El escenario judicial en materia del trabajo en Argentina atraviesa una nueva etapa de confusión. Pese a que la Ley de Modernización Laboral fue diseñada para reducir la litigiosidad y establecer mecanismos claros de actualización, la reciente puesta en marcha de una calculadora oficial por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA) ha encendido las alarmas en el sector productivo.

El 27 de febrero se sancionó en el Senado la Ley de Modernización Laboral. Xinhua

La controversia radica en la metodología elegida para calcular los intereses de los créditos laborales: mientras la Corte Suprema de Justicia se ha inclinado por el "cómputo simple", el Banco Central optó por el "cómputo compuesto" (intereses sobre intereses), lo que dispara los costos de las indemnizaciones a niveles que muchas empresas consideran "impagables".

La advertencia fue formulada por el Instituo para el Desarrollo Social de la Argentina (IDESA) tras analizar la Resolución 45/26 del BCRA. El Centro de Estudios que dirige Jorge Colina advirtió que ese dispositivo oficial es contradictorio con el propósito de la norma sancionada en el Congreso a instancias de la Casa Rosada.

La diferencia entre métodos de cálculo no es solo técnica, sino económica y de alto impacto para las pymes. Según IDESA, tomando como base un crédito laboral de $100 originado en diciembre de 2022 y actualizado a diciembre de 2025, los resultados varían drásticamente según el criterio aplicado:

-Cómputo simple: El monto asciende a $280.

-Cómputo simple con piso y tope (Ley de Modernización): El resultado es de $367.

-Cómputo compuesto (Calculadora BCRA): La cifra salta a $766.

¿Cuanto cuesta una indemnización actualizada? Impera la incertidumbre.

De este modo, la herramienta del Banco Central arroja un monto que casi triplica al del sistema simple y duplica lo estipulado por los topes de la nueva ley.

El problema, de acuerdo al análisis de IDESA, tiene su raíz en una colisión normativa. El Artículo 770 del Código Civil y Comercial prohíbe el anatocismo (cobrar intereses sobre intereses), lo que validaría el cómputo simple.

Sin embargo, el mismo artículo deja una puerta abierta para el cómputo compuesto en caso de juicios, lo que genera una disparidad de criterios entre los jueces laborales: algunos aplican tasas bancarias, otros índices salariales o inflación, sumando puntos porcentuales de forma discrecional.

La calculadora del BCRA, una contradicción co los propósitos de la ley según IDESA. Xinhua

Desde IDESA advierten que, ante el vacío legal de la Ley de Modernización sobre este punto específico, el BCRA debería haber seguido la doctrina de la Corte Suprema en lugar de optar por la capitalización de intereses.

La persistencia de esta "litigiosidad espuria" y el uso de mecanismos de actualización gravosos tienen consecuencias sociales directas. El informe cita casos emblemáticos como el del restaurante Piegari o la liquidación de Galeno ART, situaciones derivadas de pasivos laborales que se volvieron imposibles de cancelar.

Si las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo entran en una crisis generalizada por estos cálculos, el impacto se trasladará al Estado, ya que es el Fondo de Reserva el que debe responder por los juicios. En un contexto de alta inflación y demoras judiciales, la falta de una "homogeneización de criterios" amenaza con profundizar la crisis del empleo formal y la estabilidad de las pequeñas empresas.

Mientras el país espera verificar qué cambia -si lo hace- en el escenario laboral con la reciente ley de "modernización", un informe de IDESA advierte que las microempresas de menos de 10 empleados concentran el 76% de la informalidad, atrapadas entre su baja productividad y convenios colectivos con pisos salariales inalcanzables.

La reforma laboral se sancionó en tiempo récord este verano, con la promesa de un cambio de paradigma. Según el centro de estudios que dirige Jorge Colina, la realidad del mercado de trabajo en Argentina arroja un dato contundente: la modernización legal, tal como está planteada, beneficia principalmente a las grandes estructuras, dejando a la intemperie el núcleo donde se genera la mayor parte del empleo no registrado.

Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

El planteo está basado en datos del INDEC al tercer trimestre de 2025: el 90% de la informalidad laboral en el sector asalariado privado se concentra en empresas de menos de 40 trabajadores. El fenómeno es quirúrgico: las firmas con más de 40 empleados apenas tienen una participación marginal en el incumplimiento de las normas.

El desglose de las cifras oficiales que hace el informe sugiere una necesidad:advertir que las leyes de carácter general suelen fallar en el territorio de las pymes:

Microempresas (menos de 10 trabajadores): Concentran el 76% del empleo asalariado privado no registrado.

Pequeñas empresas (entre 10 y 40 trabajadores): Generan un 14% adicional de informalidad.

Medianas y grandes empresas (más de 40 trabajadores): Solo aglutinan el 10% restante.

En la mirada de los autores del informe, el principal obstáculo no es solo la burocracia, sino una brecha insalvable de productividad. Mientras que los convenios colectivos de las principales actividades fijan hoy salarios brutos iniciales superiores a $1.000.000 mensuales, la realidad de una microempresa es muy distinta.

En los establecimientos de menos de 10 empleados, la remuneración promedio de un trabajador informal ronda apenas los $550.000, mientras que en las empresas de hasta 40 empleados escala a los $800.000. Pedirle a un comercio de barrio o a un pequeño taller que salte de ese nivel a un salario de convenio, sumando además las contribuciones patronales, es, en la práctica, empujarlos al cierre o a la clandestinidad según especulan los autores del informe.

Desde IDESA sostienen que si los organismos de control (como ARCA) aplicaran una fiscalización inflexible sin cambios normativos de fondo. Y el resultado no sería el blanqueo, sino un aumento explosivo del desempleo y el cuentapropismo de subsistencia.

Agencia de Recaudación y Control Aduanero.

Para "achicar la brecha", el informe recomienda de manera urgente, eximir a las empresas de menos de 10 trabajadores de la obligación de aplicar el convenio colectivo de la actividad, permitiendo acuerdos más flexibles. Y además establecer un mínimo no imponible sobre la masa salarial para las contribuciones patronales, aliviando el costo fiscal del empleo registrado sin quebrar el equilibrio de las cuentas públicas.

Para los analistas de IDESA, la ley aprobada es un "hito histórico" que aporta seguridad jurídica y ordena la acción sindical, pero la modernización no es un acto único, sino un proceso continuo. El próximo paso legislativo debe ser, a criterio de los autores, crear un puente real para que las micropymes dejen de ver a la formalidad como una sentencia de muerte financiera y empiecen a verla como el motor de su propio crecimiento.

Recategorización

Tras la polémica por la recategorización de oficio de monotributistas, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) habilitó una opción para manifestar disconformidad, que derivará en una nueva fiscalización. Esta función fue incluida en el link correspondiente al monotributo y cada contribuyente puede ejercerla hasta el 16 de marzo inclusive. De esta forma queda sin efecto el plazo de 15 días desde la notificación para presentar el descargo. La función reemplaza al descargo y luego será ARCA mediante una nueva fiscalización la que decidirá la situación tributaria.

El 2025 cerró con señales encontradas en la economía provincial. El informe mensual del Centro de Estudios y Servicios de la Bolsa de Comercio de Santa Fe refleja que la actividad atraviesa una fase de recuperación "incipiente y atomizada".

La actividad cerró el año con una leve caída, en recesión técnica.

En diciembre de 2025, el nivel del índice se situó en 159,7 puntos, lo que representa un crecimiento mensual del 0,2%. Sin embargo, al comparar este cierre con el mismo mes del año anterior, la economía santafesina se contrajo un 0,2%.

Durante el último mes del pasado año, cuatro de los ocho componentes del índice mostraron variaciones positivas, mientras que los otros cuatro cayeron, aunque con menor intensidad que en meses previos.

El dato más preocupante es la desaceleración sostenida: la provincia comenzó el 2025 creciendo al 6,1% interanual y terminó el año prácticamente estancada.

El mercado laboral y el consumo es parte de la gran paradoja del informe. Por un lado, la demanda laboral (expectativas de contratación) saltó un 16,6% interanual. Por otro lado, los puestos de trabajo registrados efectivos cayeron un 0,1% mensual, acumulando cinco meses consecutivos de tasas negativas en el sector privado.

Mayoría de indicadores en verde para 2025. Pero los que están en rojo tienen más peso relativo.

En cuanto al consumo, vinculado siempre a los niveles de ingresos personales (salarios), las ventas en supermercados mostraron un respiro con una suba del 1,1% mensual en diciembre, cortando una racha de siete meses de caída. No obstante, el sector sigue un 5,1% por debajo de los niveles de diciembre de 2024.

Si se miran los salarios reales: la remuneración al factor trabajo mejoró un 1,2% mensual, lo que explica en parte el leve repunte del consumo en las fiestas.

La construcción continúa siendo el sector más golpeado. El consumo de cemento en Santa Fe cayó un 0,6% mensual y un 3,3% interanual, manteniéndose en niveles históricos muy bajos.

La industria, por su parte, mostró un escenario heterogéneo. Mientras la producción fabril general cayó un 0,3% mensual , sectores específicos como la maquinaria agrícola comenzaron el 2026 con una recuperación del 2,2% mensual en enero. La molienda de soja y girasol, tras meses de récords, sufrió una contracción del 4,3% en el inicio del nuevo año.

En la variación intermensual hubo buenas y malas. Diciembre cerró con una suba promedio del 0,2%.

De la lectura del completo informe del CES, que dirige Lucrecia D’Jorge y coordina Pedro Cohan, surge que la economía de Santa Fe despide el 2025 en un terreno de transición. Si bien los dos últimos trimestres mostraron variaciones positivas moderadas que sugieren un piso a la caída, la recuperación no es generalizada.

El desafío para 2026 será consolidar el repunte del salario real y reactivar sectores clave como la construcción, para que el crecimiento vuelva a tener la fuerza que mostró a principios del año pasado

El Banco Central difundió el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) de marzo. Los principales consultores y bancos del país estiman que el IPC del segundo mes del año se ubicó en el 2,7%. Pese a la presión en los precios, prevén una recuperación del Producto Interno Bruto del 3,4% para el cierre del año y un sólido superávit fiscal.

Analistas y bancos consultados por el BCRA prevén 2,7% de inflación en febrero. (Xinhua/Martín Zabala)

En una nueva actualización del termómetro económico de la Argentina, el BCRA publicó datos recolectados entre el 25 y el 27 de febrero -previo al conflicto en Medio Oriente- entre 46 participantes, incluyendo 34 consultoras locales e internacionales y 12 entidades financieras.

