El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, participó este martes de la 32° Conferencia Industrial, el encuentro anual más importante del sector fabril, organizada por la Unión Industrial Argentina (UIA).

Bajo la premisa de impulsar una industria competitiva y aprovechar el potencial de los sectores estratégicos de la economía, la conferencia puso el foco en la articulación entre industria, agro, minería, energía y servicios basados en el conocimiento.

De la actividad, que tuvo lugar en el Golden Center de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, participaron también el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri; y los gobernadores de Neuquén, Rolando Figueroa; de Catamarca, Raúl Jalil; de Córdoba, Martín Llaryora; y de San Juan, Marcelo Orrego.

Pullaro participó del segundo panel junto a Llaryora, donde analizaron el impacto provincial de sectores como la energía y la minería, con el objetivo de conversar sobre la importancia de integrar las cadenas de valor regionales para potenciar el desarrollo federal.

El gobernador santafesino aseguró que el Estado tiene la responsabilidad de “estar preparado para la etapa que viene, donde todos tenemos para aportar” y desde ese lugar, llamó a “cuidar a cada una de las ramas de la industria”. 

El mandatario recordó que el jueves pasado, con la realización de la primera Ronda de Negocios RIGI en Rosario “tuvimos más de 2.000 rondas de negocios con la participación de 1.800 empresas de diferentes provincias del país, de las cuales 800 acordaron con las mineras para ser proveedoras de primera generación”, lo cual, dijo, “permite tener una perspectiva a largo plazo muy positiva”. 

El gobernador recordó que Santa Fe “creó en 2017 la Mesa de Gas, Minería y Petróleo, y empezamos a trabajar, y elaborar acuerdos. Antes Santa Fe iba a Dubai; hoy Santa Fe va a San Juan, Mendoza, Catamarca, Jujuy, Salta o Neuquén”.

Pullaro reconoció que el campo y la industria fueron “motores de la economía Argentina” durante años y que tras años de capacitación y desarrollo, hoy en Santa Fe hay “6.500 empresas que se desarrollaron al lado del campo”. A eso sumó que actualmente existen “casi 700 industrias que trabajan en minería y energía”, a través de convenios firmados con provincias petroleras y mineras. 

Por otra parte, el mandatario provincial habló del “ADN santafesino” al recordar que las industrias que “hoy vemos en Santa Fe con 250 operarios, nacieron en un garaje” y ese operario que hoy es dueño, logró asociarse a través de las industrias de segunda y tercera generación. “Lo hizo al lado de las 14 universidades públicas y privadas que tenemos; de los 28 polos tecnológicos y de los 30 centros de innovación tecnológica”, dijo Pullaro y por ello, dijo que “tenemos que cuidar y asociarnos para poder crecer”.  

En ese sentido, el gobernador convocó a discutir qué vamos a hacer con las divisas que ingresen por estas actividades: “¿Vamos a pensar la redistribución de la riqueza como se hizo durante mucho tiempo o pensaremos en el desarrollo de la infraestructura para generar igualdad?”, remarcó.

Por último, Pullaro dijo que está dispuesto a discutir el sistema tributario federal, y en ese sentido comentó que en la Ley Tributaria 2026, la Provincia ejecutó una baja de impuestos que fue transferida a los sectores productivos, alcanzado hoy los 80 mil millones de pesos. “Tomamos la decisión de darles un alivio fiscal en un momento difícil del país, donde el Estado tiene que prestar cada vez más servicios y con menos recursos por la caída de la recaudación”, pero dijo que lo hicieron “convencidos de aplicar políticas contracíclicas en momentos de dificultad económica”, tomando crédito público para “hacer infraestructura pública para desarrollar a la provincia”.

Antes, durante su discurso de apertura en la 32° Conferencia Industrial, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, destacó el éxito de la primera Ronda de Negocios RIGI, que el Gobierno de Santa Fe y la Nación realizaron en Rosario y donde se llevaron a cabo más de 2.500 reuniones de trabajo. Participaron 43 grandes empresas compradoras de 16 rubros estratégicos y 1.800 firmas provenientes de diversos puntos del país.  

“Le agradezco al gobernador Maximiliano Pullaro por haber sido anfitrión y por la organización extraordinaria de este encuentro que fue un éxito total”, afirmó Caputo y reconoció que el objetivo es tener este tipo de encuentros de forma mensual. “El nivel de entusiasmo que vi en Rosario, es difícil verlo y por eso queremos seguir haciéndolo”, agregó.

Pablo Farías fue electo diputado nacional en las legislativas de 2025, y desde marzo preside la comisión de Pequeñas y Medianas Empresas; un grupo de trabajo que, a la luz de los datos que la tendencia que se fue afianzando en el transcurso del año, resultó clave.

Por esa comisión y la de Comercio que sesionó en ocasiones en forma conjunta (preside el cordobés Juan Brügge) pasaron referentes de distintos sectores de la economía: cámaras nacionales y federaciones provinciales, el sector textil, autopartista, energía, producción láctea, remises y comercio exterior, por mencionar algunas.

Para mediados de este mes está previsto presentar un monitor pyme y para el 17, avanzar en un dictamen que luego sea llevado para su debate al recinto.

Mientras tanto, hay cinco puntos que condensan las propuestas del socialista para el sector: un año sin embargos ni juicios de Arca para las pymes que mantengan al menos 90 % de su planta de personal; planes de pago accesibles; estabilidad fiscal por 24 meses sin nuevos impuestos nacionales ni aumentos de alícuotas; menos anticipos de Ganancias, y pago en término por parte del Estado nacional a pymes proveedoras.

Sobre todos estos temas, el diputado nacional dialogó con este medio.

- ¿Qué panorama tiene de la situación pyme de acuerdo al trabajo que estuvo liderando desde la comisión?

- Por ser una experiencia absolutamente nueva para mí, no solo la participación en una comisión legislativa nacional, sino en la presidencia de esa comisión. Lo tomé como una gran responsabilidad para que sea un espacio de articulación con el sector.

Es una comisión específica; estoy acostumbrado a comisiones legislativas mucho más amplias, de hecho que estaba en Asuntos Constitucionales y Legislación General (en ocasión de integrar la Cámara de Diputados de la provincia).

Al ser tan específica, me involucro con las cámaras representativas a nivel nacional y de las provincias, con lo cual rápidamente la comisión tuvo una agenda muy amplia y una actividad de mucha regularidad. Se podría decir que ese es el lado “positivo” que, incluso, tuvo reconocimiento de los sectores que participaron.

También se ha logrado un equilibrio en las reuniones de manera que estén representados todos los sectores, más que nada de aquellos que necesitan ser escuchados por los que tienen una posición cercana al gobierno nacional.

Pero lo cierto es que estamos en una suerte de callejón sin salida para la mayoría de los planteos, particularmente de las pymes y de las microempresas.

- ¿Por qué?

- Porque en el proceso que se está dando en las políticas del gobierno no se las tiene en cuenta y eso se nota. Los datos duros de la microeconomía, como les gusta decir a los economistas y sobre todo al gobierno para diferenciarlo de la macro, pero también los de la macro, no los están favoreciendo. De hecho, tenemos una caída de la actividad económica ya por un segundo trimestre que, para la mayoría de los economistas, demuestra que técnicamente estamos entrando en recesión.

La caída del consumo es muy pronunciada y la razón por la cual la gente no tiene dinero para consumir es clara: en gran parte lo destina a los gastos fijos, que han aumentado por sobre la inflación y también por el endeudamiento, que es una realidad que nos golpea muy fuerte.

De esa realidad y de las posibles iniciativas legislativas que existen, no hubo posibilidad de avanzar con representantes del gobierno y se nos acaba el período ordinario de sesiones (el 30 de noviembre).

Por lo cual nos pusimos la fecha del 17 de noviembre como límite para llamar a dictaminar sobre esos proyectos.

- ¿En qué línea van?

- Básicamente, tienen que atender a la situación coyuntural más compleja de las pymes. Insisto mucho con el tema del alivio fiscal y, sobre todo, con la actitud del ARCA de asfixia y casi de ensañamiento con el sector pyme: el promedio de inicio de acciones judiciales no supera los 30 días desde los vencimientos impositivos hasta el inicio de las acciones y esto, para el sector pyme, es tremendo porque no hay crédito o el que hay es muy escaso, muy caro y no hay excedentes financieros para empresas que no tienen buenos niveles de venta.

Además, hay proyectos más amplios, como de emergencia para pymes. Los vamos a poner a consideración para dictaminar; vamos a tratar de tener un dictamen lo más unificado posible para que reúna la mayor cantidad de firmas y salga de la comisión.

Otro tema recurrente en todas las reuniones es el contrabando. Todos los sectores aseguran que ingresa una enorme variedad de productos con mucha facilidad. Incluso afirman que registran activaciones de líneas de dispositivos de telefonía celular, que son importados y que no ingresaron legalmente. Es un problema generalizado que hay que atender.

- ¿El “paraguas” de todos esos proyectos sería una emergencia? Porque son muchos aspectos los que se tienen que abordar.

- El de la emergencia es un problema político; el gobierno no quiere una emergencia por ley. Pero declarándola o no, hay normas que son imprescindibles para detener los embargos y las inhibiciones, extender el plazo exiguo que hoy otorga ARCA para los pagos y regular las tasas. Porque las empresas se encuentran con planes de pago a 12 meses con tasas del 37 ó 38 %, por encima de la inflación y eso no tiene ningún sentido.

- Estás presidiendo una comisión que aborda un tema clave de la economía en estos tres años de gestión, tanto porque el gobierno nacional puso en primer plano el programa económico, como por los efectos que se observan en las pequeñas empresas y en la microeconomía. La inflación bajó pero el dinero no llega a manos de la gente y las empresas pequeñas no tienen las mismas herramientas para defenderse que las grandes.

- Es un lugar clave y por eso el esfuerzo que estamos haciendo para lograr un resultado, aunque es muy difícil con un gobierno que no está dispuesto a moverse de su discurso.

Ayer (por el jueves) pasó algo muy sintomático: la provincia organizó junto al gobierno nacional una ronda de negocios o feria de las empresas que están con RIGI aprobados y pymes. Hubo una concurrencia importante; obviamente las pymes quieren ver si pueden insertarse en esta economía.

Lo sintomático es que a esta actividad la organizó el Estado, con lo cual es indudable que su papel es fundamental para generar estos vínculos; no suceden naturalmente. Es un contramensaje al mensaje libertario de que, mágicamente, la sola existencia de las inversiones del RIGI van a derramar. Pero no lo van a hacer, tampoco Vaca Muerta en Neuquén. Claramente el Estado tiene que hacer algo y la ley tiene que exigir estas acciones.

Desde Santa Fe se está promoviendo esa inserción, el Estado está haciendo un esfuerzo que seguramente va a beneficiar a muchas empresas y ojalá eso suceda.

Pero lo que no estamos viendo es que eso vaya a tener un impacto de escala en el problema de la cantidad de pymes que se caen por día. Es cierto que es un proceso que lleva una década porque es parte de un problema estructural del país, pero se ha acelerado tremendamente en los dos últimos dos años y medio.

- ¿Se está trabajando en espejo con el Senado?

- El Senado está trabajando en proyectos con los cuales abrigamos una leve expectativa de que venga una media sanción que podamos compatibilizar con lo que estamos reclamando desde la comisión Pyme.

Es cierto que los tiempos no nos juegan a favor, porque si esto llega sobre el límite de las ordinarias y producimos una modificación que requiere una devolución al Senado y el tema no lo incluye el Ejecutivo en extraordinarias, vamos a pasar a marzo. Y es mucho tiempo para las empresas.

- ¿Cuál es el último registro que tienen de cierre de pymes?

- En términos generales, está claro que hay una caída y en ese diagnóstico coinciden todas las fuentes, pero hay diferencia en los datos.

Las cifras con las que contamos demuestran que cada 24 horas, 30 empresas cierran en la Argentina y desde fines de 2023, 98 de cada 100 empresas que dejaron de tener empleados, eran pymes.

En Santa Fe también se siente el impacto: hay 15.930 empleos menos y el 89 % de los puestos perdidos eran de pymes.

En términos generales, todos coinciden en el diagnóstico, pero estoy trabajando con el grupo que me asesora para compendiar toda la información y presentar un monitor pyme de la comisión, posiblemente para mediados de noviembre.

Igual, desde cualquier punto de vista y tomando el monitor que sea o el indicador que consideremos más importante, la situación siempre es grave.

Más allá del fundamentalismo que en estas cosas tiene el gobierno nacional de no querer moverse de su discurso, la realidad indica que el Estado va a tener que hacer algo, porque las inversiones no derraman por sí solas.

Sin aludir a la recesión de la economía argentina en un contexto de exportaciones récord, mejores términos de intercambio del último siglo y apoyo inédito de los organismos financieros y EEUU, el ministro de Economía Luis Caputo enumeró todas las medidas económicas que tomó la gestión del gobierno nacional desde que asumió para “reorganizar la economía argentina” que pasó de ser “regulada con bolsones de corrupción a otra de competitividad”, destacó con énfasis en varios momentos de su discurso que no van a poner “plata en la calle”, que el problema más importante que tiene hoy la economía argentina es el costo del financiamiento porque los bancos están condicionados por la “incertidumbre política”.

