El Gobierno terminó de completar el esquema regulatorio de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL), un nuevo mecanismo creado por la Ley de Modernización Laboral para reunir recursos destinados a colaborar con el pago de determinadas indemnizaciones. La entrada en vigencia está prevista para el 1° de noviembre de 2026.

La Comisión Nacional de Valores aprobó la Resolución General 1167/2026, que define cómo funcionarán los instrumentos de inversión colectiva encargados de administrar esos fondos. El régimen alcanza a empleadores del sector privado y contempla la intervención de ARCA en la recaudación y derivación de los aportes.

Los FAL estarán conformados por contribuciones mensuales calculadas sobre las remuneraciones utilizadas para determinar los aportes patronales al Sistema Integrado Previsional Argentino.

Las grandes empresas deberán aportar el 1%, mientras que para las MiPyMEs la alícuota será del 2,5%. La normativa contempla además una reducción de determinadas contribuciones patronales equivalente al porcentaje destinado al fondo, bajo las condiciones previstas en la reglamentación.

Los recursos no quedarán depositados en una cuenta bancaria tradicional. Cada empleador tendrá una cuenta individual dentro de un vehículo de inversión colectiva habilitado por la CNV, cuyo patrimonio será independiente e inembargable.

Uno de los puntos centrales del nuevo régimen es que el FAL no elimina ni sustituye el sistema indemnizatorio vigente. Su función será actuar como una herramienta financiera para ayudar a las empresas a afrontar obligaciones vinculadas con despidos y otras formas de extinción del vínculo laboral.

La cobertura podrá aplicarse, entre otros conceptos, a indemnizaciones por antigüedad, preaviso e integración del mes de despido. También alcanzará a determinados regímenes profesionales y al trabajo agrario.

Para acceder al sistema, el trabajador deberá estar registrado y su relación laboral tendrá que haber sido declarada con al menos 12 meses de anticipación a la finalización del vínculo. Además, el esquema establece un período mínimo de carencia de seis meses desde el primer aporte efectivo del empleador.

La CNV habilitó dos alternativas: los Fondos Comunes de Inversión de Asistencia Laboral y los Fideicomisos Financieros de Asistencia Laboral. Ambos podrán funcionar para una sola empresa o bajo esquemas multiempresa.

Las inversiones deberán realizarse en instrumentos emitidos y negociados en Argentina y respetar criterios de seguridad, liquidez, diversificación y preservación del capital. Además, los fondos deberán publicar mensualmente información sobre el rendimiento y la composición de sus carteras.

El nuevo esquema también permitirá que los empleadores cambien de fondo y transfieran los recursos acumulados a otro vehículo autorizado, siempre que no existan obligaciones pendientes.

Con la reglamentación aprobada, el régimen entra ahora en la etapa operativa previa a su implementación. ARCA, la CNV y los demás organismos involucrados deberán terminar de adecuar sus sistemas antes del 1° de noviembre, fecha prevista para el inicio formal del nuevo mecanismo.

El Gobierno nacional promulgó la ley que aprueba el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur, mediante el cual el 100% de los productos argentinos podrá ingresar con arancel cero al mercado asiático.

La decisión quedó oficializada este martes a través del Decreto 1010/2026, publicado en el Boletín Oficial. La norma promulgada es la Ley 27.819, sancionada por el Congreso el pasado 26 de agosto.

Con este paso, la Argentina completó el procedimiento legislativo interno para ratificar el tratado firmado el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro por los países integrantes del Mercosur y Singapur.

El entendimiento representa el primer acuerdo comercial de estas características entre el bloque sudamericano y un país del sudeste asiático. Su aplicación permitirá mejorar las condiciones de acceso para las exportaciones nacionales y avanzar en la diversificación de los destinos comerciales.

El principal beneficio para las empresas argentinas será la eliminación de los aranceles sobre la totalidad del universo exportable hacia Singapur. La medida permitirá reducir costos de ingreso y mejorar la competitividad de los bienes nacionales frente a proveedores de otros países.

El mercado singapurense presenta oportunidades especialmente para los sectores vinculados con la producción de alimentos, la agroindustria, la energía y los servicios basados en el conocimiento. Se trata de una economía con un alto nivel de ingreso por habitante y una fuerte dependencia de las importaciones para abastecer su demanda interna.

Además, Singapur ocupa una posición estratégica dentro del comercio internacional. Su infraestructura portuaria, aérea y tecnológica lo convirtió en uno de los principales centros logísticos y financieros de Asia.

Para las empresas argentinas, el país también puede funcionar como una plataforma de acceso a otros mercados de la región Asia-Pacífico. Esta posibilidad amplía el alcance del acuerdo y genera condiciones para establecer nuevas redes de distribución, alianzas comerciales y proyectos de inversión.

El tratado está compuesto por 19 capítulos y no se limita al intercambio de mercaderías. También establece disposiciones sobre comercio de servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y participación de micro, pequeñas y medianas empresas.

Asimismo, incorpora reglas destinadas a facilitar los procedimientos aduaneros, reducir barreras administrativas y brindar mayor previsibilidad a las compañías que desarrollen operaciones entre ambas regiones.

Por la cantidad de disciplinas incluidas, el Mercosur definió el entendimiento como un acuerdo de “nueva generación”. El objetivo es crear un marco más amplio para la relación económica, con mejores condiciones tanto para el comercio tradicional como para las actividades vinculadas con la economía digital.

Mientras Singapur eliminará los aranceles para el 100% de los bienes procedentes del Mercosur, el bloque sudamericano avanzará de manera progresiva en la liberalización del 95,8% de su universo arancelario, de acuerdo con los plazos previstos para cada categoría.

El convenio también podría fortalecer el vínculo financiero entre ambas partes. Singapur es uno de los principales centros internacionales de inversión y cuenta con fondos que administran importantes volúmenes de capital.

En ese contexto, la mayor previsibilidad regulatoria puede facilitar la llegada de inversiones a sectores productivos, energéticos, tecnológicos y de infraestructura. También abre posibilidades para que empresas argentinas establezcan vínculos con operadores financieros y comerciales radicados en ese país.

La posibilidad de combinar acceso preferencial, servicios logísticos y financiamiento convierte a Singapur en un socio relevante para ampliar la presencia argentina en Asia.

El acuerdo obtuvo un fuerte acompañamiento durante su tratamiento en el Congreso. El Senado le dio media sanción por unanimidad el 14 de mayo, mientras que la Cámara de Diputados lo convirtió en ley el 26 de agosto, con 234 votos afirmativos, cuatro negativos y ninguna abstención.

La promulgación permite avanzar con las formalidades necesarias para la entrada en vigor del tratado. A partir de su implementación, las empresas interesadas deberán cumplir con las reglas de origen y los requisitos específicos previstos para acceder a los beneficios arancelarios.

El nuevo escenario representa una oportunidad para que las compañías argentinas diversifiquen mercados, mejoren su competitividad y amplíen su presencia en una de las regiones de mayor dinamismo económico del mundo.

La cuenta regresiva para una nueva exigencia comercial de la Unión Europea ya comenzó. El Reglamento Europeo sobre Productos Libres de Deforestación, conocido como EUDR, establece nuevas condiciones para determinadas materias primas y productos que ingresen al mercado comunitario.

Desde el 30 de diciembre de 2026, los grandes y medianos operadores deberán cumplir plenamente con el sistema de diligencia debida previsto por la norma. Para las micro y pequeñas empresas, el plazo general se extiende hasta el 30 de junio de 2027.

Para la Argentina, el cambio tiene especial importancia porque entre las cadenas alcanzadas están la soja, el ganado bovino y la actividad forestal, sectores con presencia en las exportaciones nacionales hacia Europa. El propio Gobierno argentino identificó esas tres cadenas como las principales afectadas por la regulación.

La norma no establece que un producto argentino quede automáticamente excluido del mercado europeo.

El punto central es otro: quienes comercialicen determinados productos deberán poder demostrar que fueron producidos legalmente y que no provienen de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Para ello, deberán reunir información sobre el origen y cumplir con un procedimiento de diligencia debida.

El punto central es otro: quienes comercialicen determinados productos deberán poder demostrar que fueron producidos legalmente y que no provienen de terrenos deforestados después del 31 de diciembre de 2020. Para ello, deberán reunir información sobre el origen y cumplir con un procedimiento de diligencia debida.

El EUDR alcanza a siete materias primas consideradas vinculadas con la deforestación: ganado bovino, cacao, café, palma aceitera, caucho, soja y madera, además de determinados productos derivados incluidos en el reglamento.

El objetivo declarado por la Unión Europea es reducir la contribución del consumo europeo a la deforestación y la degradación de los bosques en distintas partes del mundo. Para eso, la normativa establece condiciones que deberán cumplir los productos antes de ser introducidos o comercializados en el mercado europeo.

En términos simples, un exportador no podrá limitarse a declarar de qué país procede la mercadería. La cadena deberá contar con información suficiente para demostrar dónde fue producida la materia prima, que la producción se ajustó a la legislación correspondiente y que no existió deforestación posterior a la fecha de corte establecida por la UE.

El sistema contempla tres pasos principales. Primero, reunir información, datos y documentación sobre el producto y su origen. Luego, evaluar el riesgo de incumplimiento. Finalmente, cuando corresponda, aplicar medidas para reducir ese riesgo. Si el operador concluye que el producto cumple con los requisitos, deberá presentar una declaración de diligencia debida en el sistema de información de la Comisión Europea.

Por eso, la discusión sobre la norma no se reduce a estar o no estar “anotado”. No existe un simple registro que habilite automáticamente a una empresa a exportar. Lo que exige el sistema europeo es que los operadores puedan respaldar cada operación alcanzada con la información y las declaraciones correspondientes.

La Comisión Europea también estableció una clasificación de países según el riesgo de deforestación: bajo, estándar y alto. Esa clasificación influye sobre el nivel de controles y el procedimiento de diligencia debida que deberán aplicar los operadores.