Los resultados muestran un ligero recalentamiento en las proyecciones de precios a corto plazo, aunque mantienen una perspectiva a la baja en paralelo al crecimiento de la economía.

"Sigue siendo alta", reconoció en Mendoza el ministro de Economía al hablar de la inflación. Pero recordó que "venimos del 211% anual a niveles del 32%". Luis Caputo señaló además que 11 de 15 sectores que mide el EMAE están creciendo, y que se acumuló una suba del 10,3% en la economía argentina con el gobierno de Milei.

El dato más sensible para el bolsillo es la proyección del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Según el consenso de los analistas, la inflación de febrero se habría ubicado en el 2,7%, lo que representa un salto de 0,6 puntos porcentuales respecto a lo que habían estimado el mes anterior.

En cuanto a la inflación núcleo -aquella que no contempla precios regulados ni estacionales-, la estimación se situó en un 2,5% para el segundo mes del año. Este ajuste al alza marca un desafío para las metas oficiales de desinflación en el primer trimestre de 2026.

Los analistas prevén una "escalera descendente" que perfiraría el 2% en mayo. El mercado visualiza los próximos meses como una transición hacia un régimen de inflación más baja. Estiman marzo al 2,5%; abril con 2,2% y el quinto mes del año en 1,9%.

Es recién en mayo cuando las consultoras privadas prevén que el índice logrará romper el piso del 2% mensual. A pesar de esta mejora, los analistas corrigieron al alza la inflación anual total para 2026, situándola ahora en un 26,1%, por encima del 22,3% proyectado el mes anterior.

Respecto al mercado cambiario, los especialistas ajustaron hacia abajo sus proyecciones para el corto plazo, pero definieron un norte claro para el cierre del ejercicio.

Para marzo se espera un tipo de cambio nominal promedio de $1.429 por dólar (una baja de $73 respecto al informe previo). A diciembre, la mediana de los pronósticos ubica a la divisa estadounidense en $1.707, lo que implicaría una variación interanual del 17,9%.

El dólar mayorista se prevé en $1.429 promedio durante marzo.

La proyección para el cierre del año 2026 según el Presupuesto Nacional 2026 (aprobado por el Congreso), el Gobierno estimó un dólar mayorista -es el de referencia en el REM- de $1.423. La divisa cerró este jueves en $ 1.405.

Por el lado de las tasas de interés, los analistas pronostican una TAMAR de 31,3% nominal anual para marzo, previendo que descienda gradualmente hasta alcanzar el 24,0% hacia finales de año.

La TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina), que es la tasa de referencia para depósitos mayoristas en pesos (promedio ponderado de plazos fijos de $1.000 millones a 30-35 días, publicada por el BCRA), está hoy en 31,00% TNA (tasa nominal anual) para bancos privados.

A pesar de la inflación, el mercado ve señales de recuperación en la actividad productiva. Los analistas estiman que el PBI creció un 0,8% en el último trimestre de 2025 y proyectan una expansión continua durante la primera mitad de 2026 (1,0% en el primer trimestre y 0,9% en el segundo). Para el total del año, se espera que la economía argentina crezca un 3,4%.

En contraste, el mercado laboral no muestra grandes variaciones. La tasa de desocupación se mantendría estable en torno al 6,7% de la Población Económicamente Activa tanto para el cierre de 2025 como para el de 2026.

La desocupación no mostrará grandes cambios según la mirada de los "financieros".

El informe destaca la fortaleza de las cuentas externas y fiscales del país. Se prevé un superávit comercial anual de US$ 12.533 millones, producto de exportaciones por US$ 92.737 millones e importaciones por US$ 80.204 millones.

Los analistas son optimistas respecto al orden de las cuentas públicas y proyectan un superávit fiscal primario de $16,1 billones para el Sector Público Nacional en 2026.

Mientras tanto el REM de marzo deja un mensaje ambivalente: mientras que la inflación de febrero mostró una resistencia mayor a la esperada por los consultores, las variables de fondo -crecimiento, superávit fiscal y balanza comercial- presentan una solidez que permite proyectar un año de recuperación económica.

La principal discusión sobre ocupación y empleabilidad en Argentina gira en torno a la calidad del empleo más que al desempleo abierto, que se mantiene relativamente bajo, alrededor del 6,6% según el último dato oficial del INDEC para el tercer trimestre de 2025, con proyecciones estables o leves bajas para 2026.

Aunque la tasa de desocupación no es alarmante -y el gobierno de Javier Milei lo destaca como logro- la oposición apunta a otra evidencia: alta informalidad y precarización laboral

Cerca del 40-43% de los trabajadores ocupados no realizan aportes. Muchos analistas y opositores señalan que el empleo crece principalmente vía cuentapropismo (trabajo independiente) y puestos informales, no asalariados formales registrados. En los últimos dos años se perdieron alrededor de 294.000 según algunos cálculos basados en SIPA, mientras aumenta el "rebusque" o autoempleo precario.

"Les cuento que la tasa de desempleo cayó", afirmó Milei en el Congreso. REUTERS/Agustin Marcarian

La recientemente sancionada reforma laboral impulsada por Milei, introduce cambios como: Reducción de costos de indemnizaciones por despido (fondo opcional alternativo); Posibilidad de extender la jornada laboral (hasta 12 horas en algunos casos); Limitaciones al derecho de huelga y modificaciones en convenios colectivos.

El gobierno la defiende como una "modernización" que bajará la informalidad, incentivará la contratación formal y atraerá inversión al reducir rigideces laborales.

La oposición, sindicatos y críticos la ven como una regresión de derechos, que facilita despidos, precariza más el trabajo y no resuelve la informalidad estructural (incluso podría incentivarla al abaratar el empleo formal). Ya hay impugnaciones judiciales en marcha.

Desde Economía apuntan al cambio del régimen económico, a las inversiones del RIGI y al beneficio del RIMI para acelerar amortización de inversiones de Pymes. Además destacan que se despejarán fantasmas de sobrecostos por despidos, gracias a modificaciones no sólo en indemnizaciones sino en el fuero laboral.

Hay consenso en que la economía puede crecer (proyecciones de 4% a 5% para 2026 en algunos informes previos a la guerra de Medio Oriente). Sectores dinámicos (como agro, energía o minería) absorben mano de obra fuera de los centros urbanos y en menor escala respecto del viejo modelo industrial. Esto genera la paradoja de "crecimiento sin trabajo" o "empleo sin calidad".

El eje del debate no es tanto "¿hay desempleo masivo?" (no lo hay en términos históricos), sino ¿qué tipo de empleo se está creando? y ¿la reforma laboral resuelve o agrava la informalidad y precariedad? El gobierno enfatiza la baja del desempleo y la "modernización", mientras críticos destacan destrucción de empleo formal, avance de la informalidad y pérdida de derechos.

ManpowerGroup Argentina, compañía líder en soluciones de capital humano, lanzó su Encuesta Global de Escasez de Talento, realizada a más de 39.000 empleadores de 41 países. Los resultados demuestran que el 64% de las empresas argentinas tiene dificultades para cubrir puestos de trabajo debido a la falta de personal con habilidades necesarias.

Esta cifra ha experimentado una disminución de un punto porcentual en comparación con el año anterior, posicionando al país en el quinto puesto del ranking regional.

No hay sectores formales de la economía que no tengan problemas a la hora de incorporar "talentos".

De acuerdo con la investigación, las industrias más afectadas por la escasez de talento son: Automotriz (83%); Información (74%); Tecnología y Servicios de TI (72%) y Hospitalidad (71%). Por otro lado, las competencias técnicas más difíciles de encontrar son: Atención al cliente y Front Office; Desarrollo y aplicación de modelos de IA y Alfabetización en IA.

Respecto a las habilidades blandas más importantes de encontrar, se destacan: Adaptabilidad y disposición para aprender; comunicación, colaboración y trabajo en equipo; y pensamiento crítico y resolución de problemas. Ante este panorama, la encuesta indica que gran parte de los empleadores encuestados (20%) no está tomando ninguna medida para superar la escasez de talento.

Sin embargo, otros señalan que han implementado las siguientes estrategias: Upskilling & reskilling de empleados actuales (18%); Ofrecer mayor flexibilidad horaria (14%); Ofrecer mayor flexibilidad de ubicación (14%); Aumento de salarios (12%).

A su vez, el promedio global de escasez de talento es de 72%. Los países con mayores dificultades para encontrar talento calificado son Eslovaquia (87%), Grecia (84%) y Japón (84%), mientras que Finlandia (60%), Polonia (57%) y China (48%) presentan los menores desafíos en este aspecto.

La capacitación es tema pendiente para el acceso al trabajo formal, con o sin reforma laboral.

Luis Guastini, Director General y Presidente de ManpowerGroup Argentina, se refirió al fenómeno en el país."Si bien los resultados muestran una leve mejora respecto del año anterior, la brecha entre oferta y demanda de habilidades continúa siendo un desafío estructural para el mercado laboral argentino.

"En un contexto donde industrias clave como la automotriz, tecnología e información enfrentan niveles críticos de escasez, las organizaciones necesitan talento con competencias técnicas específicas, pero también con capacidades humanas como la adaptabilidad, la colaboración y el pensamiento crítico.", indicó

“Frente a este escenario, resulta preocupante que una de cada cinco empresas no esté tomando medidas para revertir la situación. La solución requiere un compromiso compartido: invertir en estrategias como upskilling y reskilling, revisar las propuestas de valor al empleado y trabajar articuladamente con el sistema educativo y el Estado”.

A fines del 2023 el colectivo argentino, con 44,7% de pobreza según la UCA a noviembre de ese año, le entregó la conducción del país a un desconocido que alegaba poder gestionar una salida. Fue la sorpresiva alternativa a un camino cuyas evidencias señalaban con toda claridad, hasta allí, una catástrofe socioeconómica.

Para aquel mes, la inflación (antes de la devaluación de diciembre) viajaba al 160,9% interanual, las reservas internacionales netas del Banco Central eran de US$ -11 mil millones y el déficit cuasi fiscal acumulaba 10 puntos del PBI (el equivalente a 4 bases monetarias). El déficit financiero del Sector Público Nacional fue de $ 8.737.137 millones, equivalentes al 4,6% del PBI.

La industria "funcionaba" con US$ 45 mil millones de insumos importados impagos, sin los cuales se habría detenido completamente. Con cepo, la brecha del dólar iba de $360 a $800, mientras los amigos del poder hacían obscenas diferencias bajo la selectiva prescindencia de la autoridad monetaria y una aduana.

