulada resulta un 11,8% más barata en Argentina (650 US$/ton) y el sulfato de amonio un 3,7% más económico (480 US$/ton).

Defensivos agrícolas: En herbicidas se observan valores alineados, destacándose el glifosato (54%), cuyo precio local es un 11,8% menor al promedio regional e internacional (4,5 US$/lt). Por su parte, el fungicida analizado (Pyraclostrobin + Epoxiconazol) cotiza casi un 15% por debajo del promedio de los demás mercados (20,0 US$/lt).

Combustible y fletes: Representan dos de los puntos más críticos para el costo argentino. El gasoil grado 2 (1,5 US$/lt) supera en un 6,5% el promedio de los otros cuatro países, mientras que el flete granario para una distancia de 400 km (41,0 US$/ton) es un 13,4% más caro. En ambos rubros, Argentina es más costosa que Brasil, Paraguay y Uruguay, aunque más barata que Estados Unidos.

Maquinaria agrícola: Muestra un escenario mixto; mientras los tractores de 200 HP resultan un 12,6% más caros que en el resto de los países analizados (216.977 US$), las cosechadoras de 35 pies se ubican un 3,3% por debajo del promedio (652.666 US$).

Los autores aclaran que la igualdad de precios no se traduce linealmente en el mismo costo por hectárea, ya que depende de factores como suelo y clima. Pero destacan que en los últimos 12 meses la competitividad argentina evolucionó hacia un plano de mayor paridad.

"La brecha promedio de los 13 productos relevados frente al promedio de Brasil, Paraguay, Uruguay y Estados Unidos se redujo del 6% en agosto / septiembre 2025 al 0,4% en septiembre 2026". A pesar de esta mejora en la cancha de los insumos, los economistas del IERAL son categóricos al señalar dónde radica el verdadero problema estructural del campo.

Debe recordarse que el principal problema de la competitividad del sector agropecuario se encuentra por el lado de los ingresos, puesto que los productores locales enfrentan derechos de exportación que reducen de forma directa el precio efectivo que reciben por la venta de sus productos, algo que no ocurre en ninguno de los demás países analizados.

La provincia de Santa Fe se consolidó una vez más entre las jurisdicciones con mejores estándares de transparencia fiscal del país, al alcanzar un puntaje de 9,45 puntos sobre 10 en la edición 2025 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP).

El relevamiento, elaborado de forma ininterrumpida desde hace 13 años por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), ubicó a la provincia en el quinto puesto del ranking nacional, por detrás de Tierra del Fuego (10,00), Córdoba (9,90), Entre Ríos (9,55) y La Pampa (9,55).

Al comparar el desempeño actual con el informe del año anterior, Santa Fe registró una leve disminución de 0,25 puntos, pasando de los 9,70 puntos logrados en 2024 a los 9,45 puntos en 2025. El desglose por bloques permite identificar que la provincia conservó calificaciones sobresalientes en la estructura central del índice.

Presupuesto: 2,60 puntos (100% de cumplimiento del máximo posible).

Recursos: 3,55 puntos (100% de cumplimiento del máximo posible).

Ejecución y rendición de cuentas: 3,10 puntos sobre un máximo de 3,40.

Sin embargo, el achicamiento del puntaje global obedeció íntegramente a lo sucedido en el pilar de Divulgación, donde la provincia descendió de 0,45 a 0,20 puntos.

De acuerdo con las autoras del estudio -las economistas Paula Szenkman, Ada Luz Cabrera y Dalila Gómez-, esta baja estuvo directamente asociada a la "falta de disponibilidad del presupuesto en formato ciudadano correspondiente al ejercicio 2025" en las plataformas oficiales del gobierno provincial.

Según detalla el Documento de Políticas Públicas N° 254 de CIPPEC, el ITPP evalúa en forma anual "la cantidad, el nivel de desagregación y la actualización de la información presupuestaria y fiscal disponible en los sitios web oficiales de las 24 jurisdicciones argentinas".

Su metodología simula la búsqueda activa que realizaría cualquier ciudadano para acceder a la información pública provincial y mide la transparencia a través de dos dimensiones centrales: la disponibilidad y nivel de detalle de los datos online, y el grado de rezago con que se publican.

El índice consolida sus resultados en cuatro bloques: Presupuesto, Ejecución y rendición de cuentas, Recursos y Divulgación. En cuanto a la relevancia del indicador, los autores del trabajo destacan el complejo escenario fiscal en el que interactúan las provincias.

En el informe argumentan textualmente que "en un contexto de restricciones presupuestarias y crecientes demandas sobre el uso de los recursos públicos, la transparencia fiscal adquiere un papel central en la gestión de los gobiernos provinciales.

"Las provincias -añaden- tienen a su cargo servicios públicos esenciales, como educación, salud, seguridad e infraestructura, pero cuentan con una participación limitada en la recaudación tributaria. Mientras que la Nación concentra el 78,6% de los ingresos fiscales, las provincias perciben directamente el 17,5% de los impuestos".

En este marco de asimetría, la difusión clara de las cuentas públicas se transforma en un pilar democrático indiscutible.

"La disponibilidad de información fiscal no solo constituye una condición para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sino que también contribuye al seguimiento ciudadano de las políticas públicas, fortalece la rendición de cuentas y favorece un debate informado sobre la asignación y utilización de los recursos públicos", dicen las autoras del reporte.

En el plano general, la edición 2025 del ITPP arrojó un promedio nacional de 8,3 puntos, lo que significó una suba de 0,4 puntos en comparación con 2024 y consolidó por segunda vez en la historia un desempeño general por encima del umbral de los 8 puntos.

Entre los aspectos más destacados del escenario provincial, 15 provincias mejoraron su desempeño, 1 se mantuvo sin cambios (Córdoba con 9,90) y 8 registraron caídas en sus puntajes.

Tierra del Fuego encabezó la nómina nacional con puntaje perfecto (10,00). Por su parte, Río Negro evidenció la mayor suba absoluta (+2,1 puntos, alcanzando 8,1), seguida por Catamarca (+1,8 puntos globales) y Buenos Aires (+1,7 puntos).

La Rioja sufrió la caída más pronunciada (-0,85 puntos, ubicándose en 6,95), explicada por la omisión en la publicación de la Cuenta de Inversión 2024. Le siguieron Tucumán (-0,55) y Santiago del Estero (-0,50).

Por segundo año consecutivo, la dispersión entre jurisdicciones se mantuvo en su mínimo histórico (1,4 puntos), lo que da cuenta de una mayor homogeneidad en las prácticas de visibilización fiscal del país.

El bloque de Recursos lideró el nivel de cumplimiento medio (88%), seguido por Presupuesto (82%) y Ejecución (78%). En contraste, Divulgación sufrió una caída de 6 puntos porcentuales a nivel nacional (pasando del 78% al 72%), debido a que la cantidad de distritos que publicaron el "Presupuesto Ciudadano" disminuyó de 15 a 12 en todo el territorio argentino.

Con este diagnóstico, Santa Fe conserva una posición destacada de liderazgo técnico en la publicación de sus recursos y presupuestos, aunque enfrenta el desafío directo de reincorporar formatos accesibles para que la ciudadanía santafesina consulte sin barreras técnicas el destino de los fondos públicos.

“En 45 años Australia creció 272%; per cápita es un PI Ique se expandió 100%. Chile creció 444%, 3,9% anual, incluso un desempeño en términos de crecimiento más potente que el caso australiano. Brasil terminó creciendo 165%; ajustado per cápita 51%, tasa promedio 2,2 con 9 años recesivos. Y finalmente Argentina terminó creciendo 106%; ajustado por habitante en la zona 26%, con 20 años recesivos.

“Es el fiel reflejo de la inestabilidad”, dijo Esteban Domecq en el marco del 62° Coloquio de IDEA llevado a cabo en Mar del Plata. El presidente de Invecq Consultora Económica y docente UCEMA presentó una radiografía profunda sobre los desafíos estructurales de la economía argentina en su disertación titulada "De promesa a potencia: las claves para la competitividad".

Con un enfoque de largo plazo, el especialista contrapuso el desempeño de la Argentina con el de economías de Australia y Chile, de bases extractivistas marcadas, especialmente centradas en la minería (como el cobre en Chile y el hierro, carbón y litio en Australia), aunque con diferencias importantes en su grado de sofisticación y diversificación industrial.

“No hay vuelta atrás porque no hay nada para ir a buscar”. Domecq destacó la estrecha correlación entre la inversión y las tasas de crecimiento sostenido. Tanto en Australia como en Chile, la inversión representa el 24% del PBI, impulsada por sectores externos integrados donde la oferta exportadora de Chile equivale al 34% de su producto.

En contraste, la Argentina muestra un ratio de exportaciones de tan solo el 15% del PBI, lo que significa que el país exporta en promedio US$ 1.500 al año por persona, frente a los US$ 6.000 per cápita del país transandino.

A su vez, el disertante encendió las alarmas sobre la estructura de ingresos y gasto. La Argentina destina el 86% de lo que produce al consumo, una cifra significativamente superior a la de Chile (71%), Australia (75%) e incluso Brasil (82%).

“Argentina consume mucho, la tasa de ahorro está por debajo de los 14 puntos del producto; como ahorra poco, invierte poco y cuando quiere invertir, obviamente es difícil sostener esa dinámica y como invierte poco, la economía crece poco. Y como crece poco la economía, ¿qué va a pasar con el consumo? Va a crecer poco también”.

Esta situación configura una paradoja estructural: al consumir una porción tan elevada del ingreso, la tasa de ahorro nacional se ubica por debajo del 14% del PBI, lo que impide financiar niveles adecuados de inversión (que rondan apenas el 15% al 16% del producto) y termina asfixiando la capacidad futura de expansión del propio consumo.

Basándose en el informe global del Institute for Management Development (IMD), Domecq detalló que la Argentina escaló ocho posiciones en el ranking mundial de competitividad, pasando del puesto 66 al 58 entre 70 países evaluados.

Sin embargo, aclaró que el país continúa relegado en la zona baja de la tabla junto a Brasil (puesto 65), lejos de competidores regionales como Chile (puesto 53) y líderes globales como Australia (puesto 17). El análisis por bloques del índice IMD reveló el siguiente balance:

Entorno macroeconómico: Mostró una fuerte mejora impulsada por el avance en la estabilización, la desaceleración de la inflación y la incipiente recuperación cíclica. Sin embargo, en comercio internacional el país permanece en el puesto 62.