También anunció una serie de medidas de alivio para las pymes endeudadas, “para que puedan ordenar sus cuentas” como la suspensión de los embargos de ARCA hasta mayo de 2027; la extensión del plan de 18 cuotas sobre deudas con ARCA que ahora incluirá las deudas al 31 de octubre (antes eran al 30 de junio) y que las pymes podrán utilizar el 100% del saldo a favor por exportación o por IVA de exportación para cancelar deudas aduaneras. También para la industria automotriz a través del Banco Nación se otorgarán créditos a plazos de 3 a 5 años, a una tasa fija del orden del 20%, para la compra de automóviles cero kilómetros. “No es un plan platita, es darle una solución a algo que tardará en llegar. Aliviar el costo financiero es más relevante que cualquier otra cosa”, subrayó Caputo.

El ministro anunció, por otro lado, que el Gobierno les propondrá a las provincias la eliminación del impuesto a los sellos. La iniciativa alcanzará a las jurisdicciones que están adheridas al RIGI y al REOR (Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas). La propuesta consiste en la eliminación del impuesto y, a cambio, el Estado nacional les abonará el 50% de esa recaudación a modo de compensación.

“Tenemos que recordar de donde venimos y adonde no queremos volver” arrancó el ministro Caputo su exposición en la 32° Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina, donde, con filminas y gráficos, explicó la situación en la que recibieron el país -déficit fiscal, aumento de la deuda, inflación, exceso de regulaciones economía cerrada al comercio internacional y ausencia de crédito – y las medidas tomadas entre las que incluyó la estabilidad macro, una baja del costo argentino sin devaluación y el RIGI.

“El problema más importante que teníamos era el descrédito del país por no cumplir con los contratos, lo que hicieron tanto ministros de Economía de izquierda como de derecha”, dijo el ministro donde amagó con nombrar a uno de derecha que fue el peor de todos, pero siguió asegurando que el país lleva 4 años de equilibrio fiscal financiero y anunció el fin de la restricción externa, una situación que tiene más de 80 años, que ha sido el problema más importante de la economía argentina y que, según Caputo, los dólares de la energía y la minería han terminado, aún en un contexto donde los argentinos ya compraron en lo que va del año más de U$S 23 mil millones para atesorar.

“Hoy el país tiene estabilidad y previsibilidad, redujimos impuestos por el equivalente a un 3% del PBI desde 2024, derogamos 2.937 normas y 18.001 artículos y el Riesgo país disminuyó de 2.540 puntos a 655 en octubre (en dos días de noviembre ya superó los 800 puntos)”, al tiempo que admitió que el problema principal de la pymes es el costo del financiamiento por temor al regreso del pasado traducida en “incertidumbre política”, dijo sin hacer ninguna referencia ni alusión a la caída del consumo, la pérdida de poder adquisitivo del salario, el crecimiento de la pobreza y el aumento de la desocupación. “Vamos a bajar el costo argentino como se debe, no con devaluaciones. Cuando veo a colegas hablar de esto, los veo con una miopía preocupante”, señaló el jefe del Palacio de Hacienda.

Entre las medidas para mejorar la competitividad de las empresas, además de las enumeradas en los párrafos anteriores, incluyó el programa de concesiones viales - que ya entregó 9 mil kilómetros y pronto entregará el resto - porque anunció que en dos años mostrará significativas mejoras, al tiempo que anunció que quienes construyan nuevos tramos de rutas estarán exentos de pagar impuestos, como una manera de promover la inversión en infraestructura.

Una de los gráficos que utilizó el ministro de Economía llama la atención porque quien lo confeccionó o no sabía que Caputo también había sido ministro y presidente del Banco Central entre 2015 y 2019 o porque apostaron a la desmemoria colectiva ya que enumeraba 13 variables económicas y las comparaba en las últimas cuatro gestiones con resultados previsibles. La gestión de Milei era mejor en todos los índices que en todas que las anteriores, incluso en la que él había sido ministro y se tuvo que ir a pedido de la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Caputo hablando mal de Caputo ante tibios aplausos que aparecieron al final, cuando anunció las medidas de alivio.

El Gobierno de Santa Fe, a través de la Administración Provincial de Impuestos (API), amplió de $ 10 millones a $ 15 millones el monto máximo mensual que los contribuyentes pueden solicitar como devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos. La medida, establecida mediante la Resolución Nº 213/2026, rige desde este mes y permite a las empresas recuperar mayores montos de dinero a través de un trámite completamente digital.

La devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos fue implementada en abril de 2025 por el Gobierno Provincial, en respuesta a una demanda histórica de los sectores productivos santafesinos. La herramienta permite a los contribuyentes recuperar directamente en sus cuentas bancarias los fondos acumulados a su favor, mediante un procedimiento sencillo y digital.

Desde su puesta en marcha, la Provincia ya reintegró $ 11.438 millones a 3.619 contribuyentes. En los primeros diez meses de 2026, las devoluciones alcanzaron los $ 7.923 millones, beneficiando a 2.259 contribuyentes santafesinos. Solo durante octubre, 216 contribuyentes recibieron reintegros por un total de $ 785 millones.

“El incremento de las devoluciones responde a varios factores: los cambios implementados para permitir que contribuyentes clasificados en Riesgo Fiscal 1, 2 o 3 también puedan solicitar el reintegro; el aumento progresivo de los montos máximos habilitados; y el mayor conocimiento y aceptación que fue adquiriendo esta herramienta con el correr de los meses”, destacó el subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez.

La Resolución Nº 213/2026 de la Administración Provincial de Impuestos establece los criterios que deben cumplir los contribuyentes para acceder a la devolución y eleva a $ 15 millones el monto máximo que puede solicitarse mensualmente.

El trámite continúa realizándose de manera completamente digital, a través del sitio web www.santafe.gob.ar/api , o del portal de trámites de la Provincia de Santa Fe, sin necesidad de concurrir a una oficina de atención presencial.

Banco Santa Fe y la Unidad Minera de Grupo Petersen presentaron soluciones de financiamiento y capacidades especializadas para acompañar a las empresas que quieren ser parte de la cadena de valor de grandes proyectos de inversión minera durante la primera Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), realizada en la ciudad de Rosario.

Silvina Bellantig, líder de la Unidad Minera de Grupo Petersen, destacó que la experiencia de más de dos décadas acompañando al ecosistema minero en San Juan, permitió desarrollar conocimiento especializado y soluciones financieras que hoy se articulan desde Unidad Minera para atender las necesidades de las empresas mineras y su cadena de valor.

“Desde Banco Santa Fe y la Unidad Minera buscamos acercar herramientas financieras y conocimiento especializado para acompañar a las pymes interesadas en participar en las cadenas de valor de las grandes inversiones en minería”, afirmó Bellantig.

Bellantig participó del panel “Herramientas de financiamiento para PyMEs”, donde, junto a otros especialistas, analizó el rol del mercado de capitales, las garantías y las herramientas disponibles para vincular a los inversores de grandes proyectos con proveedores nacionales.

Recordó que durante las primeras etapas de las inversiones mineras en San Juan, fue necesario comprender las necesidades de las operadoras y de los proveedores locales. Muchas PyMEs tenían perspectivas de facturación asociadas a contratos que aún no se reflejaban en sus balances, lo que requería desarrollar esquemas de evaluación de riesgo y financiamiento adaptados a esa realidad. “Conocer a los actores del sector, trabajar de manera cercana con las empresas y articular soluciones con las sociedades de garantía recíproca nos permitió estructurar financiamientos escalonados y a medida de cada pyme proveedora, hasta que sus operaciones alcanzaran un flujo de facturación regular”, explicó Bellantig. En ese sentido destacó el rol de Crear Mineria, la SGR del Grupo Petersen, primer Sociedad de Garantía Recíproca enfocada en el ecosistema minero del país, pensada estratégicamente para mejorar el acceso al crédito de las pymes que participan de la cadena de valor en minería.

Durante la jornada desarrollada en La Fluvial de la ciudad de Rosario se concretaron 2.500 reuniones de negocios y 800 de networking, con la participación de más de 4.500 personas de 1.800 empresas, de las cuales el 35 por ciento fueron de la provincia de Santa Fe, según informó el Ministerio de Producción de la provincia, coordinador local del encuentro organizado por el Ministerio de Economía de la Nación.

Bajo el lema “Conectando proveedores nacionales con grandes inversores”, la jornada acercó a las empresas argentinas a los proyectos comprendidos en el RIGI, facilitando el acceso a información sobre los cronogramas de inversión y la identificación de nuevas oportunidades comerciales.

Representantes de 43 grandes proyectos estratégicos de minería, energía e infraestructura mantuvieron reuniones con PyMEs y proveedores de todo el país, de 16 rubros de la economía, con el objetivo de generar nuevas oportunidades comerciales y fortalecer la participación de la industria santafesina en las grandes inversiones.

Además, se desarrollaron 90 mesas, 11 conferencias y 14 paneles de capacitación, junto con 15 stands de financiamiento y asistencia técnica.

En el sistema universitario público argentino, el concurso docente constituye la única vía legítima, ética y republicana para acceder a los cargos de docencia.

Allí la universidad vuelve visibles los principios que sostiene: transparencia, calidad académica, pluralidad y oportunidades equitativas para que cada aspirante pueda presentar y defender su propuesta, libre de privilegios, influencias y atajos. En esa exposición pública también se juega el sentido profundo de la institución.

Cada concurso construye públicamente el mérito. Exige antecedentes, propuesta pedagógica, exposición, defensa oral, evaluación comparada y un dictamen fundado. El esfuerzo de años encuentra allí una instancia capaz de reconocerlo, mientras el oportunismo queda enfrentado a aquello que casi nunca puede improvisarse: una trayectoria verdadera.

Cuando el proceso se realiza con seriedad, legitima una designación y renueva el pacto de confianza entre la universidad y la sociedad que la sostiene. La sombra aparece cuando esa estructura es sospechada, manipulada o desdibujada por actores que pretenden operar sobre ella.

La institución conserva sus principios; son algunas conductas las que intentan torcerlos. Suspender las clases públicas, desalentar la llegada de nuevos postulantes, reemplazar los argumentos por rumores o erosionar un dictamen mediante sospechas infundadas constituye algo mucho más grave que una diferencia de criterio.

Cada una de esas acciones alcanza la médula de la educación pública, porque transforma el derecho a competir en el privilegio de permanecer.

Este ensayo nace como una defensa abierta y sin ambigüedades del sistema de concursos docentes. Nace también de una convicción que los años de universidad han vuelto más firme: la democracia universitaria necesita exposición pública y la calidad educativa exige evaluación rigurosa.

Concursar significa presentarse ante el juicio de la comunidad, aceptar sus reglas y confiar en la fuerza de una propuesta. Es construir verdad institucional entre todos.

Vivimos un tiempo de incertidumbre moral, donde casi todo parece opinable y hasta el esfuerzo más evidente puede disolverse en una interpretación conveniente.

Por eso, frente a la maquinaria del descrédito, resulta imperioso recuperar el mérito como categoría ética: la consecuencia natural del compromiso, la formación, la experiencia y la responsabilidad pública de quienes han dedicado su vida a enseñar, investigar y construir con otros.

El mérito adquiere sentido cuando reconoce una obra sostenida en el tiempo y la pone al servicio de la comunidad. Concursar implica someterse al juicio colectivo con humildad, preparación y coraje. Supone confiar en decisiones fundadas en argumentos, propuestas pedagógicas y trayectorias demostrables.

Cada aspirante se presenta con lo que ha hecho, con aquello que sabe y con la manera en que imagina la enseñanza futura. El mérito expresa un derecho ganado por la constancia, pero también una obligación: estar a la altura de aquello que se recibe.

Junto al mérito camina su sombra corrosiva: la maquinaria del descrédito. Opera en el territorio del rumor, instala dudas donde debería haber ideas y elige el murmullo de los pasillos antes que la palabra expuesta. Su fuerza proviene justamente de esa condición imprecisa: apenas necesita sembrar una sospecha para que todo parezca dudoso.

Bajo el disfraz de una crítica, termina dañando personas, procesos, instituciones y valores que pertenecen a todos. La sombra no discute la calidad de una propuesta; procura oscurecerla para que nadie pueda verla con claridad.

El fenómeno viene de lejos, aunque ha perfeccionado su cinismo. Incluso un concurso transparente, con clases públicas, jurados legitimados y dictámenes fundados, puede convertirse en blanco de quienes solo reconocen como válido el resultado que esperaban.

Entonces el debate académico cede su lugar a una operación destinada a vaciar de sentido todo aquello que escapa al control de unos pocos. La dificultad verdadera reside allí: aceptar que otra persona pudo haber ganado por mérito propio y que el reconocimiento ajeno también forma parte de la vida universitaria.

Conviene decirlo con claridad: el descrédito sistemático constituye una forma de violencia institucional. Lastima a quien concursó, debilita a quienes evaluaron y erosiona la confianza de la comunidad en sus procedimientos.

Ganadores, perdedores, jurados y autoridades compartimos la responsabilidad de señalar esa práctica, reconocer sus mecanismos y defender el mérito como fundamento ético del trabajo docente y garantía frente a la arbitrariedad.

Si el concurso docente es el rito institucional que garantiza un acceso legítimo a la docencia universitaria, el jurado es su guardián. En su mirada se concentra una responsabilidad enorme: decidir, con autonomía y fundamento, quién reúne las condiciones pedagógicas, éticas y académicas para formar a otros.

El jurado representa la conciencia crítica de la institución y lleva sobre sus hombros una parte del futuro de la facultad. Esa función alcanza una dimensión que a veces se olvida. Existen presiones, afinidades, alineamientos ideológicos, compromisos sectoriales y pactos invisibles capaces de rodear una decisión.