En las últimas horas, economistas y algún banquero han apurado un justo debate sobre la estanflación: recesión con inflación. El IPC viaja hoy -al menos hasta abril- al 2,5% promedio, mientras la industria manufacturera acumuló -0,8% en 2025 y el consumo masivo creció apenas 2,5% respecto de un 2024 de bajo nivel.

La cerrada planta de Fate ocupaba a 920 operarios en San Fernando.

Sufren los sectores de mayor mano de obra en un país con precios altos, que debate el cierre de 22 mil empresas. El economista Fernando Marull explicó que se trata de firmas que dejaron de hacer aportes a las ART , mientras el trabajo independiente crece incluso en ocupación industrial. Sugiere que es un deterioro de la calidad de la ocupación, pero no de la actividad económica.

Así se replica que el Estimador Mensual de la Actividad Económica haya subido 4,4% durante 2025. En diciembre el indicador registró un incremento de 3,5% en comparación con el mismo mes del año anterior y aumentó 1,8% respecto de noviembre. El componente tendencia-ciclo tuvo una variación positiva de 0,3%.

La conversación pública de calidad -que es parte de la institucionalidad de la República- se degrada con los insultos presidenciales a empresarios. Las flacas voces opositoras que comparan el presente con los últimos datos de 2023, pretenden que la anabolización de aquel ciclo de Alberto Fernández y Sergio Massa no era una atrofia con síntomas de necrosis.

No es bueno que el gobierno nacional no tenga contrapesos políticos de calidad; tampoco que deje de argumentar sobre lo que viene en la Argentina. Sobre todo cuando debatir desafíos reales en comparación con el escenario previo a los comicios presidenciales, es un capital político de la gestión. Uno que está "en desarrollo".

El gobierno de Santa Fe, sin omitir la prudencia fiscal, encara políticas de asistencia crediticia a Pymes, las promueve ante los nuevos "motores" del litio, el cobre, el petróleo o el gas. Invierte en infraestructura, como no lo hace Nación, que además le debe dinero -mucho- a la provincia. Pero la Casa Gris no maneja la macro.

En Nación admiten bajas por fuego propio; el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, Natalio Grinman, reconoció tras reunirse con Manuel Adorni, que no todos sobrevivirán pero que el camino es el correcto.

El gobierno nacional acaba de anotarse triunfos políticos relevantes: la reforma laboral y los acuerdos del Mercosur con la UE y del país con Estados Unidos. Además el RIMI llega con beneficios fiscales para Pymes, que se suman a las inversiones del RIGI. Quedan por delante -en los propios términos de la Casa Rosada- más reformas fiscales y la previsional.

El Senado ratificó la reforma laboral impuelsada por Milei.

Economía espera responder las críticas sobre la estanflación en junio, menos por una suba de actividad fabril que por una nueva tendencia a la baja en los datos de la inflación. La tolerancia social es decisiva para la Casa Rosada.

Para entonces habrá quedado atrás el pass through (pase a precios) por la dolarización de carteras -unos US$ 35 mil millones según el BCRA- previa a los comicios del año pasado, cuando los agentes económicos temieron el retorno electoral hacia el modelo de economía cerrada del kirchnerismo.

A la macro, la agroindustria le aportaría, con clima y mercados a favor, hasta US$ 34.800 millones este año. Y llegarán entre US$ 5 mil y US$ 10 mil millones de inversiones a Vaca Muerta y la minería. El Banco Central de la República Argentina compró US$ 2.712 millones (aquí la crítica opositora que se desvanece) en lo que va del año 2026.

El viceministro, José Luis Daza, y el director del BICE, Martin Vauthier, está en Washington para destrabar US$ 1.000 millones del FMI.

El trigo aportó dólares extraordinarios por exportaciones en el inicio del 2026.

El debut del Bonar 2027 fue exitoso en dos emisiones por US$ 250 millones con tasas del 5,9%. El renunciado secretario de Finanzas, Alejandro Lew, parece haber encaminado la decisión de Luis Caputo de buscar en el mercado interno una financiación más barata de la que podría obtener en el internacional, en el marco de un Riesgo País que persiste por encima de los 500 puntos.

Así como piensa en los "dólares del colchón", Economía apunta a inversores locales, para acumular hasta US$ 2.000 millones en licitaciones quincenales como la de esta semana que finaliza, como parte de los recursos con los que piensa afrontar vencimientos por US$ 4.900 millones a mediados de año.

En el diseño, la estrategia oficial se basa en ofrecer en tramos menores el nuevo bono, con un cupón del 6% anual y amortizaciones mensuales desde fines de marzo próximo hasta el vencimiento en octubre de 2027, antes del fin del mandato de Milei.

En cuanto a la deuda en pesos, Finanzas adjudicó $6,74 billones, por debajo de los vencimientos de $7,2 billones, con un roll over del 93,3%. Fue una decisión estratégica, ya que el gobierno había recibido ofertas por $ 8 billones.

De esta manera Economía, que venía "secando la plaza" tomando en las últimas dos rondas más deuda que los montos en vencimiento, cambió de estrategia y soltó unos 460.000 millones de pesos al mercado; es lo que van a caer los depósitos en pesos del Tesoro en el Banco Central.

En lo inmediato, Economía no emitió deuda a tasa fija (Lecap) y el 97% de la colocación de la semana se concentró en instrumentos que actualizan por inflación (CER). Mientras tanto, más liquidez en el sistema y tasas en retroceso explican en parte por qué el dólar frenó una caída inédita cuando el Banco Central venía comprando divisas.

Federico Furiase, el nuevo secretario de Finanzas, posteó que "La deuda en moneda local (con la capitalización de intereses) consolidada (Tesoro + pasivos remunerados en $ del BCRA) con privados se ubicó en 11,8% del PBI en enero 2026, por debajo del promedio 2025 de 12,7% y de la herencia recibida de 27% en diciembre 2023.

Federico Furiase, nuevo secretario de Finanzas.

"Suponiendo tasa real de 7,5% y crecimiento económico de 4,5%, el superávit primario requerido para mantener el ratio en 11,8% es de 0,3% del PBI, bien por debajo del superávit primario 2025 de 1,4% del PBI y del estimado para 2026 (1,4%)".

Traducido por Felipe Nuñez, eso significaría que, "con un roll over del 100% y crecimiento del 4,5% del PBI, la oferta de bonos en pesos se va a desplomar y vamos a tener un exceso de demanda de bonos. Esto implica que vamos a observar una compresión de tasas reales (por relación deuda/pbi derritiéndose) y nominales por desaceleración de la inflación".

Según la Encuesta de Tendencia de Negocios de la Industria Manufacturera (con datos de febrero de 2026) difundida por el Indec, el principal obstáculo que restringe la producción fabril en el país es, por un amplio margen, la debilidad del mercado local.

Es lo que los economistas advierten como fenómeno de estancamiento (estanflación si se combina con la inflación cercana al 3% mensual). Hasta abril, el 60,7% de las empresas fabriles consultadas por el Indec estima que la producción no afrontará cambios, el 17,6% estima que se incrementará y el 21,7% estima que disminuirá.

La expectativa no mejora su balance. Está lejos de significar recuperación productiva.

Después del cierre de Fate y en medio del debate sobre la reforma laboral, el país afronta el debate sobre la apertura y la recesión del mercado interno. Cabe recordar que la producción industrial en Santa Fe cayó en diciembre un 9,8% interanual según la Federación Industrial de la provincia.

Incluso el indicador desestacionalizado de producción (según Fisfe) se redujo un 3,9% respecto al mes anterior. El 68% del total de ramas industriales presentó una caída interanual de su nivel de producción. Problemas de empleo y en la cadena de pagos.

Sin embargo, en paralelo y de acuerdo con el registro del Intercambio Comercial Argentino (ICA), los números para las exportaciones de Manufacturas de Origen Industrial (MOI) a nivel nacional sumaron US$ 1.939 millones en enero, una variación que representa un fuerte crecimiento del 37% interanual en comparación con enero de 2025.

Sólo 4,8% de los consultados en la encuesta del Indec estima que la demanda externa será insuficiente. Pero 52,6% de los empresarios apunta que la demanda interna está por debajo de lo normal.

El Índice de Confianza en Empresarial (ICE de la industria manufacturera) está compuesto por la opinión empresarial sobre las expectativas futuras del volumen de producción, la evaluación actual de la cartera total de pedidos de clientes y la evaluación actual del nivel de stocks de productos.

Según la encuesta, los factores que más limitan la capacidad de aumentar la producción, ordenados por su nivel de impacto según la percepción de las empresas, están encabezados por la demanda interna insuficiente.

La preocupación por el mercado interno pesa mucho; la paertura incide menos.

Es el factor más crítico, citado por el 53,5% de los encuestados. Este porcentaje indica que más de la mitad de las empresas industriales ven en la falta de consumo local su mayor barrera para crecer.

En cuanto a la competencia de productos importados, se ubica en segundo lugar con un 11,7%, representando una preocupación significativa para una parte del sector, aunque mucho menor que la demanda interna.

La incertidumbre económica afecta al 5,7% de las empresas, lo que sugiere que la inestabilidad del contexto macroeconómico sigue siendo un freno relevante para la toma de decisiones productivas en un margen menor de empresas.

Lo mismo pasa con la escasez de materias primas, insumos o componentes: con un 5,5%, los problemas en la cadena de suministro también juegan un rol limitante, pero en el margen de una minoría del muestreo.

Otros factores mencionados, pero con menor incidencia (por debajo del 5%), incluyen la demanda externa insuficiente (4,8%), problemas financieros (3,1%) y la falta de equipo adecuado (2,1%). Cabe destacar que un 4,8% de las empresas declaró no tener ningún factor limitante actualmente

El Índice de Actividad de la Cadena Agropecuaria (IACA-BCR) elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario, correspondiente a enero de 2026, destaca que el sector alcanzó un máximo histórico gracias al impulso de una cosecha récord, a pesar de ligeros retrocesos en la agroindustria y las exportaciones mensuales.

Los datos revelan un crecimiento mensual del 1,2% e interanual del 13,3%, sustentado principalmente por el excelente desempeño de los cultivos de invierno y las exportaciones de trigo.

“El campo” -mientras el país espera los nuevos drivers de la economía desde el petróleo y la minería- sigue siendo el motor principal de la actividad en la Argentina. Y tracciona por estas horas dólares del trigo -en marzo arranca la liquidación de divisas por la cosecha gruesa- para favorecer el esquema oficial de compra de divisas.