La Argentina se sitúa en el puesto 65 de 70. Si bien se valoró el equilibrio fiscal alcanzado y la baja en la presión tributaria agregada, la presión efectiva sobre el sector formal alcanza entre el 44% y 45% del PBI al corregir por el 40% de informalidad existente.

Domeq reseñó que los impuestos distorsivos (como el impuesto al cheque, ingresos brutos y retenciones) cuadruplican el promedio de la región y decuplican el de la OCDE.

Dijo que la luz positiva es Vaca Muerta, que permitió revertir un déficit energético de US$ 10.000 millones en 2013 para alcanzar un superávit estimado en US$ 13.000 millones para este año. Pero persisten cuellos de botella en costos logísticos, deterioro vial, menor gasto en obra pública (por debajo del 2% del PBI) y caída en la calidad educativa.

La eficiencia empresarial es mejor pero también tiene retrasos. Ocupa el puesto 55, donde se reconoce el impacto positivo de la reforma laboral y la recomposición de ingresos en dólares, pero persisten desafíos en materia de productividad, escala corporativa reducida y altos costos financieros.

En el tramo final de su exposición, Domecq abordó la transformación de la matriz productiva. El economista remarcó que en las economías desarrolladas los sectores primarios representan en promedio el 13,8% del producto y la industria junto a la construcción explican el 19%, mientras que los servicios concentran más del 65% de la actividad económica y más del 70% del empleo.

En ese marco, sostuvo que sectores altamente competitivos como el agro, la minería y los hidrocarburos no deben ser vistos como los únicos generadores de empleo masivo, sino como los motores indispensables para proveer las divisas que requiere la macroeconomía para sostener la estabilidad.

Finalmente, el especialista concluyó que la agenda de competitividad futura exige profundizar el proceso de estabilización macroeconómica, encarar reformas tributarias profundas, mejorar la infraestructura logística y afianzar las instituciones para garantizar un ciclo de crecimiento virtuoso y duradero.

"Nosotros hace muchos años que venimos trabajando con el acuerdo Unión Europea de Mercosur, son dos bloques muy importantes y Santa Fe, que es una ciudad, una provincia muy productiva, creemos que puede sacar beneficios de este acuerdo tan importante y que se trabajó durante tantos años", sostuvo Juan Pablo Durando. Santa Fe representa 25 % de las exportaciones argentinas al viejo continente.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Santa Fe encabezó el seminario “Acuerdo Mercosur–Unión Europea: Oportunidades y Desafíos para la Agroindustria Santafesina”, al que asistió el embajador del bloque europeo en la Argentina, Erik Høeg.

Al ser consultado sobre los cambios concretos en la dinámica comercial y tributaria, Durando apuntó hacia la estabilidad de las reglas de juego "y va a ser muy importante porque hay que establecer criterios uniformes tanto la Unión Europea como Argentina para que de alguna forma no compitan entre sí". Destacó que el acuerdo incluye una baja progresiva a las retenciones agroindustriales.

Un reciente informe del Centro de Estudios y Servicios de la BCSF muestra la relevancia que puede tener este nuevo escenario. Entre enero y julio de 2025 y el mismo período de 2026, las exportaciones santafesinas hacia la Unión Europea pasaron de US$ 973,3 millones a US$ 1.109 millones, lo que representa un incremento del 13,9% en valor y del 13,7% en cantidades.

A su turno, el embajador de la Unión Europea en la Argentina, Erik Høeg, valoró el peso específico del territorio santafesino, señalando que alrededor del 25% de todas las exportaciones argentinas hacia el bloque comunitario se originan en esta provincia.

"Santa Fe realmente es un actor de protagonismo en este acuerdo, provincia muy productiva, muy fuerte en el agro, donde se abren nuevas posibilidades, hay ventajas arancelarias, hay ventajas de cuotas", enfatizó. El diplomático puso de relieve el acompañamiento a los sectores productivos de menor escala.

"Necesitamos que el emprendedor de la provincia, particularmente los pequeños, medianos empresarios, entiendan la norma, cuáles son los desafíos y vean las oportunidades también. Es parte importante de nuestro trabajo pedagógico para explicar junto con las autoridades locales y el gobierno argentino lo que viene y cómo pueden beneficiarse".

Respecto de las exigencias ambientales continentales y el acceso para el biodiésel, Høeg transmitió una perspectiva positiva basada en el canal técnico abierto: "Se escucharon con mucha atención las preocupaciones de la Argentina, de la provincia de Santa Fe, como quiso demostrar con sus argumentos cómo la producción justamente de esta provincia no aumenta la deforestación".

Sostuvo que "ha habido un diálogo excelente con las autoridades de Argentina, con la provincia justo para tomar en cuenta ese tipo de preocupaciones ahí. Así que yo salgo con un espíritu algo más optimista". En esa línea, remarcó la preparación del empresariado local y el marco para nuevas inversiones.

"Lo importante es informarse; muchos exportadores de esta provincia conocen perfectamente nuestra norma sanitaria, fitosanitaria, lo que queremos de las importaciones que sean libres de deforestación. Lo que me alegra ver es que muchos exportadores argentinos ya se aprovecharon del acuerdo; la Argentina, el productor argentino, las instituciones argentinas están muy bien preparadas".

Asimismo, agregó: "Este acuerdo crea un marco de previsibilidad para la empresa europea que quiera invertir o aumentar sus inversiones".

Por su parte, el ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, destacó el trabajo previo mantenido con las autoridades europeas en Casa de Gobierno y resaltó las credenciales ambientales del perfil santafesino. "Estamos en la provincia más sustentable podríamos decir de la República Argentina y quizás la que más cumple con todas las normas de trazabilidad que este mercado pide".

Puccini ponderó el esfuerzo coordinado con los organismos técnicos y el alcance del mercado receptor: "El mensaje es acompañar a los productores, a las pymes, a las industrias también en todo lo que van a necesitar en este nuevo desafío ante un mercado enorme, casi 440 millones de consumidores. Hay que trabajar en acompañarlos en capacitaciones, en certificaciones, en habilitaciones".

Recordó que "el trabajo más importante fue con el biodiésel y agradecemos también al embajador porque ofició de puente para que Santa Fe con el gobierno nacional haya podido acercar todas las condiciones técnicas en ese dosier que lo construimos en conjunto; estamos en un buen camino y hoy se están retomando comercializaciones para una producción tan importante como el biodiésel".

La presidenta del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), María Beatriz Giraudo, fundamentó la relevancia de los estatus sanitarios para asegurar la inserción en mercados de alta exigencia. "Es fundamental la posibilidad de incrementar la capacidad productiva", dijo la funcionaria.

"Tenemos todas las condiciones en la provincia de Santa Fe y en el país, sistemas de producción adecuados que tienen larga trayectoria para poder cumplir con toda la normativa de la Unión Europea, pero los aspectos relacionados a la sanidad animal, a la protección vegetal y a la inocuidad alimentaria cobran un rol fundamental en un mercado cada vez más exigente", advirtió.

En relación con el reconocimiento internacional de las dinámicas sanitarias y la vacunación, Giraudo enfatizó la solvencia del modelo argentino: "Estamos mostrando grandes avances de mucha confianza en el sistema sanitario argentino con un esquema de vacunación que tiene también muchísima trazabilidad, que da confianza a los distintos mercados", dijo.

Por su parte el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec), Gustavo Idígoras, repasó la situación de las exportaciones agrícolas y las proyecciones en materia de biocombustibles avanzados.

"Estamos trabajando para que la futura norma de Europa nos permita seguir exportando el biodiésel de soja, pero también nos permita seguir exportando biocombustible de aviación civil y de uso marítimo en la Unión Europea. En los próximos 2 años Europa va a establecer las condiciones de comercialización".

Sostuvo que "es un mercado muy grande, pensemos que ese mercado va a crecer 17 veces del consumo actual y la Comisión Europea tiene mucho para decir y va a haber un proceso de consulta pública que probablemente en el primer trimestre del año que viene publique la primera propuesta de reglamento en ese sentido".

Idígoras subrayó que "al haber firmado el acuerdo UE-Mercosur, tenemos hoy una silla preferencial en esa discusión de reglas. Por eso es tan relevante y tan importante, no solamente para traer inversiones, sino para conversar cómo se van a escribir esas reglas antes que existan. Somos muy optimistas que Santa Fe va a poder transformarse en una capital mundial en materia de biocombustibles".

Sobre las regulaciones de no deforestación, el titular agroindustrial concluyó: "Europa es el líder mundial en términos de innovación de reglas. Argentina tiene condiciones naturales de cumplimiento y estamos muy bien posicionados. De hecho, en los últimos días la cantidad de importadores europeos para buscar harina de soja argentina o carne vacuna argentina ha crecido de una manera considerable".

“Hay toda una discusión global que ha tenido visiones distópicas que anticipaban el fin del empleo de las democracias tal como las conocemos y visiones utópicas que hablaban de un salto discreto en la productividad, salarios ilimitados y una abundancia ilimitada, con la IA”. Pero la evidencia demuestra otra cosa según Luciano Laspina.

El economista santafesino expuso los puntos centrales de una investigación realizada conjuntamente por CIPPEC y Accenture sobre el impacto de la inteligencia artificial en el mercado laboral argentino. Durante su intervención, analizó la dinámica real de adopción tecnológica global y local, alejándose tanto de las visiones apocalípticas como de las promesas utópicas de abundancia ilimitada.

Dijo que “si bien la experiencia es muy corta, pues estamos hablando de una tecnología que tiene 4 años y cambia cada 6 meses, en realidad la tasa de adopción de la IA es relativamente lenta como lo ha sido con la mayoría de las producciones tecnológicas en el mundo, que ha tomado a veces varias décadas para incorporarse plenamente a los procesos productivos.

“Entonces -dijo- lo que uno tiene que mirar en términos de anticipar si vamos a un escenario distópico o utópico son básicamente dos parámetros: uno es la velocidad de adopción y el segundo es el grado de sustitución o complementación de tareas”.

El economista contrapuso los pronósticos que anticipaban un fin acelerado del empleo con la evidencia empírica disponible de los últimos años. Según explicó, la curva de incorporación de la IA en los procesos productivos sigue un ritmo paulatino, similar al de transformaciones tecnológicas previas.

Para ejemplificar la lentitud del proceso, citó datos del censo empresarial de los Estados Unidos, donde solo una de cada cinco empresas utiliza IA de forma intensiva. Aunque en las compañías de más de 250 empleados la penetración alcanza al 37%, menos del 12% del personal la utiliza diariamente en sus tareas.

Uno de los ejes analíticos centrales planteados por Laspina consiste en descomponer los puestos de trabajo en actividades específicas. El disertante remarcó que la tecnología no suele eliminar puestos completos de forma directa, sino que transforma las funciones que componen cada rol.