Cuando alguno de ellos ocupa el lugar de la evidencia, el jurado abandona su condición de testigo del mérito para convertirse en instrumento del poder. Ese desplazamiento traiciona la confianza depositada en él y hiere a la universidad pública.

El jurado está llamado a actuar con justicia académica: una justicia concreta, fundada en la evidencia, en la comparación responsable de los méritos y en una lectura profunda de cada propuesta. La ley y los reglamentos aportan la estructura; la ética personal y colectiva le entrega sustancia.

Jurar imparcialidad compromete la propia integridad con la equidad y exige apartar simpatías, antipatías e intereses para escuchar aquello que cada concursante tiene verdaderamente para decir. Un jurado honesto escucha a todos, lee con atención, debate con profundidad y argumenta con claridad.

Su dictamen puede generar desacuerdos, porque toda evaluación humana admite otras miradas, pero conserva la dignidad de aquello que ha sido pensado y fundamentado. Un jurado que llega con la decisión tomada o se pliega al interés de turno erosiona el concurso desde adentro y se vuelve cómplice de su vaciamiento.

Por eso el filósofo español José Antonio Marina ha insistido en que la autoridad moral se sostiene en la capacidad de fundamentar. Esa idea ilumina la tarea del jurado: la competencia formal para fallar necesita la dignidad de explicar sus razones.

Decidir supone hacerse responsable, sostener lo resuelto frente a la comunidad y conservar el coraje de elegir aquello que la evidencia indica, incluso cuando contradice afinidades, expectativas o intereses. Reivindicar al jurado implica reconocerlo como una pieza central en la arquitectura ética de la universidad. Su tarea constituye una forma de pedagogía institucional.

Cada vez que evalúa a un aspirante, también expresa qué docentes desea para su facultad, qué valores considera indispensables, qué relación propone entre enseñanza y conocimiento y qué futuro imagina para quienes todavía están aprendiendo. Defender al jurado honesto es defender a la universidad como espacio de pensamiento, formación y justicia.

Quien haya sido evaluado con dignidad, cualquiera sea el resultado, debería reconocer allí a un par que asumió una responsabilidad pública. El dictamen podrá doler, alegrar o incomodar; su legitimidad nace de las razones que lo sostienen y del respeto hacia todos los que decidieron presentarse.

En el ámbito universitario, hablar de concursos sin transparencia resulta tan estéril como hablar de arquitectura sin espacio. La transparencia constituye su condición de posibilidad, el marco ético que permite reconocer que una convocatoria pública responde a principios, argumentos y criterios compartidos.

Gracias a ella, el proceso puede ser comprendido, revisado y defendido, y el mérito deja de ser una afirmación privada para adquirir una forma visible ante la comunidad. La transparencia reúne dos dimensiones inseparables: es principio y es procedimiento. Una orienta el sentido; la otra lo vuelve realidad.

Separarlas dejaría a la primera reducida a una declaración y a la segunda convertida en una rutina vacía. Como principio, establece que toda acción universitaria debe poder ser explicada, justificada y revisada por la comunidad. Hacer las cosas bien incluye hacerlas a la vista de todos.

Ese carácter público expresa una exigencia republicana: cuanto ocurre en nombre de una universidad sostenida por la sociedad debe quedar abierto a su mirada. La legitimidad crece con la visibilidad, porque aquello que puede mostrarse también puede discutirse, corregirse y compartirse.

Como procedimiento, la transparencia toma cuerpo en una serie de acciones concretas: el sorteo público del orden de exposición; la clase abierta y accesible a toda la comunidad; la entrevista debidamente registrada; el dictamen razonado, con fundamentos explícitos y criterios compartidos; el acceso irrestricto a los expedientes; finalmente, el derecho de impugnación como garantía de justicia procesal.

Cada uno de estos pasos organiza el concurso y, al mismo tiempo, lo protege del abuso, del prejuicio y de la discrecionalidad. Las actas, las clases abiertas, los fundamentos explícitos y los expedientes accesibles forman una trama de garantías.

Cuando alguno de esos hilos se corta, aparece el riesgo; y el riesgo institucional, librado al tiempo y a las conveniencias, suele convertirse en el terreno más fértil para la arbitrariedad. La exposición pública merece vivirse como una oportunidad.

Quien se ha preparado, ha construido su trayectoria con honestidad y ha redactado una planificación rigurosa desea ser escuchado, aun con los temores propios de toda evaluación. El secreto protege la especulación; la apertura acompaña al trabajo.

Hacer visibles los procesos es un acto de salud institucional y también una forma de cuidado hacia todos los concursantes. En tal sentido, el jurista italiano Norberto Bobbio vinculó la democracia con la visibilidad del poder. La universidad pública, por su naturaleza democrática, debe mostrar, explicar, debatir y hacer comprensibles sus decisiones.

Cuando esa condición se cumple, el concurso supera la instancia evaluativa y se convierte en una lección de ciudadanía: enseña que la autoridad se legitima mediante razones y que toda decisión pública carga con el deber de hacerse pública.

En este marco, la transparencia sostiene el proceso de principio a fin. Defenderla constituye un imperativo para quienes creemos que el conocimiento, la docencia y el acceso a los cargos deben afirmarse sobre reglas claras, abiertas y compartidas. Allí comienza la confianza, y sin ella ninguna comunidad académica logra permanecer unida.

Concursar es, antes que nada, un acto de exposición integral. Una planificación y un conjunto de antecedentes revelan una manera de pensar la docencia, de asumir la arquitectura como forma de conocimiento y de proyectar una pedagogía situada en un tiempo, un lugar y una comunidad.

Presentarse ante un jurado significa confiar en que aquello construido durante años de trabajo, lecturas, aciertos, dudas y errores merece ser evaluado. También significa aceptar que cada trayectoria, al exponerse, deja de pertenecernos por completo y entra en conversación con otras.

La ética del concursante se juega en tres dimensiones que se sostienen mutuamente: dignidad, preparación y templanza. Cada una habla de nuestra relación con los demás y de la manera en que elegimos habitarnos cuando llega el momento de ser juzgados. La dignidad radica en el respeto al proceso, a sus reglas, a los demás postulantes y al tribunal.

Presentarse implica aceptar que el resultado excede nuestra voluntad, mientras la honestidad con la que llegamos depende enteramente de nosotros. La dignidad rechaza atajos, operaciones externas y presiones sobre el procedimiento.

También sabe apartarse del murmullo y de la mezquindad. Hay momentos en los que la mejor respuesta consiste en seguir trabajando, porque una trayectoria construida con coherencia habla con una voz que ningún rumor consigue apagar. La preparación, por su lado, supera ampliamente un requerimiento técnico: es un gesto ético.

Exige leer el reglamento, conocer la historia institucional de la cátedra, estudiar las materias, revisar la propia experiencia y elaborar una planificación coherente, con bibliografía relevante y una metodología situada. Presentarse sin ese trabajo previo disminuye el valor del proceso y desconoce el esfuerzo de quienes sí lo realizaron.

El aula demanda responsabilidad académica, atención y presencia; la formación de estudiantes merece mucho más que una improvisación convincente. La templanza sostiene al concursante cuando llega el resultado. Ganar con humildad exige la misma altura moral que perder con entereza.

La alegría puede convivir con el respeto y el dolor puede atravesarse sin resentimiento. Aceptar una decisión, incluso desde una disidencia fundada, supone reconocer que la universidad es una construcción colectiva. Quien deslegitima sin argumentos un resultado adverso todavía debe comprender la dimensión institucional del rol que aspira a ejercer

Martha Nussbaum, filósofa estadounidense, recuerda que una educación verdaderamente humana necesita cultivar la imaginación, la justicia y el reconocimiento del otro. Esa enseñanza resulta decisiva en cualquier concurso: la propia victoria jamás puede valer más que la justicia del proceso.

La ética del concursante se revela menos en el cargo que obtiene que en la altura con la que transita cada instancia y en la humanidad que conserva después del resultado. La universidad pública necesita docentes capaces de enseñar y, al mismo tiempo, de perder sin veneno y ganar sin vanagloria.

En un concurso mostramos lo que sabemos, lo que hicimos y aquello que proponemos. También dejamos ver quiénes somos cuando alguien nos observa y decide. El conocimiento puede acreditarse en un expediente; la integridad aparece en la manera de habitarlo.

Para comenzar, me gustaría recordar que las denominadas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) reemplazaron en su momento a las internas partidarias, que no eran "abiertas" ni "obligatoria" para el votante, si partimos de la premisa que debían realizarlas los partidos políticos con la participación de sus afiliados.

Como es normal en nuestro país, como los partidos políticos no estaban en condiciones de hacer sus internas, la mayoría de las veces por falta de "padrones limpios" (y fundamentalmente quien gobernaba).

Cristina Fernández de Kirchner inventó las PASO en 2009, entiendo yo que para que el Estado se hiciera cargo de los gastos de dichas elecciones y ante la referida incapacidad de las entidades partidarias.

En definitiva, se empiezan a hacer las elecciones mediante el sistema de las PASO para elegir los candidatos "primarios" y luego los definitivos, anulándose así las "primarias" (internas) que tenían anteriormente los partidos políticos. Se anuló todo un sistema anterior, con sus regulaciones generales y las de cada agrupación partidaria.

Entonces me pregunto: ¿qué partido tiene debidamente archivado los comprobantes de las afiliaciones? Entiendo que se dejaron de hacer, lo que no está mal, dado que las fichas eran resultado de un manejo inapropiado, indecoroso y anómalo, para "patrimonio" de políticos inescrupulosos.

No hay registros periodísticos o declaraciones formales de los partidos políticos rechazando la nueva metodología electoral. Como todo el costo electoral operativo pasaba a manos del Estado, quién iba a desaprovechar semejante ganga.

Además, hablando de los actuales partidos políticos -que en realidad a la hora de las elecciones en muchos casos o en su mayoría son frentes, coaliciones o algo por el estilo-, hoy podemos constatar que una gran cantidad de ellos carecen de estructura y ni siquiera los "presiona" la obligación de presentar un Programa de Gobierno.

La mayoría tienen conducciones muy personalistas, recayendo su representación inclusive en una sola persona y algunos más.

Hoy, como verdaderos partidos políticos prácticamente son inexistentes. Sin ir más lejos, aunque lidera una fuerza política -así las llaman desde hace algún tiempo-, La Libertad Avanza (LLA), el actual presidente argentino asumió la máxima función en el orden nacional prácticamente sin un partido político sólido y concretamente constituido para gobernar.

De alguna manera, nos guste o no, se fueron armando, consolidando (como quieran verlo), él y su grupo (LLA), en ejercicio del Poder Ejecutivo.

Ante esta realidad, me gustaría proponer que exista una sola elección y que los candidatos a cargos políticos se inscriban Individualmente. Podrían hacerlo en representación de una determinada fracción política o en carácter de candidato independiente. El que saca más voto pasa a ser el representante genuino de la mayoría.

En una sola elección podrían estar en juego, y por separado, varios cargos a la vez: presidente, vicepresidente; senadores y diputados nacionales; gobernador, vicegobernador; senadores y diputados provinciales; intendente y concejales.

Los ciudadanos que sean candidatos podrán inscribirse el día y el horario establecido para ello, para que la autoridad electoral competente pueda asignarles el lugar que les corresponda en la boleta electoral y así puedan participar de la elección general. El ciudadano votante marcará al candidato que selecciona en el recuadro que estará a la par de la foto.

El control de la elección, en cada mesa que se vota, estará a cargo del Estado, pero haciéndose la salvedad de que cada candidato podrá darle el poder a un ciudadano en calidad de veedor. ¿Ustedes se preguntarán qué lograríamos con esta propuesta? Primero, y esencial, no "molestar" tantas veces al ciudadano, que participará una sola vez cada cuatro años.

Y lo más importante: el Estado ahorraría una "suculenta" suma de dinero, que hoy seguro no tiene (además, evitaríamos recurrir al FMI para que nos dé un crédito para "atender" a las elecciones).

¿Debilita o resquebraja el sistema republicano, o a la democracia, tener cada cuatro años elecciones y no cada dos? Solo basta observar lo conseguido hasta ahora y ponerse a reflexionar sobre ello. Por eso, si algún político toma la propuesta en buena hora.

Seamos prácticos como ciudadanos: no les demos a los que viven sacando jugoso "rédito" con las campañas políticas y la "creación" de candidatos de seguir aprovechándose del viejo sistema.

Consideraciones sobre el RIGI

El Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones -más conocido como RIGI- fue creado por medio de Ley Nacional Nº 27742 y opera como un marco legal que otorga beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para atraer proyectos de gran escala. Es decir, es válido tanto para empresas nacionales como extranjeras que puedan aportar determinado nivel de inversiones.

Pero, qué casualidad, en Argentina no tenemos mayoritariamente de esas empresas y por ende las que podrían beneficiarse son firmas internacionales (léase "multinacionales" si se quiere). Lógicamente están debidamente identificados los incentivos: a) Tributarios; b) Jurídicos/Operativos; c) Aduaneros; d) Cambiarios.

Además, están los llamados Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo, con requisitos adicionales diferenciados:

a) Exención de retenciones; b) Libre disponibilidad acelerada; c) Pagos al exterior exentos (fletes marítimos, transporte internacional a exportaciones) y servicios exentos del Impuesto a las Ganancias; d) Otros pagos al exterior: ganancia presunta 30%; e) Protección de la cadena exportadora: sin restricciones.