La actividad crece gracias al trigo y las labores de la cosecha gruesa.

Los números de la entidad rosarina también revelan la dinámica de la carne vacuna, de alta incidencia en la inflación interna. Los stock ganaderos han comenzado a preservarse para la apertura exportadora, y eso se nota en la dinámica de precios internos encarecidos y consumos alternativos de aves y cerdos.

De las 12 series que componen el Índice, siete registraron una variación mensual positiva y cinco marcaron un retroceso en el período de referencia. Entre las primeras se encuentran las siguientes:

• Avance de labores agrícolas (+2,8%): Fue la serie que más impulsó al índice general. Este crecimiento se dio en un contexto de producción récord de cultivos de invierno, finalización de la cosecha de trigo y cebada, y un avance importante en la cosecha de girasol.

• Molienda de cebada (+3,3%): Registró un fuerte incremento mensual.

• Molienda de girasol (+2,2%): Avanzó respecto al mes anterior al inicio de una campaña que promete valores históricos.

• Molienda de trigo (+1,2%): Mostró un buen desempeño gracias a la abundante cosecha recolectada.

• Faena de porcinos (+1,1%): Continuó su avance firme, alcanzando nuevos máximos y consolidándose como alternativa de consumo.

Los biocombustibles siguen lejos de sus mejores niveles de producción.

• Producción de biodiesel (+0,9%): Se estimó un aumento tras el restablecimiento del corte obligatorio del 7,5% en gasoil.

• Producción de leche (+0,4%): Mantuvo una tendencia alcista, hilando 22 meses consecutivos de crecimiento a pesar de los bajos precios internacionales.

• Exportaciones (IACA - Agroexportación) (-3,7%): Fue el rubro que más cayó, debido a menores envíos de los complejos soja y maíz, lo cual no pudo ser compensado por el excelente desempeño del trigo, la cebada y el girasol.

• Molienda de soja (-3%): Retrocedió debido a que gran parte de la cosecha se exportó como grano sin procesar en los meses previos, dejando menor disponibilidad para la industria.

• Producción de bioetanol (-2,7%): Se estimó una merma mensual significativa en su elaboración.

La faena cae porque los ganaderos están "engordando" camino a las exportaciones.

• Faena aviar (-1,2%): Disminuyó debido al freno productivo transitorio de algunas plantas industriales.

• Faena de bovinos (-0,9%): Marcó su sexta caída consecutiva, explicada por una retención de animales para agregarles más kilos (engorde) y un stock ganadero aún afectado por la sequía previa.

“En términos interanuales, la producción primaria y las exportaciones sostuvieron el crecimiento del índice, compensando la leve contracción de la actividad agroindustrial. El subíndice IACA-Cultivos registró una suba del 18,9% respecto de enero de 2025, asociada al avance de la cosecha fina y a una mayor producción de girasol.

“Por su parte, el subíndice de agroexportación mostró un incremento interanual del 10,7%, impulsado por mayores volúmenes exportados de trigo, cebada y girasol y por la evolución de los precios de exportación de la carne”.

El portal BCR+ destacó que “en sentido contrario, el subíndice IACA-Agroindustrial presentó una disminución interanual del 0,5%, debido principalmente a menores niveles de faena bovina y de molienda de soja, que no lograron ser compensados por el incremento en la faena de porcinos, la molienda de girasol y la producción de leche”.

El subíndice de agroexportación “mostró una contracción mensual del 3,7%, luego de seis meses de crecimiento acumulado del 30%. La caída respondió principalmente a menores exportaciones de soja y maíz, mientras que los complejos trigo, cebada y girasol registraron elevados volúmenes de embarques en el mes”.

¿Es el destino de Fate un antecedente ineludible para la Industria Argentina en la era Mieli?

Pirelli (con planta en Merlo) y Bridgestone (en Llavallol) fabrican productos más modernos tras mayores inversiones. Son proveedoras de terminales (sobre todo camionetas doble cabina, camiones y colectivos, maquinaria agrícola) y, aunque venden más caro y tienen capacidad ociosa, conviven -aun con traumas- con la apertura económica argentina.

Exportan a Brasil, no tienen retraso tecnológico ni padecen delegados combativos como la empresa de Madanes Quintanilla. Por ser proveedora a la demanda de baja gama, la cerrada planta de San Fernando no puede competir con neumáticos chinos, aun cuando los insumos importados (cauchos naturales y sintéticos, negro de humo y cordones de acero) se pagan con dólar más accesible y menos presión fiscal.

Productividad, competitividad y plan de negocios alternativo en cada empresa y sector, en el cambio de régimen económico, son decisivos para definir la suerte de un perfil industrial. Las 22 mil Pymes cerradas desde que Milei es presidente, no son casualidad; tampoco consecuencia excluyente de su política.

Está claro que hay -y habrá- quebrantos dolorosos en el cambio del modelo; también que la economía protegida acumuló 45 mil millones de dólares impagos, en su mayoría por insumos y bienes intermedios importados, diciembre del 2023. Era la crónica de un quebranto sistémico anunciado.

Mercedes Benz inauguró una planta para producir camiones y buses en Zárate; el CEO de Scania, Christian Levin, ratificó que seguirá invirtiendo en la producción de cajas en Tucumán. Ford (ya no produce nada Brasil) amplía inversiones en General Pacheco y Toyota lidera la producción de utilitarios. Es inminente el anuncio de nuevos modelos híbridos a fabricar en el país, reformas mediante.

Al mismo tiempo la planta de General Motors en Alvear padece la incertidumbre del plan corporativo de GM y Fiat mantiene turnos inactivos en Córdoba por el mercado interno deprimido. No es lo mismo ser proveedor de vehículos para el campo, la energía o la minería, que de unidades para uso urbano en una sociedad empobrecida.

La actividad fabril está torsionada en un mundo con desafíos que exceden al modelo económico. Tecnológía y geopolítica imponen cambios de magnitud tectónica. Un ejemplo es el de mercados que demandan vehículos más baratos y modernos, que en la Argentina no se fabrican. Y lo que se hace tiene mayoría de autopartes importadas.

El "barco de los autos chinos", tema de debate nacional tras amarrar en Zárate. REUTERS/Martin Cossarini

Limitar el debate a dilemas como Fate o China, Milei o peronismo (por qué no desarrollismo), es someter la realidad a un sesgo anacrónico, bajo un lente incapaz de abordar la revolución de la economía del conocimiento, la inteligencia artificial y la robótica.

Sólo para entender, a manera de ejemplo: Shandong Linglong Tire -junto a la empresa Sunset Comercial Industrial y de Servicios- se instalará en Ponta Grossa, Paraná, con capacidad para producir más de 14 millones de neumáticos anuales para el Mercosur, bajo marcas internacionales. No se trata de la lisa y llana importación desde China.

La actividad empresarial suele tener en su origen un capítulo heroico, en el que una inversión se arriesga a la posibilidad creadora, a una expectativa. Pero ninguna actividad económica -ninguna- es sostenible a largo plazo perdiendo plata. El país tampoco; el dolor por el ordenamiento de las variables macroeconómicas es directamente proporcional a 56 años (de los últimos 62) de déficit fiscal.

El cambio debería suceder, es cierto, en un contexto republicano y respetuoso al cual Javier Milei es poco afecto. Mientras tanto, muchas empresas que se mal acostumbraron a la protección a costa de toda la sociedad -subsidios y privilegios mediante- hoy deben asumir que el riesgo es condición necesaria de la ganancia.

En contraste con un puñado de sindicalistas eternizados y ricos, vale repasar: en 50 años el PBI per cápita de la Argentina no ha crecido. Y eso a pesar del inmenso aporte de la inversión que cada año -a riesgo climático y de mercado, y con un socio estatal insoportable- hacen los productores agropecuarios en la Argentina, en especial desde la revolución de la siembra directa.

Las Manufacturas de Origen Industrial son deseables, pero no a cualquier costo. Una fábrica de electrodomésticos que invierte en diseño e innovación de producto, desarrolla proveedores y matricería, cuenta con tasas de financiación razonables, baja presión fiscal e infraestructura exportadora, bien puede (debería) ser una Pyme santafesina compitiendo acá y en el mundo.

Tras la crisis de 2008, la producción santafesina no promedia crecimentos a pesar de la agroindustria.

Una terminal concebida bajo el capitalismo de amigos, que trae matricería china, opera con beneficio de las barreras al mercado interno (no compite), que además convulsiona su ganancia a costa de devaluaciones, es un privilegio que condena a la sociedad a cambio de un puñado de empleos anabolizados.

Tras la crisis de 2008, con cepo y economía cerrada, con las viejas normativas laborales vigentes, la curva de actividad de la industria argentina exhibió una taquicardia incapaz de crecer y generar empleo, que se atrasa y no puede comprar insumos indispensables.

La reforma laboral y la apertura, no son condenas; la inercia de casi 20 años de estancamiento fabril es prueba contundente del fracaso.

Hay -más allá de los discursos- coincidencias en Nación y Provincia respecto de la necesidad de mantener el equilibrio fiscal e incluso de bajar impuestos. Economía -en Santa Fe- ya reglamentó las reducciones de Ingresos Brutos por nuevo personal, la deducción por facturación de energía y la baja de alícuota a 2,5% al comercio y la hotelería que hayan facturado hasta $180 mil millones anuales.

Santa Fe mantuvo inversiones viales que Nación dejó para la inversión privada.

Pero además Santa Fe hizo presencia activa desde el ministerio de la Producción, acompañando con complementos crediticios y promocionando a las Pymes santafesinas como proveedoras de minería e hidrocarburos (sectores promocionados por el Rigi). Una política realista que no pone el acento en la protección a sectores inviables.

Está además el capítulo de la infraestructura. Gasoductos, acueductos y algunas rutas esenciales, se han mantenido como inversión estatal santafesina, de alto impacto al desarrollo productivo.

¿Puede el modelo de concesiones de rutas de Milei, alcanzar ese objetivo sin que le cueste plata al Estado? El modelo Milei no está condenado al éxito. La gestión debe demostrar si el cambio que está en marcha es eficiente y, sobre todo, eficaz.

La difusión la pasada semana del informe de Intercambio Comercial Argentino por parte del Indec, dejó en evidencia que, a pesar de la caída en la actividad fabril de la Argentina, las exportaciones de origen industrial fueron las que más crecieron, que las importaciones retrocedieron y que la balanza energética fue un factor decisivo en el saldo récord de US$ 1987 millones de enero.