"Los empleos son un paquete de tareas, no es una única tarea. Entonces, en muchos casos y yo diría en la mayoría, la inteligencia artificial potencia, automatiza y hace mucho más eficiente una tarea y libera tiempo para otras tareas".

Laspina señaló que el grado de impacto sobre el empleo y los salarios depende de si la herramienta sustituye o complementa el trabajo humano en cada una de esas funciones.

Al aplicar esta metodología a la estructura productiva argentina, el informe de CIPPEC y Accenture determinó que el 43% de las horas de trabajo en el país son susceptibles de ser aumentadas o sustituidas por la inteligencia artificial.

Los sectores de mayor exposición corresponden a las tecnologías de la información, el sector financiero, los centros de atención al cliente (call centers) y los servicios profesionales ligados al lenguaje y la programación.

No obstante, el principal desafío identificado para la economía nacional radica en la brecha de adopción empresarial de la IA, según el estudio presentado por Laspina. Los datos revelan que apenas el 20% de las empresas argentinas han comenzado a aplicar herramientas de IA en ese universo de horas susceptibles, y menos del 10% del tiempo laboral registra un uso intensivo.

Esta distancia entre el potencial tecnológico y la implementación concreta modera la velocidad del impacto en el mercado laboral.

Apoyándose en la teoría de los "eslabones débiles" del economista de Stanford Chad Jones, Laspina argumentó que, si bien la IA incrementa la eficiencia productiva, el juicio humano sigue siendo el factor crítico e insustituible en la toma de decisiones.

Esta dinámica genera efectos distributivos específicos en la demanda de empleo: mientras se reduce la contratación de perfiles iniciales o juniors -al automatizarse las tareas más repetitivas-, se incrementa la demanda de profesionales experimentados.

"Hay una caída de la demanda de juniors, por lo general, y un aumento de la demanda de seniors con experiencia, porque una de las cosas que no tiene la inteligencia artificial es justamente el criterio humano y la experiencia... La experiencia de vida, la intuición".

Laspina cerró su presentación con un mensaje de optimismo moderado, concluyendo que la inteligencia artificial no representa una amenaza de destrucción masiva del trabajo en la Argentina, sino un proceso de reorganización productiva donde la intuición y el criterio humano mantendrán un rol protagónico.

"La energía ya no sea solo una cuestión climática, sino que sea también una cuestión de competitividad económica y seguridad nacional". Así lo expuso Julen Baztarrica al analizar acontecimientos geopolíticos de alto impacto como el conflicto con Irán, las amenazas sobre el estrecho de Ormuz, la guerra en Ucrania y las sanciones al petróleo ruso.

Para el socio de McKinsey y líder de la práctica de Energía, bajo este nuevo paradigma, las proyecciones muestran que la demanda global de energía continuará creciendo de manera sostenida hacia el año 2050.

Durante el Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el especialista aclaró que este incremento no responderá a un patrón uniforme, sino que exhibirá una marcada asimetría regional articulada en tres grandes bloques.

India liderará la expansión con un incremento de hasta el 70% en su consumo energético, impulsada por su desarrollo industrial, el crecimiento económico y la migración rural-urbana. Por su parte, el Sudeste Asiático incrementará su demanda en torno al 40%, mientras que África podría crecer hasta un 30%.

En cuanto a China y Estados Unidos, el analista expuso que se prevé una estabilización del consumo. En ambas potencias -dijo- convergen dos fuerzas opuestas: el impulso del crecimiento económico por un lado y los avances en eficiencia energética por el otro, los cuales terminan compensándose.

Sobre Europa, apuntó que experimenta un fenómeno opuesto. Debido a la acelerada electrificación, los avances en eficiencia y, principalmente, la deslocalización de su industria electrointensiva, el viejo continente podría reducir hasta un 25% su consumo de energía primaria.

Baztarrica apuntó que el escenario energético global hacia mediados de siglo se estructurará sobre dos tendencias interconectadas: una acelerada expansión del consumo eléctrico y la indiscutible persistencia de las fuentes fósiles en la matriz primaria.

De acuerdo con las estimaciones del analista, la cuota eléctrica en el consumo final pasará del 23% actual a un rango de entre 33% y 42% para 2050. En valores absolutos, esto implica escalar de los 27.000 TWh actuales a más de 60.000 TWh. Este crecimiento responderá a cuatro motores clave:

-Electrificación del transporte terrestre: adopción masiva en vehículos ligeros y avance progresivo en transporte pesado.

-Transformación industrial: sustitución de calor de proceso tradicional por tecnologías eléctricas.

-Climatización en países emergentes: Mayor penetración de sistemas de confort térmico urbano.

-Infraestructura digital e inteligencia artificial: demanda masiva y continua de energía para los centros de datos.

A pesar del avance eléctrico, la transición energética se perfila más dilatada y compleja de lo previsto. Para 2050, el petróleo, el gas y el carbón aún representarán entre el 40% y el 55% del consumo final global (frente al 65% actual).

Sobre el petróleo, expuso que el consumo actual de 106 millones de barriles diarios alcanzará un pico (peak oil) de aproximadamente 110 millones a principios de la década de 2030, entrando luego en un declive suave y paulatino.

Sectores estratégicos como la aviación, el transporte marítimo y la petroquímica continuarán requiriendo hidrocarburos líquidos durante décadas. A este factor se suma la declinación natural de los campos maduros mundiales -de entre un 3% y un 5% anual-, lo que genera una brecha estructural entre oferta y demanda que exige el desarrollo constante de nuevas cuencas.

Acerca del gas natural, dijo que se prevé un crecimiento desde los 4.000 BCM (miles de millones de metros cúbicos) anuales actuales hasta los 4.500 BCM, sosteniéndose en esos niveles hacia 2050.

“El gas mantiene un rol insustituible por su menor intensidad de emisiones de CO2 en comparación con el petróleo, su capacidad para respaldar la intermitencia de las renovables y su elevada flexibilidad logística mediante almacenamiento y GNL”.

En este punto, Baztarrica enfatizó un cambio drástico ocurrido en el mercado del gas en los últimos 12 meses: mientras que un año atrás se proyectaba una ligera sobreoferta global debido al ingreso de proyectos no convencionales en EE.UU., las disrupciones sufridas en los trenes de licuación de Qatar y la escalada bélica en Oriente Medio tensionaron la oferta.

"Europa y Asia ya no buscan solo optimizar precio, sino que están buscando diversificación geográfica, están buscando flexibilidad contractual y están buscando fiabilidad del suministro".

Es ante esta necesidad de seguridad y flexibilidad donde Argentina adquiere un protagonismo inédito. Según Julen Baztarrica, Vaca Muerta ha dejado de ser una promesa de desarrollo local para erigirse en un activo estratégico global. Esta transformación se sustenta en pilares competitivos:

Argentina alberga las segundas reservas mundiales de gas no convencional (equivalentes a 2 años del consumo global entero) y las cuartas de petróleo no convencional (equivalentes a 1 año de consumo global). Eso con costos sumamente competitivos.

La cuenca presenta un costo de desarrollo (break-even) de aproximadamente US$ 40 por barril, frente a precios internacionales de mercado situados en torno a los US$ 100. A eso añadió la baja intensidad de emisiones: la huella de CO2 por barril extraído en Vaca Muerta es sensiblemente inferior a la de la mayoría de las cuencas competidoras a nivel global.

Al situarse fuera de las zonas tradicionales de conflicto geopolítico (Oriente Medio y Eurasia), Argentina ofrece a Europa y Asia una valiosa diversificación de riesgo en sus portafolios de compra. Baztarrica señaló además el agotamiento progresivo del shale de EE.UU.

A pesar del potencial del yacimiento, la industria enfrenta un interrogante crítico de cara a los próximos años: ¿Tiene Argentina la capacidad de escalar la producción con la velocidad y productividad requeridas para capitalizar esta ventana de oportunidad antes de que se reconfigure el mapa energético?

Para lograrlo, la visión analítica de Baztarrica dijo que aprovechar la coyuntura exige duplicar el nivel de actividad actual en la cuenca neuquina, lo que implica movilizar inversiones de desarrollo superiores a los US$ 20.000 millones anuales.

Este salto cualitativo requiere la construcción acelerada de plantas de procesamiento de gas y petróleo, la ampliación de la red de transporte (gasoductos y oleoductos) y el desarrollo masivo de infraestructura vial, eléctrica, ferroviaria y portuaria.

Expuso que existe actualmente una brecha de costos del 35% en perforación y completación en Vaca Muerta al compararse con los estándares óptimos de la cuenca del Permian en Estados Unidos. Esta diferencia no responde a la calidad del recurso geológico, sino a sobrecostos logísticos, de personal y una cadena local de proveedores de bienes y servicios aún reducida y en fase de consolidación.

El escalado productivo demanda un desarrollo social y urbano acorde en la región neuquina, incluyendo oferta habitacional, servicios de salud y capacitación de talento. Además, los cuellos de botella más severos -el abastecimiento masivo de agua, la logística de arenas de fractura, la conectividad por tren y la saturación de rutas- no pueden ser resueltos de forma individual por cada compañía.

Resulta indispensable -expuso- articular respuestas sectoriales e integradas. Iniciativas consorciadas como el proyecto Vemos y el surgimiento del Instituto Vaca Muerta se consolidan como modelos indispensables de sinergia entre competidores para ganar eficiencia a escala de cuenca.

"Escalar Vaca Muerta va a requerir no solo más inversión, sino también una nueva escala de colaboración entre todos los actores de la industria".

Baztarrica situó potencialmente a Vaca Muerta como el principal motor de crecimiento del país hacia el final de esta década, acumulando inversiones hacia 2030 por US$ 100.000 millones, exportaciones anuales por más de US$ 30.000 millones y generación de empleo directo e indirecto de 200.000 puestos de trabajo estables. El impacto en el PBI sería de 5 puntos porcentuales.

Con la premisa de cambiar el foco de la conversación pública y analizar las condiciones estructurales de crecimiento que requiere el país, este miércoles 30 de septiembre comenzará formalmente el 62° Coloquio de IDEA en el Hotel Sheraton de Mar del Plata.

Bajo el lema “Invirtiendo la historia. 20 años: de promesa a potencia”, el tradicional encuentro empresarial convocará a más de 1.000 referentes del sector privado, la política, la academia y especialistas nacionales e internacionales.

Un punto de especial atractivo -en medio del debate sobre la marcha de la economía nacional- estará marcado por la agenda del Gobierno nacional: el presidente de la Nación, Javier Milei, participará de las deliberaciones a través de una disertación en formato virtual.