Qué bueno sería que estos datos sobre el RIGI puedan llegar al sector de los "ciudadanos de a pie" (en el que me incluyo), porque -lógicamente- presiento que está lejos de nuestro alcance la lectura de la ley, aunque gracias a las organizaciones que hacen un resumen, llegan a nuestro poder y podemos interiorizarnos.

Los que gobiernan, por ejemplo, nos comunican que invitan a empresarios a invertir en Vaca Muerta y "aledaños", hacen loas de lo logrado, pero nunca informan que están exentos de todo lo que sea obligaciones de imposiciones impositivas y derechos Aduaneros.

Entonces me pregunto… ¿por qué nuestros productores y nuestros industriales para exportar tienen un costo? ¿No se los podrá eximir al igual que a los que invierten en Vaca Muerta? Los dos sectores son exportadores. Gracias Señor por darnos esta Argentina, gobernada por argentinos… idóneos.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, recibió en Rosario al embajador de Canadá en Argentina y Paraguay, Stewart Ross Wheeler mientras que este martes hará lo propio con el subsecretario de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia y el jueves con el embajador de la India.

Las tres reuniones en la semana buscan avanzar con el proceso de internacionalización de las relaciones comerciales, académicas y de cooperación que lleva adelante la provincia de Santa Fe.

Todos los visitantes recibieron el título de Huésped de Honor de la provincia. El representante de Canadá fue recibido en Rosario mientras que en Casa de Gobierno, Pullaro se reunirá este miércoles con Massimo Dell'Utri quien tiene amplia agenda en Santa Fe. También en Casa de Gobierno será recibido este jueves el embajador de la India Ajaneesh Kumar.

La llegada del funcionario de la Cancillería italiana ocurrirá a pocas semanas de la visita del embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, quien pasó por Casa de Gobierno, el Senado, la intendencia y la Bolsa de Comercio de Santa Fe, entre otros lugares.

Santa Fe tiene una de las colectividades italianas más importantes del país e incluso varias localidades hermanadas con lugares de Italia.

En cuanto a la India, hoy es el principal destino de las exportaciones que salen por los puertos santafesinos. Los envíos en los primeros ocho meses del año totalizaron 2.614,8 millones de dólares con un crecimiento interanual del 65,7%. El comercio con India representa el 19% de las ventas salidas desde Santa Fe.

En cuanto a toneladas, también la India es el mayor receptor de productos santafesinos. En ocho meses fueron 2.250,2 miles de toneladas con un crecimiento del 44%.

Los envíos a India se componen principalmente por aceite de soja en bruto, incluso desgomado (grasas y aceites); cueros y pieles curtidos de bovino, depilados, secos, plena flor s/dividir o divididos c/la flor, ncop. (pieles y cueros); lecitinas y otros fosfoaminolípidos (productos químicos y conexos), según detalla el IPEC.

En Rosario, Pullaro recibió al embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler. La relación entre Santa Fe y Canadá se afianza en múltiples temas como las universidades, ambiente, seguridad y comercio exterior. Del encuentro, que tuvo lugar en la sede del Gobierno Provincial en la ciudad de Rosario, participaron también el ministro de Ambiente y Cambio Climático, Enrique Estévez; el secretario de Relaciones Internacionales, Claudio Díaz; y la secretaria de Comercio Exterior, Georgina Losada.

Tras la reunión, Díaz destacó algunas coincidencias, entre las que subrayó "la política y el sistema internacional del primer ministro canadiense, Mark Carney", además de "la agilización de un proceso que se inició para un acuerdo entre Canadá y el Mercosur", y un campo de cooperación internacional en planos que tienen que ver con "lo universitario, ambiente, seguridad", sumado al comercio exterior y las posibilidades que se pueden abrir en Argentina.

Por su parte, Losada valoró la posibilidad a partir de este encuentro de mostrar que Santa Fe "es la segunda provincia exportadora" del país, y las fortalezas "que generamos a partir de espacios como Santa Fe Business Forum o la Ronda RIGI, para que los privados, tanto de nuestra provincia como de otras provincias y del exterior, puedan venir a invertir".

La funcionaria destacó la cooperación entre la Provincia y el país norteamericano desde el punto de vista técnico para el sector productivo como legumbres, miel y lácteos, reconociendo la necesidad de impulsar la reconversión productiva provincial. "Santa Fe tiene toda una reconversión productiva para no quedarse fuera de lo que será este foco de desarrollo económico en el país a partir de la minería, y así seguir siendo la plataforma logística de salida al mundo que tiene el país", concluyó.

La producción de trigo en Argentina se encamina hacia una campaña de mayor volumen. La Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) elevó su estimación de cosecha a 23,8 millones de toneladas, frente a los 21 millones previstos anteriormente. La revisión representa un incremento de 2,8 millones de toneladas y mejora las perspectivas de abastecimiento interno y exportaciones.

La actualización llega cuando la recolección cubre el 6,7% de las 6,49 millones de hectáreas aptas para cosecha. Los primeros resultados muestran un rendimiento promedio de 21,3 quintales por hectárea, superior a los 20,3 quintales registrados en el mismo período de la campaña anterior.

El nuevo escenario productivo adquiere relevancia para la economía agroexportadora argentina, especialmente para las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, vinculadas a la producción de granos y a la actividad comercial y logística del sector.

Sin embargo, el aumento de la oferta se produce en un contexto internacional complejo, marcado por las dificultades para exportar cereales desde el mar Negro, los movimientos cambiarios de Brasil y las perspectivas de cosecha de otros grandes productores.

El avance de la cosecha comenzó a confirmar las buenas condiciones que presentan los cultivos en distintas regiones agrícolas del país.

En el Noroeste Argentino (NOA), las tareas alcanzaron el 44% de la superficie, con un rendimiento promedio de 16,2 quintales por hectárea. En el Noreste Argentino (NEA), el progreso llegó al 48%, con rindes de 24,4 quintales.

Aunque durante la última semana las labores avanzaron 5,4 puntos porcentuales, el ritmo nacional todavía se mantiene 1,7 puntos por debajo del registrado a igual fecha del ciclo anterior.

Las perspectivas también resultan favorables en Buenos Aires, una de las principales provincias productoras. En el oeste bonaerense se esperan rendimientos de 35 quintales por hectárea, mientras que en el centro provincial las estimaciones llegan a 55 quintales y en el sudeste alcanzan los 58 quintales.

De confirmarse estas proyecciones, Argentina dispondrá de un mayor volumen de trigo para atender la demanda de la industria molinera y ampliar sus posibilidades comerciales en el exterior.

El incremento de la cosecha representa una oportunidad para fortalecer la presencia del trigo argentino en los mercados internacionales.

Para Santa Fe, donde se concentra una parte importante de la infraestructura portuaria y agroexportadora del país, una mayor producción nacional puede traducirse en más actividad de transporte, almacenamiento y embarque de granos.

La disponibilidad del cereal también cobra importancia frente a las dificultades comerciales que atraviesan otros proveedores internacionales.

Dante Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, explicó que el crecimiento de la oferta argentina permite a los compradores internacionales contar con una alternativa de abastecimiento durante los próximos meses, mientras persisten las complicaciones logísticas en el mar Negro.

No obstante, una cosecha más abundante no garantiza por sí sola mejores ingresos para el sector. La evolución de los precios internacionales, los costos logísticos y las condiciones de acceso a los principales mercados serán factores determinantes para la rentabilidad de los productores y exportadores.

Brasil continúa siendo un mercado estratégico para el trigo argentino, por su cercanía geográfica y por los vínculos comerciales establecidos entre ambos países.

En ese escenario, la depreciación del real brasileño aparece como un factor de preocupación, ya que encarece las compras de trigo argentino para los importadores del país vecino.

Este movimiento cambiario podría afectar la competitividad de las exportaciones nacionales, incluso cuando la Argentina dispone de una oferta más amplia.

A su vez, el avance de la cosecha en el estado brasileño de Rio Grande do Sul introduce otro elemento de competencia que deberá seguirse de cerca durante los próximos meses.

La evolución del mercado mundial del trigo continúa condicionada por las tensiones entre Rusia y Ucrania, dos países con un peso significativo en el comercio internacional de cereales.

Las dificultades para garantizar el transporte marítimo y la continuidad de los embarques generan incertidumbre entre los compradores y exportadores.

En ese marco, Rusia habilitó el desplazamiento de buques graneleros desde el mar de Azov hacia el mar Negro bajo protección militar. Al mismo tiempo, busca diversificar sus rutas comerciales y realizó un primer envío de granos desde el puerto ártico de Múrmansk hacia Marruecos.

Las exportaciones rusas de trigo durante octubre fueron estimadas por la consultora Sovecon en 2,8 millones de toneladas, lejos de los 5,1 millones registrados en igual mes del año anterior.

Esta reducción de los embarques, junto con las restricciones logísticas, mantiene la atención del mercado sobre la capacidad de abastecimiento de los principales proveedores internacionales.

Mientras Argentina proyecta una cosecha más importante, otros países productores también muestran novedades que podrían influir sobre los precios.

En Australia, el agregado agrícola del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) elevó la estimación de producción de trigo a 32 millones de toneladas, por encima de los 31 millones contemplados en la proyección oficial estadounidense.

Pese a esta mejora, el volumen continúa por debajo de los 36 millones de toneladas obtenidos en la campaña anterior. Las nuevas estimaciones responden, en parte, a un impacto menor al previsto del fenómeno de El Niño sobre los cultivos.

Por su parte, Estados Unidos registró una recuperación de las ventas externas semanales de trigo, que alcanzaron las 850.000 toneladas, superando las expectativas de los operadores.

La evolución de estos mercados será clave para determinar cómo se ajustan los precios internacionales ante la llegada de una mayor oferta desde distintos países productores.

En paralelo al trigo, la campaña argentina de cebada muestra indicadores positivos.

La siembra finalizó sobre una superficie de 1,27 millones de hectáreas y el estado general de los cultivos es favorable: el 91% de los lotes se encuentra en condiciones normales a buenas, mientras que el 94% dispone de reservas de humedad consideradas óptimas.

Estas condiciones permiten sostener buenas expectativas para el cereal, aunque los resultados finales dependerán de las condiciones meteorológicas durante las próximas semanas.

La revisión de la cosecha argentina mejora las perspectivas para la actividad agrícola y la cadena agroexportadora. Sin embargo, la evolución comercial del trigo dependerá de factores que exceden el desempeño productivo local.

La demanda brasileña, las condiciones de navegación en el mar Negro y las cosechas de Australia y Estados Unidos serán variables centrales para el comportamiento del mercado.

Para la región centro del país, el desafío será aprovechar el aumento de la producción y su potencial impacto sobre la actividad logística y comercial, en un contexto en el que el volumen disponible y los precios internacionales no necesariamente evolucionan en la misma dirección.

El Gobierno nacional amplió los bloques de electricidad que pueden recibir subsidios por altas temperaturas e incluyó a diez departamentos santafesinos en el esquema conocido como “Zona Cálida”, una decisión que llega después de la negociación política para reducir el régimen de Zona Fría sobre el gas.

La Resolución 300/2026, firmada por la secretaria de Energía, María Carmen Tettamanti, establece hasta 500 kilovatios hora (kWh) mensuales bonificables entre noviembre y abril en las regiones “muy cálidas” y 300 kWh en las “cálidas”, que se elevan a 370 kWh durante diciembre, enero y febrero. Según la dependencia nacional, la modificación responde a “la mayor demanda de refrigeración” de los hogares y a presentaciones provinciales respaldadas por información de Cammesa.

La medida concreta el compromiso que el ministro Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, negociaron con gobernadores para conseguir apoyos a la reforma de Zona Fría. Aquella iniciativa, que restringió territorialmente los subsidios al gas, había obtenido media sanción en Diputados en mayo y se convirtió en ley el 24 de septiembre, después de negociaciones que incluyeron la ampliación de la asistencia eléctrica por los meses de calor.

Santa Fe tuvo una posición mayoritariamente contraria en el Congreso. En Diputados, ocho legisladores de La Libertad Avanza votaron a favor de la reducción de Zona Fría, nueve representantes de Unión por la Patria y Provincias Unidas se pronunciaron en contra y dos estuvieron ausentes. En el Senado, los radicales Carolina Losada y Eduardo Galaretto rechazaron la ley, mientras Marcelo Lewandowski abandonó el recinto junto a su bloque antes de la votación.

Los mecanismos, sin embargo, son diferentes. Zona Fría conserva un fondo financiado mediante un recargo sobre el gas, mientras que el beneficio por calor no crea un fondo propio: amplía los consumos bonificables dentro del régimen nacional de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), cuya asistencia al precio mayorista se sostiene con recursos estatales. La Resolución 300 no cuantifica el costo fiscal adicional ni establece una fuente específica de financiamiento, aunque la reducción del gasto fue uno de los argumentos oficiales para restringir Zona Fría.

La comparación entre los topes establecidos en enero y los nuevos parámetros muestra que la ampliación se concentra en noviembre, marzo y abril, meses hasta ahora sujetos al límite general de 150 kWh.

En las zonas muy cálidas, el esquema anterior permitía subsidiar hasta 550 kWh mensuales durante diciembre, enero y febrero y 150 kWh en los otros tres meses. El nuevo anexo establece 500 kWh para cada uno de los seis meses. Así, el bloque acumulado pasa de 2.100 a 3.000 kWh por hogar, 900 kWh adicionales, equivalentes a un incremento del 42,9%.

