El proyecto de ley de Modernización Laboral fue debatido por más de 12 horas y luego votado en el Senado de la Nación para su posterior tratamiento en la Cámara de Diputados. La discusión incluyó aspectos directos de los eventuales efectos, positivos y negativos, para empleados y empleadores, pero nada relativo a su etimología.

Moderno proviene del latín modernus, que a su vez deriva del adverbio modo, el cual significa "hace poco", "recientemente" o "justo ahora". Con el paso de los siglos , especialmente a partir del Renacimiento, la palabra dejó de significar sólo "lo actual" para empezar a significar "lo nuevo" o "lo avanzado" en contraposición a lo antiguo o tradicional.

Si uno busca “lo nuevo" o "lo avanzado" en el plano laboral actualmente, las mayores discusiones se centran en el plano tecnológico, con una digitalización ya establecida hace años y un avasallamiento de la inteligencia artificial (IA) en casi todos los rubros.

El proyecto de la ley de Modernización Laboral, irónicamente, no menciona explícitamente ni implícitamente el término "inteligencia artificial" ni tampoco fue incluido en las 28 modificaciones establecidas durante las negociaciones previas con los “dialoguistas” que se llevaron su parte.

La sesión sí tuvo algunas intervenciones alusivas. La senadora por la provincia de Mendoza, Anabel Fernández Sagasti, del bloque Justicialista, manifestó: “¡Hace un mes y medio que venimos viendo que la Inteligencia Artificial ya pasó de ser una interfaz de preguntas y respuestas, y crea agentes que hacen cosas reales en la vida real! ¿Esta ley qué dice de eso? ¿Qué dice esta ley de modernización?”.

“La verdad es que el Gobierno es fantástico para la comunicación: moderna, IA y todo esto. Ahora, no hay nada en esta ley que atienda lo de la inteligencia artificial ni nada. La verdad es que no lo encuentro, y la leí toda”, expresó María Carolina Moisés por Jujuy de Convicción Federal.

Enrique Martín Goerling Lara del PRO por Misiones también hizo un comentario en relación: “La Inteligencia Artificial nos pasa por arriba. Cualquier información hoy está a la mano de todos en un teléfono celular. Habría que preguntarle a la Inteligencia Artificial qué va a pasar con el mundo del trabajo en el corto plazo o la cantidad de empleo que va a reemplazar, que ya lo está haciendo”, indicó sobre el cierre de su tiempo, pero votó igualmente a favor.

El texto sí introduce menciones a regulaciones fundamentales sobre la digitalización y el trabajo mediante plataformas tecnológicas o definiciones concretas preexistentes, pero que tampoco ocuparon un plano central en la disyuntiva.

El proyecto dedica un título completo (Título XII) a regular los servicios de movilidad y reparto que utilizan aplicaciones. La “Plataforma Tecnológica” se define como la persona jurídica que gestiona un "código ejecutable" en aplicaciones para conectar prestadores independientes con usuarios.

Sobre la transparencia de algoritmos se indica que los prestadores tienen derecho a conocer los criterios utilizados por las plataformas para su agrupación. Estos criterios deben expresarse en lenguaje claro y estar disponibles de forma digital.

Se establece la libertad de conexión, permitiendo al prestador aceptar o rechazar solicitudes a través de la aplicación según su conveniencia.

Las plataformas también deben garantizar instancias de atención a través de "operadores y/o recepcionistas" para que los prestadores obtengan justificaciones sobre decisiones que afecten su operatoria, evitando una gestión puramente automatizada.

La hidrovía Paraguay-Paraná es un corredor natural de 3.442 kilómetros que nace en Puerto Cáceres, Brasil, y se extiende hasta la desembocadura del río de la Plata en el océano Atlántico. Para las provincias que forman parte de este inmenso sistema hídrico, es mucho más que un simple corredor de transporte: es la columna vertebral del comercio, de la integración regional y la llave para un desarrollo económico en una escala que todavía América del Sur no ha conocido.

Desde hace meses en la Cámara de Diputadas y Diputados alertamos sobre la importancia de defender esta arteria fluvial convencidos de que el tema de fondo no se reduce a calado, tramos de peaje, ni licitaciones sino a una cuestión mucho más fundamental y estratégica: el desarrollo productivo de la Región Centro-Litoral, de toda la Argentina y probablemente del Cono Sur americano. Compartimos algunos puntos a tener en cuenta en este debate:

1) El sentido de la hidrovía es potenciar el desarrollo productivo.

La navegación continua convierte a la hidrovía en la principal arteria fluvial por la que sale el 80% de la producción de Argentina. No solo es útil para agilizar y bajar los costos de producción sino para atraer inversiones y agregar valor a la cadena productiva de los cinco países que forman parte de este sistema de ríos de la cuenca del Plata. En los más de 3 millones de metros cuadrados de superficie están las tierras más ricas, minerales, ganado, una importante actividad económica y un complejo sistema de grandes, medianas y pequeñas ciudades distribuidas sobre su extensión.

Dos ejemplos dan cuenta de esta riqueza: para 2027 la Bolsa de Cereales de Buenos Aires proyectó que Argentina podría llegar al récord de 200 millones de toneladas de granos y Brasil espera alcanzar en el mismo plazo las 10 millones de toneladas anuales de hierro y manganeso solamente en la zona de Corumbá.

Ese es el potencial real que tienen los territorios que conforman la hidrovía y al que se le da la espalda. La decisión del gobierno nacional de desobligar el dragado del tramo entre Tambúes y Santa Fe es el último ejemplo de ello. Las empresas privadas que se benefician con la medida tienen una razón para festejar, pero el estado nacional debe estar por encima de los intereses sectoriales, los análisis económicos de corto plazo y los límites que impone el status quo para tener una mirada estratégica que ponga el foco en el desarrollo contemplando la verdadera potencialidad de una cuenca continental comparable con el gigantesco y diversificado sistema fluvial del Mississippi en Estados Unidos.

Que el Estado nacional acepte sin más la idea de que no hay barcos para el puerto de Santa Fe es una declaración de principios acerca del desinterés por el desarrollo de este sistema estratégico que significa la hidrovía. Abandonar esta pretensión es sintomático de la falta de proyección de la Argentina actual y de su limitado propósito que no sólo deja en la marginalidad a toda la Región Centro-Litoral, sino que abandona también un potencial de riqueza en una escala muy superior a la actual.

2) Integración regional, ubicación estratégica y legado histórico.