Bajo esta misma modalidad remota intervendrán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; y el canciller Pablo Quirno. Todos ellos estarán viajando al Argentina Week End en París.

En tanto, la representación política presencial en la ciudad balnearia incluirá la participación de la senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Una vez más el ausente destacado será el gobernador local, Axel Kicillof.

La convocatoria de este año busca responder a una pregunta central para la economía nacional: cómo transicionar desde la actual fase de estabilización hacia una estrategia capaz de sostener 20 años de crecimiento económico continuo.

Para abordar este desafío, los ejecutivos socios de la entidad y sus equipos especializados articularon una agenda de trabajo previa distribuida en cuatro grandes ejes temáticos:

Megatendencias globales: el impacto de la inteligencia artificial, la geopolítica, los recursos estratégicos y las nuevas dinámicas del capital en las reglas de competencia global.

Pilares para una Argentina estable: la consolidación de la estabilidad macroeconómica, la seguridad jurídica, el fortalecimiento de las instituciones y la construcción de consensos de largo plazo que trasciendan los ciclos políticos.

Claves para la competitividad: el análisis detallado de los costos operativos, la infraestructura, la reforma del sistema tributario y las condiciones para la inserción internacional de la producción.

Desarrollo de las capacidades humanas: el rol de la educación y el futuro del trabajo frente a las transformaciones tecnológicas y económicas.

El discurso de apertura estará a cargo de Fabián Kon, presidente del 62° Coloquio y CEO del Grupo Galicia, mientras que el cierre del encuentro, programado para el viernes 2 de octubre, estará encabezado por Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de PwC Argentina.

A lo largo de las tres jornadas disertarán figuras internacionales y ejecutivos de primeras líneas corporativas, como Ryan McInerney (CEO global de Visa), el expresidente de la República Oriental del Uruguay Luis Lacalle Pou, y académicos de instituciones como Johns Hopkins y Harvard.

Asimismo, el ámbito de la gestión pública y educativa contará con aportes regionales destacados, entre ellos el del ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, e intendentes como Leonel Chiarella (Venado Tuerto), en el marco de los debates sobre capital humano e institucionalidad.

Con este esquema de trabajo, la comunidad empresarial reunida en Mar del Plata buscará sentar las bases para transformar la previsibilidad de corto plazo en inversión productiva, competitividad sistemática y empleo formal sostenido en el tiempo.

Transportadora de Gas del Norte (TGN) anunció su decisión de llevar adelante un proyecto de infraestructura energética que contempla una inversión total del orden de los US$ 2.200 millones con el objetivo de potenciar la creación de valor del gas de Vaca Muerta y resolver el déficit de abastecimiento en las regiones del centro, norte y el litoral argentino.

La obra principal consiste en la construcción del Gasoducto Manuel Belgrano, una traza de 753 kilómetros de extensión entre Tratayén (Neuquén) y La Carlota (Córdoba), que atravesará cinco provincias (Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba) con un desembolso específico de US$ 1.500 millones.

El ducto contará con un tramo inicial de 278 km en 36 pulgadas de diámetro y 475 km en 30 pulgadas, apoyado por una nueva planta compresora en Tratayén, en las cercanías de Añelo. Pero más allá del tramo central que atravesará 5 provincias, (Neuquén, Río Negro, La Pampa, San Luis y Córdoba), habrá obras complementarias que impactarán fuera de sus territorios.

Para Santa Fe y la región del Litoral, el proyecto representa una respuesta estructural a las limitaciones de suministro de gas. El plan de obras asociadas sobre el Sistema TGN permitirá incrementar la capacidad de transporte en hasta 14 millones de metros cúbicos diarios (MMm3/d) adicionales.

Entre las intervenciones técnicas previstas en el sistema existente se destaca la construcción de 147 kilómetros de loops (cañerías paralelas) de 30 pulgadas, trazados a lo largo de las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca, Santiago del Estero y Tucumán.

A su vez, el esquema contempla la incorporación de 71.000 HP de potencia distribuidos en 5 plantas compresoras. Según detalló la empresa, este aumento de volumen tiene como fin prioritario abastecer la demanda de las industrias y centrales eléctricas en su zona de influencia, asegurando un insumo energético de producción local y competitivo.

Cabe recordar que el pasado invierno Economía trasladó a las industrias el mayor costo del GNL importado por barcos. El millón de BTU pasó de US$11 a US$26, afectado por la guerra en Medio Oriente. TGS tendría previsto inaugurar la ampliación del TGS para el próximo invierno, pero eso aún no resuelve el cuello de botella estacional para la provincia, el Litoral ni el NOA.

El cronograma presentado por la compañía prevé el inicio de los trabajos para abril de 2027 y la puesta en funcionamiento operativo para abril de 2029. Durante la fase de construcción, la iniciativa requerirá la contratación de 2.000 empleos.

Sustitución de importaciones: Ahorro anual estimado en US$ 700 millones por menor compra de combustibles importados como GNL y gasoil.

Exportaciones regionales: Generación de divisas por US$ 450 millones al año mediante envíos a países vecinos, aprovechando que TGN es el único operador nacional conectado con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.

La firma solicitará la adhesión del proyecto al Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) ante el Ministerio de Economía.

Horacio Pizarro, CEO de TGN, destacó que el gasoducto busca "transformar el gas de Vaca Muerta en energía competitiva, con producción local, sustitución de importaciones y la generación de saldo exportable", funcionando como "un puente para brindar más oportunidades de desarrollo económico y social" bajo un esquema de inversión privada.

El proceso comercial comenzará a fines de septiembre con el llamado a concurso de capacidad, previéndose la presentación y adjudicación de las ofertas para fines de noviembre de 2026. La obra estaría operativa en el cuarto mes del 2029.

La Bolsa de Comercio de Santa Fe fue sede de la jornada: "Claves de financiamiento para PyMEs". El encuentro fue organizado por la BCSF junto a Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (CASFOG). Además, fue patrocinado por RICSA ALyC, Integrar y ACA Valores. Reunió a empresarios con entidades clave como el CFI, BICE, BICA y el Banco de Santa Fe, buscando acercar herramientas de inversión y crédito.

El presidente de CASFOG, Pablo Pereyra, explicó que las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) facilitan el financiamiento, pero pocas son las empresas pequeñas y medianas que usan la alternativa. "Entre las Pymes santafesinas, unas de cada diez acceden a la asistencia por parte de un SGR", explicó Pereyra. Remarcó que este sistema permite que "una Pyme logre una baja de hasta un 20% de su costo financiero", facilitando el capital de trabajo.

Por su parte, el presidente de la Bolsa de Comercio local, Juan Pablo Durando, analizó las condiciones necesarias para el mercado regional. "Las restricciones eran muy nocivas para que esto aparezca", señaló en retrospectiva. Agregó que el sector necesita "ese financiamiento a largo plazo que es de capital para toda inversión", fundamental para competir y aumentar la productividad.

A su turno, Alberto Curado, presidente del Mercado Argentino de Valores, desmitificó ante la consulta el rol de la entidad en la economía real: "no es un mercado de timba financiera; es un mercado de financiamiento". Aseguró que la meta es "democratización del mercado de financiamiento" y destacó la sintonía con las políticas del gobierno provincial y municipal para potenciar las economías locales.

El intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, ratificó el compromiso local de acompañar a las PyMEs ante los desafíos del crecimiento. "Es una gran alegría estar acá acompañando a las pymes que muchas veces le cuesta dar ese pasito porque es a veces mucha inversión, mucho riesgo", expresó. Mencionó además programas locales de capacitación para impulsar exportaciones.

Mejorar la calificación

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, valoró la articulación institucional y el lanzamiento del fondo de garantía provincial. Indicó que "una pequeña Pyme de dos o tres trabajadores pueda acceder a través de estas garantías a tener una calificación crediticia propia de una empresa de primera línea", logrando una notable reducción del costo financiero.

Respecto a las condiciones de previsibilidad que reclama el sector industrial frente a las tarifas y la macroeconomía, Olivares definió que el mayor obstáculo no es comercial: "creemos que hay un riesgo de mucho mayor jerarquía que es volver atrás a esquemas donde las propias reglas que se cambiaban eran parte del riesgo que justamente el empresario no tiene elementos para manejar".

Olivares definió una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR) o un fondo de garantía como una herramienta de equiparación financiera para las pequeñas empresas.

Las detalló como "un instrumento que posibilita que (una Pyme) pueda acceder tanto al sistema financiero, básicamente de bancos, como también al mercado de capitales, con un grado de calificación propio de una empresa de primera línea".

Para el funcionario, la verdadera "virtuosidad y el valor agregado" de este esquema radica en su capacidad de igualar las condiciones de financiamiento, permitiendo "que una pequeña pyme de dos o tres trabajadores pueda acceder a través de estas garantías a tener una calificación crediticia propia de una empresa de primera línea".

Olivares recordó que la provincia mantiene subsidios explícitos de tasas para abaratar el costo del acceso al crédito bancario de las empresas y desgravación de Ingresos Brutos para los financiamientos otorgados a Pymes, los créditos hipotecarios y aquellos destinados al recambio de flotas de transporte público.

También destacó el Fondo de Garantía Provincial propio. Esta herramienta estatal asiste a las empresas de menor escala (incluso de dos o tres trabajadores) para que puedan obtener el aval necesario y calificar en el sistema financiero tradicional o el mercado de capitales con los mismos estándares y tasas de una firma de primera línea.

Por último, resaltó el esquema de "garantías sindicadas", que promueve la sinergia y la articulación asociativa entre el fondo provincial y otros actores del sistema de garantías (como las SGR privadas). La propuesta busca que varios fondos se unan para co-garantizar operaciones de mayor envergadura, permitiendo escalar el financiamiento y respaldar préstamos de mayor volumen que individualmente no se podrían cubrir.

La inflación bajó drásticamente desde aquel alarmante 25% mensual en diciembre de 2023 al 2% promedio que se consolidaría en los próximos días. Pero la mejora relativa que ese dato ofrece al poder adquisitivo de los salarios tiene como contracara el deterioro del empleo de calidad.

Según análisis basados en datos oficiales del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) de la Secretaría de Trabajo (Ministerio de Capital Humano), el total de asalariados formales perdidos (privado + público + casas particulares) es de aproximadamente 329.66 puestos, lo que supone un retroceso de −3,2% aproximadamente respecto de noviembre 2023.