Las exportaciones -cabe repasar- alcanzaron los 7.057 millones de dólares, lo que representa un crecimiento interanual del 19,3%. Este incremento se debió principalmente a un salto del 18,5% en las cantidades vendidas; las importaciones cayeron un 11,9% interanual, totalizando 5.070 millones de dólares, y también en este caso la baja fue impulsada por una reducción del 12,1% en las cantidades.

Los rubros con mayor crecimiento fueron las manufacturas de origen industrial (MOI), que crecieron un 37%, y demuestran que hay sectores fabriles competitivos para embarcar producción al exterior y generar divisas genuinas, incluso con el presente nivel del dólar. El embarque de productos primarios creció también un 35,4%.

Pero el dato saliente es el de la energía. El sector energético aportó un saldo positivo de 618 millones de dólares, representando el 31% del superávit total.

Según revela el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, a pesar de este resultado positivo en la balanza energética, "se observa una reducción de US$ 85 millones en comparación con el mismo mes del año anterior. Pero en este caso no es por baja de cantidades vendidas al exterior.

Balanza Energética - Acumulado 12 meses.

"Esta disminución se atribuye principalmente a una caída en los precios internacionales, que impactó negativamente en el valor de las exportaciones". El estudio detalla cómo el ahorro en importaciones no alcanzó a compensar la pérdida de ingresos por ventas externas. Finalmente, se destaca que el sector energético representó el 31% del saldo comercial total del país en el periodo evaluado.

Cabe recordar que después de más de una década de saldos negativos (que comenzaron en 2011), Argentina cerró el 2024 con un superávit comercial energético de aproximadamente 5.668 millones de dólares.

El año pasado, esta tendencia se aceleró drásticamente. Argentina cerró el 2025 con un superávit energético récord de 7.815 millones de dólares, el más alto desde que se tienen registros comparables.

Según el centro de estudios que dirige el economista Nadin Argañaraz, el ahorro total generado por la reducción de las importaciones energéticas en enero de 2026 fue de US$ 43 millones en comparación con el mismo mes del año anterior.

Este resultado favorable se explica por la combinación de dos factores. El menor volumen importado (efecto Cantidad), fue el factor más relevante, generando un ahorro de US$ 31 millones debido a que se compró menos energía física.

A su vez, los menores precios internacionales de la energía que Argentina importa, permitieron ahorrar otros US$ 13 millones. Destaca Iaraf que, aunque este ahorro ayudó a la balanza, no fue suficiente para compensar la caída de US$ 128 millones sufrida en las exportaciones

La reversión de la tendencia se debe al aumento exponencial en la producción de hidrocarburos no convencionales, lo que permitió sustituir importaciones de gas y aumentar las exportaciones de petróleo crudo. Eso, en especial, tras las inversiones del RIGI, en el marco de un fenómeno que comenzó antes.

Balanza Energética - Parcial de cada año.

La puesta en marcha de obras clave para la sustitución de importaciones permitió volcar al mercado interno la mayor producción. El Gasoducto Perito Moreno (ex Néstor Kirchner) permitió transportar el gas producido en Neuquén hasta la provincia de Buenos Aires, compensando la importación de GNL por barcos y la que llegaba desde los ahora agotados yacimientos bolivianos.

Pero el proceso se prepara para un salto exponencial. El Oleoducto Vaca Muerta Sur lleva 51% de avance mientras en el puerto de Punta Colorada se construyeron las bases de los 6 tanques gigantes (de 38 metros de altura cada uno, 3 están en proceso de montaje) para exportar crudo por barcos.

El gasoducto "corre de atrás" aunque ya se confirmó la compra de los caños a la India (tras la polémica con Techint) para salvar los 526 kilómetros del yacimiento al muelle de la ex Sierra Grande. Se espera que la infraestructura pueda abastecer a los barcos de licuefacción en 2030.

En un momento clave del 61° Coloquio de IDEA en Mar del Plata (octubre de 2025), el CEO de YPF -Horacio Marín- aseguró que "vamos a lograr que la Argentina exporte 50.000 millones de dólares en energía y vamos a dejar la vida en eso". Ese número es el "techo" de su ambición a partir del 2030, aunque geopolítica y precios son decisivos en la prospectiva.

Marín proyecta una combinación de tres motores:

Petróleo (Shale Oil): Estima que las exportaciones de crudo de Vaca Muerta aportarán unos US$ 25.000 a US$ 30.000 millones.

Gas Natural Licuado (GNL): El megaproyecto en Río Negro sumaría otros US$ 15.000 millones anuales una vez que las tres etapas del plan estén operativas.

Otros derivados y servicios: El resto se completaría con petroquímica y exportaciones menores de gas por gasoductos a países vecinos.

Los argumentos de su optimismo

Además Marín defendió esta cifra ante el círculo rojo empresarial basándose en la productividad real que ya están viendo en el campo. Destacó que YPF ya es más eficiente que gigantes como ExxonMobil en Vaca Muerta. Mientras el estándar de EEUU es de unas 22 horas por etapa de fractura, YPF ha logrado promedios de 20,5 horas.

Explicó su política de no retener áreas que no se van a explotar. "Si no lo podemos hacer nosotros, que lo haga otro, pero la riqueza tiene que salir", dijo, marcando el fin de la etapa en la que YPF "dormía" sobre yacimientos convencionales.

Su tesis es que, al exportar masivamente, el costo marginal de la energía para la industria argentina será el más bajo del mundo, dándole una ventaja competitiva al resto de las fábricas del país.

Si se cumple su pronóstico de US$ 50.000 millones, la energía pasaría de ser un problema de divisas a ser el principal motor exportador, incluso por encima de lo que el complejo agroindustrial (soja, maíz, trigo) que aporta en años promedio (que ronda los US$ 30.000-40.000 millones). Es un plan que él llama "4x4" porque busca cuadruplicar el valor de la compañía y el aporte del sector al PBI para 2031.

Mientras el Congreso discute cuánto cubre del salario una empresa durante la enfermedad de su trabajador -sea laborable o inculpable- el ausentismo por enfermedad afecta a casi el 60% de los empleadores privados en el país.

El hecho supone un desafío a la productividad, que define la competencia económica presente, en especial si se expone a las empresas locales al desafío de mejorar ofertas importadas en el mercado interno o acceder con éxito a mercados internacionales.

“El ausentismo laboral deteriora la productividad y genera costos improductivos. Por eso es pertinente sustituir el arcaico mecanismo actual de cobertura de las enfermedades no laborales. Sin embargo, en lugar de la polémica y deficiente reforma aprobada en el Senado es recomendable adoptar buenas prácticas internacionales”, sostiene el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa).

El pago del salario durante una enfermedad laboral (o enfermedad profesional) recibe un trato preferencial y cuenta con mayor protección legal que una enfermedad común, tanto en los países de la OCDE como en China.

Los datos del estudio.

En la gran mayoría de los países de la OCDE, el empleado recibe entre el 66% y el 100% de su salario bruto previo mientras se encuentra de baja médica por una enfermedad directamente atribuible a su trabajo, pero no son pagos que salen de las cuentas empresarias directamente sino que -auditoría médica mediante- quedan a cargo de un seguro contratado por el empleador a tal efecto.

En Estados Unidos, Canadá o Australia, los pagos del seguro por accidentes y enfermedades laborales suelen estar exentos de impuestos sobre la renta. Por lo tanto, un pago del 66% del salario bruto a menudo equivale a cobrar cerca del 80% o 90% del salario neto habitual que el trabajador llevaba a casa.

Además, con criterio progresivo, los seguros gubernamentales o privados suelen establecer un tope máximo mensual. Si un empleado de altos ingresos supera ese límite, su porcentaje de compensación se calculará sobre el tope máximo legal, no sobre su salario real.

La cobertura alcanza hasta el 100% en Europa por períodos cortos. Muchos países europeos de la OCDE (como Alemania o Francia) exigen que, durante las primeras semanas o meses de la enfermedad laboral, el trabajador reciba el 100% de su salario, siendo el costo asumido primero por el empleador y posteriormente subsidiado por el seguro estatal.

En países nórdicos, las empresas pagan entre dos semanas y un mes. Más allá de eso, el cheque lo emite la seguridad social estatal, pero son las empresas las que financian el sistema.

En el “capitalismo” chino, el trabajador recibe 100% de su salario por parte de su empleador hasta 12 meses. Sólo si sobreviene la incapacidad, el seguro “estatal” se hace cargo de pagas vitalicias de entre 75% y 90%.

La reforma laboral eje de uno de los debates en el Congreso.

Según la normativa vigente, en los días de ausencia por accidentes y enfermedades no laborales el empleador tiene que mantener el pago de los salarios por un periodo que varía entre 3 y 12 meses según la antigüedad en el empleo y la presencia o no de familiares a cargo.

Además, la ley Argentina contempla una indemnización especial si la persona queda con una secuela incapacitante y el empleador decide extinguir la relación laboral.

En el proyecto de modernización laboral aprobado en el Senado se cambió el esquema; es el “error” reconocido por Patricia Bullrich al no distinguir enfermedades leves y graves.

Se estableció que, ante una ausencia por enfermedad no laboral, el trabajador tendrá derecho a recibir el 50% del salario, si la enfermedad fue producto de una actividad voluntaria y consciente del riesgo sobre la salud que dicha actividad conlleva.

Si no fuera fruto de una actividad voluntaria y consciente del riesgo sobre la salud cobrará el 75% del salario. Se redujo el periodo de cobertura a 3 y 6 meses, según que el trabajador tenga o no carga de familia, eliminándose la mayor extensión por antigüedad. No se modificó la indemnización especial en caso de que el empleador decida extinguir la relación laboral.

Idesa destaca en su informe que, para abordar la importancia del problema del ausentismo, conviene analizar su dimensión y naturaleza. Según la Secretaría de Trabajo, en el 2025 el 58% de las empresas privadas sufrirá la ausencia de al menos 1 trabajador al mes.

Los motivos fueron los siguientes: el 49% fue por enfermedades no laborales; el 20% fueron faltas sin aviso; el 31% fue por otros motivos. Estos datos muestran que el ausentismo laboral afecta a 6 de cada 10 empresas y la causa más frecuente son las enfermedades no laborales.

La principal consecuencia del ausentismo es que perturba la organización del trabajo, deteriorando la productividad. En las pequeñas empresas, las pérdidas de productividad son más intensas. Se estima que el costo del ausentismo en las empresas equivale al 2,8% de las jornadas pagadas, donde las enfermedades no laborales explican la mitad.