El área económica que conforman las ciudades de Santa Fe y Paraná es un punto nodal logístico estratégico: vincula norte-sur y este-oeste, allí converge la hidrovía con el corredor bioceánico que une Coquimbo con Rio Grande, y la Región Centro con la nueva Región Litoral. En esta zona de más de 1.2 millones de habitantes se produce además un cambio sustancial de profundidad en la vía navegable del Paraná Medio, que otorga una función estratégica para la circulación de personas, bienes y servicios.

Esta intersección logística tiene a la vez un valor simbólico muy grande porque contiene a las dos grandes capitales provinciales que fueron emblema de la organización federalista, republicana y democrática del Estado argentino: Santa Fe, la cuna de la constitución nacional y Paraná, la capital de la Confederación Argentina. Es en este punto de cruce donde se hace carne el legado histórico compartido por las provincias de la Región Centro y la Región Litoral que tuvo a la figura de Artigas como referente indiscutido y a la Liga de los Pueblos Libres, como el espacio en el cual proyectarse.

Es en este contexto en donde debe tratarse todo el sistema de infraestructuras que requiere la gran cuenca hídrica de los ríos Paraná y Paraguay, que aún con toda su potencia, no termina de nacer. Evidentemente, no se trata de un barco más o menos, o de la operatividad de un puerto más o menos, sino de un proyecto de desarrollo integral, que permita un salto de escala en la capacidad de producción de riqueza integrando a toda la Región Centro-Litoral en beneficio del país.

3) La hidrovía y la Región Centro-Litoral como polo científico-tecnológico-educativo.

Las cuencas hidrológicas no son sólo vías navegables, sino que también pueden ser comprendidas como vectores de desarrollo de los sistemas de producción que se conectan regionalmente y con el resto del mundo. Piénsese en este contexto cómo pueden proyectarse las ya existentes capacidades científico-técnicas-educativas que caracterizan a la Región Centro y la Región Litoral, que incluyen casas de altos estudios centenarias en las principales ciudades provinciales y una sólida tradición universitaria que se refleja en la alta tasa de académicos y científicos por habitante.

Científicos sociales de primer orden concuerdan en que la gran diferencia entre países desarrollados y subdesarrollados no está solamente en el valor de sus recursos naturales sino fundamentalmente en la capacidad para encadenarlos con el conocimiento. Ese es el camino que Santa Fe debe seguir e incluso liderar. La convergencia de la Región Litoral y la Región Centro, su proyección continental y el lugar estratégico que ocupa la ciudad de Santa Fe en este proceso deben alentarnos a asumir esta tarea.

En definitiva, la inteligencia debe primar sobre el capricho, la estrategia orientar la práctica y los intereses generales ordenar los particulares, para que podamos avanzar hacia una realidad en donde las ganancias sean mutuas y no excluyentes. No es más que tomar la clave del desarrollo que fue expuesta por los flamantes ganadores del Premio Nobel de Economía, Daron Acemoglu y James Robinson en su trabajo "Por qué fracasan los países".

Evitemos el fracaso y pongamos nuestro esfuerzo en llegar a buen puerto.

(*) El autor de la nota es Diputado provincial

El Gobierno de Santa Fe ingresó a la Legislatura un proyecto de ley que modifica la normativa vigente que es de 1997 y crea las figuras de parques productivos y zonas de innovación productiva con el objetivo de favorecer la inversión y la radicación de empresas en toda la provincia.

El gobierno de Santa Fe propone reconvertir los parques industriales en productivos“Somos la primera provincia del país en introducir un proyecto de esta escala", sintetizó el ministro Gustavo Puccini, en la foto, junto al ministro Fabián Bastia. Foto: Prensa Gobierno

"Así como sostiene nuestro gobernador Maximiliano Pullaro, Santa Fe tiene todo para sacar adelante al país. Nuestra industria genera valor agregado y arraigo con empleo. Para fomentarla, requiere un Estado que esté presente generando la infraestructura necesaria y facilitando la inversión privada. A eso apunta este proyecto que estamos enviando a la Legislatura: a modernizar y aggiornar la normativa a los tiempos actuales para impulsar las áreas comerciales y de servicio, como así también lo tecnológico e industrial. Hoy tenemos 55 parques y se proyectan 34 más. Y somos la primera provincia del país en introducir un proyecto de esta escala", sintetizó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Entre las nuevas figuras que introduce el proyecto, el secretario de Industria Guillermo Beccani explicó que la iniciativa contempla incluir a los parque industriales, a los de comercio y servicio, y a los tecnológicos dentro de la figura de Parques Productivos y crea además las Zonas de Innovación Productiva donde se incluyen a los distritos tecnológico como pueden ser el Parque Tecnológico Litoral Centro y el Polo Tecnológico Regional Rosario, que también pueden ser un barrio, una manzana o un edificio donde haya empresas de software, por ejemplo, o de cualquier otro tipo de desarrollo tecnológico laboratorios, agtech, incubadoras, etc.

Iniciativa con beneficiosEl funcionario provincial informó además que la iniciativa, de ser aprobada, dotará de poder de policía al estado provincial para poder sancionar a los parques industriales ya que hoy solo puede hacerlo con las empresas, introduce el concepto de parques sustentables con el fin de incorporar las mejores prácticas ambientales, y crea un fondo provincial de parques productivos que se constituirá con aportes del gobierno y lo que se recaude por la venta de lotes y eventuales multas y sanciones que se apliquen.

El proyecto prevé la exención del impuesto inmobiliario por 5 años, la eximición del pago de Ingresos Brutos en la escrituración por la compra de un lote y tarifas diferenciales de energía eléctrica.

La propuesta fue elaborada por los equipos técnicos de la Secretaría de Desarrollo Industrial y de acuerdo con la información que difundieron oficialmente, se decidió denominarlos "parques productivos" a partir de una visión integral que contemple características industriales, logísticas, de servicio e innovación tecnológica. "La denominación va mucho más allá de un cambio de nombre. La producción evolucionó y las leyes deben actualizarse para no quedarse atrás y no convertirse en un obstáculo para el que invierte y apuesta. Tiene que ver con la competitividad y la visión estratégica de nuevas formas de producir. Hoy hablamos de una convivencia y una complementariedad industrial, comercial y fundamentalmente de innovación tecnológica y científica", explicó el ministro Puccini.