"La travesía del empleo exige más reformas", destaca Osvaldo Giordano en el último Informe de Coyuntura del Ieral/Fundación Mediterránea. Ignorar esta sangría representa un peligro político para la actual gestión de cara al año electoral. Resulta prioritario "evitar que el malestar generado por el mal funcionamiento del mercado de trabajo le quite sustento político al programa económico".

¿Por qué un país con inflación a la baja y sectores en expansión sigue destruyendo empleo? La respuesta del informe desarma cualquier simplificación lineal. No estamos ante una crisis convencional donde solo caen las actividades deprimidas como la industria, la construcción o el comercio.

El fenómeno es transversal: incluso sectores dinámicos y en plena expansión, como la intermediación financiera y los hidrocarburos, reportan caídas en sus nóminas.

La explicación de fondo reside para Giordano en que, al salir del refugio de la alta inflación, las empresas deben enfrentar la intemperie de la competencia real. En este nuevo contexto, "se impone un intenso proceso de adaptación orientado a reducir costos y aumentar la productividad".

Limpiar las ineficiencias acumuladas bajo el amparo inflacionario es "tan costoso como necesario", pero subestimar sus secuelas sociales y políticas es un riesgo mayúsculo, especialmente cuando la pérdida de empleos no se debe a incapacidades insalvables de las firmas, sino a "la subsistencia de un entorno que conspira contra la producción".

Para dinamizar el empleo de calidad, el Gobierno nacional ha buscado reactivar el ritmo de las transformaciones estructurales. Tras la sanción de la Ley de Modernización Laboral y la superación de las demoras políticas causadas por los cambios en el gabinete, el Congreso tiene en agenda un conjunto de iniciativas dirigidas a fortalecer la confianza en el equilibrio fiscal y promover el crédito.

En esa línea, Giordano incluye la reforma de la carta orgánica del Banco Central, las reglas fiscales de emergencia para cuando el sector público acumule meses consecutivos de desequilibrio y regulaciones financieras (mercado de capitales y al sector de seguros) para apuntalar el crédito.

Sin embargo, el diagnóstico de Giordano advierte que estos proyectos son insuficientes para recuperar la capacidad de generar empleos de calidad. Para consolidar la sostenibilidad fiscal, la verdadera madre de todas las batallas sigue sin abordarse: la reforma previsional.

En palabras del analista, "ninguna regla fiscal, por estricta que sea, será viable si no se ordena el sector público y particularmente el sistema previsional, tanto a nivel nacional como provincial".

Sin este ordenamiento de base, cualquier avance corre el riesgo de ser revertido, tal como ocurrió en el pasado con la autonomía de la autoridad monetaria.

Giordano señala el obstáculo que representa el esquema fiscal actual, advirtiendo que la falta de una "reforma esencial y transversal: la impositiva" es la gran responsable de que muchos proyectos productivos no logren ser rentables debido al "impacto de una carga tributaria extremadamente distorsiva".

Por otro lado subraya que el nuevo escenario político abre la ventana para que "varios gobiernos provinciales pasen a jugar un rol más activo". Esta articulación federal resulta clave para ganar la velocidad y consistencia que demanda el programa.La conclusión es que el crédito y el orden macroeconómico son condiciones necesarias, pero no bastan. Las iniciativas actuales ayudan a sostener la dirección del barco, pero para llegar a destino y dar respuesta a las demandas sociales de empleo genuino, "quedan muchos escollos por superar".

En un movimiento estructural orientado a agilizar la infraestructura logística nacional, el Poder Ejecutivo Nacional ha promulgado un nuevo decreto que reforma integralmente los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos y canales de la República Argentina.

“Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos ‘costo argentino’”, explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Decreto 690/26 publicado en el boletín oficial deroga una reglamentación con más de 34 años de antigüedad (Decreto N° 2694/91), la cual era considerada por las autoridades como obsoleta, desproporcionada y una barrera artificial para el desarrollo del comercio exterior.

“Desarmamos kioscos”, detalló Sturzenegger en redes sociales. Apuntó que la obligación de contratar un práctico de río se vuelve una imposición innecesaria con capitanes de barcos que recorren rutas habituales.

“Para acotar la necesidad de contratar un servicio innecesario también ampliamos las dimensiones de los buques a partir de los cuales es obligatorio contratar práctico y definimos áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos”, detalló el ministro.

La medida extiende a buques extranjeros un régimen similar pero más flexible en ciertas áreas (por ejemplo, de Santa Fe hacia el norte), conocido como baqueanos, que ya había quedado restringido únicamente a quienes lleven cargas peligrosas o convoyes de gran porte”.

Sturzenegger reseñó que “el sistema también había montado barreras de entrada para los prestadores: reduciendo la competencia y escalando los precios. Hasta hoy, para obtener el título de práctico se exigían requisitos que se duplicaban. Previo a la titulación se pedían entre 12 y 18 viajes (dependiendo de la zona) en cargo de capitán.

“Una vez verificado el cumplimiento, se los convocaba a realizar viajes de práctica que, nuevamente, dependiendo de la zona, variaban entre 10 y 20 de ida y de regreso. Eliminamos el primer paso y redujimos los viajes necesarios en el segundo”.

El ministro explicó en sus redes sociales que “también eliminamos la segmentación geográfica del mercado: Con el antiguo reglamento un mismo recorrido podía requerir un práctico para un tramo, otro para el siguiente y otro para ingresar al puerto. El resultado era que el usuario terminaba pagando una segmentación creada por la propia regulación”.

Para el ministro “había otro privilegio escondido. Para embarcar un práctico hace falta trasladarlo hasta el buque. Sin embargo, la regulación terminó concentrando también ese servicio. Las condiciones para habilitar un buque para trasladar un práctico eran más difíciles que las que hay para lanzar un portaaviones”, ironizó.

“Toda esta pantomima tenía como único fin limitar la oferta y poder cobrar lo que quisiesen. En el nuevo esquema cualquier embarcación comercial que cumpla las normas de seguridad podrá certificarse para realizar el traslado de los prácticos”.

El decreto permite a Prefectura habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de la zona para brindar los servicios de practicaje cuando el flujo de comercio exterior se vea interrumpido o amenazado. Los propios integrantes de Prefectura podrán también brindar el servicio.

El decreto llega tras la remisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que propone una reforma integral del Decreto-Ley N.° 19.492/44 (el marco histórico que regula el cabotaje nacional) con el objetivo central de desregular el transporte fluvial y marítimo y reducir los costos logísticos del comercio interior.

La Casa Rosada plantea la apertura a buques de bandera extranjera -permisos temporarios mediante- para realizar transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Rompe con la obligatoriedad histórica de utilizar exclusivamente barcos nacionales para el comercio intra-nacional.

Además propone que las embarcaciones de bandera extranjera que soliciten operar en el país, puedan iniciar actividades sin tripulación nacional durante los primeros 90 días. A partir de allí, se fija un plan de incorporación progresiva hasta alcanzar un mínimo del 75% de marineros y tripulantes argentinos.

También elimina los aranceles de importación para la adquisición e incorporación de buques mercantes nuevos o de hasta 20 años de antigüedad. Busca incentivar la renovación del parque de embarcaciones y paliar la escasez crónica de bodegas locales.

El proceso de desregulación y reducción de costos apunta a abaratar el flete en la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), en beneficio de las economías regionales (agro, industria forestal, etc.). El oficialismo sostiene que el costo logístico de los fletes fluviales equivale a una carga impositiva desproporcionada para el productor alejado de los puertos exportadores.

El debate parlamentario en puerta tiene a los sindicatos marítimos y fluviales, así como a la industria astillera local, como contracara de los objetivos oficialistas. Incluso bloques opositores han planteado declarar la Vía Navegable Troncal como recurso de interés estratégico nacional.

El embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania, Yurii Klymenko, invitó a empresarios santafesinos reunidos en la Bolsa de Comercio de Santa Fe, a sumarse para la segunda mitad de 2027 a la Conferencia para la recuperación de su país. Su próximo capítulo será los días 25 y 26 del presente mes en Polonia, con presencia argentina a nivel gubernamental y empresarial.

Acompañado por el director del Departamento para Asuntos Económicos de la representación ucraniana en Buenos Aires, Vitalii Udovik, el embajador se reunió con un importante grupo de empresarios del centro y norte de Santa Fe. Juan Pablo Durando, presidente de la BCSF, destacó el “ejemplo de resiliencia” ucraniana, que prepara su reconstrucción.

El embajador Klymenko repasó la relevancia de unos 5 mil descendientes ucranianos en la provincia y un intercambio comercial de 91,3 mil millones de dólares, con balanza positiva para la Argentina como proveedora de pescados y crustáceos; frutas y frutos secos; semillas oleaginosas; maquinaria y equipos, bebidas y carnes, productos farmacéuticos y polímeros, entre otros rubros.

El embajador dejó en perspectiva -tras la reunión con el gobernador Maximiliano Pullaro- la posibilidad que se abre en un convenio de vinculación. Ucrania ya tiene preadjudicadas líneas para la reconstrucción, cuyo costo está valuado hasta el momento por el Banco Mundial en unos 588 mil millones de dólares.

Serán “demandas de largo plazo”, definió el diplomático, para quien Odesa y Kherson -con puntos de contacto complementario entre esa economía y la de Santa Fe- ofrecerán posibilidades de participación, junto a rubros de especial necesidad como energía, vivienda, infraestructura, comercio e industria.

Planteó “no esperar el fin de la guerra” para detectar “nichos de interés común” entre Ucrania y Santa Fe. La Argentina importa combustibles, minerales, hierro y acero, manufacturas de metales no preciosos; el embajador puso el acento en su oferta de agroinsumos, tecnología para el agro, química y logística post cosecha.

La alternativa fue señalada también por el secretario de Relaciones Internacionales de Santa Fe, Claudio Díaz, quien acompañó al diplomático en el marco de su visita al territorio santafesino.

Además, el embajador dejó abierto su pedido de “ayuda humanitaria” por lo que definió como “guerra de agresión rusa”, en materias como energía, salud, agua y alimentos. Destacó que la Argentina es el país con más aportes en esta materia, entre 2022 y 2023, con ayudas por más de 145 toneladas y un especial protagonismo de Enrique Piñeiro llevando cargas.

El embajador Klymenko se mostró particularmente sorprendido por la convocatoria de la BCSF a sus directivos y empresarios. Asistieron además de Durando, el gerente Germán Dobler; el vicepresidente 2°, Carlos Vergara; el prosecretario, Manuel Salva; el protesorero, Carlos Sansevich; el director, Marcos Bobbio; la directora del CES, Lucrecia D’Jorge y Teresa Pandolfo de Comunicación Institucional.