Según el centro de estudios que dirige Jorge Colina, el actual diseño de la Ley de Contrato de Trabajo para cubrir las enfermedades no laborales es extremadamente rústico. En las enfermedades leves induce el ausentismo espurio ya que es muy difícil el control para evitar la simulación.

A su vez en las enfermedades de larga duración, además de resultar muy costoso -especialmente para las empresas de menor tamaño- induce a la desprotección.

Advierte el análisis de Idesa que al empleador, aun pagando la indemnización por despido, le conviene extinguir la relación laboral. De esta forma, se premia el ausentismo espurio y se desprotege a las personas con enfermedades largas.

En Uruguay en los 3 primeros días de ausencia no hay obligación de pago y a partir del 4º día la seguridad social se hace cargo de pagar una prestación equivalente al 70% del salario que puede llegar a durar 2 años. De esta forma, se desalienta el ausentismo espurio y repetitivo, se socializan los costos y se prioriza la protección de las personas que sufren enfermedades más graves.

Según Idesa, el cambio introducido en la ley aprobada en el Senado es tan polémico como deficiente. No solo porque mantiene la responsabilidad en el empleador y profundiza la desprotección a los trabajadores con enfermedades de larga duración, sino porque incorpora una diferencia según el origen de la enfermedad que es imposible de llevar a la práctica.

Una semana antes de los comicios de medio término, el empresariado reunido en el 61° Coloquio de IDEA se congregará para analizar “cómo hacer de la Argentina un país más competitivo, en un mundo en transformación, desafiante y cambiante”.

Será del 14 al 16 de este mes en Mar del Plata. Hasta allí llegará el trabajo de 60 CEOs y equipos técnicos que, durante lo que va del año, analizaron y sistematizaron la mirada del sector empresario en torno a cinco ejes centrales: competitividad, innovación, empleo y educación para el empleo, impuestos e institucionalidad.

“Cuando en marzo de este año comenzamos a diseñar el 61° Coloquio de IDEA, entendimos que el cambio profundo no es exclusivo de la Argentina: el mundo también atraviesa transformaciones de fondo. En este marco nos planteamos una pregunta clave: ¿cómo podemos ser más competitivos en un escenario internacional tan desafiante y exigente?”, señaló Mariano Bosch,

Ser más copetitivos, la meta que plantea el presidente del Coloquio, Mariano Bosch, en esta nueva edición.

El presidente del 61° Coloquio de IDEA y cofundador y CEO de Adecoagro señaló que bajo el lema “Juega Argentina”, esta edición convoca a líderes empresarios a asumir un rol protagónico: competir, producir e innovar.

Está invitado el presidente Javier Milei (tiene agendado el encuentro con Trump el 14 en Washington) y ya confirmaron Luis Caputo, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello y Patricia Bullrich.

En esta edición también estará el santafesino Maximiliano Pullaro, junto a sus pares de Córdoba, Martín Llaryora; de Chubut, Ignacio Torres; de San Juan, Marcelo Orrego; de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La visión de IDEA sostiene que el país necesita políticas estables, instituciones sólidas y un marco económico que favorezca la inversión, el crecimiento de las empresas y la generación de empleo de calidad. Un desafío que parece escrito para el país camino a las elecciones, pero que lo trasciende desde hace varios años.

Santiago Mignone y un desafío desde Idea: eliminar impuestos distorsivos. Entre ellos, Ingresos Brutos.

También resalta la importancia de la innovación y la educación como pilares para mejorar la productividad y preparar a las nuevas generaciones.

Durante el Coloquio, esta “hoja de ruta” se presentarán como un aporte al debate público y como base para el diálogo entre el sector privado y el sector público, con el objetivo de construir consensos amplios que permitan avanzar hacia una Argentina más competitiva.

“Debemos alentarnos a adoptar prácticas que garanticen la innovación, las nuevas tecnologías, el desarrollo de cadenas de valor, la regionalización y la formación de capital humano. Es un tiempo de revisión de nuestros modelos de negocios”.

Según el planteo del Coloquio, “Argentina necesita inteligencia y sensibilidad para articular la secuencia y velocidades del ordenamiento macroeconómico, la apertura comercial y el desenvolvimiento microeconómico. Todos sabemos que el orden e intensidad de las mismas altera el resultado final del proceso”.

En la presentación del evento, los empresarios plantearon la necesidad de que “se reduzca el costo argentino de operar para poder competir y generar prosperidad. La modificación del sistema tributario y laboral, la eliminación de trabas burocráticas, las mejoras en infraestructura y servicios públicos y la promoción del sector financiero no solo son necesarios. Son urgentes”.

Los empresarios plantearon un compromiso en primera persona. “Argentina necesita que nosotros desarrollemos y pongamos en práctica una mentalidad innovadora, dejando atrás la aversión al riesgo y que seamos ejemplo, más que nunca, de resiliencia, agilidad y adaptación para mejorar la productividad y ser competitivos”.

“Eliminar los impuestos distorsivos; simplificar el sistema impositivo, a través de eliminación de impuestos de baja recaudación y a partir de la agilización operativa/administrativa”. La meta es parte del reclamo del empresariado a la política nacional que tiene postergada esta reforma estructural.

“Reducir el gasto nacional, provincial y municipal -añade el planteo- como condición para una menor presión impositiva sostenible. Dictar una nueva ley de coparticipación en cumplimiento con el mandato constitucional”.

“Mejorar la Justicia a través de su transformación digital para que el servicio de justicia sea más transparente y eficaz”, es otra de las propuestas que los Ceos argentinos ponen a consideración en el Coloquio.

"Transparente y eficaz". Así es la "justicia digital" que los empresarios imaginan para la Argentina.

“Bregar porque los jueces decidan y dicten sentencia conforme a las normas. Profesionalizar y despolitizar el Consejo de la Magistratura para asegurar la independencia de los jueces y la eficaz prestación de los servicios de justicia. Resolver las vacancias en el poder judicial”, proponen.

Desde Idea plantean “institucionalizar acuerdos clave para la Argentina -como el déficit cero, el superávit fiscal y la estabilidad macroeconómica- para que perduren más allá una coyuntura especifica”. En esa línea señalan la necesidad de “fortalecer las instituciones para que sean más eficaces, transparentes y confiables”.

La agenda del encuentro no omite temas como empleo y educación para el empleo; reducir la informalidad laboral; modernizar marcos laborales y relaciones sindicales; mejorar la eficacia del sistema judicial laboral e impulsar las reformas educativas. Todos temas que son parte de la agenda postergada por las disputas electorales de la Argentina.

La producción de biodiésel acumulada en doce meses corridos al mes de agosto se redujo 8,7%. A su vez, las ventas internas de biodiésel fueron 15,1% mayores en la comparación a 12 meses. Por su parte las exportaciones de biodiésel acumuladas en el mismo período fueron 39,7% menores.

Los datos del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi añaden que la producción de bioetanol a base a maíz y caña de azúcar, aumentó 5% en el cálculo acumulado durante los últimos 12 meses registrados al mes de agosto. Por otra parte, las ventas aumentaron 4,5% en el acumulado del mismo período.

Los datos de retracción de la actividad llegan tras un anuncio de la secretaría de Energía para incrementar 6,71%el precio del biodiésel y 4% para las dos variantes del bioetanol, con lo que en diez meses de 2025 se acumulan incrementos del 41,72% y del 26,64%, respectivamente, valores por encima de inflación del período, estimada en 24,5%.

Pese a los incrementos, los productores pyme del biodiésel santafesino señalan un retraso sostenido en los precios que fija Nación, en especial por el incremento de los granos, producto de las “retenciones cero” que produjeron un incremento de las oleaginosas que usa el sector como insumo de producción.

El corte con biodiésel en el gasoil es del 7,5% obligatorio; en etanol a las naftas alcanza el 12% según la vigente 27.640 de 2001. Aunque los porcentajes pueden ser modificados por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Energía).

Tanto la cadena del biodiésel como la del etanol de maíz y caña, esperan que en las próximas semanas el Senado de la Nación despache un nuevo proyecto de ley que establezca licitaciones abiertas -segmentadas para garantizar la participación de grandes empresas como de Pymes- para proveer al corte en el combustible que se expende en surtidores del país.

La producción El precio del biotanol de caña, como el de maíz, se incrementó 5%. La de biodiésel cayó 8,7%.

Alejandra Vigo, senadora nacional por Córdoba (Unidad Federal), explicó la nueva propuesta de la Liga de Provincias Bioenergéticas, que promociona al sector y a las exportaciones. Lo hizo durante una reciente reunión conjunta de las comisiones de Minería y de Energía y Combustibles de la Cámara alta.

La liga está integrada por las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. La Unión Industrial Argentina (UIA), por nota de Martín Rappallini al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, planteó fortalecer la producción de bioetanol y biodiésel, diversificando la matriz energética y promoviendo el desarrollo federal.

El texto define a los biocombustibles como “sustancias producidas a partir de la transformación industrial de materias primas biológicas agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustriales, derivadas de derechos orgánicos o de otras materias primas biomásicas, capaces de entregar energía cuando se oxidan en forma violenta con desprendimiento de calor”.

La norma habilita motores “flex” (nafteros que se producen en Córdoba y son habituales en Brasil, donde pueden funcionar con combustibles hidrocarburíferos o 100% con etanol). Además plantea plazos para incrementar los cortes a naftas y gasoil, lo que promueve fuertes resistencias de provincias petroleras.

La cordobesa Vigo llevó la voz cantante en comisiones del Senado a favor de una nueva ley de biocombustibles.

Los legisladores de provincias del centro argentino reclamaron a sus pares “petroleros” que devuelvan gestos: los de provincias que producen biocombustibles apoyaron la ley Bases o el Rigi que promueve Vaca Muerta, y esperan abordajes “federales” que no sólo contemplen intereses sectoriales o provinciales.

Pero el debate no está exento de polémicas. Bruno Olivera Lucero (LLA- San Juan) señaló que el aumento en el corte con biodiésel “representa un aumento en el gasoil e impacta en los costos de transporte de todo el país”.

Mercado del carbono (menor contaminación) y ahorro de divisas (el país no tiene refinerías para abastecer todo el gasoil hidrocarburífero que consume) son los argumentos de las provincias bioenergéticas.

La jujeña María Moisés (Unión por la Patria) puso sobre la mesa otro fuerte argumento: el biocombustible “es uno de los pocos elementos que tiene industrialización en el noroeste (producción de azúcar, papel y bioetanol de caña) generando 57 mil empleos directos y 140 mil indirectos”.

Las energías renovables representan 18% de la matriz energética argentina.

