A poco de finalizar la segunda prórroga de la primera etapa del blanqueo de capitales, distintos gobiernos provinciales decidieron avanzar con la aplicación de un impuesto especial sobre los contribuyentes que adhirieron al Régimen de Regularización de Activos.

Las administraciones gubernamentales de Neuquén y Salta ya lo formalizaron, ya que al mismo tiempo que suscribieron al régimen nacional, incluyeron el pago de un nuevo tributo local para aquellos ciudadanos que hayan regularizado activos. Santa Fe planea seguir el mismo camino, mediante un proyecto de ley que será tratado en la legislatura provincial.  

La decisión de avanzar en este sentido se da sobre el cierre de la primera etapa del blanqueo, que el Gobierno nacional postergó hasta este viernes 8 de noviembre, y en medio de los datos positivos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al precisar que ingresaron casi 105 mil contribuyentes que depositaron más de US$19.000 millones.

Neuquén fue la primera provincia en introducir un impuesto al momento de adherir a la herramienta promovida por la administración de Javier Milei, en el marco de la sanción, por parte de la legislatura, de la ley 3450 que generó la figura del Régimen Provincial de Regularización de Activos.

La norma establece que los contribuyentes que se adhieran al blanqueo nacional también lo deberán hacer con el homónimo provincial y tendrán que realizar el pago de un tributo especial a cambio de quedar eximidos de abonar Ingresos Brutos.

El esquema del impuesto provincial es similar a la escala establecida a nivel nacional, ya que variará según el momento de adhesión, gravando sólo cuando la exteriorización supere los US$100.000, con una alícuota progresiva del 0,75% a 1,25%.

De esta manera, la carga será de un 0,75% sobre el excedente de US$100.000 para quienes presenten la declaración jurada hasta el 30 de noviembre, del 1% sobre el excedente de US$100.000 para quienes adhieran hasta el 31 de enero de 2025 y del 1,25% del excedente de US$100.000 para quienes blanqueen hasta el 30 de abril del 2025.

En el caso de Salta, las cámaras legislativas sancionaron la ley 8461 que establece el Régimen Excepcional y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal, en el cual se incorporó la adhesión a la regularización de activos y se dispuso un impuesto especial sobre el mismo.

Al respecto, el artículo 16 de la norma provincial establece “un Impuesto Especial de Regularización equivalente al 10% del impuesto nacional que corresponda abonar en los términos del Capitulo IV del Titulo Il de la Ley Nacional 27.743. el que no deberá ser ingresado en los supuestos especiales de exclusión de pago del impuesto nacional previstos en el Capitulo V del Titulo 1 de la citada Ley”.

Además, el artículo 17 determina que “el decaimiento de los beneficios dispuestos por la Ley Nacional 27.743 o en su caso, la falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dispuesto en el articulo precedente, privara a los sujetos de los beneficios dispuestos por la presente Ley”.

Por el lado de Santa Fe, la iniciativa aún no fue tratada en la legislatura pero ya fue presentado el proyecto de ley que contempla un impuesto especial sobre el blanqueo, generando un crédito fiscal, a cuenta de Ingresos Brutos, para destinar a nuevos emprendimientos productivos y de construcción de viviendas.

Las condiciones del tributo también se asemejan a lo dispuesto a nivel nacional, al gravar los ingresos superiores a US$100.000, aunque en este caso la alícuota se establece en un 2%, sobre el excedente.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, precisó que “quienes paguen el 2%, podrán utilizarlo como anticipo de obligaciones fiscales que van a tener en el futuro” y reveló que “lo recaudado no quedará en las arcas provinciales, sino que será utilizado para otorgar beneficios impositivos a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma”.

Además, aseguró que “como un principio central, la adhesión al blanqueo provincial tendrá estrictos controles de seguridad para asegurar que no haya vínculos con actividades ilegales”.

En relación al espíritu de la decisión señaló que “esta medida busca equilibrio: dar seguridad a quienes regularicen y premiar a los que cumplen, impulsando a su vez el crecimiento y la inversión en nuestra provincia”.

La política de aplicar nuevos impuestos provinciales sobre un régimen de regularización de activos, ya se había dado en el blanqueo pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, con la decisión de La Pampa de gravar todos los bienes sincerados, aplicando una alícuota del 1% sin considerar la ubicación de los bienes.

En aquél momento se apuntó que la norma cercenaba el principio de territorialidad tributaria, que limita la potestad fiscal de las provincias a la riqueza generada dentro de sus jurisdicciones, por lo que se iniciaron varias demandas que actualmente esperan un veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con este antecedente y a la espera de que la Corte se expida, los flamantes tributos provinciales sobre el actual blanqueo de capitales pueden derivar en nuevas presentaciones judiciales.