La Argentina actualmente aparece en la documentación oficial argentina como un país al que la UE asignó una categoría de riesgo estándar. En mayo de 2025, el Gobierno argentino cuestionó esa decisión y sostuvo que el país debería ser considerado de bajo riesgo. Para respaldar ese planteo, presentó información sobre las cadenas de soja, carne bovina y sector forestal.

El impacto potencial está relacionado principalmente con la capacidad de las empresas y de las cadenas productivas para demostrar el origen y la trazabilidad de la mercadería.

La nueva normativa no establece simplemente un registro de empresas argentinas habilitadas para exportar a Europa. El punto central es que los operadores que comercialicen productos alcanzados por el reglamento deberán contar con la información necesaria para demostrar que esos productos cumplen con las condiciones establecidas por la Unión Europea.

Esto puede generar una diferencia entre proveedores que ya cuentan con sistemas de identificación, trazabilidad y documentación suficientes y aquellos que todavía deben adaptar sus procesos. En la práctica, podría producirse una diferenciación dentro del mercado exportador entre las cadenas capaces de acreditar el cumplimiento de las exigencias europeas y aquellas que tengan dificultades para hacerlo.

La diferencia puede ser relevante para la Argentina porque la Unión Europea identificó a la soja, el ganado bovino y la madera entre las principales cadenas alcanzadas en el país. En cada una de ellas será necesario poder vincular la mercadería con su lugar de producción y aportar la información requerida por el sistema europeo de diligencia debida.

La Argentina ya trabaja en herramientas destinadas a facilitar ese proceso. En junio de 2026, el Senasa informó la puesta en marcha de un mecanismo mediante el cual los productores pueden autorizar el acceso a información de sus datos del Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios (RENSPA).

Ese registro identifica a los productores y permite geolocalizar los establecimientos, información que puede contribuir a demostrar el origen de la producción ante las exigencias del EUDR.

El Gobierno también señaló que continuará impulsando esquemas de trazabilidad y certificación para los exportadores de soja, carne, madera y sus derivados, con el objetivo de facilitar el acceso al mercado europeo.

Para los productores y exportadores, esto puede significar mayores necesidades de información, coordinación y documentación a lo largo de toda la cadena. En el caso de la carne y la soja, por ejemplo, la trazabilidad debe permitir vincular el producto exportado con su origen productivo.

En la actividad forestal, el desafío se relaciona con la identificación del lugar de producción y las condiciones en las que se obtuvo la materia prima.

El propio Gobierno argentino reconoció que las nuevas regulaciones ambientales internacionales representan desafíos para los distintos eslabones de las cadenas productivas y pueden exigir modificaciones en procesos, incorporación de tecnología y desarrollo de mecanismos de diferenciación.

El escenario adquiere todavía más relevancia por el vínculo comercial entre Argentina y la Unión Europea. En enero de 2026, ambos bloques firmaron el Acuerdo de Asociación Mercosur-UE. Según Cancillería, la UE es un mercado estratégico para las exportaciones argentinas y el acuerdo apunta a ampliar el acceso de productos del Mercosur al mercado europeo.

Por eso, el EUDR aparece como un requisito adicional que los exportadores deberán contemplar en ese mercado. La Argentina sostiene que sus productos presentan un riesgo de deforestación bajo y trabaja para que esa condición sea reconocida por la Unión Europea. Mientras tanto, el objetivo inmediato es evitar que las nuevas exigencias generen interrupciones en las ventas externas y fortalecer los sistemas nacionales de trazabilidad.

La entrada en aplicación del reglamento, entonces, no significa que las empresas argentinas que no estén inscriptas en un determinado registro queden automáticamente fuera del mercado europeo. El desafío será poder demostrar que cada producto alcanzado cumple con las condiciones exigidas por la normativa.

De esta manera, el cambio puede favorecer a las empresas y cadenas que ya tengan sistemas de trazabilidad consolidados y documentación suficiente, mientras que aquellas que todavía no cuenten con esa información deberán adaptar sus procesos para poder continuar operando con el mercado europeo.

La inflación del 1,7 por ciento informada por el INDEC para agosto parece haber convencido a los funcionarios del equipo económico de que el fenómeno llegó para quedarse.

El presidente Javier Milei ya había celebrado que los precios mayoristas hayan caído por debajo del 1 por ciento, y se espera que haya efecto arrastre para septiembre.

Pero entre las variables que pueden empujar a la baja los precios y ayudar a reanimar la economía se encuentran los nuevos préstamos hipotecarios.

13 entidades se sumaron a esta movida para ampliar la disponibilidad de financiamiento destinado a la primera vivienda.

El Banco Hipotecario, por ejemplo, ofrece una tasa de 7,5% para clientes con cuenta sueldo, con un plazo de hasta 15 años y un monto máximo aproximado de USD 170.000.

Banco Ciudad, por su parte, sumó una nueva línea después de resultar adjudicatario de la licitación del FGS.

La entidad lanzó un crédito con tasa de 6,5% para la compra de la primera vivienda, con subsidio del Gobierno porteño, un tope de 80 metros cuadrados en la propiedad y un valor de referencia de USD 2.800 por metro cuadrado.

Además, con fuerte peso en el interior del país, los bancos del Grupo Petersen bajan la tasa de sus créditos hipotecarios y ofrecen UVA + 7,5% para primera vivienda.

La nueva línea estará disponible desde esta semana, con préstamos de hasta 150.000 UVAs, plazos de hasta 20 años y un proceso de solicitud 100% digital.

Es exclusiva para clientes que acrediten sus haberes en los bancos del Grupo (Santa Fe, Entre Ríos, San Juan y Santa Cruz).

La nueva línea contempla montos de hasta 150.000 UVAs (actualmente equivale a USD 208.860) y plazos de entre 15 y 20 años, en el marco del programa de financiamiento hipotecario impulsado por el Gobierno nacional a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de ANSES.

El Banco Galicia recortó su tasa a 7,5% para clientes con cuenta sueldo, a un plazo de hasta 20 años, mientras que Banco Patagonia la bajó de 9,25% a 8,5%, con un plazo de hasta 30 años.

Credicoop, en tanto, ofrece 7,5% para cuenta sueldo y 9% para el resto, con plazos de hasta 20 años y un tope de 141.000 dólares.

Además de las tasas y los plazos, cada entidad exige un ingreso mínimo para acceder al crédito y define bajo qué condiciones se pueden sumar otros ingresos al del titular.

Banco Hipotecario pide un ingreso equivalente a 2,2 salarios mínimos, vitales y móviles, mientras que ICBC pide un ingreso de $1.000.000.

En la mayoría de los casos, los bancos permiten sumar los ingresos del cónyuge o conviviente para alcanzar el mínimo requerido, aunque algunas entidades, como Banco Ciudad, amplían esa posibilidad al grupo familiar conviviente, y Comafi permite sumar hasta cuatro miembros de la familia.

El nuevo esquema, que tiene como eje al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, licitó depósitos a plazo fijo entre los bancos con el objetivo de canalizar ese dinero hacia préstamos hipotecarios.

Por su parte, el Banco Nación tiene una de las tasas más bajas del sistema, 6,7% para quienes cobran su sueldo en la entidad, con plazos de hasta 30 años y un monto máximo de USD 216.000.

Banco Macro, que ya había bajado su tasa antes de la primera licitación, la redujo nuevamente a 7,5% para cuenta sueldo, con plazos de hasta 20 años y sin límite de monto.

A la vez, mantiene su línea tradicional de 7,5% para primera vivienda y la de 9,5% para el resto de los casos. Las tres opciones tienen un plazo de hasta 25 años.

La primera licitación, de una serie de diez previstas, permitió asignar $200.000 millones entre 13 entidades financieras.

Cuando Jean Bodin la definió en 1576 como el “el poder absoluto y perpetuo de una República”, es decir, la capacidad de decisión sobre un territorio y su población; o cuando la Paz de Westfalia de 1648 consagró que ningún poder externo puede intervenir en los asuntos internos de un Estado, nadie pensaba en litio, en centros de datos ni en modelos de lenguaje. Y sin embargo pocas categorías políticas resultan hoy tan vigentes. La Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016) está reescribiendo qué cuenta como recurso estratégico, y con ello qué significa ser un país soberano en el siglo XXI. La discusión actual sobre Inteligencia Artificial no inaugura el debate sobre soberanía tecnológica, lo resignifica.

La soberanía nunca fue solamente una cuestión jurídica. Siempre tuvo una dimensión material. Es soberano quien posee alguna capacidad efectiva para tomar decisiones y sostenerlas. Un país puede tener bandera, Constitución, territorio y representación internacional, pero si no controla su energía, sus recursos estratégicos, sus sistemas de comunicación, sus capacidades industriales o sus infraestructuras fundamentales que le permitan desarrollarse en el orden mundial vigente, su autonomía puede convertirse progresivamente en una ficción.

Durante el siglo XX, la soberanía estuvo estrechamente asociada al control de recursos como el petróleo, el gas, los minerales, los alimentos y las rutas comerciales. En el siglo XXI esos recursos siguen siendo fundamentales pero se les suma una nueva capa: datos, capacidad de cómputo, semiconductores, software, telecomunicaciones y sistemas de Inteligencia Artificial. Esto no significa que los viejos recursos hayan perdido importancia. Al contrario: significa que han adquirido nuevos usos estratégicos.

La transición tecnológica está generando una competencia mundial por aquello que permite alimentar la infraestructura digital. Estados Unidos y China protagonizan la rivalidad más visible en materia de chips, Inteligencia Artificial y capacidad de cómputo. Pero la competencia involucra a muchas otras regiones. Taiwán ocupa una posición decisiva en la fabricación avanzada de semiconductores. Europa intenta reducir sus dependencias tecnológicas a través de regulación e inversión industrial. India busca fortalecer sus capacidades digitales. Los países productores de minerales críticos adquieren una importancia geoeconómica creciente.