Hay una particularidad: durante los tres meses centrales del verano, el tope de las zonas muy cálidas se reduce de 550 a 500 kWh. La mayor cobertura estacional surge de la extensión del beneficio a noviembre, marzo y abril.

En las zonas cálidas se mantienen los 370 kWh de diciembre a febrero, mientras que los límites de noviembre, marzo y abril pasan de 150 a 300 kWh. El máximo acumulado llega así a 2.010 kWh, frente a los 1.560 anteriores, un aumento del 28,8%.

La Secretaría de Energía sostiene que los nuevos parámetros buscan reflejar “las necesidades indispensables de consumo de los hogares” según las condiciones climáticas. Los porcentajes calculados representan mayor volumen potencialmente subsidiable, no un incremento equivalente del descuento sobre las facturas ni del consumo efectivo de los usuarios.

En Santa Fe, los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado integran la zona “muy cálida” y tendrán hasta 500 kWh mensuales bonificables entre noviembre y abril.

La Capital, Garay, San Javier, San Justo, San Cristóbal, Castellanos y Las Colonias corresponden a la categoría “cálida”. Allí el bloque será de 300 kWh durante noviembre, marzo y abril y de 370 kWh entre diciembre y febrero. Los nueve departamentos restantes de la provincia permanecen en la categoría general.

Según la Secretaría de Energía, la medida comprende a 2.371.941 usuarios residenciales de 15 provincias: Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Catamarca, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, La Rioja, San Juan y San Luis. No se informó cuántos corresponden a Santa Fe ni cuántos reúnen los requisitos socioeconómicos para recibir la asistencia.

En Entre Ríos, el organismo regulador provincial había reconocido como cálidos a 13 de sus 17 departamentos. Misiones, clasificada como muy cálida, estimó que la ampliación podría alcanzar a alrededor del 70% de las familias. Su gobernador, Hugo Passalacqua, argumentó que la provincia carece de acceso a la red de gas natural y que esa dependencia de la electricidad requiere un tratamiento diferencial.

El Decreto 943/2025 unificó los subsidios nacionales mediante el SEF y la Resolución 13 de enero estableció bloques eléctricos diferenciales por condiciones climáticas, concentrados principalmente en los meses de verano.

Durante septiembre y octubre, Energía modificó excepcionalmente los límites y prorrogó bonificaciones mayores a las originalmente previstas. La Resolución 300 extendió ahora los bloques diferenciales a otros meses de la temporada cálida.

El viernes se agregó otra modificación: mediante la Resolución 304/2026, Energía elevó a 200 kWh el bloque de noviembre para la categoría “Resto” y mantuvo para los beneficiarios del SEF una bonificación eléctrica general del 50% más otra extraordinaria del 25%, ambas sobre el componente mayorista y dentro de los límites correspondientes.

La norma justificó la continuidad de la asistencia por la necesidad de “evitar variaciones abruptas en los montos de facturación”. Esa bonificación acumulada del 75% no corresponde al total de la boleta, que también incorpora transporte, distribución e impuestos.

El reconocimiento de mayores consumos eléctricos durante los meses de calor antecede a las recientes negociaciones. En una entrevista en 2021, la entonces senadora Alejandra Sacnun había recordado una iniciativa conjunta con Edgardo Kueider para “incorporar a las zonas cálidas”, con especial atención a La Capital y los departamentos del norte santafesino.

En 2022, una modificación sobre el régimen de subsidios segmentados también reconoció bloques extraordinarios de hasta 650 kWh para determinados usuarios de ingresos medios de once provincias norteñas, entre las que Santa Fe no figuraba. Aquella asistencia tenía condiciones distintas de las que rigen actualmente.

La nueva Resolución 300 invoca “criterios objetivos y parámetros bien fundados”, sustentados en la clasificación bioambiental IRAM y en información técnica de Cammesa. Sin embargo, no incorpora estimaciones sobre el volumen adicional de subsidios nacionales, la cantidad de hogares santafesinos beneficiarios ni el impacto monetario que tendrá sobre sus facturas.

La Unión Industrial Argentina (UIA) celebrará este martes 3 de noviembre su 32ª Conferencia Industrial, un encuentro que reunirá a referentes empresariales, funcionarios nacionales y gobernadores para debatir los principales desafíos del sector productivo. El ministro de Economía, Luis Caputo, participará de la apertura, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, estará a cargo del cierre.

La jornada se desarrollará en el Golden Center de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el lema "Talento argentino: la fuerza que transforma". La agenda estará centrada en la competitividad de las empresas, la presión impositiva, las oportunidades de inversión y el impacto de las nuevas tecnologías sobre la producción y el empleo.

Entre los mandatarios provinciales confirmados estará Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, quien participará de un panel dedicado al desarrollo regional y la integración de las cadenas de valor vinculadas con la minería y la energía.

Uno de los temas centrales será la necesidad de reducir los costos que enfrentan las empresas argentinas para producir y competir, tanto en el mercado interno como en el internacional.

De acuerdo con un estudio difundido por la UIA, la presión fiscal sobre el sector formal de la economía argentina alcanza el 56%, el porcentaje más elevado entre los 30 países incluidos en el relevamiento. La cifra representa, además, un incremento de seis puntos porcentuales respecto de 2023.

En ese contexto, la entidad presentará una propuesta de Pacto Fiscal Industrial Federal, orientada a promover una reducción gradual de la carga tributaria, simplificar el sistema impositivo y avanzar hacia reglas más previsibles entre Nación, provincias y municipios.

La iniciativa apunta especialmente a mejorar las condiciones de las pequeñas y medianas empresas, que enfrentan mayores dificultades para absorber los costos de producción y sostener sus inversiones.

La participación de los gobernadores tendrá un lugar destacado en la conferencia. Junto con Pullaro estarán Martín Llaryora, de Córdoba; Marcelo Orrego, de San Juan; Raúl Jalil, de Catamarca; y Rolando Figueroa, de Neuquén.

Los mandatarios analizarán las oportunidades que ofrecen las inversiones energéticas y mineras para impulsar otras actividades económicas, especialmente a través de la incorporación de proveedores industriales de distintas provincias.

Para Santa Fe, una de las principales provincias industriales del país, el debate adquiere especial relevancia por las posibilidades que representan estos sectores para su entramado de empresas metalúrgicas, fabricantes de maquinaria, proveedores de servicios y pymes.

La discusión también resulta de interés para Entre Ríos, cuyo sector productivo podría encontrar oportunidades de vinculación comercial y provisión de bienes y servicios a las nuevas cadenas de inversión.

El objetivo del encuentro será avanzar en una mirada federal del desarrollo, en la que las grandes inversiones puedan generar actividad económica y empleo más allá de las provincias donde se localizan los proyectos.

La transformación tecnológica también formará parte de los debates. La UIA buscará analizar cómo la incorporación de inteligencia artificial y nuevas herramientas digitales puede mejorar la productividad, modificar los procesos industriales y transformar las necesidades de capacitación laboral.

Entre los especialistas convocados se encuentran el neurocientífico Mariano Sigman y Natalia Scaliter, directiva de Google Cloud Argentina, quienes abordarán los desafíos que plantea la expansión de estas tecnologías para las empresas y los trabajadores.

Además, el economista Esteban Domecq, fundador y director de Invecq Consulting, expondrá sobre las condiciones macroeconómicas y microeconómicas necesarias para fortalecer la actividad industrial.

La conferencia estará presidida por Silvio Zurzolo, tesorero de la UIA, y contará también con la participación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

La presencia de Caputo en el principal encuentro anual de la industria se producirá en un contexto de reclamos empresariales por una mayor reducción de impuestos y mejores condiciones para sostener la actividad productiva.

El sector industrial busca que la estabilidad macroeconómica se traduzca en mayores posibilidades de inversión, financiamiento y competitividad, en un escenario donde las diferencias de costos frente a otros mercados representan un desafío para numerosas empresas.

La conferencia será, así, una oportunidad para conocer las definiciones del Gobierno nacional y las propuestas del empresariado sobre el rumbo de la política industrial, con especial atención al papel que tendrán las economías regionales y las pymes en el desarrollo de nuevas inversiones.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) continúa ampliando su estrategia de posicionamiento en China, con acciones presenciales en ciudades del interior del país.

Luego de las actividades realizadas en Chongqing durante el primer semestre, el organismo llegó a Nanjing, una de las principales ciudades económicas, culturales y educativas de China y antigua capital del país.

La iniciativa responde a un pedido de la industria frigorífica y de los productores exportadores, y tiene como objetivos ampliar el conocimiento de la carne vacuna argentina, incentivar su consumo y fortalecer las oportunidades comerciales en uno de los principales destinos de las exportaciones del sector.

En la previa de la China International Import Expo (CIIE), la última gran feria comercial del año, el IPCVA también realizó visitas al mercado de abasto más importante de Nanjing para conocer de cerca la comercialización del producto argentino.

"Esta visita a Nanjing los días previos a la CIIE también nos permitió recorrer el mercado de abasto más importante de la ciudad y charlar con algunos comerciantes que venden carne argentina", señaló Georges Breitschmitt, presidente del Instituto.

El directivo destacó el alcance de las exportaciones y la presencia de cortes provenientes de distintos frigoríficos nacionales. "Pudimos ver cajas de distintos frigoríficos argentinos y para mí, como productor, es un orgullo ver hasta dónde llegan nuestros animales, en particular las vacas, que hasta hace no muchos años prácticamente no tenían precio", expresó.

Una de las principales actividades se desarrolla en el Marriott Nanjing South Hotel, donde el restaurante Nanjing Kitchen lleva adelante una campaña gastronómica de dos meses destinada a presentar la carne argentina en el segmento de alta gama.

La propuesta incluye una estación de asado argentino con distintos cortes, entre ellos bife ancho, bife angosto y asado. La experiencia se completa con una ambientación inspirada en la cultura nacional, con el propósito de acercar a los consumidores chinos no solo el producto, sino también parte de la tradición gastronómica argentina.

Este tipo de acciones busca fortalecer la presencia de la carne vacuna en restaurantes y espacios de consumo de alto nivel, además de generar nuevas instancias de contacto entre el producto y potenciales compradores.

En paralelo, el IPCVA puso en marcha una iniciativa junto con el Nanjing Institute of Tourism and Hospitality (NITH), una institución pública de formación gastronómica fundada en 1978.

El programa contempla clases magistrales sobre las características de la carne vacuna argentina, los sistemas de producción, los cortes destinados a la exportación y las técnicas de desposte y cocción. También incluye una competencia gastronómica en la que los estudiantes deberán elaborar platos innovadores que combinen cortes argentinos con sabores tradicionales de la región china de Jiangnan.

El objetivo es acercar el producto a las nuevas generaciones de profesionales de la gastronomía, para que conozcan sus características y puedan incorporarlo a futuras propuestas culinarias.

Las actividades en Nanjing se inscriben en una estrategia de promoción que durante 2025 y 2026 combinó campañas digitales de alcance nacional con acciones presenciales en distintas regiones de China. Además de Beijing y Shanghái, el IPCVA realizó iniciativas en Hefei, Wuhan, Qingdao, Shenyang, Fuzhou, Chongqing, Xi'an y Shenzhen.

La agenda continuará en la China International Import Expo, donde el Instituto participará junto con 14 empresas exportadoras argentinas. La feria representa una nueva oportunidad para fortalecer vínculos comerciales y ampliar la presencia de la carne vacuna nacional en el mercado chino.

Esta vez no es Federico Sturzenegger con un decreto que provoca el rechazo de los gremios y hace retroceder la iniciativa. Ahora son los gobernadores del norte los que consensuaron con el propio ministro de Desregulación y con Diego Santilli un proyecto que habilita el cabotaje fluvial y marítimo a navieras extranjeras, a pesar de la fuerte resistencia de la provincia de Buenos Aires.

La iniciativa busca autorizar a buques de bandera extranjera a prestar servicios de cabotaje nacional para ampliar la oferta naviera y bajar costos logísticos de las economías regionales. El Paraná está hoy surcado por barcazas que en su mayoría son paraguayas y que no pueden tocar dos puertos nacionales sin un permiso político incompatible con la logística contemporánea.

Una norma de 1944 es defendida por representantes bonaerenses que procuran reservar el servicio a navieras de bandera nacional, que hoy casi no existen, y regulaciones sindicales costosas.

Alejandro Cacace, secretario de Desregulación, dijo en una reciente reunión de la comisión de Presupuesto de Diputados que “al norte de nuestro país lo hemos tenido como secuestrado por no dejarle transportar las cosas por el río".

“Podrían mover su producción por la hidrovía a un tercio del costo; han llegado a un acuerdo los gobernadores del norte en un trabajo que se hizo con el CFI; es una revolución logística para el norte de nuestro país”, afirmó.

El proyecto autoriza la libre navegación y comercio de cabotaje interno a buques de bandera argentina o extranjera, fijando la obligación previa de informar su ingreso y período de operación a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN).

El texto hace reserva exclusiva para la bandera nacional en actividades estratégicas como la pesca, el transporte de combustibles, el remolque de maniobra, las lanchas de amarre, la navegación deportiva y el practicaje, lo que impediría la reactividad gremial a la total liberación que planteaba Sturzenegger.