Juan Carlos Romero, senador por Salta (Cambio federal) advirtió a la comisión que incluso más allá de una nueva ley de biocombustibles, el Congreso debería abocarse a “la prórroga de la ley de promoción de energías renovables, que ya tienen 18% de la matriz” de la energía uqe produce el país.

Ante la embestida de José Mayans, quien apuró a las comisiones para debatir en contra de la política oficial de energía nuclear, Romero le recordó al formoseño que esa modalidad es hoy “el 7% u 8 %” de la generación eléctrica argentina. “Debemos pensar en e l país, no en intereses sectoriales”, advirtió el dirigente salteño.

“En septiembre el Índice Construya (IC), que mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, registró una suba del 1,08% mensual desestacionalizada, y en la comparación interanual el IC registró una recuperación del 6,5%”.

El dato -contraintuitivo por la ralentización de los números de la economía nacional- fue confirmado por las principales fábricas proveedoras. “De esta forma, el acumulado de enero-septiembre de 2025 cerró 6,9% por encima del mismo período del año anterior”.

Cabe recordar que este indicador no contempla la provisión de insumos para obra pública nacional. Más de la mitad de las obras públicas que estaban inconclusas al inicio de la actual gestión presidencial de Javier Milei están paralizadas. De unas 2.700 obras heredadas, el 54% no tuvo ningún avance hasta mayo de 2025.

"En un contexto de baja demanda -dicen los proveedores de obras privadas- durante septiembre los despachos de insumos registraron un leve rebote con respecto a los meses previos, pero se mantuvieron casi 8% por debajo del pico alcanzado en junio y julio del corriente año.

“y de la refacción, a lo cual se agrega un factor climático también de alta inestabilidad”, explicaron desde Construya.

"El escenario de alta volatilidad financiera de los últimos meses constituye un factor muy negativo para el sector de la construcción", advirtieron los fabricanrtes de insumos.

El índice mide la evolución de los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas líderes que conforman el Grupo Construya.

En la lista se incluyen: ladrillos cerámicos, cemento portland, cal, aceros largos, carpintería de aluminio, adhesivos y pastinas, pinturas impermeabilizantes, sanitarios, calderas y sistemas hogareños y centrales de calefacción, grifería y sistemas para conducción de agua y gas, pisos, revestimientos cerámicos y materiales eléctricos y electrónicos.

Cabe recordar que el Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción (ISAC) marcó para Julio de 2025 una suba del 1,4% en comparación con el mismo mes de 2024. No obstante, en la medición desestacionalizada, la variación respecto al mes anterior del Indec fue negativa en 1,8%.

Es conveniente aclarar que el ISAC está referido al mes de julio de 2025 (agosto se publica en las próximas horas), por lo tanto, no es comparable con este Índice Construya, correspondiente al mes de septiembre 2025.

El Banco Central resolvió este viernes 26 de septiembre restablecer una medida clásica del cepo: la “traba cruzada” para evitar arbitrajes entre el mercado oficial de cambios y las cotizaciones financieras. La nueva disposición alcanza ahora a todos los ciudadanos.

La norma fue oficializada a través de la Comunicación “A” 28336, publicada por la entidad que conduce Santiago Bausili. En ella se establece que quienes compren dólares por el canal oficial quedarán inhabilitados para operar con bonos en moneda extranjera durante 90 días.

Esta medida, vigente durante años del cepo anterior, se había limitado recientemente a un grupo reducido: altos directivos de bancos, accionistas, síndicos y familiares. A partir de ahora se aplica a cualquier persona física.

Santiago Bausili, presidente del Banco Central, impulsó la medida para frenar arbitrajes cambiarios.

El objetivo declarado por el Banco Central es evitar maniobras de especulación conocidas en la jerga como “rulo”, que consisten en comprar dólares baratos para luego venderlos más caros en el mercado bursátil, alimentando la brecha y presionando sobre las reservas.

El texto indica que las entidades financieras deberán solicitar una declaración jurada a los clientes. En ella deben comprometerse a no realizar, directa o indirectamente, operaciones de compra de bonos con liquidación en dólares durante 90 días desde que accedieron al dólar oficial.

La medida busca evitar el “rulo” y se aplicará a todas las personas físicas sin distinción.

El Banco Central remarcó que la norma no implica un tope sobre la cantidad de dólares que una persona puede comprar, sino una limitación al destino de esos fondos. “No se puede comprar al oficial para vender luego en el financiero”, explicaron fuentes oficiales.

Desde el BCRA insisten en que esta decisión no fue impuesta por el gobierno de Estados Unidos, pese a que surgió tras negociaciones por el swap por US$20.000 millones. La intención, aseguraron, es acumular reservas evitando filtraciones hacia el contado con liquidación.

“La medida apunta a frenar distorsiones que fomentan la brecha”, indicó el economista Federico Furiase, actual director del BCRA. Por su parte, Gabriel Caamaño sintetizó con ironía: “Volvió la cruzada para todos”.

La reacción del mercado no tardó: el dólar MEP subió con fuerza y se amplió la brecha. Consultoras como CGR remarcaron que el “rulo” queda desactivado, lo que podría modificar los patrones de demanda de divisas en las próximas semanas.

Con la nueva resolución, el Banco Central redobla su estrategia para contener la brecha cambiaria y proteger las reservas. El regreso de la “traba cruzada” marca un giro pragmático en la política cambiaria del gobierno, que ahora apunta también al comportamiento de los pequeños ahorristas.

La inflación esperada a nivel nacional, para los próximos treinta días es de 3,84% según el promedio (3% según la mediana entre ambos extremos) de acuerdo con un trabajo de campo realizado entre el 5 y el 15 del mes en curso, con el dólar y las tasas subiendo, antes de los anuncios de Scott Bessent que calmaron los mercados argentinos.

Así lo revela el último informe del Centro de Investigación en Financias de la Universidad Torcuato Di Tella. Desde mayo de 2023 el análisis incorpora una pregunta sobre la inflación mensual esperada para los próximos 30 días.

“Esta pregunta tiene una mayor tasa de respuesta que la inflación anual, lo que sugiere que en un contexto de elevada incertidumbre probablemente le sea más fácil a la persona contestar lo que cree pasará en un mes”, expuso el informe del CIF/UTDT, que dirige el economista Sebastián Auguste.

“La inflación esperada a nivel nacional para los próximos doce meses se ubicó en 37,6% según el promedio y en 30% según la mediana. Nuestro relevamiento recaba información a nivel de individuos sobre la expectativa que cada uno tiene del aumento generalizado de precios en los próximos 12 meses (inflación anual esperada)”.

Según explican los autores del reporte, “el promedio y la mediana, son indicadores del centro de los datos, de lo que reporta el típico encuestado, pero la mediana suele ser más insensible a cambios de tendencia, por lo que permanece inmóvil en meses consecutivos y da saltos grandes pero infrecuentes.

“La media, por el contrario, es más sensible a la variación temporal en las respuestas y tiende a moverse cada mes”.

Interior y Amba“Por regiones, el Interior del país presenta las expectativas de inflación anual más bajas, con un 36,2%. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con 38,6%, y el Gran Buenos Aires, con 40,2%. En comparación con el mes anterior -cuando los valores fueron de 38,1% en el Interior, 39,2% en CABA y 42,7% en GBA- se registra una disminución en todas las regiones, siendo más pronunciada en GBA”.

En cuanto a la evolución de la expectativa por ingresos, “la inflación para los próximos 12 meses también mostraron una baja en ambos grupos. En los hogares de menores ingresos, el promedio descendió de 40,6% en agosto a 38,1% en septiembre, mientras que la mediana se mantuvo en 30%. Entre los hogares de mayores ingresos, el promedio bajó de 38,9% a 37,4%, con una mediana también estable en 30%”.

La muestraEl informe se basa en la consulta a mil casos realizada por Poliarquía a habitantes de Capital Federal, Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán, La Plata, Mar del Plata, Salta, Santa Fe, San Juan, Resistencia, Corrientes, Jujuy, Paraná, Neuquén, Formosa, San Luis, La Rioja, Comodoro Rivadavia, San Nicolás, San Rafael, Villa Mercedes, Olavarría, Río Gallegos, Goya, El Dorado, Viedma, Concepción, Río Tercero, Pehuajó, Termas de Río Hondo, Rivadavia, Castelli, Crespo, Profesor Mazza, Montecarlo, Catriel, Villa Aberastain y Recreo.

Las Bolsas de Cereales y de Comercio del país “valoran como un paso en la dirección correcta el dictado del Decreto 682/25 respecto de la baja a cero de los DEX a cereales y oleaginosas hasta el 31 de octubre”, según difundieron en un comunicado conjunto.

“La eliminación de un impuesto distorsivo como las llamadas ‘retenciones’ es el mejor camino para liberar el potencial productivo de la agroindustria argentina y que con ello se cree empleo, desarrollo y se produzca el ingreso genuino de divisas que necesita la economía”, expusieron.

Aclararon que “no obstante, abogamos para que ni bien la situación económica lo permita, se tienda a reducciones de DEX permanentes que ofrezcan un horizonte de previsibilidad a largo plazo”.

La nota lleva las formas de las Bolsas de Bahía Blanca, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Rosario y Santa Fe.

Aumentos en cotizacionesTras el anuncio de la eliminación de las retenciones del poroto, el aceite y la harina de soja, las fábricas locales mostraron sus ofertas ya pasado el mediodía de ayer con mejoras en sus cotizaciones, que dinamizaron la operatoria en comparación con las últimas jornadas según reportó la Bolsa de Comercio de Rosario.

Se realizaron negocios en torno a valores de $ 505.000/t, tanto en físico como en fijaciones, “siendo este el precio ofertado tanto para la entrega contractual como para la posición full octubre.

“Por otra parte, para entregas forwards, se ofertaron US$ 360/t para la descarga entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre, mientras que la posición full noviembre se ubicó en US$ 350/t o $ 500.000/t. En cuanto a enero, la propuesta alcanzó los US$ 355/t, siendo $ 505.000/t el precio en moneda local”.

Por el lado del maíz, la Bolsa rosarina reportó que la actividad se mantuvo en niveles similares a los de la semana pasada, con un leve recorte en la cantidad de participantes y un número de posiciones abiertas de compra que no mostró cambios.

En cuanto a precios, “la mejor oferta por el tramo disponible se ubicó en US$ 184/t, mientras que la entrega contractual alcanzó los US$ 185/t. Para ambas posiciones, también se ofrecieron $ 257.500/t en moneda local. Luego, US$ 185/t fue igualmente el valor propuesto para las posiciones full octubre y full noviembre.