El gobierno de Santa Fe propone reconvertir los parques industriales en productivosEl proyecto prevé la exención del impuesto inmobiliario por 5 años, la eximición del pago de Ingresos Brutos y tarifas diferenciales de energía eléctrica. Foto: Fernando Nicola/Archivo

A su turno, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia, consideró: "Esta semana ingresamos formalmente el texto a la Legislatura. Se trata de una ley con beneficios y asistencia para las empresas que se radiquen en los parques, siempre con miras a promocionar la generación de empleo de calidad. Es una parte de un trabajo muy profundo de nuestra gestión para fomentar la actividad productiva que se complementa con inversiones en infraestructura, programas de capacitación, generación de líneas de financiamiento y acompañamiento para garantizar el crecimiento y la inserción de las empresas santafesinas en otros mercados".

En segunda revisión, la Cámara de Senadores convirtió en ley una iniciativa para crear una Región del Queso Azul en cinco departamentos. Las Colonias, Belgrano, Iriondo, San Jerónimo y San Martín, poseen industrias que lo producen y en un trío ubicado solo en el primer distrito, lo exporta al mundo.

"Uno lee las etiquetas de los puntos a los que viaja esa producción de nuestro departamento y queda realmente asombrado", dijo Pirola al comentar la importancia de darle a la producción regional un anclaje en una referencia nominativa.

Los propios productores de queso azul saben que es ventajoso contar con un nombre vinculado a su lácteo estrella a una zona en el mapa de la bota. La iniciativa del senador que lidera la bancada del justicialismo proviene precisamente de otra iniciativa de la Asociación de Pequeñas y Medianas Industrias Lácteas (Apimil), que tiene -también- un acrónimo cargado de optimismo. Así fue el discurso que brindó, en nombre de esa entidad 

. Manifestó su satisfacción por la sanción definitiva y expresó que "queremos que cada pueblo que cada región de Santa Fe cuenten con su propio queso, que haya una producción capaz de una identificación regional para potenciar nuestros productos. Tengan ustedes presente que tenemos registros de que hay una empresa láctea en 80 pueblos de la provincia, y que en su mayoría son pymes instaladas en poblaciones de no más de seis mil habitantes".

El dirigente empresarial habló invitado a tomar el micrófono, en medio de la sesión, por la presidenta de la Cámara, la vicegobernadora Gisela Scaglia, una modalidad que solo se reserva a casos especiales, como en homenajes.

El senador por Las Colonias explicó que "es un proyecto que tiene que ver con la identidad de una región de nuestra provincia y explicó: "buscamos alternativas que existen en otras Provincias con el vino o con la aceituna, intentando implementar algo similar con el Queso Azul en Santa Fe, que consiste en constituir una mesa de desarrollo donde a través del diálogo se genere una marca que sea reconocida en todo el mundo como productos de la Provincia de Santa Fe" y destacó que "hoy en un 97% el queso azul que se exporta fue producido en nuestra provincia".

El presidente Javier Milei expone este domingo en el Congreso los detalles del Presupuesto 2025 para la administración nacional, con eje en el equilibrio fiscal.

“Este Presupuesto va a cambiar la historia del país”, dijo Milei en el inicio de su mensaje, cuando también aseguró que su idea es “ponerle un cepo al estado”.

El mandatario eligió presentar personalmente el plan de recaudación y gastos para el próximo año con la banda y el bastón de mando.

“Vengo a proponer un proyecto de Presupuesto distinto, el más radicalmente distinto”, subrayó Milei, y expresó que la “piedra basal” del proyecto es el “déficit cero”.

El presidente Javier Milei, explicó las bases que sustentan el proyecto de Presupuesto 2025.

“Nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos”, indicó el mandatario y punteó:

Cerca del presidente, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

“Va garantizar el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión”, dijo.

“Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones”, agregó

Y en tercer lugar precisó que “para los períodos de abundancia como serán los años que vienen va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos”

“Esto quiere decir que, de mantenerse esta metodología de acá en adelante no solo podremos ir reduciendo impuestos sino también el tamaño del Estado, que es la verdadera presión impositiva”.

“A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes”, dijo el presidente.

Y agregó: “A los integrantes del Congreso: la presente hora política nacional les ofrece dos opciones… O hacemos exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años y nos dejamos de hundir. O seguimos haciendo lo mismo, dejamos todo como está, y mantenemos este sistema putrefacto que empobrece todos los días a los argentinos”.

El presidente Javier Milei apuntó contra el bloque de Unión por la Patria y acusó a sus integrantes de forma irónica de "sumar con dificultad".

Una vista nocturna del Congreso durante la presentación. Reuters.

"Ahora, los invito a despejar la X conmigo. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad", aseguró Milei con una sonrisa y mirando a los diputados de la oposición.

Esas palabras desataron los aplausos de sus seguidores y público presente en los palcos, que comenzó a gritar: "La casta tiene miedo".

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, le respondió sin micrófono y sin ser mostrado por la transmisión por cadena nacional, que solo enfocó a los oficialistas.

"Aunque yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez, igual pueden tomar nota que ahora empiezo", afirmó el Presidente.

La actriz Amalia "Yuyito" González acompañó en el Congreso la presentación del Presupuesto 2025, a cargo del presidente Javier Milei.

El presidente estuvo acompañado por su familia y su pareja. Reuters.

La novia del mandatario nacional ingresó antes del inicio de la exposición y se ubicó en uno de los palcos de la Cámara de Diputados.

Estuvo allí junto a los padres del jefe de Estado, Norberto Milei y Alicia Luján Lucich.

De esta forma, conductora televisiva participó por primera vez de un acto oficial y su imagen junto a los padres de su novio fue captada por la transmisión en cadena nacional.

Si bien ya se había mostrado en actividades públicas, no habían sido actos de gobierno como el de este domingo, con la presentación del Presupuesto 2025.

Es bien sabido por todos los argentinos que el precio final que pagamos por todos los bienes y servicios que consumimos tienen una fuerte carga tributaria encima. En medio de la cruzada anti estatista impulsada por el gobierno nacional de Javier Milei y como parte de su “Catarata de Libertad” legislativa, la diputada Malfesi presentó en la Cámara de Diputados de Santa Fe un proyecto que adhiere al “Régimen de Transparencia Fiscal”.

Dicho proyecto contempla que aquellos sujetos que realicen ventas, locaciones de obra o prestaciones de servicios a consumidores finales deberán indicar, en la publicación de los precios de los respectivos bienes o prestaciones, el importe neto sin la incidencia de los impuestos provinciales que incidan en los precios, el cual deberá estar acompañado de la leyenda “PRECIO SIN IMPUESTOS”.

En resumen: vamos a poder ver el precio real de los productos en las facturas y cuánto pagamos de impuestos nacionales y provinciales en cada compra.

