El Gobierno nacional formalizó la entrada en vigor del Presupuesto para la Administración Pública Nacional correspondiente al ejercicio 2026, mediante la publicación en el Boletín Oficial de la Ley 27.798 que sancionó el Congreso.

La norma fija los parámetros del programa económico del gobierno de Javier Milei, con superávit de las cuentas públicas y un criterio de baja de impuestos si el saldo a favor es mayor al previsto y de recorte de partidas en caso de que sea menor.

La ley fue sancionada durante el último período de sesiones extraordinarias que celebró el Congreso Nacional.

Según el documento oficial , se estima para el Sector Público Nacional un excedente financiero de $2.734.029.655.055.

Para alcanzar esta meta, el cálculo de recursos totales se fijó en $ 148,29 billones. Por su parte, el total de los gastos corrientes y de capital autorizados para el mismo periodo asciende a $ 148,06 billones.

En cuanto a la distribución del gasto por finalidad, los Servicios Sociales concentran la mayor partida con $ 106,52 billones.

Le siguen en importancia el pago de la deuda pública con $ 14,11 billones, los Servicios Económicos con $ 11,45 billones, la Administración Gubernamental con $ 8,85 billones y los Servicios de Defensa y Seguridad con $ 7,11 billones.

Para el funcionamiento y programas de las universidades nacionales, la ley asigna un presupuesto de $ 4,78 billones. El texto aclara que las instituciones deben presentar información sobre el uso de los fondos ante la Secretaría de Educación, bajo riesgo de que se interrumpan las transferencias en caso de incumplimiento.

En el área de previsión social, se destinan $ 212.288 millones para el pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES. Además, se contemplan $ 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.

Respecto a las herramientas de financiación, el Ejecutivo cuenta con autorización para emitir Letras del Tesoro por un valor nominal de hasta $ 70 billones. Asimismo, se fijaron topes para el uso transitorio de crédito a corto plazo: $ 4 billones para la Tesorería General de la Nación y $ 2,5 billones.__IP__

Finalmente, la norma impone restricciones a la cobertura de vacantes en la administración pública, exigiendo la autorización previa de la Jefatura de Gabinete para nuevos nombramientos. También se mantienen exenciones de impuestos y derechos de importación para vacunas y medicamentos de programas sanitarios nacionales.

La producción de biodiésel acumulada en doce meses corridos al mes de agosto se redujo 8,7%. A su vez, las ventas internas de biodiésel fueron 15,1% mayores en la comparación a 12 meses. Por su parte las exportaciones de biodiésel acumuladas en el mismo período fueron 39,7% menores.

Los datos del Instituto Argentino de la Energía General Mosconi añaden que la producción de bioetanol a base a maíz y caña de azúcar, aumentó 5% en el cálculo acumulado durante los últimos 12 meses registrados al mes de agosto. Por otra parte, las ventas aumentaron 4,5% en el acumulado del mismo período.

Los datos de retracción de la actividad llegan tras un anuncio de la secretaría de Energía para incrementar 6,71%el precio del biodiésel y 4% para las dos variantes del bioetanol, con lo que en diez meses de 2025 se acumulan incrementos del 41,72% y del 26,64%, respectivamente, valores por encima de inflación del período, estimada en 24,5%.

Pese a los incrementos, los productores pyme del biodiésel santafesino señalan un retraso sostenido en los precios que fija Nación, en especial por el incremento de los granos, producto de las “retenciones cero” que produjeron un incremento de las oleaginosas que usa el sector como insumo de producción.

El corte con biodiésel en el gasoil es del 7,5% obligatorio; en etanol a las naftas alcanza el 12% según la vigente 27.640 de 2001. Aunque los porcentajes pueden ser modificados por la autoridad de aplicación (la Secretaría de Energía).

Tanto la cadena del biodiésel como la del etanol de maíz y caña, esperan que en las próximas semanas el Senado de la Nación despache un nuevo proyecto de ley que establezca licitaciones abiertas -segmentadas para garantizar la participación de grandes empresas como de Pymes- para proveer al corte en el combustible que se expende en surtidores del país.

La producción El precio del biotanol de caña, como el de maíz, se incrementó 5%. La de biodiésel cayó 8,7%.

Alejandra Vigo, senadora nacional por Córdoba (Unidad Federal), explicó la nueva propuesta de la Liga de Provincias Bioenergéticas, que promociona al sector y a las exportaciones. Lo hizo durante una reciente reunión conjunta de las comisiones de Minería y de Energía y Combustibles de la Cámara alta.