Vili Lehdonvirta, en el trabajo Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control (MIT Press, 2022), llama la atención sobre una desigualdad fundamental: la concentración geográfica de la capacidad de cómputo avanzada. Plantea que una parte importante del planeta corre el riesgo de convertirse en un “desierto de cómputo”, es decir, en una región capaz de consumir Inteligencia Artificial pero sin infraestructura suficiente para desarrollarla en condiciones de autonomía.

Aquí aparece una nueva definición posible de la soberanía. Ya no alcanza con preguntar quién posee los recursos. Hay que preguntar quién puede transformarlos, quién controla la infraestructura, quién posee la tecnología para convertir una materia prima en conocimiento, quién administra los datos y quién obtiene finalmente la renta económica.

Un país que exporta litio pero importa las tecnologías construidas con ese litio puede conservar la propiedad jurídica de un recurso y, al mismo tiempo, ocupar una posición subordinada en la cadena de valor. Lo mismo ocurre con el talento. Un país puede formar excelentes programadores que trabajen a distancia para empresas extranjeras generando ingresos para sus habitantes pero sin que esa capacidad se traduzca necesariamente en empresas nacionales, infraestructura propia, patentes, investigación o capacidades estatales.

La inserción internacional no es, por lo tanto, un problema de apertura o cierre. La cuestión es más compleja: en qué parte de la cadena de valor decide ubicarse un país.

Sería ingenuo suponer que, porque las formas cambiaron, desaparecieron las relaciones de dependencia. Autores como Nick Couldry y Ulises A. Mejias, en su trabajo The Costs of Connection (Stanford University Press, 2019) han desarrollado el concepto de “colonialismo de datos” para describir la expansión de relaciones de apropiación sobre la información producida por la vida social. Kate Crawford, en The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence (Yale University Press, 2021), muestra cómo la IA depende de cadenas extractivas de minerales, energía, datos y trabajo. Karen Hao, en Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI (2025), ha popularizado recientemente la idea de una nueva frontera imperial de la Inteligencia Artificial, donde grandes empresas tecnológicas extienden su poder sobre territorios, recursos y poblaciones de distintas partes del mundo.

La cuestión no consiste en afirmar que toda inversión extranjera es colonialismo ni que toda tecnología desarrollada fuera de las fronteras nacionales constituye una amenaza. El problema aparece cuando una relación de dependencia se vuelve estructural y no existen capacidades propias para negociar.

La diferencia es decisiva. Un país puede recibir inversión extranjera en condiciones de fortaleza relativa, estableciendo requisitos de transferencia tecnológica, asociación con universidades, contratación de proveedores locales, desarrollo de capacidades nacionales y protección de recursos estratégicos; o puede limitarse a ofrecer recursos baratos -energía, agua, minerales, territorio, datos y trabajo calificado- para que el mayor valor agregado se produzca en otro lugar.

La soberanía, en este sentido, no significa autarquía. Ningún país moderno produce por sí solo todos los componentes de un sistema de Inteligencia Artificial. La soberanía consiste más bien en poseer capacidades suficientes para que la interdependencia no se convierta en dependencia absoluta.

Argentina llega a esta transformación con una combinación particularmente interesante de recursos y capacidades.

Posee importantes recursos minerales, entre ellos litio y cobre, que resultan estratégicos para la transición energética y tecnológica (CEPAL, 2022). Tiene capacidad industrial, agua dulce, recursos energéticos y un extenso territorio. En determinadas regiones cuenta además con condiciones climáticas relevantes para la instalación de infraestructura tecnológica aunque ningún recurso natural, por sí mismo, garantiza desarrollo.

Argentina posee, sin embargo, otra ventaja menos visible: capital humano. Tiene una larga tradición en educación universitaria, investigación científica, ingeniería, informática y desarrollo tecnológico. Su ecosistema de programadores y profesionales de software constituye una fuente real de capacidades. El problema es que ese talento puede seguir dos caminos muy diferentes. Puede convertirse en la base de una economía nacional de alto valor agregado o transformarse en una suerte de “minería a cielo abierto del talento”, profesionales formados localmente cuya capacidad productiva es capturada principalmente por empresas y economías externas.

La exportación de servicios tecnológicos puede ser positiva pero no debería ser el único horizonte. Un proyecto de soberanía tecnológica, del que vienen dando cuenta la literatura latinoamericana de CEPAL y la UNCTAD, exige preguntarse cómo transformar talento individual en capacidad colectiva: empresas, centros de investigación, infraestructura pública, modelos propios, sistemas de cómputo, desarrollo de software estratégico y aplicaciones destinadas a resolver problemas nacionales.

La Inteligencia Artificial ofrece aquí una oportunidad. Argentina no está en condiciones de competir inmediatamente con Estados Unidos o China en todos los segmentos de la frontera tecnológica pero tampoco necesita hacerlo. Puede desarrollar capacidades especializadas en sectores donde ya posee conocimiento: agroindustria, salud, energía, industria nuclear, satélites, logística, biotecnología, educación y clima, por enumerar algunos.

La pregunta más importante es: ¿qué capacidades tecnológicas necesita Argentina que aporten a resolver sus propios problemas y para participar con mayor autonomía en la economía mundial?

Si la IA será una tecnología cada vez más intensiva en energía, la política energética se convierte también en política tecnológica.

Esto vuelve especialmente relevante la discusión sobre las capacidades científicas y tecnológicas acumuladas por la Argentina, que posee una historia singular en materia nuclear. Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 (Decreto 10.936/50, 31 de mayo de 1950) y el desarrollo posterior de reactores, centros de investigación, producción de radioisótopos y centrales nucleares, Argentina construyó un entramado de conocimiento que no surgió espontáneamente ni de la importación ocasional de tecnología. Fue el resultado de décadas de formación de científicos, técnicos e ingenieros y de una política estatal de largo plazo. El propio informe nacional argentino sobre seguridad nuclear destaca que el reactor RA-1, puesto en funcionamiento en 1958, fue el primer reactor de investigación construido en América Latina.

Ese ejemplo permite comprender algo fundamental: las capacidades estratégicas pueden tardar décadas en construirse y, sin embargo, pueden deteriorarse mucho más rápidamente. Una nación no conserva soberanía tecnológica simplemente porque alguna vez haya desarrollado una tecnología. Debe sostener universidades, laboratorios, salarios capaces de retener investigadores, programas de formación, empresas tecnológicas y proyectos de largo plazo. Cuando esos sistemas se debilitan, no sólo se pierden empleos o presupuestos, se pierde trayectoria institucional.

En la economía de la Inteligencia Artificial, esta cuestión será todavía más importante. La disponibilidad de energía puede atraer centros de datos, pero tener centros de datos no equivale automáticamente a poseer soberanía tecnológica. Es necesario preguntarse quién es dueño de la infraestructura, quién controla el hardware, dónde están los datos, qué legislación los protege, qué conocimiento queda en el país y qué capacidad local se desarrolla a partir de esas inversiones.

Argentina no tiene por qué elegir entre dos extremos: aislamiento tecnológico o subordinación. Existe una tercera posibilidad: la inserción soberana. 

Eso implica negociar inversiones pero negociar desde una estrategia nacional. Recibir capital extranjero pero exigir desarrollo local. Exportar recursos pero avanzar hacia su industrialización. Aprovechar el talento para exportar servicios pero construir también empresas y conocimiento propios. Utilizar plataformas globales pero desarrollar infraestructura pública y capacidades nacionales en áreas estratégicas.

La soberanía del siglo XXI no será la autosuficiencia absoluta. Será la capacidad de elegir las dependencias que un país acepta y aquellas que no.

Para Argentina, eso exige un plan que conecte recursos naturales, energía, ciencia y tecnología, industria y formación de recursos humanos. El litio sin industria puede ser extractivismo. El talento sin empresas nacionales puede ser dilapidación de trabajo calificado. La energía sin control de la infraestructura puede ser un subsidio territorial a la acumulación externa. Los datos sin jurisdicción propia pueden convertirse en una nueva forma de extractivismo.

Esos mismos elementos, articulados mediante una estrategia, pueden constituir una plataforma extraordinaria de desarrollo.

Quizás la mayor paradoja de nuestro tiempo sea que, en el momento de mayor sofisticación tecnológica de la historia, volvemos a discutir problemas aparentemente antiguos: quién controla el territorio, quién decide sobre los recursos, quién domina las rutas comerciales, quién posee la energía y quién tiene la capacidad de defender sus intereses.

Sólo que ahora las rutas comerciales también son cables submarinos y redes de datos. Las materias primas incluyen minerales críticos. Las fábricas son también centros de datos. Las fronteras atraviesan servidores. Y el poder militar, económico y cultural depende cada vez más de la capacidad de procesar información.

La soberanía no desapareció, sólo cambió de forma. En la era de la Inteligencia Artificial, un país soberano no será necesariamente aquel que produzca todo por sí mismo; será aquel que comprenda cuáles son las infraestructuras que sostienen su autonomía y sea capaz de defenderlas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de un proyecto colectivo.

Argentina tiene recursos que el mundo necesita: agua, energía, minerales, territorio y conocimiento. Tiene una tradición científica y tecnológica que costó décadas construir. Tiene profesionales capaces de participar en la economía digital global. La cuestión es qué hará con todo eso.

La transición tecnológica mundial no espera. La Inteligencia Artificial está reorganizando la división internacional del trabajo mientras se escriben estas líneas. Algunos países construirán la infraestructura, diseñarán los sistemas y capturarán el mayor valor. Otros aportarán energía, minerales, territorio, datos y trabajadores. La discusión sobre la soberanía consiste, finalmente, en qué parte de esa ecuación quiere estar la Argentina.

No se trata de rechazar el mundo. Se trata de estar en él de forma estratégica.