El proyecto incluye también el tema de los servicios de libre accesos brindados por el estado, en este caso a nivel provincial, municipal y comunal. Todos los servicios deberán llevar una leyenda que asegure que es solventado por los impuestos de los contribuyentes santafesinos y se prohíbe el uso de la palabra “gratuito”.

Para la doctora Malfesi, “la falta de información clara ha generado en nuestro país una desconexión de la ciudadanía con las cuestiones fiscales que ha sido funcional a las crisis económicas que ha sufrido nuestro país en los últimos años, generadas a partir de excesos de gasto público, impuestos e inflación”.

En el avance de los parámetros para la conformación del presupuesto nacional del próximo año, Economía estimó que el tipo de cambio nominal (TCN) con el dólar se elevará a $ 1016,1 (+58,3% interanual) y la inflación proyectada al inicio del proceso de elaboración del presupuesto se ubicará en un 139,7% interanual para diciembre de 2024. Este miércoles la pizarra oficial cotizaba la divisa a $954,79, por lo que la proyección es consistente con el "crawling peg" al 2% mensual.

El equipo de Luis Caputo estima una baja promedio del tipo de cambio real (TCR) bilateral de -2,3% en el año. "Sin embargo, los datos oficiales sobre inflación publicados con posterioridad al cierre de esta etapa de elaboración del presupuesto sugieren que la inflación estará situada por debajo del 130% interanual a diciembre 2024".

El dato está contenido en el Informe de Avance sobre la Elaboración del Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional correspondiente al Ejercicio Fiscal 2025, remitido a la Cámara de Diputados de la Nación y aprobado por la Resolución del ministerio de Economía 186/24, del pasado 12 de abril.

"Mantener el equilibrio fiscal será un compromiso ineludible de gobierno, priorizando el acompañamiento social de los sectores más vulnerables, revalorizando el trabajo como elemento organizador e integrador de la sociedad y profundizando la modernización y simplificación del Estado con el objetivo de lograr un servicio público eficaz y eficiente", resume el reporte.

Mantiene los objetivos de "avanzar de forma más rápida de lo previsto hacia el equilibrio fiscal, la desaceleración de la inflación, la mejora del balance del BCRA y el fortalecimiento de las reservas internacionales".

"El Gobierno Nacional continuará con el compromiso de seguir profundizando el mercado de capitales, dotando de nuevas y mejores herramientas al sector privado y respetando los marcos de sostenibilidad de la deuda pública", apuntó el informe.

El proceso de baja de inflación"La inflación Núcleo desaceleró desde el 28,3% mensual en diciembre, al 20,2% mensual en enero, 12,3% mensual en febrero, 9,4% mensual en marzo, 6,3% en abril y 3,8% en el mes de mayo. De esta forma, en los primeros cinco meses del año la inflación Núcleo acumulada es de 62,9%", resalta Economía en un recorrido al que aún le faltas la eliminación total de subsidios a las tarifas, que mantiene la tasa de inflación por encima del camino trazado por Caputo.

El dólar oficial tiene impuestos que encarecen su compra en un 60%.Este jueves la pizarra oficial cotizaba la divisa a $954,79, por lo que la proyección es consistente con el "crawling peg" al 2% mensual.

Reconoce en ese sentido que "esta dinámica de desaceleración de la inflación se dio incluso en un contexto de corrección de precios de bienes y servicios regulados. En este sentido, la categoría Regulados acumuló en los primeros cinco meses del año un aumento del 123,0% – prácticamente el doble que la Núcleo y los Estacionales–, con aumentos mensuales promedio del orden del 18,2% desde diciembre de 2023".

La recesión en números oficiales"El Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) acumuló en el primer trimestre del año 2024 una caída de -5,3% interanual y de -3,0% trimestral sin estacionalidad", dice el avance del presupuesto remitido al Congreso.

Más adelanta añade que "el PIB se proyecta con una caída del -3,5% para 2024. A nivel sectorial, el sector Agropecuario crece 34,6%. La producción de soja sube de 25,0 a 49,7 millones de toneladas (MT) (+98%) y la de maíz de 41,4 a 56,0 MT (+35%), de acuerdo con la estimación de la Secretaría de Bioeconomía. La Industria y el Comercio -los sectores de mayor peso- se proyectan con bajas de -9,8% y -9,1%".

Un dato significativo de la proyección oficial es que el saldo comercial del año sería de 21,9 mil millones de dólares.

Leve baja de la presión fiscal

Luis Caputo habló en la última conferencia de prensa de eliminar el 90% del espectro impositivo del país (la cantidad de gravámenes, no la presión fiscal", "en los papeles" el ministro reconoce que "la recaudación de impuestos nacionales y de aportes y contribuciones a la seguridad social en el año 2025 se estima que aumentará un 54,4% respecto a la recaudación proyectada para el año 2024, reduciéndose 0,45 p.p. del PIB respecto al año anterior. La presión tributaria pasaría de 21,61% del PIB en el año 2024 a 21,16% en el año 2025.

Tras reseñar específicamente la eliminación del impuesto País el próximo año, Economía interpreta que "la suba estimada de la recaudación nominal se explica por los aumentos proyectados de la actividad económica, los volúmenes del comercio exterior, la remuneración imponible y los puestos de trabajo, los precios y el tipo de cambio. En el mismo sentido incidirán los mayores ingresos esperados correspondientes a los regímenes de facilidades de pago", en clara referencia a moratoria y blanqueo que acaban de ser sancionados en el Congreso.

"El Impuesto al Valor Agregado, que representa alrededor del 33,9% del total de la recaudación, aumentaría un 62,5% respecto al año 2024. El incremento de este tributo estará impulsado, principalmente, por el aumento del consumo en términos nominales y la mayor bancarización de la economía. En términos del PIB, el IVA neto de reintegros aumentará en 0,23 p.p. en relación a 2024", pronostica, en lo que se puede tomar como proyección de recuperación del mercado interno .

Superávit

El texto remitido por Economía señala que "el pilar fundamental del programa es el equilibrio financiero del Sector Público No Financiero. El mismo se alcanzó en tiempo récord: partiendo de un déficit financiero de 4,4% del PIB (4,6% si se excluyen los ingresos extraordinarios vinculados a la licitación del 5G) en 2023, en enero de 2024 se registró un superávit primario de 0,3% del PIB y un excedente financiero de 0,1% del PIB. En los primeros 5 meses del año, el superávit primario ascendió a 1% del PIB y el financiero a 0,4% del PIB".

Expone que "el superávit primario alcanzado en marzo sobrecumplió en +0,5 p.p. la meta acordada en la última revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI para el primer trimestre y el registrado durante abril y mayo continúa el sendero necesario para cumplir la meta correspondiente al segundo trimestre, estimada en torno al 0,8% del PIB".