El gobierno provincial amplió a 20.000 millones de pesos la línea de créditos para la compra de maquinaria agrícola que presentó esta semana en Agroactiva, la gran expo de la producción que se desarrolla desde el miércoles en Armstrong, debido a que los mismos fueron ampliamente solicitados y rápidamente se agotó el cupo inicial. 

El lanzamiento lo realizó el gobernador Maximiliano Pullaro el pasado miércoles, y consistía en una inversión de 14.000 millones de pesos y tasas que oscilan entre el 10% y el 17%. En un día y medio se agotaron, por eso ahora se dispuso ampliar ese monto en 6.000 millones de pesos más, otorgando más cupos para que más productores puedan incrementar su capacidad de operación, seguir invirtiendo y sean más competitivos. Las entidades bancarias continúan tomando postulantes.

“A pesar del contexto macroeconómico, nuestros productores siguen haciendo el esfuerzo, entendiendo que es desde el sector productivo que se genera la fuerza para mover la economía, por eso es nuestra obligación y premisa como Gobierno acompañarlos y ayudarlos con todas las herramientas posibles y necesarias”, expresó el ministro de Economía de la provincia, Pablo Olivares.

“Estamos contentos y con expectativas de la manera en que ha respondido el sector del agro y el sector industrial a estas líneas de créditos que presentamos en Agroactiva”, resaltó por su parte el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, quien concluyó que desde el Gobierno “entendemos que es una prioridad que sea el Estado el que incentive al sector productivo a mejorar, actualizarse y a tomar créditos para que terminen siendo más competitivos”.

En detalle

En el marco de la muestra Agroactiva, que termina este sábado, se oficializó la apertura de cinco líneas de crédito impulsadas por el Gobierno de la Provincia. La iniciativa tiene como principal objetivo reactivar la producción, el campo, industria, comercio, turismo, ciencia e innovación bajo un esquema de articulación con entidades financieras. Coordinadas a través del programa provincial Santa Fe Activa, los créditos están destinados a la adquisición de maquinaria agrícola, a la compra de bienes de capital, a inversiones, a capital de trabajo y para hoteles y restaurantes.

La Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo puso en marcha el nuevo régimen de bono fiscal para la industria de Bienes de Capital el cual presenta mayores incentivos para las empresas que inviertan en cambios tecnológicos.

Se trata del denominado régimen de Bienes de Capital 4.0 que, según informó la dependencia a cargo de José Ignacio de Mendiguren, “tiene el objetivo de favorecer al cambio de la estructura productiva de la Argentina”. 

“El nuevo régimen, que será más ágil e incorpora mejoras en la gestión, también pone en marcha el Fondo para el Desarrollo y la Inversión en Manufactura Avanzada (FONDIMA) para financiar inversiones productivas”, informó Industria.

Mendiguren indicó que “este régimen es una política industrial federal y transversal para un sector que es la madre de todas las industrias, y tiene un impacto directo en muchas economías provinciales y en muchos sectores productivos”.

El funcionario destacó la importancia de brindar “herramientas concretas para que las empresas puedan seguir creciendo y contribuir al cambio de la estructura productiva que Argentina necesita para salir del atolladero actual y avanzar al desarrollo”.

La Resolución N°151/2023, publicada en el Boletín Oficial, concluye la reglamentación del Decreto N° 209/22 y aprueba el Reglamento Operativo para la solicitud anual del Bono Fiscal, a realizarse entre abril y julio de cada año.

Se establece el procedimiento, los requisitos y la documentación para la solicitud del bono y se reglamentan los beneficios para que los fabricantes de bienes de capital puedan

contar con mayor previsibilidad y agilidad en los procesos administrativos, e incorporar tecnologías innovadoras.

Las empresas podrán acceder al Bono de crédito fiscal anual por un monto equivalente a los siguientes conceptos:

Además, la nueva normativa reglamenta la implementación del Fondo para el Desarrollo y la Inversión en Manufactura Avanzada (FONDIMA) para financiar inversiones productivas relacionadas con la actividad que fomenta el régimen, siempre que sean innovadores, de calidad y fomenten las exportaciones; así como también fortalecer el sistema científico tecnológico asociado.

El régimen también contempla la reducción del 90% de contribuciones patronales para MiPyMEs sobre el total de la nómina y del 70% para el resto aplicado a aquellos empleados que se encuentren afectados o afectadas a la fabricación de los bienes de capital.