Asimismo, participaron de la reunión por la Municipalidad de Santa Fe, Leticia Córdoba en representación de la Secretaría de Producción y Lucila García, directora de la Agencia de Cooperación, Inversión y Comercio Exterior; el rector de la Universidad Católica de Santa Fe, Martín De Palma y la directora de Relaciones Internacionales de esa casa de estudios, María Luisa Gutiérrez Peart.

Además, por ACA, Ulises Lagger; por la Cooperativa Lehmann, Federico Eberhardt; por la Cooperativa San Justo, Víctor Hugo Mazzaro, y por la Unión Agrícola de Avellaneda, Fabián Sánchez y Diego Tomasín.

Asimismo, por la Aceleradora del Litoral, Daniel Scacchi; por la Cámara de Comercio Exterior, Sebastián Benzi y José Llorente; por la Federación de Cámaras de Comercio Exterior, Enzo Zamboni, por CARSFE, Enrique Macagno y el empresario Diego Ingaramo, por el Frigorífico Recreo, entre otros asistentes.

El Índice Compuesto Coincidente de Actividad Económica (ICA-SFE) presentó una variación mensual positiva en febrero del presente año, del 0,1%, lo que permitió recortar la caída interanual al -1,2%. El impacto social de la escena se refleja en los indicadores de trabajo, salarios y consumo masivo.

Uno de los puntos críticos del informe es la situación del empleo. Los puestos de trabajo registrados en la provincia mostraron un incremento marginal del 0,1% mensual sobre una baja base de comparación. Este dato refleja un estancamiento en el sector privado, que fue compensado parcialmente por un leve incremento en el empleo público. En términos interanuales, el aumento es de apenas un 0,4%.

Más preocupante es la situación de los ingresos: la masa de salarios reales (remuneración al factor trabajo) no tuvo variaciones en el mes, pero registra una caída del 2,7% en la comparación interanual, consolidando una clara pérdida del poder adquisitivo para los trabajadores santafesinos.

Además, la demanda laboral -que mide las expectativas de contratación de las empresas- se desplomó un 5,8% mensual (afectada principalmente por el aglomerado Rosario) y acumula una estrepitosa caída del 17,1% interanual.

A su vez, el consumo ofreció señales mixtas. Mostró un comportamiento heterogéneo en febrero de 2026, con el primero de esos rubros creciendo: el patentamiento de vehículos nuevos subió un 2,6% mensual, hilvanando tres meses positivos, aunque sigue un 3,1% por debajo de los niveles de 2025. A su vez el consumo de cemento también subió un 2,2% en el mes, pero cae un 1,6% interanual.

Las ventas en supermercados registraron una suba mensual del 0,4%, impulsada por rubros básicos como carnes, verdulería y alimentos preparados. No obstante, categorías como electrónicos, artículos del hogar y lácteos mostraron descensos, dejando la serie un 3,3% por debajo del año anterior.

El indicador de la producción industrial presentó un leve incremento mensual del 0,3%, en un contexto de altibajos, que dejó ubicada a la serie un 1,6% por encima del valor registrado en febrero de 2025. A continuación, se detalla el comportamiento particular de los principales indicadores del sector manufacturero, en los casos que está disponible se agrega información relativa a marzo de 2026.

Dentro del sector, el consumo de gas industrial aumentó un 1,1% mensual, sumando siete meses de crecimiento, aunque todavía se encuentra lejos de sus máximos históricos. El consumo de hidrocarburos líquidos mejoró en marzo otro 0,1%. En cuanto a la comparación interanual, la serie encadena dieciséis meses en terreno positivo, sin que se observen indicios de desaceleración.

Molienda de oleaginosas: En marzo de 2026 (dato preliminar), la molienda de soja y girasol subió un 0,5%, situándose un 6,9% por encima del año previo. Se destaca el volumen de girasol, que alcanzó su registro mensual más alto desde 1993 en la provincia.

Faena: La producción de carnes subió un 0,2% mensual y un 2,9% interanual. El sector porcino y aviar lideran esta tendencia positiva gracias a las exportaciones y al consumo interno, mientras que la faena bovina muestra una moderación en su ritmo productivo.

Maquinaria agrícola: En marzo mostró una suba del 1,0%, acumulando un crecimiento del 7,8% en el primer trimestre de 2026, aunque todavía está un 13,5% por debajo de los niveles del año pasado.

Según el análisis del CES-BCSF, que preside Lucrecia D'Jorge y coordina Pedro Cohan, los resultados positivos de la economía de Santa Fe de febrero de 2026 son insuficientes para confirmar un cambio de tendencia en la economía de la provincia.

El informe advierte que la economía de Santa Fe atraviesa un proceso de salida lenta y heterogénea, fuertemente condicionado por la debilidad del consumo, la fragilidad del mercado laboral y un contexto macroeconómico que sigue siendo desafiante. En resumen, los datos sugieren más un estancamiento con leves altibajos que una recuperación sólida y sostenida. 

El escenario judicial en materia del trabajo en Argentina atraviesa una nueva etapa de confusión. Pese a que la Ley de Modernización Laboral fue diseñada para reducir la litigiosidad y establecer mecanismos claros de actualización, la reciente puesta en marcha de una calculadora oficial por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encendido las alarmas en el sector productivo.

El 27 de febrero se sancionó en el Senado la Ley de Modernización Laboral. Xinhua

La controversia radica en la metodología elegida para calcular los intereses de los créditos laborales: mientras la Corte Suprema de Justicia se ha inclinado por el "cómputo simple", el Banco Central optó por el "cómputo compuesto" (intereses sobre intereses), lo que dispara los costos de las indemnizaciones a niveles que muchas empresas consideran "impagables".

La advertencia fue formulada por el Instituo para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) tras analizar la Resolución 45/26 del BCRA. El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina advirtió que ese dispositivo oficial es contradictorio con el propósito de la norma sancionada en el Congreso a instancias de la Casa Rosada.

La diferencia entre métodos de cálculo no es solo técnica, sino económica y de alto impacto para las pymes. Según IDESA, tomando como base un crédito laboral de $100 originado en diciembre de 2022 y actualizado a diciembre de 2025, los resultados varían drásticamente según el criterio aplicado:

-Cómputo simple: El monto asciende a $280.

-Cómputo simple con piso y tope (Ley de Modernización): El resultado es de $367.

-Cómputo compuesto (Calculadora BCRA): La cifra salta a $766.

¿Cuanto cuesta una indemnización actualizada? Impera la incertidumbre.

De este modo, la herramienta del Banco Central arroja un monto que casi triplica al del sistema simple y duplica lo estipulado por los topes de la nueva ley.

El problema, de acuerdo al análisis de IDESA, tiene su raíz en una colisión normativa. El Artículo 770 del Código Civil y Comercial prohíbe el anatocismo (cobrar intereses sobre intereses), lo que validaría el cómputo simple.

Sin embargo, el mismo artículo deja una puerta abierta para el cómputo compuesto en caso de juicios, lo que genera una disparidad de criterios entre los jueces laborales: algunos aplican tasas bancarias, otros índices salariales o inflación, sumando puntos porcentuales de forma discrecional.

La calculadora del BCRA, una contradicción co los propósitos de la ley según IDESA. Xinhua

Desde IDESA advierten que, ante el vacío legal de la Ley de Modernización sobre este punto específico, el BCRA debería haber seguido la doctrina de la Corte Suprema en lugar de optar por la capitalización de intereses.

La persistencia de esta "litigiosidad espuria" y el uso de mecanismos de actualización gravosos tienen consecuencias sociales directas. El informe cita casos emblemáticos como el del restaurante Piegari o la liquidación de Galeno ART, situaciones derivadas de pasivos laborales que se volvieron imposibles de cancelar.

Si las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo entran en una crisis generalizada por estos cálculos, el impacto se trasladará al Estado, ya que es el Fondo de Reserva el que debe responder por los juicios. En un contexto de alta inflación y demoras judiciales, la falta de una "homogeneización de criterios" amenaza con profundizar la crisis del empleo formal y la estabilidad de las pequeñas empresas.

Mientras el país espera verificar qué cambia -si lo hace- en el escenario laboral con la reciente ley de "modernización", un informe de IDESA advierte que las microempresas de menos de 10 empleados concentran el 76% de la informalidad, atrapadas entre su baja productividad y convenios colectivos con pisos salariales inalcanzables.

La reforma laboral se sancionó en tiempo récord este verano, con la promesa de un cambio de paradigma. Según el centro de estudios que dirige Jorge Colina, la realidad del mercado de trabajo en Argentina arroja un dato contundente: la modernización legal, tal como está planteada, beneficia principalmente a las grandes estructuras, dejando a la intemperie el núcleo donde se genera la mayor parte del empleo no registrado.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El planteo está basado en datos del INDEC al tercer trimestre de 2025: el 90% de la informalidad laboral en el sector asalariado privado se concentra en empresas de menos de 40 trabajadores. El fenómeno es quirúrgico: las firmas con más de 40 empleados apenas tienen una participación marginal en el incumplimiento de las normas.

El desglose de las cifras oficiales que hace el informe sugiere una necesidad:advertir que las leyes de carácter general suelen fallar en el territorio de las pymes:

Microempresas (menos de 10 trabajadores): Concentran el 76% del empleo asalariado privado no registrado.

Pequeñas empresas (entre 10 y 40 trabajadores): Generan un 14% adicional de informalidad.

Medianas y grandes empresas (más de 40 trabajadores): Solo aglutinan el 10% restante.

En la mirada de los autores del informe, el principal obstáculo no es solo la burocracia, sino una brecha insalvable de productividad. Mientras que los convenios colectivos de las principales actividades fijan hoy salarios brutos iniciales superiores a $1.000.000 mensuales, la realidad de una microempresa es muy distinta.

En los establecimientos de menos de 10 empleados, la remuneración promedio de un trabajador informal ronda apenas los $550.000, mientras que en las empresas de hasta 40 empleados escala a los $800.000. Pedirle a un comercio de barrio o a un pequeño taller que salte de ese nivel a un salario de convenio, sumando además las contribuciones patronales, es, en la práctica, empujarlos al cierre o a la clandestinidad según especulan los autores del informe.

Desde IDESA sostienen que si los organismos de control (como ARCA) aplicaran una fiscalización inflexible sin cambios normativos de fondo. Y el resultado no sería el blanqueo, sino un aumento explosivo del desempleo y el cuentapropismo de subsistencia.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Para "achicar la brecha", el informe recomienda de manera urgente, eximir a las empresas de menos de 10 trabajadores de la obligación de aplicar el convenio colectivo de la actividad, permitiendo acuerdos más flexibles. Y además establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales, aliviando el costo fiscal del empleo registrado sin quebrar el equilibrio de las cuentas públicas.