La Cámara de Diputados aprobó definitivamente la Ley Bases y el Paquete Fiscal, los cuales comprenden una serie de reformas profundas en el ámbito estatal y fiscal. Entre los principales ejes se encuentran la declaración de emergencia económica, la creación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la privatización de empresas públicas, la reforma laboral, el blanqueo de capitales, y las modificaciones en los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales.

Puntos Claves de la Ley Bases:

Puntos claves de la Ley de medidas fiscales y paliativas:

Estas medidas buscan reestructurar y dinamizar la economía argentina, atrayendo inversiones y optimizando el funcionamiento del Estado.

Varias organizaciones Pyme de la Argentina salen a la cancha pública a reclamar al gobierno de Javier Milei que en la ley de Bases se incluyan medidas regulatorias a que no están en el plan del gobierno libertario. La excusa es el tratamiento preferencial -incluido en la ley de Bases- del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones.

La iniciativa con media sanción en Diputados solo incluye proyectos que involucren un monto de inversión igual o superior a US$200 millones, a los que se les ofrece un amplio menú de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios. El argumento oficialista es que se trata de inversiones que maduran a largo plazo. En el gobierno señalan que luego las grandes inversiones fortalecen las actividades de pequeñas y medianas empresas, como sucede con las metalmecánicas santafesinas reconvertidas como proveedoras de Vaca Muerta o incluidas en el programa de Techint.

"Si bien apoyamos decididamente la creación de mecanismos para atraer inversiones, también nos interesa que tengan un impacto positivo en los encadenamientos locales y que apuntalen las capacidades productivas de Argentina", apunta el comunicado difundido por la Federación Industrial de Santa Fe. La entidad que preside Javier Martín adelantó los planteamientos que incluyen un plan de inversiones que "debería considerar parámetros sobre objetivos deseables como la localización de proyectos en áreas de menor desarrollo relativo; la compra de bienes de capital e insumos nacionales que motive el desarrollo de proveedores; el aumento progresivo de las exportaciones; y la generación de empleo directo e indirecto".

Guillermo Francos y "Lule" Menem fueron los negociadores del gobierno ante los cambios que pretende la "oposición dialoguista". Fue Martín Lousteau (UCR) quien planteó cambios al RIGI, además de condicionalidades para que el blanqueo no beneficie a funcionarios o a los que entraron con la anterior versión del gobierno de Macri. Eso y la incorporación de un régimen de jubilaciones que se anteponga a la versión que analiza Diputados en comisiones, a instancias del PJ.

La diputada provincial y presidenta del Bloque de la UCR, Silvana Di Stefano, participó en la ciudad de San Lorenzo del II Foro Regional, Provincial, Nacional e Internacional “La Hidrovía que proyectamos”, durante el cual propuso trabajar en “una agenda común”, con eje en la “planificación y el desarrollo”, para mejorar “la vida de vecinas y vecinos, así como la producción y el transporte”.

“La Hidrovía es nuestra conexión con el mundo, es la ruta de salida de todas las exportaciones y necesitamos que sea ciento por ciento operativa. Para lograrlo debemos trabajar en conjunto entre todos los estamentos del Estado y articular políticas claras con el sector privado”, propuso la legisladora durante la actividad organizada por la Unión de Comerciantes e Industriales del departamento San Lorenzo.

“Tenemos una condición geográfica privilegiada para el desarrollo del comercio fluvial, conectando el interior productivo con el mundo”, dijo Di Stefano a los presentes en el auditorio del Complejo Museológico San Lorenzo, y sumó: “Es importante darle visibilidad al potencial que nuestra provincia tiene y poner en valor las ventajas con las que contamos para ser día a día más competitivos”.

El futuro de la HidrovíaPor otra parte, el vencimiento de la concesión del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal abre un debate sobre el modelo de gestión y el rol del Estado en la administración de la hidrovía.

“Creemos que es de vital importancia tener un lugar preponderante en la Mesa Nacional para tratar todos los temas trascendentes y no quedar al margen de la futura licitación”, propuso la diputada.

En este sentido, Di Stefano señaló que el Gobierno de la provincia de Santa Fe al que representa, está “absolutamente comprometido en trabajar con las cámaras, los puertos y los actores claves para asegurar la cooperación regional, la evaluación del impacto ambiental, el uso de tecnologías sostenibles, la participación comunitaria, el monitoreo continuo y la educación ambiental, mejorando la infraestructura”.

Finalmente, indicó: “Para acompañar el crecimiento necesitamos soluciones sustentables, equilibradas, sostenidas en el tiempo y con ese fin, todos y cada uno de nosotros, desde nuestro lugar, debemos comprometernos, trabajar codo a codo con transparencia y responsabilidad, promover la participación activa de todos los actores involucrados públicos y privados, y apoyar al Estado provincial en las iniciativas que emprenda para definir el complejo portuario que queremos y que las y los santafesinos merecen”.

Luego de reuniones entre los bloques del oficialismo y la oposición de ambas Cámaras con los funcionarios del área económica, con las entidades de la producción santafesina y con representantes de intendentes y presidentes comunales, la Legislatura sancionó la Ley Tributaria 2024 para la provincia de Santa Fe, bajo el signo del consenso. Lo hizo como un gesto de convivencia en la alternancia del poder y con la intención de mostrar previsibilidad, en contraste con lo que sucede a nivel nacional con el Decreto de Necesidad y Urgencia.

Apenas un voto (el único de un bloque de tres integrantes) quebró la unanimidad en los dos cuerpos deliberativos. Se opuso, en Diputados, Carlos del Frade del Frente Amplio por la Soberanía. Tanto en el Senado como en la Cámara baja abundaron las referencias al clima político que vive Santa Fe en el final de año y bajo la perspectiva de que habrá, como mínimo, dos sesiones más en enero.

El Poder Legislativo aprovechó el jueves 28 para acomodar tanto las posiciones internas como los tiempos para el tratamiento. En el Senado, la Cámara de origen elegida por el gobernador Maximiliano Pullaro se tejieron los acuerdos y los cambios al mensaje original, con reuniones que contaron con el ministro de Economía Pablo Olivares. La modificación más interesante -o al menos la que más fue citada por los senadores- habla de la equiparación de los beneficios fiscales para las mutuales respecto de los que ya tiene el sector bancario: esas entidades sin fines de lucro podrán hacer deducciones por hasta el 20% en ingresos brutos. Y esa vieja aspiración del sector mutualista se resolvió en cuestión de horas, en comisiones y con legisladores de ambas Cámaras y del ministerio mencionado.