Vía Navegable Argentina (VNA) inició formalmente sus operaciones al frente de la Vía Navegable Troncal (VNT), el principal corredor fluvial del comercio exterior argentino. La nueva etapa comienza con una reducción del 13,5% en la tarifa de peaje y un programa de mejoras orientado a disminuir costos y aumentar la eficiencia logística.

El cambio tiene especial relevancia para el entramado productivo y portuario del país: por la VNT circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas y a lo largo de su recorrido se concentran cerca de 60 terminales portuarias.

La reducción del peaje lleva la tarifa de US$ 4,30 a US$ 3,80. De acuerdo con estimaciones difundidas por VNA, el nuevo esquema podría representar un ahorro logístico anual de entre US$ 375 millones y US$ 456 millones para el sector agroexportador.

El impacto adquiere particular importancia para los puertos del Gran Rosario y el Litoral, puntos estratégicos para la salida de granos, subproductos y otras cargas argentinas hacia los mercados internacionales.

La baja de la tarifa constituye una de las primeras modificaciones de la nueva etapa de gestión de la Vía Navegable Troncal. El objetivo es mejorar las condiciones de competitividad de las cadenas productivas que dependen del transporte fluvial para colocar sus productos en el exterior.

El Gobierno nacional había anticipado que la nueva concesión implicaría una reducción del 13,5% en el valor del peaje, junto con inversiones destinadas a modernizar la infraestructura y permitir una operación más eficiente.

La disminución de los costos de navegación puede tener incidencia sobre distintos eslabones de la cadena exportadora, desde las terminales portuarias hasta productores, industrias y operadores logísticos.

La nueva gestión también contempla trabajos de dragado, redragado, señalización y ampliación para mejorar progresivamente las condiciones de navegación.

VNA prevé incorporar tecnología e innovación para modernizar la operación, aumentar la seguridad del tráfico fluvial y facilitar la circulación de mayores volúmenes de carga.

Una mayor profundidad y mejores condiciones operativas permiten que los buques optimicen su capacidad de carga y reduzcan tiempos de navegación, dos factores que inciden directamente sobre los costos del comercio exterior.

La Vía Navegable Troncal se extiende desde la zona de Confluencia, sobre el río Paraná, hasta aguas profundas del Río de la Plata, conformando el eje logístico que vincula buena parte de la producción del interior argentino con los mercados internacionales.

La concesión fue adjudicada a Jan De Nul y Servimagnus, que asumieron a través de Vía Navegable Argentina la gestión, operación, mantenimiento y desarrollo del corredor.

Con el inicio de esta nueva etapa, el desafío estará puesto en concretar las mejoras previstas y trasladar las ganancias de eficiencia de la infraestructura hacia menores costos logísticos y una mayor competitividad para las exportaciones argentinas.

El intercambio comercial entre Argentina y Brasil alcanzó los US$ 2.578 millones durante agosto de 2026, en un escenario marcado por un nuevo crecimiento de las exportaciones nacionales y una reducción de las importaciones provenientes del principal socio comercial del país.

De acuerdo con el último informe elaborado por la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral registró una caída del 3,2% frente al mismo mes de 2025, cuando había alcanzado los US$ 2.663 millones. En la comparación mensual, sin embargo, mostró una leve mejora del 0,3% respecto de julio.

El principal dato positivo estuvo en el desempeño de las exportaciones argentinas. Durante agosto, las ventas hacia Brasil alcanzaron los US$ 1.099 millones, lo que significó un crecimiento interanual del 6,9%.

Con este resultado, las exportaciones hacia el mercado brasileño acumularon seis meses consecutivos de crecimiento interanual, consolidando la recuperación de uno de los principales canales comerciales para la producción argentina.

En sentido contrario, las importaciones argentinas provenientes de Brasil alcanzaron los US$ 1.479 millones, con una caída del 9,6% respecto de agosto del año pasado.

La diferencia entre compras y ventas dejó un déficit comercial de US$ 380 millones para Argentina durante el octavo mes del año.

Pese a que el intercambio continúa mostrando un saldo negativo, los números acumulados reflejan una mejora significativa respecto del escenario observado durante 2025.

Entre enero y agosto de 2026, Argentina acumuló un déficit comercial con Brasil de US$ 1.635 millones, frente al saldo negativo de US$ 4.103 millones registrado durante el mismo período del año pasado.

La diferencia representa una reducción de alrededor del 60% en el rojo comercial bilateral, en un contexto de recuperación de las exportaciones argentinas y menores compras al mercado brasileño.

El crecimiento de las exportaciones argentinas durante agosto estuvo explicado principalmente por una mayor colocación de polímeros de etileno en formas primarias, vehículos automotores destinados al transporte de mercaderías y usos especiales, productos lácteos —entre ellos leche y crema— y óleo combustible de petróleo.

Por el lado de las importaciones, la contracción interanual estuvo vinculada principalmente con una menor adquisición de vehículos de carretera, partes y accesorios para automotores y vehículos de pasajeros.

La composición del intercambio vuelve a mostrar el peso que tienen la industria automotriz, los productos industriales y determinados sectores agroindustriales y energéticos dentro de la relación económica entre ambos países.

Argentina mantiene además una posición relevante dentro del mapa del comercio exterior brasileño.

Durante agosto se ubicó como el cuarto mayor proveedor de Brasil, por detrás de China, Hong Kong y Macao —considerados en conjunto en las estadísticas difundidas—, Estados Unidos y Alemania.

Al mismo tiempo, el país se mantuvo como el tercer principal destino de las exportaciones brasileñas, únicamente detrás del bloque integrado por China, Hong Kong y Macao y de Estados Unidos.

Los números ratifican la importancia estratégica del mercado brasileño para las empresas argentinas, en particular para sectores industriales que tienen en el principal socio del Mercosur uno de sus destinos externos más relevantes.

En paralelo, la balanza comercial global de Brasil volvió a cerrar con números positivos. Durante agosto, el país vecino alcanzó un superávit de US$ 7.395 millones, con lo que acumuló 18 meses consecutivos con saldo favorable.

Las exportaciones brasileñas al mundo crecieron un 12,2% interanual y alcanzaron los US$ 33.158 millones, mientras que las importaciones avanzaron un 9,3%, hasta los US$ 25.763 millones.

En ese escenario, el desempeño del comercio bilateral muestra una mejora para Argentina: aunque el saldo continúa siendo deficitario, el crecimiento sostenido de las exportaciones y la reducción de las importaciones permitieron achicar considerablemente la brecha respecto de 2025.

Santa Fe originó casi uno de cada cinco dólares que la Argentina consiguió por exportaciones de bienes durante los primeros seis meses de 2026.

El informe de Origen Provincial de las Exportaciones publicado este miércoles por el INDEC contabilizó ventas externas santafesinas por US$ 9.357 millones, un aumento de 29,8% frente al mismo período del año pasado y equivalente al 18,9% de los US$ 49.511 millones exportados por todo el país.

El desempeño ubicó otra vez a la provincia detrás de Buenos Aires, que aportó US$15.965 millones y concentró 32,2% del total nacional, pero bastante por encima de Córdoba, con US$ 5.601 millones y 11,3%.

La diferencia estuvo también en la velocidad. Mientras las exportaciones argentinas crecieron 24,6% en el semestre y las de la región Pampeana avanzaron 15,2%, Santa Fe aumentó casi 30%. Dentro de la región central fue, junto con La Pampa, una de las jurisdicciones con mayor crecimiento relativo.

El crecimiento volvió a tener un motor conocido. Las manufacturas de origen agropecuario alcanzaron US$ 7.300 millones, con una mejora interanual de 33%, y representaron cerca del 78% de todos los dólares exportados desde territorio santafesino.

Dos rubros explicaron buena parte del resultado. Grasas y aceites generaron US$ 3.161 millones y residuos y desperdicios de las industrias alimentarias otros US$ 2.898 millones. Entre ambos concentraron, según el INDEC, 64,8% de las exportaciones provinciales.

La magnitud queda más expuesta al comparar con el país. La Argentina exportó manufacturas agropecuarias por US$ 15.843 millones durante el semestre. De ese total, alrededor del 46% tuvo origen en Santa Fe.

También mejoraron otros segmentos. Los productos primarios sumaron US$ 687 millones, 25,2% más; las manufacturas industriales alcanzaron US$ 1.294 millones, con una suba de 10,1%; y combustibles y energía aportaron apenas US$ 76 millones, aunque crecieron 25,2%.

Carnes y sus preparados mostraron uno de los mayores incrementos, con 59,2% interanual, y pasaron a representar 7,4% del total provincial. Los cereales crecieron 20,7% y explicaron 9,8%.

La región Pampeana todavía reúne 66,2% de las exportaciones argentinas, pero creció 15,2%. Patagonia, en cambio, aumentó 51,7% y ya representa 17,8% del total, mientras el Noroeste avanzó 68,2%.

La explicación está en la nueva composición de las ventas externas. A nivel nacional, combustibles y energía crecieron 43%, mientras las manufacturas industriales avanzaron 27,5%.

En Patagonia, los combustibles ya explican 57,6% de las exportaciones regionales y alcanzaron US$ 5.076 millones. Neuquén, impulsada por el petróleo, exportó US$ 4.304 millones y creció 42,5%; Santa Cruz aumentó 86,2%.

El contraste permite poner en perspectiva el peso actual de Santa Fe: la provincia sigue siendo uno de los principales generadores de divisas del país y amplió su participación durante el semestre, pero mientras su fortaleza continúa asentada en la transformación de granos, una porción creciente de los nuevos dólares argentinos empieza a surgir de la energía patagónica y de las producciones mineras del oeste.

En ese mapa cambiante, India se consolidó como el principal destino de los bienes santafesinos, con compras por US$ 1.717 millones, seguida por ASEAN con US$ 1.183 millones y el resto de ALADI con US$ 1.081 millones.

Durante todo 2025, Santa Fe había exportado US$ 16.182 millones y la agroindustria explicó nueve de cada diez dólares generados, de acuerdo con un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario elaborado sobre datos del IPEC.