Para los analistas de IDESA, la ley aprobada es un "hito histórico" que aporta seguridad jurídica y ordena la acción sindical, pero la modernización no es un acto único, sino un proceso continuo. El próximo paso legislativo debe ser, a criterio de los autores, crear un puente real para que las micropymes dejen de ver a la formalidad como una sentencia de muerte financiera y empiecen a verla como el motor de su propio crecimiento.

Recategorización

Tras la polémica por la recategorización de oficio de monotributistas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una opción para manifestar disconformidad, que derivará en una nueva fiscalización. Esta función fue incluida en el link correspondiente al monotributo y cada contribuyente puede ejercerla hasta el 16 de marzo inclusive. De esta forma queda sin efecto el plazo de 15 días desde la notificación para presentar el descargo. La función reemplaza al descargo y luego será ARCA mediante una nueva fiscalización la que decidirá la situación tributaria.

El 2025 cerró con señales encontradas en la economía provincial. El informe mensual del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe refleja que la actividad atraviesa una fase de recuperación "incipiente y atomizada".

La actividad cerró el año con una leve caída, en recesión técnica.

En diciembre de 2025, el nivel del índice se situó en 159,7 puntos, lo que representa un crecimiento mensual del 0,2%. Sin embargo, al comparar este cierre con el mismo mes del año anterior, la economía santafesina se contrajo un 0,2%.

Durante el último mes del pasado año, cuatro de los ocho componentes del índice mostraron variaciones positivas, mientras que los otros cuatro cayeron, aunque con menor intensidad que en meses previos.

El dato más preocupante es la desaceleración sostenida: la provincia comenzó el 2025 creciendo al 6,1% interanual y terminó el año prácticamente estancada.

El mercado laboral y el consumo es parte de la gran paradoja del informe. Por un lado, la demanda laboral (expectativas de contratación) saltó un 16,6% interanual. Por otro lado, los puestos de trabajo registrados efectivos cayeron un 0,1% mensual, acumulando cinco meses consecutivos de tasas negativas en el sector privado.

Mayoría de indicadores en verde para 2025. Pero los que están en rojo tienen más peso relativo.

En cuanto al consumo, vinculado siempre a los niveles de ingresos personales (salarios), las ventas en supermercados mostraron un respiro con una suba del 1,1% mensual en diciembre, cortando una racha de siete meses de caída. No obstante, el sector sigue un 5,1% por debajo de los niveles de diciembre de 2024.

Si se miran los salarios reales: la remuneración al factor trabajo mejoró un 1,2% mensual, lo que explica en parte el leve repunte del consumo en las fiestas.

La construcción continúa siendo el sector más golpeado. El consumo de cemento en Santa Fe cayó un 0,6% mensual y un 3,3% interanual, manteniéndose en niveles históricos muy bajos.

La industria, por su parte, mostró un escenario heterogéneo. Mientras la producción fabril general cayó un 0,3% mensual , sectores específicos como la maquinaria agrícola comenzaron el 2026 con una recuperación del 2,2% mensual en enero. La molienda de soja y girasol, tras meses de récords, sufrió una contracción del 4,3% en el inicio del nuevo año.

En la variación intermensual hubo buenas y malas. Diciembre cerró con una suba promedio del 0,2%.

De la lectura del completo informe del CES, que dirige Lucrecia D’Jorge y coordina Pedro Cohan, surge que la economía de Santa Fe despide el 2025 en un terreno de transición. Si bien los dos últimos trimestres mostraron variaciones positivas moderadas que sugieren un piso a la caída, la recuperación no es generalizada.

El desafío para 2026 será consolidar el repunte del salario real y reactivar sectores clave como la construcción, para que el crecimiento vuelva a tener la fuerza que mostró a principios del año pasado

El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo. Los principales consultores y bancos del país estiman que el IPC del segundo mes del año se ubicó en el 2,7%. Pese a la presión en los precios, prevén una recuperación del Producto Interno Bruto del 3,4% para el cierre del año y un sólido superávit fiscal.

Analistas y bancos consultados por el BCRA prevén 2,7% de inflación en febrero. (Xinhua/Martín Zabala)

En una nueva actualización del termómetro económico de la Argentina, el BCRA publicó datos recolectados entre el 25 y el 27 de febrero -previo al conflicto en Medio Oriente- entre 46 participantes, incluyendo 34 consultoras locales e internacionales y 12 entidades financieras.

Los resultados muestran un ligero recalentamiento en las proyecciones de precios a corto plazo, aunque mantienen una perspectiva a la baja en paralelo al crecimiento de la economía.

"Sigue siendo alta", reconoció en Mendoza el ministro de Economía al hablar de la inflación. Pero recordó que "venimos del 211% anual a niveles del 32%". Luis Caputo señaló además que 11 de 15 sectores que mide el EMAE están creciendo, y que se acumuló una suba del 10,3% en la economía argentina con el gobierno de Milei.

El dato más sensible para el bolsillo es la proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el consenso de los analistas, la inflación de febrero se habría ubicado en el 2,7%, lo que representa un salto de 0,6 puntos porcentuales respecto a lo que habían estimado el mes anterior.

En cuanto a la inflación núcleo -aquella que no contempla precios regulados ni estacionales-, la estimación se situó en un 2,5% para el segundo mes del año. Este ajuste al alza marca un desafío para las metas oficiales de desinflación en el primer trimestre de 2026.

Los analistas prevén una "escalera descendente" que perfiraría el 2% en mayo. El mercado visualiza los próximos meses como una transición hacia un régimen de inflación más baja. Estiman marzo al 2,5%; abril con 2,2% y el quinto mes del año en 1,9%.

Es recién en mayo cuando las consultoras privadas prevén que el índice logrará romper el piso del 2% mensual. A pesar de esta mejora, los analistas corrigieron al alza la inflación anual total para 2026, situándola ahora en un 26,1%, por encima del 22,3% proyectado el mes anterior.

Respecto al mercado cambiario, los especialistas ajustaron hacia abajo sus proyecciones para el corto plazo, pero definieron un norte claro para el cierre del ejercicio.

Para marzo se espera un tipo de cambio nominal promedio de $1.429 por dólar (una baja de $73 respecto al informe previo). A diciembre, la mediana de los pronósticos ubica a la divisa estadounidense en $1.707, lo que implicaría una variación interanual del 17,9%.

El dólar mayorista se prevé en $1.429 promedio durante marzo.

La proyección para el cierre del año 2026 según el Presupuesto Nacional 2026 (aprobado por el Congreso), el Gobierno estimó un dólar mayorista -es el de referencia en el REM- de $1.423. La divisa cerró este jueves en $ 1.405.

Por el lado de las tasas de interés, los analistas pronostican una TAMAR de 31,3% nominal anual para marzo, previendo que descienda gradualmente hasta alcanzar el 24,0% hacia finales de año.

La TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina), que es la tasa de referencia para depósitos mayoristas en pesos (promedio ponderado de plazos fijos de $1.000 millones a 30-35 días, publicada por el BCRA), está hoy en 31,00% TNA (tasa nominal anual) para bancos privados.

A pesar de la inflación, el mercado ve señales de recuperación en la actividad productiva. Los analistas estiman que el PBI creció un 0,8% en el último trimestre de 2025 y proyectan una expansión continua durante la primera mitad de 2026 (1,0% en el primer trimestre y 0,9% en el segundo). Para el total del año, se espera que la economía argentina crezca un 3,4%.

En contraste, el mercado laboral no muestra grandes variaciones. La tasa de desocupación se mantendría estable en torno al 6,7% de la Población Económicamente Activa tanto para el cierre de 2025 como para el de 2026.

La desocupación no mostrará grandes cambios según la mirada de los "financieros".

El informe destaca la fortaleza de las cuentas externas y fiscales del país. Se prevé un superávit comercial anual de US$ 12.533 millones, producto de exportaciones por US$ 92.737 millones e importaciones por US$ 80.204 millones.

Los analistas son optimistas respecto al orden de las cuentas públicas y proyectan un superávit fiscal primario de $16,1 billones para el Sector Público Nacional en 2026.

Mientras tanto el REM de marzo deja un mensaje ambivalente: mientras que la inflación de febrero mostró una resistencia mayor a la esperada por los consultores, las variables de fondo -crecimiento, superávit fiscal y balanza comercial- presentan una solidez que permite proyectar un año de recuperación económica.

La principal discusión sobre ocupación y empleabilidad en Argentina gira en torno a la calidad del empleo más que al desempleo abierto, que se mantiene relativamente bajo, alrededor del 6,6% según el último dato oficial del INDEC para el tercer trimestre de 2025, con proyecciones estables o leves bajas para 2026.

Aunque la tasa de desocupación no es alarmante -y el gobierno de Javier Milei lo destaca como logro- la oposición apunta a otra evidencia: alta informalidad y precarización laboral

Cerca del 40-43% de los trabajadores ocupados no realizan aportes. Muchos analistas y opositores señalan que el empleo crece principalmente vía cuentapropismo (trabajo independiente) y puestos informales, no asalariados formales registrados. En los últimos dos años se perdieron alrededor de 294.000 según algunos cálculos basados en SIPA, mientras aumenta el "rebusque" o autoempleo precario.

"Les cuento que la tasa de desempleo cayó", afirmó Milei en el Congreso. REUTERS/Agustin Marcarian

La recientemente sancionada reforma laboral impulsada por Milei, introduce cambios como: Reducción de costos de indemnizaciones por despido (fondo opcional alternativo); Posibilidad de extender la jornada laboral (hasta 12 horas en algunos casos); Limitaciones al derecho de huelga y modificaciones en convenios colectivos.

El gobierno la defiende como una "modernización" que bajará la informalidad, incentivará la contratación formal y atraerá inversión al reducir rigideces laborales.

La oposición, sindicatos y críticos la ven como una regresión de derechos, que facilita despidos, precariza más el trabajo y no resuelve la informalidad estructural (incluso podría incentivarla al abaratar el empleo formal). Ya hay impugnaciones judiciales en marcha.

Desde Economía apuntan al cambio del régimen económico, a las inversiones del RIGI y al beneficio del RIMI para acelerar amortización de inversiones de Pymes. Además destacan que se despejarán fantasmas de sobrecostos por despidos, gracias a modificaciones no sólo en indemnizaciones sino en el fuero laboral.