Julio Francisco Garibaldi, el senador socialista por La Capital, actuó como miembro informante por la mayoría y enumeró en detalle los aspectos centrales de una norma compleja, de 55 artículos y cuatro títulos. "Es uno de los proyectos fundamentales de todo gobierno en marcha. Particularmente de este, que a partir del 10 de diciembre vino a cumplir su promesa de campaña, que es poner en marcha la provincia. Esta ley tributaria es muy equilibrada, justa y viene a acompañar a cada vecino que quiera trabajar y producir en la provincia", consideró.

Explicó que se usó un concepto de progresividad para los aumentos en el impuesto inmobiliario rural en el que más se paga según la concentración de la propiedad. Se toman rangos que van desde aquellos que poseen menos de 50 hectáreas hasta quienes cuentan con más de 200 mil. Destacó que los impuestos coparticipables a municipalidades y comunas poseen topes que buscan no perjudicar a esas administraciones y al mismo tiempo no sobrecargar las espaldas de los contribuyentes, que ya enfrentan un panorama complejo de retenciones al agro y la industria. En Patentes el máximo será del 160%, bastante menos que la inflación.

La sesión comenzó con una alteración del orden solicitada por el jefe del interbloque de Unidos para Cambiar Santa Fe, Rodrigo Borla (UCR-San Justo) para tratar en primer término el Mensaje N° 5079, es decir, la política tributaria que en cuestión de minutos pasó a Diputados, que también lo aprobó casi por unanimidad (solo un voto en contra).

En el debate del Senado, Alcides Calvo (PJ-Castellanos) subrayó que el Bloque Justicialista acompaña la sanción de "esta herramienta tan importante para un gobierno provincial" y sostuvo que "tiene la característica de respetar una política de estabilidad tributaria y fiscal que venimos llevando desde hace varios años en la provincia".

Durante la sesión estrenó una expresión que parece destinada a sostenerse (en la medida en que continúe el consenso). "Somo un bloque no oficialista, no somos un bloque opositor que se oponga a todo porque sí", comentó avalado por sus pares. Explicó que "le vamos a dar a los santafesinos y santafesinas una certeza en cuanto a cómo se van a utilizar los recursos. Esto contrasta con la realidad que estamos observando a nivel nacional".

Más tarde, Leticia Di Gregorio (UCR-General López) destacó "el carácter dialoguista de la Cámara y el valor de la escucha". Porque "a pesar de la premura por aprobar la ley, que es sumamente necesaria", todos los sectores fueron escuchados.

El presidente provisional del Senado, Felipe Michlig (UCR-San Cristóbal) celebró: "Vamos a culminar el año con la sanción en tiempo y forma del presupuesto y de la ley tributaria. Esto es darle garantías al sector productivo, fruto del consenso y del diálogo". Mencionó que ya son 15 las leyes aprobadas de las que ha pedido Pullaro desde su llegada a la Casa Gris.

Mencionó el poder acumulado por el oficialismo en el Senado, que posee un interbloque de 14 y aseguró: "no queremos imponer, sino que se tenga en cuenta el sentir y la mirada de los 19 senadores, que representan a todos los departamentos de la provincia y a los distintos partidos políticos", agregó.

Tras aprobar la política tributaria, se hizo lo propio con el Mensaje N° 5080: Veto propositivo y parcial al Código Procesal Penal Juvenil de la Provincia de Santa Fe. En este caso se dio media sanción a la aceptación de las enmiendas impulsadas por el Ejecutivo provincial.

Por otra parte, cabe mencionar que este jueves se aceptó el pedido de tratamiento preferencial para una una sesión del Mensaje N° 5059: "Autorización al Poder Ejecutivo a contraer un empréstito con la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) hasta la suma 65.000.000 de euros, o su equivalente en otra moneda, para el financiamiento del Proyecto Biodiversidad para la Acción Climática.

Asimismo, vale destacar que en la sesión se dio ingreso formal al Mensaje N° 5082, que postula la creación del Gabinete Social de la Provincia de Santa Fe. El proyecto fue derivado para su análisis a las siguientes comisiones: Desarrollo Social y Deporte; Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio, Turismo y Transporte; Presupuesto y Hacienda; y Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Sin debate, con aportes de las distintas bancadas y sobre tablas, el Senado aprobó por unanimidad los cambios hechos a la Ley de Presupuesto en Diputados. La Cámara alta completó la sanción de la norma y se giró de inmediato al Poder Ejecutivo Provincial para su promulgación.

"Quiero un presupuesto con superávit para el año que viene, quiero que nos pongamos como objetivo que el Congreso sancione un presupuesto con un punto de superávit para el año que viene", les dijo Sergio Massa a medios extranjeros. La comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja comienza a analizar por estas horas a quién le quita tratamientos fiscales preferenciales (denominados gastos tributarios, además de exenciones impositivas) que representan 4,27% del gasto presupuestario en el proyecto 2024.

En el proyecto remitido al Congreso, Economía les advirtió a los legisladores que "el Poder Ejecutivo Nacional ha identificado gastos tributarios y beneficios impositivos con impacto presupuestario negativo (2,24% del PIB) pasibles de ser reducidos".

La comisión que preside Carlos Heller recibirá este miércoles a Carlos Castagneto, administrador de la Administración Federal de Ingresos Públicos; Raúl Enrique Rigo, secretario de Hacienda del Ministerio de Economía; Guillermo Michel, director general de Aduana de la AFIP y Claudia Balestrini, subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía.

Massa sostuvo que "desgraciadamente el presupuesto (que él remitió y que el oficialismo viene votando en la gestión Fernández) tiene un paquete de beneficios tributarios y presupuestarios que están afectados centralmente a beneficios empresarios, a sectores económicamente muy concentrados".

En la lista de la "separata" remitida a los legisladores, se incluyen la exención de Ganancias a varias actividades financieras, entre ellas ADR (alícuota de 7%, plataformas digitales sin establecimiento en el país, no diferimiento del ajuste por inflación impositivo y renta de fuente extranjera por compra-venta de títulos y acciones.

En materia de Iva, Massa propone revisar la exención a la locación de inmuebles rurales, el reintegro a exportadores, diferimientos a Mipypmes y honorarios al Directorio exentos en el impuesto

Algunas ventajas a la Ganadería en materia de Ganancias, así como la exención de inmuebles rurales a la hora de calcular bienes personales, se incluyen en la nómina a revisar.