“Respecto a la próxima campaña, marzo trepó US$ 6/t hasta los US$ 180/t, con abril y mayo situándose en US$ 178/t y US$ 175/t respectivamente, ambos por encima de los niveles del viernes. Finalmente, para el maíz de cosecha tardía, junio subió US$ 2/t hasta los US$ 173/t, en tanto que julio se mantuvo en US$ 170/t”.

Impacto en la recaudaciónEl Instituto Argentino de Análisis Fiscal calculó que el costo fiscal directo imputable al año 2025 por la baja de retenciones sería de entre US$1.460 millones y US$1.600 millones (0,25% del PBI hasta 0,28% del PBI), según se liquide más soja o maíz dentro de la ventana tope de US$ 7 mil millones establecida por el gobierno nacional.

La entidad que dirige el economista Nadin Argañaraz expuso a su vez que “si se considera el aumento posible de recaudación del impuesto a las ganancias y su distribución luego de coparticipación a Nación (aproximadamente un 8% de la reducción de derechos de exportación), se reduce el costo fiscal directo” entre 0,23% y 0,26% del PBI.

Los mercados de ayer mostraron que el beneficio a los productores se irá trasladando progresivamente y que el beneficio fiscal por ganancias sólo impactará en las cuentas fiscales del año próximo. "El costo fiscal neto imputable a lo que resta de 2025 sería de 0,14% del PBI", sintetizó Argañaraz.

El gobierno nacional publicó este jueves en el Boletín Oficial la actualización del precio regulado de biodiésel para mezclar con gasoil y de etanol de maíz o caña, para su corte con las naftas. Pero las empresas del biodiésel solicitaron una reunión urgente con el ministro de Economía, Luis Caputo; alegan 15 meses de trabajo a pérdida que acumulan unos US$ 45,5 millones en quebrantos, cifra que crecerá pese al incremento de este mes.

"Nuestro sector cumple un rol estratégico en la transición energética y en el abastecimiento seguro de combustibles. Actualmente enfrentamos una situación crítica: los precios regulados del biodiesel se han mantenido por debajo de los costos de producción, lo que compromete la continuidad de las plantas, el empleo y las inversiones en curso".

El párrafo encabeza la carta dirigida a Caputo y firmada por Federico Martelli, de la Cámara Argentina de Empresas Regionales Elaboradoras de Biocombustibles; Marcelo Kusznierz, de la Cámara Santafesina de Energías Renovables y Axel Boerr, de la Cámara Panamericana de Biocombustibles Avanzados.

Solo en Santa Fe, la situación afecta a 11 pymes de las que dependen 1600 puestos de trabajo directos e indirectos. Las plantas son dinamizadoras de la industria en sectores agrícolas que en no pocos casos carecen de otras ofertas fabriles; el sector es además un potencial sustituto de exportaciones (la Argentina no produce todo el gasoil que consume) y ofrece "externalidades" decisivas en la trazabilidad de la huella de carbono.

"En nuestra reciente reunión con el Secretario Coordinador de Energía y Minería, licenciado Daniel González, y el Subsecretario de Combustibles Líquidos y Gaseosos, Lic. Federico Veller, expusimos en detalle esta problemática y aportamos estudios que muestran que la aplicación de los mecanismos de actualización previstos en la normativa vigente permitiría superar la crisis sin generar un impacto significativo en surtidor".

Los productores de biodiésel recibirán este mes $1.408.687 por tonelada de acuerdo a la resolución de la secretaría de Energía publicada en el Boletín Oficial. Según los cálculos fabriles, el precio del biodiésel para septiembre asciende a $1.543.663 por tonelada más IVA.

Los fabricantes estiman que si se aplica la fórmula técnica establecida en la normativa vigente, y se actualizan mensualmente las tarifas, las fábricas no tendrán que asumir quebrantos producto de los cambios en el precio del dólar o de mercados e commodities como los granos (el insumo esencial) o el mercado hidrocarburífero al que proveen.

Cabe destacar que el gobierno nacional también dispuso este jueves incrementar el precio por litro de bioetanol elaborado a base de caña de azúcar, destinado a su mezcla obligatoria con nafta, a $785,468. Lo propio hizo con el precio del bioetanol en base a maíz, al que fijó en $857,006 por litro.

"La discusión es política. Si me dicen el resultado de las elecciones les puedo decir qué puede pasar; depende de cómo esté la gente". El economista Claudio Zuchovicki le advirtió al auditorio del Santa Fe Business Forum que no tiene respuesta de lo que sucederá, pero sí de la "enorme oportunidad" argentina, que produce energía, minerales y alimentos en una zona que no tiene conflictos más allá de los políticos.

"¿Qué quiere hacer la sociedad? La sociedad decide en la elección y después el mercado definen. Si la sociedad quiere que el Estado haga todo, soy proveedor del Estado. Si cree en la iniciativa privada, competiré", ironizó.

El especialista se desempeña como gerente de Desarrollo de Mercado de Capitales de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, director de BYMA (Bolsas y Mercados Argentinos) y secretario general de la Federación Iberoamericana de Bolsas de Comercio. Fue invitado a responder "cuándo arranca la micro". Ofreció una perspectiva en la que advirtió que "hay que competir" porque "decide el consumidor".

Recordó que solía abrir sus charlas señalando que "a lo malo me adapto, lo incierto me paraliza". Pero que cambió ese criterio porque "la incertidumbre de hoy es más manejable que la certidumbre de que volábamos por el aire" en 2023 con la inflación, la falta de dólares y la deuda con proveedores de insumos importados.

Zuchovicki en el panel "¿Arranca la micro argentina? ¿Es hora de invertir?".

Explicó que "el contexto mundial juega a favor de la región" y señaló que "en lo que va del año el Real se apreció casi 30%" por lo que "somos 50% más baratos de lo que éramos a principios de año".

Pero también reconoció que "a la Argentina le va bien cuando la tasa de interés baja" y la especulación le deja lugar al negocio de la inversión productiva. Advirtió que "estamos en meses politizados" en los que define el voto, como decide el consumidor, cuál es el camino a tomar.

En cuanto al nivel del tipo de cambio, el economista -poniendo como ejemplo el metro cuadrado de construcción- advirtió que "somos más baratos de lo que éramos" y que "el salario creció en términos reales" aún cuando "cayó en términos disponibles porque subió la luz, la obra social o el gas".

Sugirió que en el mundo no hay un país proveedor de energía, minería y alimentos a la vez, que además carezca de problemas serios (incluso guerras) más allá de las elecciones de medio término. "No perdamos el foco", invitó.

Señaló que "nadie va a poner plata si nosotros no creemos que nosotros", pero al mismo tiempo dijo que "si hacemos las cosas bien, Argentina tiene una oportunidad enorme".

A los empresarios les advirtió que es tiempo de "competir por cantidad y servicio". Y si bien dijo que no se puede competir por precio con países de mayor escala y menor costo, "podemos competir en diseño, en talento, fidelidad, buen trato".

El economista ofreció una perspectiva en la que advirtió que "hay que competir" porque "decide el consumidor".

Respecto de las posibilidades de que "la micro arranque", sostuvo que "el camino es orden fiscal porque el Estado quebró", al tiempo que dijo que "los impuestos exagerados paralizan o generan informalidad.

"La micro arranca sólo con dos motivos: reformas laboral y fiscal". Dijo que en el Congreso se define "si se hacen esas reformas estructurales" decisivas. A manera de ejemplo señaló que el índice Big Mac expone un país caro, pero "neto de impuestos" ubica a la Argentina con la segunda hamburguesa más barata del mundo.

La provincia de Santa Fe recibió 439.546 millones del gobierno central en concepto de en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones. La cifra representó un incremento del 0,7% a valores reales en la comparación interanual.

Pero también reflejó que, si bien todos los distritos reciben el mismo valor por lo que es la coparticipación automática, la administración Pullaro fue la menos "favorecida" por el segmento discrecional de las transferencias. En el mismo período, la administración Kicillof percibió un incremento muy superior.

"Hubo una amplitud de 3,5 puntos porcentuales, entre Buenos Aires (+4,2%) que fue la jurisdicción con mayor suba y Santa Fe (0,7%), la de menor incremento", resaltó Nadin Argañaraz, el economista a cargo del Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

El reporte señala que "en el mes de agosto de 2025, el gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA $5.127.000 millones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones, frente a $3.746.000 millones enviados durante igual período del año anterior.

Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

"Es decir que se observó una variación nominal del 37%. Descontando el proceso inflacionario del período, esto se traduciría en una suba real del 2,4%" en el consolidado de provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Santa Fe estuvo muy por debajo de ese promedio, que para Córdoba resultó apenas superior al santafesino, con 0,8% de suba.

"Por su parte -señala Iaraf- la coparticipación, es decir las transferencias automáticas menos leyes complementarias y compensaciones, habrían aumentado un 3,2% real.

El documento detalla que "la suba de la coparticipación neta registrada en agosto se explicaría, fundamentalmente, por la suba real interanual del 11% en la recaudación del impuesto a las ganancias".

Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Incidió de manera positiva en la recaudación del tributo "el hecho de que recientemente mediante una resolución administrativa se cambió el esquema de anticipos de personas jurídicas, disminuyendo el importe abonado en junio e incrementando el de meses siguientes.

"Por otro lado, la recaudación de IVA tendría un muy leve incremento real interanual del 0,4% en agosto, de acuerdo con la información provista por la DNAP. En conjunto la recaudación de IVA e IIGG habría registrado una suba real interanual del 4,6%".

"De cara a los próximos meses, la recaudación del impuesto a las ganancias y de IVA resultan cruciales", advirtió Argañaraz, en implícita referencia al impacto que la desaceleración económica y las altas tasas tendrán en el nivel de actividad de la economía, que a su vez repercutirán en los giros a las arcas provinciales.

En el acumulado de los primeros ocho meses del año de la suma de Ganancias e Iva, la variación interanual real habría sido positiva por 1%. Pero son tributos muy sensibles al nivel de la actividad.

Fuente: Instituto Argentino de Análisis Fiscal.

Hasta ahora los saldos son positivos, previos a la zona de turbulencias en la que entró la escena monetaria, financiera y política del país. "En el acumulado a agosto del año, las transferencias automáticas por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones alcanzaron los $38.703.000 millones, frente a $25.208.000 millones para igual periodo del año anterior.

"De este modo -detalla Iaraf- exhibieron una variación nominal del 53,5%, que se traduciría en una suba real del 4,1% al descontar la inflación del período".