Hay consenso en que la economía puede crecer (proyecciones de 4% a 5% para 2026 en algunos informes previos a la guerra de Medio Oriente). Sectores dinámicos (como agro, energía o minería) absorben mano de obra fuera de los centros urbanos y en menor escala respecto del viejo modelo industrial. Esto genera la paradoja de "crecimiento sin trabajo" o "empleo sin calidad".

El eje del debate no es tanto "¿hay desempleo masivo?" (no lo hay en términos históricos), sino ¿qué tipo de empleo se está creando? y ¿la reforma laboral resuelve o agrava la informalidad y precariedad? El gobierno enfatiza la baja del desempleo y la "modernización", mientras críticos destacan destrucción de empleo formal, avance de la informalidad y pérdida de derechos.

ManpowerGroup Argentina, compañía líder en soluciones de capital humano, lanzó su Encuesta Global de Escasez de Talento, realizada a más de 39.000 empleadores de 41 países. Los resultados demuestran que el 64% de las empresas argentinas tiene dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de personal con habilidades necesarias.

Esta cifra ha experimentado una disminución de un punto porcentual en comparación con el año anterior, posicionando al país en el quinto puesto del ranking regional.

No hay sectores formales de la economía que no tengan problemas a la hora de incorporar "talentos".

De acuerdo con la investigación, las industrias más afectadas por la escasez de talento son: Automotriz (83%); Información (74%); Tecnología y Servicios de TI (72%) y Hospitalidad (71%). Por otro lado, las competencias técnicas más difíciles de encontrar son: Atención al cliente y Front Office; Desarrollo y aplicación de modelos de IA y Alfabetización en IA.

Respecto a las habilidades blandas más importantes de encontrar, se destacan: Adaptabilidad y disposición para aprender; comunicación, colaboración y trabajo en equipo; y pensamiento crítico y resolución de problemas. Ante este panorama, la encuesta indica que gran parte de los empleadores encuestados (20%) no está tomando ninguna medida para superar la escasez de talento.

Sin embargo, otros señalan que han implementado las siguientes estrategias: Upskilling & reskilling de empleados actuales (18%); Ofrecer mayor flexibilidad horaria (14%); Ofrecer mayor flexibilidad de ubicación (14%); Aumento de salarios (12%).

A su vez, el promedio global de escasez de talento es de 72%. Los países con mayores dificultades para encontrar talento calificado son Eslovaquia (87%), Grecia (84%) y Japón (84%), mientras que Finlandia (60%), Polonia (57%) y China (48%) presentan los menores desafíos en este aspecto.

La capacitación es tema pendiente para el acceso al trabajo formal, con o sin reforma laboral.

Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina, se refirió al fenómeno en el país."Si bien los resultados muestran una leve mejora respecto del año anterior, la brecha entre oferta y demanda de habilidades continúa siendo un desafío estructural para el mercado laboral argentino.

"En un contexto donde industrias clave como la automotriz, tecnología e información enfrentan niveles críticos de escasez, las organizaciones necesitan talento con competencias técnicas específicas, pero también con capacidades humanas como la adaptabilidad, la colaboración y el pensamiento crítico.", indicó

“Frente a este escenario, resulta preocupante que una de cada cinco empresas no esté tomando medidas para revertir la situación. La solución requiere un compromiso compartido: invertir en estrategias como upskilling y reskilling, revisar las propuestas de valor al empleado y trabajar articuladamente con el sistema educativo y el Estado”.

A fines del 2023 el colectivo argentino, con 44,7% de pobreza según la UCA a noviembre de ese año, le entregó la conducción del país a un desconocido que alegaba poder gestionar una salida. Fue la sorpresiva alternativa a un camino cuyas evidencias señalaban con toda claridad, hasta allí, una catástrofe socioeconómica.

Para aquel mes, la inflación (antes de la devaluación de diciembre) viajaba al 160,9% interanual, las reservas internacionales netas del Banco Central eran de US$ -11 mil millones y el déficit cuasi fiscal acumulaba 10 puntos del PBI (el equivalente a 4 bases monetarias). El déficit financiero del Sector Público Nacional fue de $ 8.737.137 millones, equivalentes al 4,6% del PBI.

La industria "funcionaba" con US$ 45 mil millones de insumos importados impagos, sin los cuales se habría detenido completamente. Con cepo, la brecha del dólar iba de $360 a $800, mientras los amigos del poder hacían obscenas diferencias bajo la selectiva prescindencia de la autoridad monetaria y una aduana.

En las últimas horas, economistas y algún banquero han apurado un justo debate sobre la estanflación: recesión con inflación. El IPC viaja hoy -al menos hasta abril- al 2,5% promedio, mientras la industria manufacturera acumuló -0,8% en 2025 y el consumo masivo creció apenas 2,5% respecto de un 2024 de bajo nivel.

La cerrada planta de Fate ocupaba a 920 operarios en San Fernando.

Sufren los sectores de mayor mano de obra en un país con precios altos, que debate el cierre de 22 mil empresas. El economista Fernando Marull explicó que se trata de firmas que dejaron de hacer aportes a las ART , mientras el trabajo independiente crece incluso en ocupación industrial. Sugiere que es un deterioro de la calidad de la ocupación, pero no de la actividad económica.

Así se replica que el Estimador Mensual de la Actividad Económica haya subido 4,4% durante 2025. En diciembre el indicador registró un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior y aumentó 1,8% respecto de noviembre. El componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

La conversación pública de calidad -que es parte de la institucionalidad de la República- se degrada con los insultos presidenciales a empresarios. Las flacas voces opositoras que comparan el presente con los últimos datos de 2023, pretenden que la anabolización de aquel ciclo de Alberto Fernández y Sergio Massa no era una atrofia con síntomas de necrosis.

No es bueno que el gobierno nacional no tenga contrapesos políticos de calidad; tampoco que deje de argumentar sobre lo que viene en la Argentina. Sobre todo cuando debatir desafíos reales en comparación con el escenario previo a los comicios presidenciales, es un capital político de la gestión. Uno que está "en desarrollo".

El gobierno de Santa Fe, sin omitir la prudencia fiscal, encara políticas de asistencia crediticia a Pymes, las promueve ante los nuevos "motores" del litio, el cobre, el petróleo o el gas. Invierte en infraestructura, como no lo hace Nación, que además le debe dinero -mucho- a la provincia. Pero la Casa Gris no maneja la macro.

En Nación admiten bajas por fuego propio; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman, reconoció tras reunirse con Manuel Adorni, que no todos sobrevivirán pero que el camino es el correcto.

El gobierno nacional acaba de anotarse triunfos políticos relevantes: la reforma laboral y los acuerdos del Mercosur con la UE y del país con Estados Unidos. Además el RIMI llega con beneficios fiscales para Pymes, que se suman a las inversiones del RIGI. Quedan por delante -en los propios términos de la Casa Rosada- más reformas fiscales y la previsional.

El Senado ratificó la reforma laboral impuelsada por Milei.

Economía espera responder las críticas sobre la estanflación en junio, menos por una suba de actividad fabril que por una nueva tendencia a la baja en los datos de la inflación. La tolerancia social es decisiva para la Casa Rosada.

Para entonces habrá quedado atrás el pass through (pase a precios) por la dolarización de carteras -unos US$ 35 mil millones según el BCRA- previa a los comicios del año pasado, cuando los agentes económicos temieron el retorno electoral hacia el modelo de economía cerrada del kirchnerismo.

A la macro, la agroindustria le aportaría, con clima y mercados a favor, hasta US$ 34.800 millones este año. Y llegarán entre US$ 5 mil y US$ 10 mil millones de inversiones a Vaca Muerta y la minería. El Banco Central de la República Argentina compró US$ 2.712 millones (aquí la crítica opositora que se desvanece) en lo que va del año 2026.

El viceministro, José Luis Daza, y el director del BICE, Martin Vauthier, está en Washington para destrabar US$ 1.000 millones del FMI.

El trigo aportó dólares extraordinarios por exportaciones en el inicio del 2026.

El debut del Bonar 2027 fue exitoso en dos emisiones por US$ 250 millones con tasas del 5,9%. El renunciado secretario de Finanzas, Alejandro Lew, parece haber encaminado la decisión de Luis Caputo de buscar en el mercado interno una financiación más barata de la que podría obtener en el internacional, en el marco de un Riesgo País que persiste por encima de los 500 puntos.

Así como piensa en los "dólares del colchón", Economía apunta a inversores locales, para acumular hasta US$ 2.000 millones en licitaciones quincenales como la de esta semana que finaliza, como parte de los recursos con los que piensa afrontar vencimientos por US$ 4.900 millones a mediados de año.

En el diseño, la estrategia oficial se basa en ofrecer en tramos menores el nuevo bono, con un cupón del 6% anual y amortizaciones mensuales desde fines de marzo próximo hasta el vencimiento en octubre de 2027, antes del fin del mandato de Milei.

En cuanto a la deuda en pesos, Finanzas adjudicó $6,74 billones, por debajo de los vencimientos de $7,2 billones, con un roll over del 93,3%. Fue una decisión estratégica, ya que el gobierno había recibido ofertas por $ 8 billones.

De esta manera Economía, que venía "secando la plaza" tomando en las últimas dos rondas más deuda que los montos en vencimiento, cambió de estrategia y soltó unos 460.000 millones de pesos al mercado; es lo que van a caer los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central.

En lo inmediato, Economía no emitió deuda a tasa fija (Lecap) y el 97% de la colocación de la semana se concentró en instrumentos que actualizan por inflación (CER). Mientras tanto, más liquidez en el sistema y tasas en retroceso explican en parte por qué el dólar frenó una caída inédita cuando el Banco Central venía comprando divisas.

Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas, posteó que "La deuda en moneda local (con la capitalización de intereses) consolidada (Tesoro + pasivos remunerados en $ del BCRA) con privados se ubicó en 11,8% del PBI en enero 2026, por debajo del promedio 2025 de 12,7% y de la herencia recibida de 27% en diciembre 2023.

Federico Furiase, nuevo secretario de Finanzas.

"Suponiendo tasa real de 7,5% y crecimiento económico de 4,5%, el superávit primario requerido para mantener el ratio en 11,8% es de 0,3% del PBI, bien por debajo del superávit primario 2025 de 1,4% del PBI y del estimado para 2026 (1,4%)".

Traducido por Felipe Nuñez, eso significaría que, "con un roll over del 100% y crecimiento del 4,5% del PBI, la oferta de bonos en pesos se va a desplomar y vamos a tener un exceso de demanda de bonos. Esto implica que vamos a observar una compresión de tasas reales (por relación deuda/pbi derritiéndose) y nominales por desaceleración de la inflación".