Reintegros a comercio exterior y tratamientos especiales a contribuciones patronales (artículo 22 de la ley 27541) también están en la mira.

Bienes personales sobre inmuebles rurales

Entre los casos "más significativos" que Massa pide revisar a Diputados, está "la exención de inmuebles rurales en el Impuesto sobre los Bienes Personales que representa un 0,48% del PIB. En este sentido, cabría someter a evaluación legislativa la razonabilidad de mantener la vigencia de esta exención a la luz de la capacidad contributiva, su rentabilidad y acceso a otros beneficios bajo la forma de subsidios, promociones, etc", dice el texto remitido al Congreso.

"Sólo con relación a inmuebles rurales localizados en el exterior, la titularidad se concentra en 450 personas residentes en el país", advierte el texto. "Por otro lado, y con relación al mismo gravamen, podría revisarse el nivel de imposición del Responsable Sustituto".

Economía advierte que "correspondería focalizar la atención en la dispensa del Impuesto al Valor Agregado que recae sobre los honorarios de los Directores de Sociedades que representará, en 2024, 0,29% del PIB. En este caso, correspondería una consideración similar a la formulada para la exención de los inmuebles rurales en el sentido de evaluar la posibilidad de su derogación legislativa en atención a indicadores objetivos respecto del beneficio de esta dispensa y de la capacidad contributiva de sus receptores.

En una sesión especial, la Cámara de Diputados aprobó con 128 votos positivos y 114 negativos el dictamen de mayoría, impulsado por el Frente de Todos, y que recoge la media sanción del Senado, sobre modificaciones al Código Civil y Comercial de la Nación, respecto a la Ley de Alquileres, por el cual se mantienen los tres años de duración del contrato y habilita la actualización semestral en base al coeficiente Casa Propia (Ministerio de Hábitat).

Por otra parte, obtuvo media sanción y fue girado al Senado de la Nación, el programa “Compre sin IVA”, impulsado por el ministro de Economía, Sergio Massa. La norma busca convertir en ley el decreto que establece la devolución automática del 21% en los productos de la canasta básica. En su votación en general, obtuvo 134 votos afirmativos, 0 negativos y 107 abstenciones.

Como miembro informante, Carlos Heller, del Frente de Todos, habló de la utilización del programa “Compre sin IVA” y consignó que “ya se superaron los 36 mil millones de pesos de reintegros y han resultado beneficiadas 18 millones de personas”. “Con este proyecto de ley intentamos darle continuidad a esta política que se ha iniciado a partir de un decreto del Poder Ejecutivo, con un exitosísimo resultado alcanzado hasta aquí”, expresó Heller.

Asimismo, Heller dijo que la medida apunta a la progresividad del sistema tributario, para que “paguen más los que ganan más”. “Genera un inmediato impacto positivo en la formalización de actividades, porque el comprador está interesado en que la compre se facture”, añadió.

El diputado Alejandro Cacace, de Evolución Radical, defendió el dictamen de minoría y se preguntó “para qué viene este proyecto al Congreso”. “Es curioso que en cuatro años de gobierno no se les ocurrió nunca plantear la devolución del IVA, en ese sentido dijimos que electoralista, porque se hace ahora, pero se fija la política tributaria para el próximo gobierno”, remarcó.

En representación del bloque de la UCR, Víctor Hugo Romero, dijo que “se está condicionando la política de manera parcial, no con una visión integral y de manera responsable, por eso estamos planteando hacerlo hasta el 9 de diciembre, incluyendo sectores que no están incluidos”, como los trabajadores informales.

Asimismo, obtuvo media sanción la creación del Programa Argentina Inclusiva mediante el cual se promueve la capacitación y formación obligatoria de la Administración Pública Nacional en el trato adecuado a las personas con discapacidad y adecuación en accesibilidad de espacios públicos. La norma obtuvo 243 votos positivos, sin votos negativos ni abstenciones.

Al respecto, el diputado Luis Di Giacomo (Juntos Somos Río Negro) afirmó que, con esta Ley, se busca “capacitar al personal de los tres Poderes del Estado Nacional”. “Es necesario comprender la dimensión social de la discapacidad”, aseguró el titular de la Comisión de Discapacidad de Diputados.

Desde Córdoba Federal, la diputada Natalia de la Sota agradeció el apoyo al proyecto, al señalar que “este programa viene a cubrir una gran falencia que es el desconocimiento”. Además, como autora de una de las iniciativas unificadas, la legisladora reflexionó: “A pesar de los avances nos falta un largo camino para hablar de inclusión, integración y de convivencia real y efectiva de las personas con discapacidad”.

La diputada del Frente de Todos Graciela Caselles consideró que “esta ley viene a fortalecer un proceso educativo”, mientras que su par Carla Carrizo (Evolución Radical) señaló que “es fundamental, también, formar a los docentes en la educación inclusiva”.

Además, durante la sesión se aprobó la creación de una serie de universidades nacionales: Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en el distrito de Cañuelas, provincia de Buenos Aires; Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede central en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos; y Universidad Nacional de Saladillo, en la provincia de Buenos Aires. El dictamen obtuvo 150 votos afirmativos y 82 negativos.

La diputada Blanca Osuna, del Frente de Todos, reivindicó la necesidad de crear nuevas casas de estudio y remarcó “el vinculo fuerte y comprometido con los lugares donde están asentadas”. “Hoy hay dos millones y medio de estudiantes universitarios, una cifra que vale la pena dimensionar. En 40 años de democracia se quintuplicó la cantidad de estudiantes universitarios”, dijo Osuna.

El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, habló de “una verdadera catástrofe educativa que vive nuestro país”. “Ha crecido la matricula, pero ha decaído la graduación. Lo que omiten es que apenas uno de cada diez jóvenes del decil más bajo de ingresos accede a la universidad”, expresó, antes de adelantar que no acompañaría la creación de las nuevas universidades.

En otro sentido, con 126 votos afirmativos, 7 negativos y 102 abstenciones, obtuvo media sanción el Régimen de Promoción del Gas Natural Licuado (GNL) que tiene como objetivo desarrollar la cadena de valor de la industria del GNL, promover exportaciones y propiciar el desarrollo tecnológico del sector. Al respecto, el diputado patagónico Nicolas Igon lo definió como “un proyecto de futuro”.

Con 127 votos afirmativos, 88 negativos y 2 abstenciones, obtuvo media sanción el régimen de Promoción de la Industria del Calzado y su Cadena de Valor, que busca que todos sus actores, proveedores de materias primas, industriales, trabajadores, marcas y consumidores se vean favorecidos con una mayor oferta de pares y modelos de variada tecnología, con empleos calificados y de mayor calidad.