La entidad había señalado entonces que los volúmenes agroindustriales crecieron, aunque la baja de los precios FOB limitó el impacto sobre el ingreso de divisas. También remarcó que Santa Fe concentra cerca del 80% de la capacidad nacional de crushing de oleaginosas, una escala que explica el peso de los aceites y subproductos en su estructura exportadora.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer este jueves el dato de inflación correspondiente al mes de julio, el cual registró un incremento del 2,1%. La cifra quiebra la tendencia a la baja que se venía sosteniendo durante el segundo trimestre del año —abril con 2,6%, mayo con 2,1% y junio con 1,9%— tras haber alcanzado el pico del año en marzo con un 3,4%.

Con este séptimo registro del año, el IPC acumula un incremento del 19,3% en lo que va de 2026. Este resultado sobrepasa de manera considerable el pauta anual proyectada originalmente en la Ley de Presupuesto, que estimaba una variación del 10,1% para todo el período. En la medición interanual, el índice trepó al 33,8%, superando las marcas del 32,4% registradas en abril, 33,2% en mayo y 33,5% en junio.

Al analizar las divisiones que componen la canasta del Indec, el mayor impacto del mes estuvo guiado por el factor estacional del receso de invierno. El rubro Recreación y cultura lideró los incrementos con una suba del 5,0%, traccionado fundamentalmente por el alza en los paquetes turísticos, actividades de esparcimiento y servicios culturales.

En segundo lugar se ubicó el sector de Restaurantes y hoteles, que marcó una suba del 2,8%, impulsado de igual manera por la demanda turística de la temporada estival de julio. En el extremo opuesto, las divisiones que mostraron menor variación a nivel nacional fueron Bebidas alcohólicas y tabaco, con un ajuste del 1,5%.

El dato publicado este mes se produce en el marco de una etapa de transición y reordenamiento institucional dentro del propio organismo estadístico nacional. Luego de la renuncia de Marco Lavagna ocurrida en enero tras la suspensión de la puesta en marcha de la nueva metodología de medición, la conducción quedó formalmente a cargo de Pedro Lines.

Bajo la gestión actual se dispuso dar continuidad a la medición basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05, marco sobre el cual se siguen estructurando los ponderadores del consumo familiar para la elaboración del índice mensual.

La aceleración observada en julio pone de manifiesto que la inercia inflacionaria continúa tensionando las metas macroeconómicas trazadas para el presente ejercicio. Si bien sectores vinculados al turismo explicaron gran parte de la suba mensual por motivos estacionales, la aceleración interanual al 33,8% refleja los desafíos persistentes para estabilizar la canasta básica y el poder adquisitivo en lo que resta del año.

El Gobierno Nacional alcanzó un acuerdo con los representantes del sector de practicaje que contempla una reducción del 20% en las tarifas y el restablecimiento de las tareas de asistencia a la navegación de buques.

En el marco del entendimiento alcanzado, se resolvió suspender la aplicación del decreto de desregulación del servicio de practicaje y conformar una mesa de trabajo para analizar los distintos aspectos vinculados a la actividad.

La instancia de diálogo será coordinada por el Gobierno Nacional, con participación de las áreas de Seguridad, Defensa y otros organismos competentes, y tendrá como objetivo avanzar en la revisión de los puntos contemplados en la normativa de desregulación.

Los representantes del sector retomarán las tareas de manera inmediata, mientras continúan las conversaciones en el marco de la mesa de trabajo hasta alcanzar un acuerdo definitivo sobre los distintos puntos abordados.

El pacto incluye la suspensión del Decreto 690/2026 que desreguló la actividad y generó el conflicto.

 El Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBoC) firmaron este miércoles la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas por un monto de RMB 130 mil millones, en una decisión que fortalece la cooperación financiera entre ambos países y amplía el horizonte de vigencia del mecanismo.

La principal novedad del nuevo entendimiento es la extensión de su plazo. Mientras que los acuerdos anteriores tenían una duración de tres años, la renovación establece una vigencia de cinco años, lo que, según destacó el BCRA, aportará una mayor previsibilidad respecto de la continuidad de esta herramienta financiera.

El swap de monedas constituye un instrumento de cooperación entre bancos centrales que permite intercambiar divisas para fortalecer la liquidez, contribuir a la estabilidad financiera y facilitar las operaciones comerciales y de inversión entre los países participantes.

El nuevo convenio mantiene el monto total del acuerdo en RMB 130 mil millones y representa un paso adicional en la relación financiera que Argentina y China sostienen desde 2009, cuando ambas instituciones firmaron el primer swap bilateral.

Desde el Banco Central señalaron que la ampliación del plazo de vigencia busca ofrecer mayor certidumbre sobre la continuidad del mecanismo, considerado una herramienta clave para la planificación financiera y el fortalecimiento de las relaciones económicas entre ambas naciones.

Se mantiene activa una porción equivalente a USD 5.000 millones

El acuerdo también ratifica la continuidad de la activación por RMB 35 mil millones, equivalente a aproximadamente USD 5.000 millones, que comenzó a implementarse a principios de 2023.

De acuerdo con el comunicado oficial, esos fondos continúan disponibles para respaldar la estabilidad financiera de Argentina, al tiempo que brindan apoyo al comercio bilateral y a las inversiones entre ambos países.

La permanencia de este tramo activo constituye uno de los aspectos centrales de la renovación, ya que garantiza la disponibilidad de una herramienta utilizada para fortalecer las reservas y mejorar las condiciones del sistema financiero.

Con esta renovación, el Banco Central argentino y el Banco Popular de China consolidan una relación de cooperación que ya suma 17 años.

Desde la autoridad monetaria destacaron que la continuidad del swap refleja la estrecha vinculación institucional alcanzada entre ambos organismos desde la firma del primer acuerdo en 2009.

La renovación del convenio reafirma el compromiso de ambas entidades de seguir impulsando mecanismos de cooperación financiera que contribuyan a fortalecer los vínculos económicos, facilitar el intercambio comercial y promover las inversiones entre Argentina y China.

En un movimiento estructural orientado a agilizar la infraestructura logística nacional, el Poder Ejecutivo Nacional ha promulgado un nuevo decreto que reforma integralmente los servicios de practicaje y pilotaje en los ríos, puertos y canales de la República Argentina.

“Para el que nunca escuchó del tema: practicaje es la tarea de entrar el barco a puerto o conducirlo por una zona peligrosa. Parece una cosa menor, pero suma un montón a eso que llamamos ‘costo argentino’”, explicó el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.

El Decreto 690/26 publicado en el boletín oficial deroga una reglamentación con más de 34 años de antigüedad (Decreto N° 2694/91), la cual era considerada por las autoridades como obsoleta, desproporcionada y una barrera artificial para el desarrollo del comercio exterior.

“Desarmamos kioscos”, detalló Sturzenegger en redes sociales. Apuntó que la obligación de contratar un práctico de río se vuelve una imposición innecesaria con capitanes de barcos que recorren rutas habituales.

“Para acotar la necesidad de contratar un servicio innecesario también ampliamos las dimensiones de los buques a partir de los cuales es obligatorio contratar práctico y definimos áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos”, detalló el ministro.

La medida extiende a buques extranjeros un régimen similar pero más flexible en ciertas áreas (por ejemplo, de Santa Fe hacia el norte), conocido como baqueanos, que ya había quedado restringido únicamente a quienes lleven cargas peligrosas o convoyes de gran porte”.

Sturzenegger reseñó que “el sistema también había montado barreras de entrada para los prestadores: reduciendo la competencia y escalando los precios. Hasta hoy, para obtener el título de práctico se exigían requisitos que se duplicaban. Previo a la titulación se pedían entre 12 y 18 viajes (dependiendo de la zona) en cargo de capitán.

“Una vez verificado el cumplimiento, se los convocaba a realizar viajes de práctica que, nuevamente, dependiendo de la zona, variaban entre 10 y 20 de ida y de regreso. Eliminamos el primer paso y redujimos los viajes necesarios en el segundo”.

El ministro explicó en sus redes sociales que “también eliminamos la segmentación geográfica del mercado: Con el antiguo reglamento un mismo recorrido podía requerir un práctico para un tramo, otro para el siguiente y otro para ingresar al puerto. El resultado era que el usuario terminaba pagando una segmentación creada por la propia regulación”.

Para el ministro “había otro privilegio escondido. Para embarcar un práctico hace falta trasladarlo hasta el buque. Sin embargo, la regulación terminó concentrando también ese servicio. Las condiciones para habilitar un buque para trasladar un práctico eran más difíciles que las que hay para lanzar un portaaviones”, ironizó.

“Toda esta pantomima tenía como único fin limitar la oferta y poder cobrar lo que quisiesen. En el nuevo esquema cualquier embarcación comercial que cumpla las normas de seguridad podrá certificarse para realizar el traslado de los prácticos”.

El decreto permite a Prefectura habilitar temporalmente a capitanes con conocimiento de la zona para brindar los servicios de practicaje cuando el flujo de comercio exterior se vea interrumpido o amenazado. Los propios integrantes de Prefectura podrán también brindar el servicio.

El decreto llega tras la remisión del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, que propone una reforma integral del Decreto-Ley N.° 19.492/44 (el marco histórico que regula el cabotaje nacional) con el objetivo central de desregular el transporte fluvial y marítimo y reducir los costos logísticos del comercio interior.

La Casa Rosada plantea la apertura a buques de bandera extranjera -permisos temporarios mediante- para realizar transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Rompe con la obligatoriedad histórica de utilizar exclusivamente barcos nacionales para el comercio intra-nacional.

Además propone que las embarcaciones de bandera extranjera que soliciten operar en el país, puedan iniciar actividades sin tripulación nacional durante los primeros 90 días. A partir de allí, se fija un plan de incorporación progresiva hasta alcanzar un mínimo del 75% de marineros y tripulantes argentinos.