Las condiciones laborales de las tripulaciones de buques extranjeros se regirán por la legislación de su país de abanderamiento, garantizando como piso regulatorio el Convenio sobre el Trabajo Marítimo (MLC 2006) y los convenios de la OMI (SOLAS, MARPOL y STCW), bajo la fiscalización de la Prefectura Naval Argentina.

En materia de soberanía, se prohíbe operar en cabotaje a buques fletados o vinculados a empresas que realicen actividades no autorizadas de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina.

La iniciativa tiene alternativa. Jorge Capitanich exige la contratación prioritariamente de tripulación y marinos de nacionalidad argentina (cumpliendo los convenios colectivos locales), buscando resguardar las fuentes de trabajo para los marineros registrados en el país.

Pero en especial defiende la reserva de cabotaje para buques de bandera nacional o armadores locales, limitando el libre ingreso de embarcaciones extranjeras. Busca proteger la Marina Mercante argentina (que hoy casi no existe) frente a la competencia de banderas de conveniencia o con menores costos operativos.

Para dinamizar el sector, se fija una alícuota reducida del 25% en el Impuesto a las Ganancias para las empresas que realicen de forma habitual actividades de cabotaje. A su vez, los armadores nacionales podrán optar por un esquema de amortización acelerada en un mínimo de dos cuotas anuales para las inversiones en bienes muebles amortizables afectados al servicio.

Además, se crea un procedimiento sumarísimo de 15 días hábiles para la cancelación de la matrícula nacional (cese de bandera) ante el Registro Nacional de Buques.

La iniciativa modifica el Código Aduanero para permitir la permanencia indefinida de contenedores en el país bajo el régimen de admisión temporaria, supeditada al envío anual de un listado identificatorio.

Asimismo, establece que el libramiento de las exportaciones se perfeccionará directamente en el puerto de origen al momento del embarque, otorga validez legal completa al conocimiento de embarque digital y fija un régimen simplificado de removido acompañado por la factura del cargador.

Los fundamentos señalan que la escasa participación del transporte fluvial y la dependencia del camión generan altos costos que perjudican a las provincias alejadas, como las del NOA, NEA y Patagonia, en este último caso -especialmente- por las alternativas para llevar arena del Paraná a Vaca Muerta.

La desregulación pretende reactivar puertos subutilizados y otorgar alternativas competitivas a sectores clave como la agroindustria, la minería, la industria forestal y los hidrocarburos.

"El proyecto de cabotaje estuvo empantanado muchos años. Es un proyecto que trabajó el CFI con los equipos técnicos, que también tenía un proyecto Federico Sturzenegger, y terminamos consensuando el del CFI muy bien. No es que nosotros somos obstinados en que es esto o nada", aseguró Santilli durante la reciente Cumbre Federal de Logística en el CFI.

Mientras la provincia enfrenta las demoras del “circunvalar Santa Fe” para evitar el paso de trenes (que descarrilan habitualmente) por el casco urbano, la privatización del Belgrano Cargas asoma para solucionar ese problema en el marco de un proyecto integrado que el gobierno central tiene para complementar con el tráfico fluvial y reactivar los puertos de cabotaje.

Maximiliano Pullaro le puso nombre: el “hub logístico” en Rosario, en cuyo entorno los puertos agroindustriales sumarán en breve la actividad de las mineras con trenes entrando literalmente a las estaciones desde Timbúes hacia el sur. Y se suma la terminal de los contenedores en el Puerto de Rosario.

A su vez (la demorada) licitación del FF.CC. Belgrano plantea bajar desde el norte con la carga minera y de granos, pero también subir con los insumos que la zona puede producir, para las explotaciones cordilleranas de cobre, oro, plata y litio. Los mandatarios del norte quieren radicar las Pymes en su zona; el proyecto santafesino procura generar trabajo en la zona y aprovechar la logística.

“Maxi” fue el apelativo que Karina Milei, Santilli, Luis Caputo y los gobernadores usaron en Rosario para agradecer al anfitrión de la Ronda de Negocios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) en la Estación Fluvial de Rosario. Es un tono de “afecto político” lubricado en un interés de “win-win” (ganar-ganar), como dijo la secretaria general de la presidencia.

No es menor que el proyecto de ley de cabotaje tiene la firma de 13 senadores (entre ellos la santafesina Carolina Losada), en su mayoría del norte, para una iniciativa impulsada por Patricia Bullrich. Raúl Jalil viene señalando que el Rigi es un “proyecto federal”; Buenos Aires no adhirió. Hay mucha tectónica política que está implicada en la nueva iniciativa fluvial.

El Fondo Monetario Internacional apuesta a que la economía argentina pase de la estabilización al crecimiento profundizando las reformas del gobierno de Javier Milei, aun cuando algunas de esas mismas políticas siguen generando cuestionamientos por su impacto sobre la actividad productiva, el consumo y el empleo.

“Existe un entendimiento compartido sobre la importancia de ampliar los avances de la estabilización para conseguir un crecimiento más sólido y generar empleo”, afirmó este jueves Julie Kozack, directora de Comunicaciones del FMI, durante su habitual conferencia de prensa en Washington.

La funcionaria explicó que el nuevo acuerdo técnico con Argentina contempla un conjunto de políticas articuladas sobre tres objetivos: continuar la desinflación, fortalecer la resiliencia económica e impulsar el crecimiento. El planteo no supone una modificación formal del programa, sino una profundización de las medidas que el Fondo viene respaldando.

“Nuestro mensaje general para la Argentina es que debe mantener el rumbo mediante políticas firmes”, sostuvo Kozack, al responder sobre las perspectivas de actividad y las posibilidades de que el país ingrese en una recesión técnica.

Las definiciones llegaron dos días después de que el FMI anunciara el acuerdo a nivel técnico sobre la tercera revisión del programa de Facilidades Extendidas, que habilitaría un desembolso cercano a US$900 millones.

El organismo calificó de “impresionantes” los resultados alcanzados y destacó que las reservas internacionales netas superaron en aproximadamente US$4.000 millones la meta fijada para junio.

El comunicado también consignó que el Banco Central compró cerca de US$16.000 millones durante el año y ratificó que “el ancla fiscal seguirá siendo un elemento central del programa”, con un superávit primario de 1,4% del PBI para 2026 y un esfuerzo similar en 2027.

La aprobación definitiva, sin embargo, todavía depende del Directorio Ejecutivo, que prevé tratar la revisión a principios de diciembre. Kozack aclaró este jueves que la referencia a los “pasos restantes acordados”, incluida en el comunicado, no debía interpretarse necesariamente como nuevas exigencias económicas al Gobierno. “Son nuestros procesos estándar normales”, explicó al referirse a la finalización de documentos, su revisión interna y la posterior presentación ante el Directorio.

En cambio, evitó anticipar si será necesaria una dispensa (waiver) por el desvío fiscal registrado en junio, estimado por consultoras en aproximadamente $574.000 millones. “Es algo que le corresponde determinar a nuestro Directorio Ejecutivo”, respondió.

Sobre el riesgo país, tampoco adelantó proyecciones. Insistió en continuar aplicando el programa y consideró “fundamentales” la acumulación de reservas netas y el fortalecimiento de la posición externa para mejorar las condiciones de financiamiento.

Kozack identificó cuatro líneas de acción acordadas con las autoridades para impulsar la siguiente etapa.

La primera consiste en desarrollar los mercados de capitales e hipotecario para ampliar el financiamiento, respaldar la inversión privada y fortalecer la demanda interna.

La segunda apunta a incrementar la flexibilidad laboral para favorecer la contratación privada. Según explicó, esa herramienta será importante para conseguir que los beneficios del crecimiento se traduzcan en puestos de trabajo.

Las otras dos prioridades son avanzar con las concesiones de infraestructura recientemente adjudicadas y facilitar la ejecución de inversiones estratégicas mediante el RIGI, cuyos proyectos aprobados ya superan los US$76.000 millones.

El organismo considera que estas iniciativas, junto con las reformas sancionadas durante 2026, permitirán fortalecer progresivamente la actividad y el empleo.

Las declaraciones de este jueves van en sintonía con el respaldo público que Kristalina Georgieva expresó en Bangkok, donde Argentina pasó a ser exhibido como una suerte de “alumno ejemplar” por su disciplina fiscal, pese a continuar siendo el principal deudor del organismo.

También se produce después de que el propio Fondo recortara de 3,5% a 2,1% su proyección de crecimiento para 2026, atribuyendo la revisión a una actividad más débil, menor demanda interna y condiciones financieras restrictivas.

La continuidad de esas políticas constituye uno de los principales puntos de discusión interna entre el Gobierno, sectores opositores, organizaciones sindicales y representantes productivos.

Los últimos indicadores muestran las dificultades que enfrenta la recuperación económica fuera de las actividades exportadoras.

El último informe de consumo del INDEC dio cuenta de que las ventas reales de supermercados y autoservicios mayoristas cayeron 3,7% y 3,6% interanual en agosto. Los centros de compras crecieron 3,7%, aunque las tres actividades acumularon retrocesos durante 2026.

En septiembre, la UIA estimó que la producción manufacturera volvió a caer 3,4% interanual y acumuló una contracción de 2,8% durante los primeros nueve meses del año.

Los datos del SIPA muestran, además, que durante los primeros siete meses de 2026 se perdieron 134.034 empleos privados registrados en Argentina, de los cuales 9.800 corresponden a Santa Fe.

El FMI sostiene que la combinación de estabilidad macroeconómica, reformas de mercado, financiamiento e inversión privada permitirá superar esas dificultades.

La plataforma Binance, considerada la mayor compañía de intercambio de criptomonedas del mundo, investiga un grave incidente de seguridad que provocó movimientos no autorizados de activos digitales por aproximadamente US$ 6.300 millones. El episodio, ocurrido el jueves 29 de octubre, podría convertirse en el mayor robo de criptomonedas de la historia.

La magnitud del ataque generó preocupación en el mercado financiero digital y obligó a la empresa a adoptar medidas de emergencia para frenar las operaciones sospechosas. Entre ellas, suspendió temporalmente los retiros en distintas redes mientras avanzaba con las verificaciones de seguridad.

En sus primeras comunicaciones, Binance aseguró que los fondos de sus clientes estaban protegidos. Posteriormente, informó que había conseguido bloquear alrededor de US$ 3.000 millones de los activos afectados y que trabajaba junto con otras compañías del sector para localizar y recuperar el dinero restante.

La investigación también permitió establecer algunas características del ataque. Los primeros indicios apuntaron a que los responsables habrían comprometido la computadora portátil de un ingeniero de operaciones para acceder a sistemas internos de la compañía y ejecutar transacciones sin autorización.

La empresa sostuvo que, hasta el momento, no encontró evidencias de que las claves privadas de sus billeteras digitales hayan sido filtradas.

Las primeras alertas surgieron cuando especialistas en análisis de blockchain detectaron transferencias extraordinarias desde billeteras vinculadas a Binance hacia direcciones desconocidas.

Los movimientos involucraron distintas redes de criptomonedas, entre ellas Ethereum, Bitcoin y Tron. Las estimaciones iniciales de firmas especializadas ubicaron el volumen de las operaciones sospechosas por encima de los US$ 5.000 millones, aunque las cifras fueron actualizándose a medida que avanzó el rastreo.

Posteriormente, la firma de inteligencia blockchain TRM Labs calculó que el impacto total alcanzó aproximadamente los US$ 6.360 millones. Según su investigación, buena parte de las transferencias se concretaron en apenas 20 minutos.

El análisis de seguridad señaló que los atacantes habrían conseguido comprometer la infraestructura utilizada para autorizar movimientos desde las billeteras de la plataforma.

Binance informó que sus primeras sospechas apuntaron a una computadora de un empleado que habría sido vulnerada. Sin embargo, una revisión posterior permitió identificar otros puntos de acceso comprometidos, por lo que el incidente habría sido más complejo que una intrusión aislada.

La compañía también inició tareas de rastreo junto con especialistas externos y organismos de seguridad para identificar a los responsables y evitar que los activos puedan seguir circulando.

De acuerdo con TRM Labs, existen indicios que vinculan el ataque con el grupo TraderTraitor, asociado a Corea del Norte y señalado anteriormente por otros robos de criptomonedas de gran magnitud. Esa atribución corresponde a la investigación de la firma y no fue confirmada oficialmente por Binance.

Una de las principales respuestas al incidente llegó desde otras compañías del ecosistema de criptomonedas. Tether y Circle, dos de los mayores emisores de monedas estables, bloquearon activos vinculados con las operaciones sospechosas.

Tether informó el congelamiento de más de US$ 1.567 millones en USDT, mientras que Circle comunicó el bloqueo de más de US$ 800 millones en USDC.

Estas monedas, conocidas como stablecoins, están diseñadas para mantener una cotización cercana al dólar estadounidense. A diferencia de Bitcoin y Ethereum, sus emisores cuentan con herramientas que permiten bloquear determinados activos bajo ciertas circunstancias.

La colaboración entre las compañías permitió inmovilizar una parte importante del dinero identificado durante el seguimiento de las transacciones.

Según las estimaciones difundidas por Binance, alrededor de US$ 3.000 millones habían sido bloqueados hasta el viernes. El resto de los activos continuaba bajo investigación y su recuperación dependía de las tareas de rastreo y de la cooperación con otras plataformas.

Ante la preocupación de los clientes, la compañía aseguró que ninguna pérdida será trasladada a los usuarios y que cubrirá los daños económicos mediante su fondo de protección, denominado Secure Asset Fund for Users (SAFU), y recursos propios.