En otro orden, el pleno de la Cámara aprobó las modificaciones introducidas por el Senado respecto a la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, incorporando la violencia digital, por lo cual la norma se convirtió en Ley.

Por otra parte, Diputados sancionó el proyecto de ley venido en revisión del Senado por el cual se aprueba el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación 2030 con el fin de impulsar la investigación y el desarrollo en el país.

Durante la sesión, los diputados se pronunciaron sobre la situación en Israel. Asimismo, realizaron distintos homenajes a los 40 años de democracia y por el octavo aniversario de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, entre otros.

Además, a través de proyectos de declaración y beneplácito, reconocieron al equipo argentino que salió subcampeón del Mundial de Robótica en Singapur y a la iraní Narges Mohammadi, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2023 en "nombre de miles de mujeres iraníes".

El Grupo de los 6 (G6), una coalición de las principales cámaras empresariales en Argentina, ha emitido una declaración importante en relación con el debate en curso en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral. En su comunicado de prensa, las organizaciones que componen el G6, incluyendo la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), expresaron su preocupación por la posible aprobación de leyes que, según ellos, podrían perjudicar gravemente la generación de empleo formal, especialmente en un año electoral.

El G6 enfatizó la importancia de una discusión responsable y la participación de todas las partes involucradas en cualquier modificación de la estructura laboral, como la reducción de la jornada laboral. Argumentaron que, en lugar de apresurar medidas de este tipo, Argentina debería centrarse en estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal y promover el empleo formal, que ha estado estancado desde 2012. También resaltaron la necesidad de implementar incentivos al empleo antes de considerar reformas de este tipo.

Además, los empresarios señalaron que Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, y cualquier cambio podría resultar en una carga fiscal adicional para los empleadores formales. También hicieron hincapié en que en las últimas dos décadas, el sector público ha sido el principal creador de empleo registrado en el país.

Aunque reconocieron que algunos países han reducido las horas de trabajo de manera gradual, destacaron las diferencias socioeconómicas entre estos países y Argentina. Finalmente, el G6 solicitó que estos debates se lleven a cabo en el marco de discusiones tripartitas, involucrando al sector empleador, sindical y al gobierno, en línea con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita. También expresaron su compromiso de participar en discusiones regionales y sectoriales debido a la naturaleza federal del debate en curso. Este llamado a la responsabilidad y al diálogo busca abordar los desafíos laborales en Argentina en medio de un contexto electoral.

"Una medida que tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores", "un cambio directamente relacionado con la salud y la seguridad", pero también un primer paso para abordar, luego, el tema de la informalidad que afecta al 40 % de la población. Todas estas opiniones y muchas más se escucharon este martes en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se comenzaron a debatir, con la presencia de sindicatos, empresarios y referentes del gobierno, los siete proyectos de ley que establecen una reducción de la jornada laboral en la Argentina.

Hubo voces a favor pero también reparos, como los expresados por Julio Cordero, de la Unión Industrial Argentina que preguntó "¿Trabajar menos para qué?".

En debateLa del martes fue la primera de varias reuniones de las que participarán diferentes actores involucrados en esta temática: para la próxima está prevista la presencia de la CGT y de cámaras empresariales, tal cual anticipó la titular de la comisión Vanesa Siley (FdT). Mientras tanto, se presentaron siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo. La idea predominante en la comisión es unificarlos en un dictamen de consenso.

"Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales", señaló Siley, tal cual recoge el sitio especializado Parlamentario.com. Se trata de "modernizar y actualizar la legislación laboral, que dentro de cinco años cumpliría 100".

"Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral", expresó la legisladora.

Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que "hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada" y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia "era necesario sentarse y pensar en este derecho". "Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina", apuntó.

Desde la UIA, Julio Cordero cuestionó: "¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas?". Crédito: TélamAl subrayar el aspecto clave de que "este avance no implique una reducción en el salario", la oficialista afirmó que "las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde".

Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, argumentó que reducir la jornada laboral contribuye "en la responsabilidad familiar compartida" entre hombres y mujeres, al tiempo que consideró que "la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región".

Otras vocesComo en todo debate, también hubo voces en contra: Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó: "Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales".

En tanto, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas "7 de Julio", expresó: "Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable", concluyó.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que "veo que los países de mayor índice Gini (coeficiente que mide las desigualdades en los ingresos) que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca", y afirmó que "no es un tema ideológico, porque lo discute la derecha inglesa".

La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. "La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas", precisó. En tanto, postuló que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, sino una negociación mediante acuerdos, no debe ser "una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición", no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque "no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales".

Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar "a favor de la reducción", y explicó que "los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir".

Sin embargo, propuso que "se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada". "No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos", señaló.

El ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (FdT), agregó: "Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos", pero aclaró: "Celebro que trabajemos ordenadamente".

La postura oficialLa ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas "se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad", y que a partir de fijar ese máximo de horas "fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector".

La funcionaria señaló que "si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social".

En el mundo

La reducción de la jornada laboral no se debate solo de Argentina; hay legislación vigente y proyectos en discusión en otros países. Algunas de esas experiencias fueron consideradas el martes en la reunión de comisión de Legislación Laboral de Diputados.

Fue su titular, Vanesa Siley (FdT), quien explicó que en México hubo dictamen de comisión de la Cámara de Diputados; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador se redujo a 40 horas en el año 1983.

En Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo "solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días".

Qué dicen los 7 proyectos

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo corresponde al líder de la CTA, Hugo Yasky. Propone una semana laboral de cuatro días, que no podrá exceder las 8 horas diarias o 40 semanales.

El impulsado por la dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea establece un día laboral de un máximo de 6 horas (o 7, pero de lunes a viernes), y un tope de 36 semanales.

El secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, plantea jornadas de 6 horas diarias o 36 semanales, con la posibilidad de distribuirse en seis días. El proyecto coincide con otro propuesto por la diputada oficialista Mónica Litza.

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) propone que la jornada sea de un máximo 36 horas semanales, que se podrán distribuir en seis o cuatro días, en ese último caso si se trabaja en jornadas de 7 horas y media.

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, pone en su proyecto topes de 6 horas diarias o 30 semanales, por lo que la distribución establecida sería de 6 horas diarias en cinco días.

Enrique Estévez, del Partido Socialista, pide un máximo de 36 horas semanales con 8 horas diarias de trabajo máximas, permitiendo las distintas distribuciones horarias en la jornada: 6 horas en 6 días, 7 horas en 5 días o 8 horas en 4 días.