También elimina los aranceles de importación para la adquisición e incorporación de buques mercantes nuevos o de hasta 20 años de antigüedad. Busca incentivar la renovación del parque de embarcaciones y paliar la escasez crónica de bodegas locales.

El proceso de desregulación y reducción de costos apunta a abaratar el flete en la Vía Navegable Troncal (Hidrovía), en beneficio de las economías regionales (agro, industria forestal, etc.). El oficialismo sostiene que el costo logístico de los fletes fluviales equivale a una carga impositiva desproporcionada para el productor alejado de los puertos exportadores.

El debate parlamentario en puerta tiene a los sindicatos marítimos y fluviales, así como a la industria astillera local, como contracara de los objetivos oficialistas. Incluso bloques opositores han planteado declarar la Vía Navegable Troncal como recurso de interés estratégico nacional.

China continúa consolidándose como el principal motor del comercio mundial de carne vacuna. Según datos de la Administración General de Aduanas del gigante asiático, durante el primer semestre de 2026 el país importó 1,53 millones de toneladas, un volumen que representa un crecimiento interanual del 17,5%.

Sin embargo, el fuerte incremento de las compras comienza a generar tensiones dentro del esquema comercial diseñado por el propio gobierno chino. Para este año, las autoridades establecieron un cupo total de importación de 2,69 millones de toneladas mediante el sistema de salvaguardias, una cifra incluso inferior a las 2,80 millones de toneladas efectivamente importadas durante 2025.

Esta situación plantea un desfasaje entre la demanda real y el volumen autorizado para ingresar al mercado chino. De mantenerse el ritmo actual de compras, el mercado enfrentará durante el segundo semestre dos posibles escenarios: una fuerte desaceleración de las importaciones o un agotamiento anticipado del cupo global, con la consecuente presión alcista sobre los precios internacionales.

El informe elaborado por Rosgan señala que el mayor foco de atención está puesto en Brasil, principal proveedor de carne vacuna para China.

El país vecino dispone este año de una cuota de 1,106 millones de toneladas y ya había ejecutado, al finalizar junio, más de 872 mil toneladas. Este nivel de utilización llevó a las autoridades chinas a emitir una alerta oficial al verificarse que Brasil había consumido el 80% del cupo asignado.

No obstante, los analistas consideran que, comercialmente, el saldo restante ya estaría prácticamente comprometido.

La explicación radica en la logística del comercio internacional. El transporte marítimo desde Brasil hasta China demanda alrededor de 45 días, por lo que gran parte de los embarques realizados durante julio podrían arribar cuando el cupo ya se encuentre completamente agotado.

Frente a esta situación, Brasil mantiene negociaciones con el gobierno chino para habilitar depósitos aduaneros que permitan almacenar la mercadería sin nacionalizarla hasta la apertura de nuevos cupos, una alternativa que también estaría siendo evaluada por Australia.

En contraste con Brasil, Argentina presenta un comportamiento mucho más alineado con la cuota asignada.

Durante los primeros seis meses del año exportó 239.500 toneladas de carne vacuna hacia China, volumen que representa un crecimiento del 12% respecto del mismo período de 2025 y que se encuentra en línea con el cupo anual de 511 mil toneladas.

Este desempeño posiciona al país entre los proveedores con una utilización más equilibrada de sus permisos de exportación.

Mientras tanto, Uruguay, Nueva Zelanda y Estados Unidos muestran niveles de ejecución considerablemente inferiores a los previstos. El caso estadounidense resulta particularmente llamativo, ya que sus envíos hacia China han sido prácticamente nulos durante el presente año.

Uno de los primeros efectos del desequilibrio entre oferta y demanda comienza a reflejarse en las cotizaciones internacionales.

Los valores promedio pagados por la carne vacuna importada por China iniciaron el año con incrementos cercanos al 10% interanual, pero esa tendencia se aceleró durante los últimos meses hasta superar el 30% respecto del primer semestre de 2025.

En el caso argentino, los precios FOB registraron mejoras de entre 200 y 300 dólares por tonelada durante las últimas semanas, reflejando una mayor firmeza del mercado.

Otro de los aspectos que genera expectativa son las negociaciones que Brasil mantiene con otros países exportadores para intercambiar cuotas de acceso al mercado chino.

Entre las alternativas analizadas aparece un eventual acuerdo con Uruguay mediante el cual Brasil accedería a unas 100 mil toneladas adicionales de cupo para China, mientras que Uruguay recibiría parte de la cuota brasileña destinada al mercado de la Unión Europea.

De concretarse, este tipo de operaciones podría inaugurar una nueva etapa en el comercio internacional de carne vacuna, caracterizada por una mayor flexibilidad en la administración de cuotas entre países exportadores.

Para Rosgan, el desenlace de estas negociaciones será determinante para definir la dinámica del mercado durante los próximos meses. Si Brasil finalmente agota anticipadamente su cupo y no consigue mecanismos alternativos para sostener sus envíos, otros proveedores, entre ellos Argentina, podrían encontrar una oportunidad para fortalecer su participación en el principal mercado importador de carne vacuna del mundo.

 El Presidente dio un mensaje al país desde las 20 para detallar la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a utilizar la Cadena Nacional este jueves desde las 20 horas para exponer los ejes de uno de los proyectos institucionales más relevantes de su gestión: la profunda modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Milei presentó el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central argumentando que lo hace para poner fin a "la estafa de falsificar" dinero que llevó a una "tasa de inflación acumulada de más de 12 trillones por ciento" desde 1935.

"Otra de las estafas fue la salida de la convertibilidad, donde cada peso estaba respaldado por un dólar. La pasión por robar de la lata política no quedó ahí. Cristina Kirchner en complicidad con Mercedes Marcó del Pont le robaron al BCRA 15 mil millones de dólares del día de hoy", sostuvo Milei en cadena nacional.

También adelantó que presentarán un proyecto de reforma de mercados de capitales y otro de reforma del mercado de seguros.

"Nuestro objetivo es hacer de la Argentina el país más libre del mundo. Confió en que el Congreso acompañará estas reformas estructurales que cambiarán la Argentina para siempre", finalizó Milei.

El anuncio, que fue grabado desde el Salón Blanco de la Casa Rosada junto al equipo económico, buscó sentar las bases normativas para prohibir por ley la emisión monetaria destinada a financiar el déficit fiscal, estableciendo a la preservación del valor de la moneda como el único y prioritario mandato de la entidad de la calle Reconquista.

En la elaboración de la iniciativa intervinieron el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente de la autoridad monetaria, Santiago Bausili.

Según anticiparon voceros oficiales, el texto ingresará formalmente a la Cámara de Diputados de la Nación tras el receso invernal y pretende ser sancionado lo antes posible. En el oficialismo aseguran que los votos “están”.

En relación a la iniciativa, introduce drásticos cambios en el funcionamiento del BCRA. Entre las medidas de mayor severidad se destaca la aplicación de un régimen de sanciones penales que alcanzará a aquellos funcionarios públicos o directores que vulneren la autonomía de la institución o habiliten la asistencia monetaria al Poder Ejecutivo.

Asimismo, la propuesta elimina definitivamente la transferencia de utilidades contables al Tesoro, prohíbe el uso de letras intransferibles para asistir financieramente al Estado y endurece los requisitos y causales para la remoción del presidente y directores de la entidad, con el fin de blindar su estabilidad institucional ante eventuales cambios de gobierno.

A su vez, una de las principales innovaciones es la incorporación de la figura de "shutdown" o paralización administrativa, un mecanismo inspirado en el modelo estadounidense que impondrá restricciones inmediatas al funcionamiento del Estado en caso de que se agoten las partidas presupuestarias habilitadas por el Congreso. Una forma de impedir la vía del endeudamiento o la emisión para cubrir excedentes.

El comercio exterior de la Argentina cerró el primer semestre con más dólares y mayor capacidad de compra, pero también con una baja marcada en las importaciones asociadas a la inversión productiva.

El informe de Índices de precios y cantidades del comercio exterior publicado por el INDEC mostró que, entre enero y junio, las ventas externas totalizaron US$49.454 millones y crecieron 24,4% frente al mismo período de 2025. La mejora combinó un aumento de 9% en los precios y de 14,2% en las cantidades exportadas.

Del otro lado, las importaciones alcanzaron US$35.531 millones, un 3,9% menos en la comparación interanual. Los precios de las compras externas subieron 6,1%, pero el volumen adquirido cayó 9,4%. El movimiento dejó un superávit comercial de US$13.923 millones y una mejora de 2,7% en los términos del intercambio.

La expansión semestral se apoyó principalmente en el volumen. Las cantidades exportadas de productos primarios aumentaron 27,1%, las de combustibles y energía avanzaron 24,9%, las manufacturas de origen industrial crecieron 8,3% y las manufacturas agropecuarias, 5,3%.

En términos de valor, combustibles y energía encabezaron la mejora con una suba de 42,5%, como consecuencia principalmente del alza del petróleo internacional por la guerra en Medio Oriente. En tanto, las manufacturas industriales crecieron 27,5%; los productos primarios, 24,4%; y las manufacturas agropecuarias, 15,1%.

La composición también comenzó a moverse. Las manufacturas agropecuarias conservaron el mayor peso, con 32% de las exportaciones, pero perdieron 2,6 puntos porcentuales frente al primer semestre de 2025. Combustibles y energía ampliaron su participación de 13,5% a 15,4%, mientras las manufacturas industriales pasaron de 26,4% a 27,1%.

Dentro de los productos primarios, el crecimiento ocurrió pese a una caída de 2,1% en los precios. El volumen compensó esa desventaja: las cantidades de semillas y frutos oleaginosos aumentaron 49,7%, las de cereales 23,1% y las de hortalizas y legumbres sin elaborar 42,9%.