El compromiso fue ratificado por la dirección de la empresa, que también anunció que trabaja con fuerzas de seguridad y especialistas en ciberseguridad para esclarecer lo ocurrido.

El fundador de Binance, Changpeng Zhao, también se refirió al episodio. A través de sus redes sociales, reconoció que todo apuntaba a un hackeo y respaldó la garantía de que los fondos de los clientes estaban protegidos.

Zhao, conocido como CZ, aclaró que ya no dirige las operaciones de la plataforma, aunque continúa vinculado como accionista. También agradeció públicamente la intervención de Tether y Circle para bloquear parte de los activos.

Por su parte, Binance indicó que los depósitos continuaron funcionando con normalidad, mientras que los retiros permanecían temporalmente suspendidos en las redes afectadas. La empresa anticipó que esperaba restablecerlos en aproximadamente 45 horas, sujeto a las verificaciones correspondientes.

Si se confirma el monto estimado, el ataque contra Binance superaría ampliamente al ocurrido en febrero de 2025 contra Bybit, otra plataforma internacional de intercambio de criptomonedas.

En aquella oportunidad, los responsables sustrajeron aproximadamente US$ 1.500 millones en activos digitales. Las autoridades estadounidenses atribuyeron ese episodio a operadores informáticos vinculados con Corea del Norte.

La dimensión del nuevo incidente vuelve a poner en discusión la seguridad de las plataformas que administran miles de millones de dólares en activos digitales y la vulnerabilidad de los sistemas utilizados para autorizar transferencias.

Mientras continúa la investigación, Binance deberá determinar el alcance definitivo del ataque, recuperar la mayor cantidad posible de fondos y completar las medidas necesarias para restablecer plenamente sus servicios.

El episodio también tuvo repercusiones en el mercado: Bitcoin y otros activos digitales registraron caídas durante las horas posteriores a las primeras noticias del ataque, en un contexto de incertidumbre entre los inversores.

La investigación sigue abierta y todavía resta establecer con precisión cuánto dinero podrá recuperarse y quiénes fueron los responsables del mayor incidente de este tipo registrado hasta ahora.

La ciudad de Rosario se convirtió este jueves en un punto de encuentro estratégico para el sector productivo argentino. Cerca de 1.800 pequeñas y medianas empresas y proveedores de todo el país participan de la primera Ronda de Negocios RIGI, una iniciativa que busca generar vínculos comerciales con 43 grandes proyectos de inversión relacionados con la minería, la energía y la infraestructura.

La jornada, desarrollada en La Fluvial, tiene como principal objetivo acercar a las empresas proveedoras con los responsables de compras de los proyectos, en un contexto en el que las inversiones de gran escala abren oportunidades para distintos sectores industriales.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, encabezó la apertura del encuentro y planteó que la provincia cuenta con capacidades industriales, logísticas y portuarias para convertirse en un socio estratégico de las actividades vinculadas con la energía y la minería.

La propuesta busca que el crecimiento de estos sectores no quede limitado a las empresas que desarrollan los grandes emprendimientos, sino que también genere nuevos contratos, empleo e inversiones en las economías regionales.

Uno de los principales atractivos de la ronda de negocios es la posibilidad de establecer contactos directos con las áreas de abastecimiento de grandes proyectos.

Para las empresas industriales y de servicios, este tipo de encuentros representa una oportunidad de diversificación comercial, especialmente en actividades que requieren equipamiento, tecnología, mantenimiento y soluciones específicas para operaciones de gran escala.

La agenda contempla reuniones empresariales, mesas de financiamiento y espacios de vinculación orientados a identificar demandas concretas de los proyectos y las capacidades de los proveedores nacionales.

En este escenario, Santa Fe busca aprovechar la experiencia de sus polos industriales, entre ellos los de Rafaela y Venado Tuerto.

Durante su exposición, Pullaro destacó que las empresas de estas ciudades cuentan con condiciones para fabricar equipamiento y prestar servicios especializados a compañías mineras y energéticas.

La posibilidad de incorporarse a esas cadenas de valor permitiría a las pymes acceder a nuevos mercados, ampliar su escala de producción y reducir su dependencia de los sectores con los que trabajan habitualmente.

Sin embargo, concretar esas oportunidades dependerá de la capacidad de las empresas para cumplir los requerimientos técnicos, financieros y operativos de los grandes compradores.

Además de las oportunidades industriales, el gobierno provincial puso el foco en la infraestructura logística como herramienta para atraer actividad económica.

Pullaro planteó que los puertos de Santa Fe podrían desempeñar un papel relevante en la salida al exterior de la producción minera argentina.

Según señaló el mandatario, las terminales portuarias santafesinas concentran alrededor del 70% de las exportaciones nacionales, una capacidad que consideró estratégica para incorporar nuevos movimientos de cargas.

La intención es que una parte de los minerales producidos en otras provincias pueda canalizarse a través de Rosario y otros puertos del territorio santafesino.

Para el sector logístico, esa posibilidad podría representar una oportunidad de diversificación de cargas, mayor demanda de servicios y nuevas inversiones en infraestructura.

No obstante, su concreción requeriría analizar aspectos como los costos de transporte terrestre, la conectividad ferroviaria, la capacidad operativa de las terminales y la competitividad de las distintas rutas de exportación.

Otro de los ejes del encuentro fue la necesidad de transformar el crecimiento de las actividades extractivas en mejores condiciones para el conjunto del aparato productivo.

El gobernador sostuvo que el desarrollo energético argentino puede contribuir al ingreso de divisas y al fortalecimiento del comercio exterior, pero también debería traducirse en ventajas competitivas para las industrias nacionales.

En particular, mencionó la importancia de mejorar el acceso al gas y reducir los costos energéticos de las empresas.

Para una provincia con una importante concentración de establecimientos metalmecánicos, agroindustriales y manufactureros, la disponibilidad de energía a precios competitivos constituye un factor relevante al momento de sostener la producción y planificar nuevas inversiones.

Pullaro también remarcó la necesidad de avanzar en obras viales, ferroviarias, portuarias y de conectividad para disminuir los costos logísticos.

La infraestructura aparece así como un elemento central para conectar a las empresas del interior con los grandes proyectos y facilitar el movimiento de insumos y productos terminados.

La realización de la primera Ronda de Negocios RIGI refleja el interés de las empresas proveedoras por participar de las inversiones previstas en sectores que presentan perspectivas de expansión en Argentina.

Para Santa Fe, el desafío consiste en aprovechar su entramado industrial y su ubicación logística para captar una mayor participación en esas cadenas de abastecimiento.

La convocatoria de cerca de 1.800 empresas evidencia la dimensión del mercado potencial, aunque su impacto económico dependerá de los acuerdos comerciales que puedan surgir y de su posterior concreción.

En este sentido, el acceso al financiamiento, la competitividad de los proveedores y la articulación entre grandes inversores y empresas de menor escala serán factores determinantes.

El encuentro en Rosario abre una instancia de vinculación empresarial cuyo resultado deberá medirse en nuevos contratos, inversiones y capacidad productiva. Para la economía santafesina, la oportunidad está en transformar el crecimiento de la minería y la energía en mayor actividad para sus industrias, servicios y puertos.

Las crecidas de los ríos asociadas al fenómeno climático de El Niño comenzaron a generar complicaciones para la actividad ganadera en distintas regiones del país. Desde agosto, unos 147.500 bovinos y búfalos debieron ser trasladados desde campos inundados, en un operativo que involucra a Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco y las islas de Buenos Aires.

De acuerdo con información de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, la cantidad de animales movilizados representa un incremento del 102% frente al mismo período de 2025, una diferencia que refleja la magnitud de las dificultades que enfrentan los productores de las zonas ribereñas.

El balance, difundido este jueves 29 de octubre, contabiliza 7.448 movimientos de hacienda registrados mediante el Documento de Tránsito electrónico (DT-e). Las autoridades advirtieron que se trata de cifras provisorias, ya que las operaciones podrían continuar durante las próximas semanas según la evolución de los niveles de los ríos.

La situación genera especial preocupación en las explotaciones ganaderas ubicadas en las islas y los campos bajos de la cuenca del Paraná. En estas áreas, el avance del agua obliga a reorganizar la actividad productiva y trasladar animales hacia terrenos seguros.

En Santa Fe y Entre Ríos, donde la ganadería de islas constituye una actividad tradicional, las crecientes representan un desafío logístico y económico. Los establecimientos deben resolver en poco tiempo la disponibilidad de transporte, la búsqueda de campos receptores y el abastecimiento de alimento para los rodeos desplazados.

El escenario se agrava por la evolución de la creciente del Paraná. El Instituto Nacional del Agua mantiene el seguimiento de los niveles del río, mientras la onda de crecida avanza hacia los tramos medio e inferior de la cuenca.

En este contexto, el traslado preventivo de animales resulta fundamental para evitar pérdidas de hacienda, aunque también supone costos adicionales para los establecimientos afectados.

Las consecuencias de las inundaciones para el sector ganadero van más allá de la evacuación de los animales. El movimiento de grandes volúmenes de hacienda implica gastos de transporte, contratación de personal, alimentación suplementaria y, en determinados casos, alquiler de campos para su permanencia temporal.

A ello se suma la posible pérdida de disponibilidad de pasturas en los terrenos anegados y la incertidumbre sobre los plazos de recuperación de las áreas productivas.

Para los productores que desarrollan su actividad en zonas de islas, la duración de la creciente será una variable determinante. Un período prolongado de inundación podría dificultar el regreso de los rodeos y extender los costos de mantenimiento fuera de los establecimientos de origen.

Si bien todavía no existe una estimación oficial consolidada del perjuicio económico correspondiente a estos movimientos, el aumento de las evacuaciones anticipa una mayor presión sobre los costos operativos de la ganadería regional.

Frente a la emergencia, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) implementó medidas destinadas a facilitar el traslado de los animales y reducir las demoras administrativas.

Entre las disposiciones se encuentran la simplificación de la emisión del Documento de Tránsito electrónico y de los procedimientos vinculados con el Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

El organismo también contempla excepciones temporales para determinados requisitos sanitarios, que deberán regularizarse una vez que los animales lleguen a sus establecimientos de destino.

El objetivo es acelerar las evacuaciones sin perder la trazabilidad sanitaria de la hacienda, un aspecto central para mantener los controles sobre el movimiento de animales entre establecimientos y provincias.

Ante la posibilidad de nuevas crecidas, las autoridades sanitarias recomendaron a los productores anticipar los movimientos y evitar que los animales queden aislados.

La principal indicación es iniciar los traslados entre 24 y 48 horas antes de la llegada del agua, priorizando arreos en grupos reducidos para disminuir el estrés y los riesgos durante la movilización.

También se aconseja identificar previamente terrenos elevados, garantizar reservas de alimento y agua potable y marcar los animales para facilitar su reconocimiento.

Cuando el traslado resulta imposible, el Senasa recomienda liberar accesos internos para permitir que los rodeos busquen por sus propios medios sectores más altos.

Con las condiciones de El Niño instaladas en la región y la evolución de los ríos todavía bajo vigilancia, el sector ganadero enfrenta un escenario en el que la planificación logística y la capacidad de respuesta serán claves para limitar el impacto económico de la emergencia hídrica.

“Entre 1995 y 2025, las ventas externas argentinas se multiplicaron por 3,4, frente a 8,4 veces en Brasil, 7,5 en Paraguay y 6,8 en Uruguay. Como resultado, la participación argentina en el mercado mundial bajó del 1,81% al 1,65%”. El párrafo es parte de un informe de Juan Manuel Garzón y refiere a las exportaciones agroindustriales, incluyendo granos, carnes o forestación y sus derivados.

Según el analista del Ieral/Fundación Mediterránea, “en 2025, las exportaciones agroindustriales sumaron un valor estimado de US$ 50.480 millones. Con la trayectoria de Uruguay habrían llegado a US$ 99.172 millones; con la de Paraguay, a US$ 110.071 millones, y con la de Brasil, a US$ 122.575 millones”.

Las cifras ponen en evidencia la validez del debate sobre el efecto económico y social que en la política plantean los que por un lado piden cobrar más impuestos para atender la emergencia social y los que promueven liberar la actividad para posibilitar inversiones y generar crecimiento genuino de la economía.

Entre los primeros está el germen del regreso “culposo” a la mayor presión fiscal, en abril del 2002. Eduardo Duhalde protagonizó momentos de alta tensión política y cruces con el entonces gobernador santafesino, Carlos Reutemann, cuando anunció desde la planta de GM las “retenciones al campo” (iban del 5% al 10%) para financiar el plan de Jefes y Jefas de Hogar.

El expresidente peronista prometió que la medida era “provisoria”. El kirchnerismo, a propuesta de Martín Lousteau -el ministro radical de economía que acompañó a Néstor- planteó en 2008 el punto culminante de incrementos sucesivos de la presión fiscal con “la 125”. La soja aportaría hasta 44% de retenciones en ese esquema fallido que profundizó la grieta nacional.

La Bolsa de Comercio de Rosario ha proyectado que, calculando solo los seis cultivos más importantes (y sus derivados) de la Argentina, la eliminación de exportaciones sumaría unos 18,5 mil millones de dólares más en exportaciones agroindustriales del país hacia el 2036.

Lo que mira la Bolsa rosarina “hacia adelante” es más prudente que lo que calcula Garzón “hacia atrás” en base a lo sucedido en países vecinos.