En las manufacturas industriales sucedió lo contrario. Los precios aumentaron 17,8% y explicaron buena parte del avance del rubro. Sobresalieron piedras y metales preciosos, con una suba de 53,2%; productos químicos y conexos, con 35,6%; y metales comunes, con 8,5%.

La contracción importadora estuvo concentrada en los bienes que suelen funcionar como termómetro de inversión y actividad industrial. Las cantidades adquiridas de piezas y accesorios para bienes de capital se desplomaron 29,8%, mientras que las de bienes de capital bajaron 13,7%.

También disminuyeron 1,7% los volúmenes importados de bienes intermedios. Dentro de ese universo, cayeron 37,4% los textiles, 12,8% los metales comunes y sus manufacturas y 11,2% el plástico y caucho.

El contraste apareció en los vehículos automotores de pasajeros, cuyas cantidades aumentaron 22,3%, favorecidas por una baja de 13,3% en sus precios. Los bienes de consumo también crecieron, aunque apenas 2,1% en volumen.

Ese reparto marca una diferencia relevante: bajaron con fuerza las compras ligadas a la ampliación o reposición de capacidad productiva, mientras aumentaron algunas importaciones destinadas directamente al consumo final.

Entre abril y junio, el comercio exterior aceleró la dinámica observada durante los primeros meses del año. El índice de precios de las exportaciones aumentó 13,7%, por encima del 8,2% registrado en las importaciones. Como resultado, los términos del intercambio mejoraron 5% interanual y alcanzaron el valor más alto para un segundo trimestre desde el comienzo de la serie en 2004.

El INDEC precisó que las cantidades exportadas crecieron 15,1%, el mayor nivel registrado para ese trimestre. Las importadas, en cambio, retrocedieron 8,3%, después de los altos volúmenes observados durante 2025. En valor, las exportaciones aumentaron 30,9% y las importaciones bajaron 0,8%.

El principal impulso volvió a provenir de Combustibles y Energía: las cantidades exportadas crecieron 33,9% y los precios, 38,5%, llevando a un salto de 85,5% en el valor vendido. El informe relacionó ese desempeño con los mayores embarques de petróleo crudo y gas, además de una suba de 46,1% en el precio del crudo. Gran parte de la explicación está dada por la escalada del conflicto sobre el estrecho de Ormuz y la suba del precio internacional del petróleo.

La mejora relativa de precios tuvo un efecto concreto. El saldo comercial del trimestre fue de US$8.357 millones, pero habría quedado en US$6.497 millones si hubieran prevalecido los precios del mismo período de 2025. El INDEC estimó así una ganancia de US$1.224 millones por términos del intercambio; para todo el semestre, ese beneficio alcanzó los US$1.232 millones.

En ese mismo trimestre, sin embargo, las cantidades importadas de piezas para bienes de capital cayeron 26,9% y las de bienes de capital, 12,4%. Los precios externos mejoraron la capacidad de compra del país, pero el aparato productivo utilizó menos de esa capacidad para incorporar máquinas y componentes.

El presidente Javier Milei ratificó este domingo que la eliminación definitiva de las retenciones al agro es uno de los principales objetivos de su Gobierno y aseguró que el crecimiento de las exportaciones de energía y minería permitirá reemplazar esos recursos fiscales sin comprometer el equilibrio de las cuentas públicas. Lo hizo durante la inauguración oficial de la 138° Exposición Rural de Palermo, donde volvió a reivindicar al campo como uno de los motores de la economía argentina.

Frente a productores, dirigentes rurales y empresarios del sector, el mandatario sostuvo que las retenciones "son una aberración que nunca debió haber existido" y afirmó que su administración avanzará en una reducción gradual y sostenida para evitar repetir experiencias del pasado.

"No sirve eliminarlas para obtener un beneficio político de corto plazo y que después el modelo económico termine colapsando", sostuvo durante un discurso de casi 40 minutos.

El anuncio llegó minutos después del discurso del presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien había reclamado que los derechos de exportación "desaparezcan por ley y para siempre".

Milei respondió que comparte ese objetivo y explicó que la estrategia oficial apunta a reemplazar esos ingresos con el crecimiento de otros sectores productivos.

Según indicó, la expansión de Vaca Muerta, la minería y las nuevas inversiones permitirán fortalecer las exportaciones y sostener el superávit fiscal mientras continúan bajando impuestos.

"El crecimiento de la producción energética y minera generará los recursos necesarios para seguir reduciendo impuestos hasta eliminarlos completamente", afirmó.

Uno de los ejes del discurso fue la defensa de las medidas económicas implementadas desde el inicio de su gestión.

El Presidente destacó especialmente la eliminación del cepo cambiario, al que definió como "el robo más grande que sufría el mercado", y aseguró que esa decisión significó una mejora directa para la rentabilidad del sector agropecuario.

Según explicó, las restricciones cambiarias reducían fuertemente el ingreso que recibían los productores por sus exportaciones y constituían uno de los principales obstáculos para el desarrollo de la actividad.

Además, repasó otras medidas adoptadas durante los últimos meses, entre ellas la reducción de aranceles para fertilizantes, insumos y maquinaria agrícola, la apertura de nuevos mercados internacionales y la flexibilización de distintas regulaciones vinculadas a la producción.

Durante su exposición, Milei sostuvo que el país está ingresando en una nueva etapa para el sector agropecuario.

"Se viene un campo radicalmente distinto al que conocimos", afirmó.

En ese contexto, cuestionó las políticas aplicadas durante las últimas décadas y aseguró que el agro fue castigado con "impuestos, cepos, cupos y precios máximos", transformándolo en "el pagador de última instancia" de la economía argentina.

"Esa oscura página la estamos dando vuelta para siempre", expresó al defender el proceso de desregulación impulsado por el Gobierno.

También rechazó las críticas históricas hacia el sector y remarcó que el complejo agroindustrial constituye uno de los principales generadores de empleo y divisas del país.

Otro de los anuncios estuvo vinculado al proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que impulsa el Ejecutivo y que será debatido en el Congreso.

El mandatario aseguró que esa iniciativa permitirá atraer inversiones estimadas en 15.000 millones de dólares para actividades como la lechería, la forestación, los sistemas de riego y otras economías regionales.

A la vez, vinculó ese proyecto con una mayor previsibilidad para el sector y con un escenario favorable para la llegada de nuevos capitales.

El Presidente también repasó una extensa lista de reformas implementadas para el agro desde el inicio de su mandato.

Entre ellas mencionó la eliminación del Impuesto PAIS, la desregulación de distintos procedimientos del Senasa, la autorización para importar maquinaria usada, la eliminación de restricciones para exportar ganado y cortes bovinos, la ampliación del uso de bitrenes y la privatización del Belgrano Cargas.

En materia de comercio exterior, destacó la apertura de más de 500 mercados para productos argentinos y el avance del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de negociaciones con países de Asia y Medio Oriente.

Sobre el final de su mensaje, Milei sostuvo que el agro argentino se encuentra en condiciones de duplicar su producción de granos en los próximos años y alcanzar las 300 millones de toneladas.

"El campo va a producir récord tras récord gracias a que el Estado por fin se corrió del medio", afirmó.

Finalmente, aseguró que el objetivo de su gestión es recuperar el potencial productivo del país y volver a convertir a la Argentina en una de las economías más competitivas del mundo a partir del desarrollo del sector agropecuario.

La pasión futbolera puso frente a frente a Argentina y España en la final del Mundial 2026. Sin embargo, fuera de la cancha ambos países mantienen una relación que trasciende ampliamente los 90 minutos de juego. El intercambio comercial, las inversiones y los lazos históricos convierten a España en uno de los principales socios europeos de la Argentina.

Así lo refleja un informe elaborado por la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), que aprovechó la previa de la definición mundialista para analizar la dimensión económica del vínculo bilateral y el comercio argentino con los países participantes del torneo.

Durante 2025, Argentina exportó productos a los 48 países que participaron del Mundial, por un total de US$ 44.724 millones, cifra que representa más de la mitad de las exportaciones nacionales. Brasil y Estados Unidos encabezaron el listado de destinos, mientras que Europa concentró cerca del 20% de esos envíos.

Dentro del continente europeo, España recibió productos argentinos por US$ 1.226 millones, ubicándose como el tercer principal destino entre los países mundialistas, detrás de Países Bajos y Suiza.

Una relación que se fortalece desde hace más de dos siglos

Los vínculos entre Argentina y España tienen profundas raíces históricas. Desde la etapa colonial hasta la actualidad, la relación evolucionó incorporando fuertes corrientes migratorias, acuerdos diplomáticos y una creciente integración económica.

Esa cercanía también se refleja en los movimientos de población. Según datos citados por la BCR, Argentina es el país con mayor cantidad de ciudadanos españoles residentes fuera de España, con más de 505.000 personas, mientras que España constituye el principal destino europeo para los argentinos emigrados, con más de 328.000 residentes nacidos en el país.

España recibió productos argentinos por US$ 1.226 millones, ubicándose como el tercer principal destino entre los países mundialistas, detrás de Países Bajos y Suiza.

En el plano económico, el intercambio bilateral mantiene una característica poco habitual: desde 2002 Argentina registra un saldo comercial favorable de manera ininterrumpida.

En 2025, el comercio entre ambos países alcanzó US$ 2.393 millones, producto de exportaciones argentinas por US$ 1.226 millones e importaciones desde España por US$ 1.167 millones, lo que dejó un superávit de US$ 58,5 millones para la Argentina.

Alimentos argentinos e industria españolaEl informe de la BCR compara el comercio bilateral con una formación futbolística de once titulares, integrada por los principales productos intercambiados entre ambos países.

Del lado argentino predominan claramente los alimentos y productos agroindustriales. La harina y pellets de soja lideraron las exportaciones hacia España con US$ 295 millones, seguidos por camarones y langostinos congelados, que generaron US$ 257 millones.

También sobresalen los filetes de merluza, el arroz, los calamares, el maní, la carne bovina y los porotos secos, reflejando el peso del complejo agroalimentario y pesquero en las ventas al mercado español.