Pero en ambos casos los análisis muestran que entrarían más dólares, y que la Argentina política debería debatir si ese ingreso de divisas y el ulterior cobro de Ganancias (y otros impuestos por mayor dinamismo económico) no es más beneficioso, incluso a la hora de políticas redistributivas, que el simple derecho a las exportaciones.

Más allá de los números, el analista del Ieral propone que “el pobre desempeño relativo de Argentina se explica por políticas y circunstancias que desalentaron la inversión y limitaron el crecimiento de la oferta exportable”, y entre las causas no solo refiere a los derechos de exportación.

Expone que “la inestabilidad macroeconómica, las dificultades de acceso al mercado de cambios, los derechos de exportación, los impuestos acumulados en los costos (IIBB, Débitos y Créditos Bancarios), las restricciones para vender ciertos productos al exterior y las trabas a determinados proyectos productivos e industriales redujeron la rentabilidad esperada y aumentaron la incertidumbre".

La economista Marina Dal Poggetto (directora de la consultora Eco Go) atribuye al RIGI un gasto tributario / costo fiscal de aproximadamente US$ 8.493 millones a valor presente, correspondiente a los 23 proyectos aprobados hasta el 1 de octubre de 2026.

Ese monto representa la diferencia estimada entre los impuestos que pagarían esos proyectos bajo el régimen general (US$ 26.000 millones a valor presente) y los que tributarían con los beneficios del RIGI (US$ 17.500 millones). Equivale a cerca del 25% de la inversión computable comprometida (US$ 33.837 millones) y a aproximadamente el 32% de la recaudación potencial sin incentivos.⁠

“¿Cómo puede costar algo una inversión que sin el RIGI jamás se hubiera hecho?”, se preguntó en Catamarca el presidente Javier Milei, defendiendo un régimen que por lo demás fue debatido y aprobado por el Congreso, para dar beneficios como baja de Ganancias del 35% al 25% o deducción de impuesto al cheque a cuenta de aquel gravamen, a fin de garantizar la inversión.

Es una de las claves del debate. Según Garzón, en su análisis para el caso de la agroindustria 1995-2025, "el pobre desempeño relativo de Argentina se explica por políticas y circunstancias que desalentaron la inversión y limitaron el crecimiento de la oferta exportable”.

En el actual escenario político argentino, entre un presidente que insulta y una líder opositora condenada por corrupción, los modos para debatir en torno de desarrollos económicos no alcanzados por el RIGI, que a su vez no inhiban nuevas inversiones, carecen de moderaciones republicanas o de profundidad en las sustancias.

La oposición dialoguista (PRO, parte de la UCR y bloques provinciales de distritos beneficiados por el RIGI) presenta iniciativas orientadas a reducir la presión fiscal y fomentar inversiones, aunque buscando modificaciones sobre el estricto esquema fiscal y monetario de Milei.

El bloque del PRO (encabezado por Cristian Ritondo) ha puesto como condición para acompañar el Presupuesto 2027 la aplicación de rebajas impositivas concretas. Entre sus exigencias figuran la reducción del impuesto a los combustibles y la baja de la alícuota del IVA (del 21% al 10,5%) para ciertos sectores productivos, como la industria avícola.

La UCR y los bloques de centro han propuesto herramientas paralelas al RIGI, como el "Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes". Su objetivo es ofrecer beneficios fiscales para atraer capitales, pero incorporando cláusulas obligatorias de ‘compre nacional’ (exigiendo que al menos un 20% de la inversión se destine a proveedores locales) y fomento de las economías regionales.

Suena a poco, mientras Unión por la Patria concentra su discurso casi exclusivamente en el cuestionamiento al RIGI. Advierten -en línea con Dal Poggetto- que el Estado resignaría ingresos tributarios por cerca de US$ 8.500 millones. Para Máximo Kirchner, el RIGI es comparable a un “estatuto de coloniaje”, en tanto Axel Kicillof criticó que “con tal de hacer anuncios, son capaces de regalar todo”.

En el marco de la 36° edición de las Jornadas Internacionales de ATVC y CAPPSA, Personal celebró los 10 años de Flow, su plataforma de TV en vivo y entretenimiento, con un evento que tuvo a Gonzalo Hita, COO de Personal, como speaker central. Durante su exposición, repasó la evolución de la plataforma y de la industria a nivel nacional y global, y los principales hitos de Flow que, a lo largo de la última década, la llevaron a conquistar un parque de más de 3 millones de clientes. 

“La reinvención de la televisión que logramos hacer con Flow, nos permite ganar suscriptores año a año, en un mercado de TV paga local y regional que los pierde”, destacó Gonzalo Hita, COO de Personal. 

Con la innovación como uno de sus pilares estratégicos, Flow marcó un diferencial desde sus inicios. Su lanzamiento significó un punto de inflexión en la industria como la primera televisión multiplataforma del país, con funcionalidades que le dieron control del consumo al usuario, y cambiaron la manera de mirar televisión. 

Hoy, la expansión se potencia con la integración de Flow al ecosistema de Personal, que reúne conectividad, entretenimiento, servicios financieros, hogar inteligente y soluciones para empresas que les brindan a los clientes una experiencia integral y personalizada. 

En línea con la evolución de la industria, Flow lidera una expansión en tecnología, estrategia de contenidos y alcance. Su experiencia abarca nuevas pantallas, nuevas modalidades de uso al independizarse del decodificador y se consolida a nivel regional -con pisada en Argentina, Uruguay y Paraguay- como la primera plataforma integradora del mercado, reuniendo a las principales plataformas de streaming a nivel mundial, TV en vivo, deportes y contenido bajo demanda, en una única propuesta. 

Sobre la evolución de Flow, Gonzalo Hita, COO de Personal, afirmó: “A lo largo de esa década, Flow nunca se detuvo. Continuamente, nos desafiamos a crear tecnología que acompañe los cambios en la forma de consumo de TV de la gente. Y hacia el futuro, seguiremos apostando a la innovación acompañando el TV everywhere.” 

Actualmente, la visión innovadora se proyecta a través de la inteligencia artificial aplicada a la UX. La nueva home de Flow ofrece una navegación más limpia, que ordena el contenido para descubrir y explorar, y destacados más dinámicos e inmersivos, con más información para decidir qué ver. La IA permite hipersegmentar la oferta, anticiparse a los intereses de cada perfil y brindar recomendaciones ajustadas a cada audiencia, mientras que la funcionalidad #Tendencias genera contenido en tiempo real. Recientemente, estos avances mostraron su ponderación a través de los resultados de la experiencia mundial: duplicación del consumo respecto de Qatar 2022 y más de 5 millones de horas de visualización en la plataforma. 

En el plano de producto, Flow+ resume la evolución de la plataforma hacia una propuesta flexible y personalizada. El plan combina más de 150 canales en vivo, más de 6.500 títulos a demanda y el catálogo de Paramount+ con dos suscripciones a elección entre Netflix Premium, HBO Max, Disney+ Premium, Universal+ y Pack Fútbol, que el cliente puede intercambiar cada 30 días sin cambiar su abono. Con la incorporación de Netflix Premium en 2026, Flow+ se convirtió en la primera oferta integrada de Netflix en el país. 

Flow amplifica su rol dentro del ecosistema audiovisual a través de una estrategia de contenidos que contribuye al desarrollo de la industria audiovisual argentina. A través del trabajo conjunto con productoras, señales y creadores, contribuye al fortalecimiento de la industria nacional de contenidos con producciones que reflejan la identidad, la cultura y los valores compartidos con sus audiencias. El reciente estreno de Cautiva, miniserie inspirada en un caso real, logró más de 650 mil vistas en un mes y se convirtió en el título más reproducido del año. Con más de 60 coproducciones y títulos originales y más de USD 100 millones invertidos en producciones locales, Flow se consolida como la plataforma local que más ficción produce. 

Las alianzas estratégicas son parte central de esa estrategia. Junto a TNT, Flow lanzó Cris Miró (Ella), La mente del poder, Viudas negras y Cautiva, con un modelo complementario en el que la plataforma ofrece la temporada completa y la señal emite un episodio semanal. En paralelo, sumó a su grilla y catálogo propuestas de socios internacionales, como el canal de El Reino Infantil, junto a Leader Entertainment; la serie Intolerantes, original de Globoplay; y los contenidos y canales lineales de Atresplayer, ampliando la diversidad de su oferta para todas las edades. 

A través de la transmisión de los principales festivales, conciertos y shows en vivo, Flow acercó a sus audiencias una nueva forma de disfrutar la música sin fronteras. Con evolución constante en producción y calidad de imagen y sonido, la descentralización y federalidad son las claves de una experiencia que pone el foco en el disfrute de una propuesta, independientemente del lugar en el que el usuario se encuentre. Así, Lollapalooza Argentina o los conciertos en estadios porteños conviven en Flow con Cosquín Rock o la Fiesta de la Confluencia. 

A una década de su lanzamiento, Personal consolidó a Flow como una plataforma en constante evolución, basada en la innovación, la diversificación de contenidos, el impulso a la producción local y una experiencia cada vez más personalizada. Con la mirada puesta en el futuro, Flow continuará impulsando nuevas formas de entretenimiento y acompañando las transformaciones de la industria, manteniendo intacta la idea simple que impulsó su nacimiento: poner a las audiencias como eje de cada innovación para que las historias sigan encontrando a las personas, cuando, donde y como quieran disfrutarlas.

La diferencia entre los patentamientos de vehículos nacionales e importados registradas por el INDEC expone la transformación que atraviesa el mercado automotor argentino.

El informe del tercer trimestre consignó que en septiembre se registraron 33.055 automóviles, un 12,9% menos que un año antes. “De ese total, el 13,9% corresponde a automóviles nacionales y el 86,1%, a importados”, indicó el organismo. La variación por origen amplía el contraste: las inscripciones de automóviles nacionales se desplomaron 44,3% interanual, mientras las de importados disminuyeron 4,1%.

La brecha aparece también en vehículos vinculados al campo. Dentro de la categoría de maquinaria agrícola, vial e industrial (MAVI), el total de patentamientos prácticamente no varió (-0,6%), pero las unidades nacionales cayeron 31,3% y las importadas crecieron 35,5%. Estas últimas representaron el 62,6% de las 1.097 inscripciones de septiembre.

La Asociación de Concesionarios de Automotores (ACARA) aporta una segunda mirada. Su informe de septiembre ubica en 69% la participación importada en el mercado que releva, frente al 31% de origen nacional; su gráfico histórico muestra una inversión de esa relación desde 2024. Los porcentajes no son intercambiables con el 86,1% del INDEC: cada indicador comprende categorías y universos estadísticos distintos.

El presidente de ACARA, Sebastián Beato, describió el fenómeno como un mercado con “menos producción nacional y más importados que llegan al 70% de las unidades”. Lo vinculó con la apertura comercial y la incorporación de marcas asiáticas, aunque señaló que el repunte mensual de septiembre podía anticipar una mejora hacia fin de año.

La entidad informó 49.814 patentamientos en septiembre, 11,4% menos que un año atrás, y 435.493 acumulados hasta ese mes, con una baja del 13%. La mayor participación de los importados convive, por lo tanto, con un mercado total en retroceso.

La modificación ya se observa en los rankings de coches vendidos. Según ACARA, BYD acumuló 12.250 patentamientos de automóviles y comerciales livianos entre enero y septiembre; BAIC, 7.582; y Chery, 4.954.

La presencia de marcas chinas se hace sentir y ya se percibe en las calles argentinas. Una muestra de esa transformación tuvo lugar en la primera Expo Auto Chino, que se realizó a comienzos de octubre en Buenos Aires, reuniendo 26 marcas y unos 30.000 visitantes, según sus organizadores.

El cambio incluye, además, un notable incremento en la adquisición de motores alternativos. En septiembre, ACARA contabilizó 8.322 híbridos y 865 eléctricos puros: 9.187 unidades, frente a 3.350 en igual mes de 2025. Su participación en automóviles y comerciales livianos pasó así de alrededor del 6,3% al 19,7%, según cálculos sobre el informe sectorial.

El gobierno estableció desde el año pasado un arancel extrazona del 0% para determinados vehículos de tecnologías alternativas, dentro de cupos y valores máximos. Este año, además, elevó los topes FOB a 35.000 dólares para eléctricos puros y a 18.000 para híbridos convencionales y enchufables; mantuvo 16.000 para los mild hybrid.

La modificación se argumentó en la necesidad de “profundizar el abastecimiento competitivo del mercado interno” y ampliar los modelos disponibles en el país. La ampliación de octubre es posterior a los patentamientos de septiembre, de modo que impactará en los próximos registros.

La estrategia contrasta con la que están tomando otros países frente al mismo fenómeno internacional. En Brasil, por ejemplo, se restableció recientemente un arancel de importación del 35% para vehículos electrificados terminados, con excepciones para ciertos esquemas de ensamblaje. La Unión Europea, por su parte, mantiene derechos compensatorios adicionales de entre 7,8% y 35,3% sobre eléctricos a batería procedentes de China.

En este escenario, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) informó que la producción nacional sufrió una caída del 16,9% interanual entre enero y septiembre. Las entregas mayoristas a concesionarios retrocedieron 24,3%, mientras las exportaciones crecieron 1,6%.

Su presidente, Rodrigo Pérez Graziano, describió un “escenario desafiante” y un “mercado interno que permanece por debajo de los niveles de 2025”. Al mismo tiempo, destacó que septiembre registró el volumen exportador más alto del año, con 28.213 vehículos enviados al exterior.