En sentido contrario, España abastece a la Argentina principalmente con bienes industriales. Entre los principales productos importados aparecen combustibles, autopartes, libros, fertilizantes, manufacturas de corcho, perfumes, rieles ferroviarios y embarcaciones pesqueras.

Esta composición evidencia una relación comercial complementaria: Argentina exporta principalmente materias primas y alimentos con valor agregado, mientras que España provee manufacturas y bienes industriales.

España, uno de los principales inversores en la ArgentinaAdemás del intercambio comercial, el informe destaca el fuerte protagonismo del capital español en la economía argentina.

Al cierre de 2025, el stock de Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$ 181.037 millones, de los cuales US$ 25.715 millones correspondieron a inversiones provenientes de España.

Con esa cifra, el país europeo representa el 14% del total y se ubica como el segundo mayor inversor extranjero en Argentina, solamente detrás de Estados Unidos. A su vez, concentra más de un tercio de todas las inversiones que llegan desde la Unión Europea.

La presencia española es particularmente relevante en sectores estratégicos como la industria manufacturera, donde lidera el stock de inversión extranjera; el sistema financiero; la agricultura y ganadería; y los servicios inmobiliarios.

Si bien la participación española disminuyó respecto de los primeros años del siglo XXI por el crecimiento de inversiones provenientes de otros mercados, continúa siendo uno de los socios de largo plazo más importantes para la economía argentina.

El comercio, las inversiones y una historia compartida consolidan un vínculo estratégico que, según destaca la Bolsa de Comercio de Rosario, se mantiene firme desde hace décadas y sigue ofreciendo oportunidades para ambos países.

Las exportaciones argentinas de aceites vegetales atraviesan uno de los mejores momentos de su historia. Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), los embarques de aceite de soja y girasol superarían este año las 4,7 millones de toneladas, estableciendo un nuevo récord para el país.

Del total proyectado, 3,6 millones de toneladas corresponden al aceite de soja, lo que representa el tercer mejor registro histórico, mientras que el aceite de girasol alcanzaría 1,2 millones de toneladas, marcando un máximo absoluto para este complejo.

La entidad atribuyó este desempeño a la combinación de una elevada disponibilidad de materia prima en Argentina y a una demanda internacional fortalecida por la menor oferta proveniente de algunos de los principales países exportadores.

En particular, la BCR destacó que Ucrania sufrió la peor cosecha de girasol de la última década y que la industrialización del cultivo en la región del Mar Negro cayó a su nivel más bajo desde la campaña 2021/22. Este escenario favoreció el posicionamiento de Argentina como proveedor mundial de aceites vegetales.

Además, los precios internacionales acompañaron este proceso. El aceite de girasol argentino promedió 1.290 dólares por tonelada durante el año y recientemente alcanzó 1.330 dólares, el valor más alto de 2026. El aceite de soja también mostró una firme recuperación, con un promedio cercano a 1.160 dólares por tonelada, el nivel más elevado desde 2022.

Soja con ventas demoradas y un mercado atento al Mar Negro

A diferencia del dinamismo observado en el aceite, el mercado de la soja presenta una realidad diferente. La BCR señaló que las exportaciones de harina de soja continúan por debajo del promedio histórico, afectadas por la mayor competencia de Brasil y por una menor predisposición de los productores argentinos a vender la oleaginosa.

Actualmente permanecen 24,8 millones de toneladas de soja sin comercializar, un volumen que representa un incremento del 34% respecto del año pasado y constituye el mayor registro histórico para esta época del año.

En el plano internacional, el informe advierte que el mercado agrícola continúa condicionado por los conflictos geopolíticos. Las tensiones en el Mar Negro, tras los nuevos ataques entre Rusia y Ucrania, generan incertidumbre sobre el abastecimiento mundial de trigo.

Las restricciones al tránsito de buques por el estrecho de Kerch despertaron preocupación entre los operadores internacionales debido a que esa vía concentra aproximadamente una cuarta parte de las exportaciones rusas de granos.

Como consecuencia, las cotizaciones del trigo en Chicago subieron más de un 11% en apenas una semana, alcanzando los 248 dólares por tonelada, mientras que en Argentina el cereal mantiene precios superiores a los registrados al inicio del año.

Maíz: mejora la comercialización, aunque la cosecha sigue demorada

Otro de los puntos analizados por la Bolsa rosarina es el comportamiento del maíz. Durante las últimas semanas crecieron las fijaciones de precio del cereal y, por primera vez desde mayo, superaron a las de soja.

Este repunte coincide con el avance de la cosecha, aunque las tareas continúan retrasadas debido a la elevada humedad registrada en distintas regiones productivas.

Según datos oficiales citados por la BCR, la cosecha nacional presenta un avance del 75%, el menor ritmo para esta altura del año en las últimas cinco campañas.

No obstante, la producción fue recientemente corregida al alza hasta 71,5 millones de toneladas, lo que garantiza un importante volumen disponible para abastecer las exportaciones durante la segunda mitad del año.

La entidad también destacó que las buenas condiciones climáticas para los cultivos en Estados Unidos moderan las subas internacionales del maíz, aunque persiste la volatilidad derivada de los conflictos geopolíticos en Medio Oriente y la región del Mar Negro.

En ese contexto, la BCR considera que la evolución de los mercados agrícolas durante los próximos meses dependerá tanto del comportamiento de la demanda mundial como de la estabilidad de los principales países productores y exportadores de granos y aceites vegetales.

La inflación de junio fue del 1,9%, de acuerdo con el informe difundido este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este resultado, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un incremento del 15,1% en el primer semestre del año y del 33,5% en los últimos doce meses, consolidando una nueva desaceleración en el ritmo de aumento del costo de vida.

El dato representa el registro mensual más bajo de los últimos diez meses, ya que la inflación había alcanzado el mismo nivel en agosto de 2025. Además, es el tercer mes consecutivo en el que el índice muestra una reducción respecto del mes anterior, luego del 2,6% de abril y el 2,1% de mayo.

El IPC núcleo, que excluye los precios regulados y los factores estacionales para reflejar la tendencia de fondo de la inflación, aumentó 1,6%, el nivel más bajo desde julio de 2025.

El rubro que registró la mayor suba durante junio fue Recreación y cultura, con un incremento del 4,2%, impulsado principalmente por el aumento de los paquetes turísticos durante el inicio de la temporada invernal. Le siguió Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una variación del 3,3%.

Los precios estacionales aumentaron un 3,4%, impulsados por las subas en verduras y turismo, aunque parcialmente compensados por la baja de las frutas. En tanto, los precios regulados crecieron un 2,4%, principalmente por los ajustes en electricidad y transporte público.

En el otro extremo, los menores aumentos se registraron en Comunicación (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%).

Por su parte, Alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba del 1,3%, un comportamiento que contribuyó a moderar el índice general durante el mes.

Antes de conocerse el dato oficial, la mayoría de las consultoras privadas había proyectado una inflación de entre 1,5% y 2%, en línea con la desaceleración observada en la Ciudad de Buenos Aires.

Para el economista de la Fundación Libertad, Javier Bongiovanni, el dato confirma una tendencia positiva, aunque advirtió que el desafío será sostener esa dinámica.

"Más allá del dato puntual de junio, lo importante será observar la tendencia de la inflación en los próximos meses. Lo verdaderamente relevante será que la inflación pueda sostener ese nivel (por debajo de 2%) en el tiempo", señaló.

Tras la difusión del índice, el Gobierno nacional destacó el resultado como una señal de continuidad del proceso de desaceleración inflacionaria.

El ministro de Economía, Luis Caputo, reiteró que espera que la inflación continúe bajando durante los próximos meses, mientras que desde el Ejecutivo sostienen que el próximo objetivo es consolidar la estabilidad macroeconómica y demostrar la capacidad financiera del país para afrontar los compromisos de deuda previstos para 2026 y 2027.

La volatilidad volvió a instalarse en los mercados internacionales de granos. La renovada tensión en Medio Oriente, sumada a la evolución del clima en Estados Unidos y al comportamiento de la demanda china, reactivó las cotizaciones de la soja, mientras que el trigo y el maíz transitan escenarios muy diferentes de cara a la nueva campaña.

Los analistas coinciden en que la escalada del conflicto geopolítico volvió a despertar preocupación entre los operadores por su posible impacto sobre el comercio global y el transporte marítimo, un factor que rápidamente se reflejó en los precios de la oleaginosa.

La soja encontró además un respaldo adicional en la demanda internacional, especialmente por parte de China, principal comprador mundial del complejo sojero. A esto se suman las expectativas sobre el desarrollo de los cultivos estadounidenses, donde las condiciones climáticas continúan siendo seguidas de cerca por el mercado.

La situación del trigo presenta un panorama diferente. La comercialización de la nueva campaña continúa avanzando con lentitud y se mantiene por debajo de los niveles habituales para esta época del año.

El comportamiento responde tanto a la cautela de los productores como a la expectativa por la evolución de los precios internacionales y las condiciones productivas de los principales países exportadores.

A este escenario se agregan las buenas perspectivas de oferta global, que limitan una recuperación más marcada de las cotizaciones y mantienen prudentes a los operadores.

En el caso del maíz, el mercado empezó a mostrar señales de mayor actividad. El avance de la cosecha tardía permitió incrementar el volumen de operaciones y aportó mayor movimiento al segmento comercial.

Si bien los valores todavía dependen de la evolución del mercado internacional y de la oferta disponible, los analistas observan una recuperación gradual de las negociaciones respecto de semanas anteriores.

De cara a los próximos meses, la atención seguirá puesta en la evolución del clima en Estados Unidos, la demanda asiática y el contexto geopolítico internacional, tres variables que continúan marcando el pulso del mercado mundial de granos y que podrían generar nuevos movimientos en las cotizaciones de la soja, el maíz y el trigo.