La liga está integrada por las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, Misiones, Salta, Santa Fe y Tucumán. La Unión Industrial Argentina (UIA), por nota de Martín Rappallini al Jefe de Gabinete Guillermo Francos, planteó fortalecer la producción de bioetanol y biodiésel, diversificando la matriz energética y promoviendo el desarrollo federal.

El texto define a los biocombustibles como “sustancias producidas a partir de la transformación industrial de materias primas biológicas agrícolas, ganaderas, forestales, agroindustriales, derivadas de derechos orgánicos o de otras materias primas biomásicas, capaces de entregar energía cuando se oxidan en forma violenta con desprendimiento de calor”.

La norma habilita motores “flex” (nafteros que se producen en Córdoba y son habituales en Brasil, donde pueden funcionar con combustibles hidrocarburíferos o 100% con etanol). Además plantea plazos para incrementar los cortes a naftas y gasoil, lo que promueve fuertes resistencias de provincias petroleras.

La cordobesa Vigo llevó la voz cantante en comisiones del Senado a favor de una nueva ley de biocombustibles.

Los legisladores de provincias del centro argentino reclamaron a sus pares “petroleros” que devuelvan gestos: los de provincias que producen biocombustibles apoyaron la ley Bases o el Rigi que promueve Vaca Muerta, y esperan abordajes “federales” que no sólo contemplen intereses sectoriales o provinciales.

Pero el debate no está exento de polémicas. Bruno Olivera Lucero (LLA- San Juan) señaló que el aumento en el corte con biodiésel “representa un aumento en el gasoil e impacta en los costos de transporte de todo el país”.

Mercado del carbono (menor contaminación) y ahorro de divisas (el país no tiene refinerías para abastecer todo el gasoil hidrocarburífero que consume) son los argumentos de las provincias bioenergéticas.

La jujeña María Moisés (Unión por la Patria) puso sobre la mesa otro fuerte argumento: el biocombustible “es uno de los pocos elementos que tiene industrialización en el noroeste (producción de azúcar, papel y bioetanol de caña) generando 57 mil empleos directos y 140 mil indirectos”.

Las energías renovables representan 18% de la matriz energética argentina.

Juan Carlos Romero, senador por Salta (Cambio federal) advirtió a la comisión que incluso más allá de una nueva ley de biocombustibles, el Congreso debería abocarse a “la prórroga de la ley de promoción de energías renovables, que ya tienen 18% de la matriz” de la energía uqe produce el país.

Ante la embestida de José Mayans, quien apuró a las comisiones para debatir en contra de la política oficial de energía nuclear, Romero le recordó al formoseño que esa modalidad es hoy “el 7% u 8 %” de la generación eléctrica argentina. “Debemos pensar en e l país, no en intereses sectoriales”, advirtió el dirigente salteño.

Quedaban $14 billones en Letras Fiscales de Liquidez (Lefi) con las que el BCRA tomaba pesos de los bancos a corto plazo. Unos $10 billones ya no se renovaron en la semana que pasó; se vuelcan al mercado, sobran pesos en los bancos que ya no le prestan al Estado, bajan las tasas y se espera que ese dinero sea ofrecido para crédito productivo y de consumo.

El mercado especula que no sólo bajen las tasas de cauciones -eso ya empezó a suceder- sino que se retraigan además las que se pagan por depósitos a plazo fijo. También las que abonan las billeteras virtuales para retener liquidez en sus manos, lo que debilita su capacidad de especulación.

¿Pueden ir parte de esos pesos al dólar? ¿A precios? A la pulsión argentina por un resguardo en el colchón, se le agrega la incertidumbre por la embestida política de la oposición desde el Congreso, a la debilidad institucional de Javier MIlei.

Milei sostuvo que la política de superávit fiscal es permanente e innegociable. Crédito: Reuters.

La coparticipación de ATN y del impuesto a los combustibles, el aumento del 7,2% en jubilaciones más bono, la moratoria previsional, la emergencia en discapacidad, los aumentos de partidas al hospital Garrahan y las Universidades, son materias que exceden al kirchnerismo.

Milei ya advirtió que vetará todo, pero sabe que en ambas cámaras del Congreso hay dos tercios de votos -de no mediar gestión política- que podrían insistir con las sanciones. En costos anualizados, según cálculos del ministro Luis Caputo, el paquete opositor supone un gasto de 2,5% del Producto Bruto Interno.

Esa cifra supera el superávit primario del 1,6% que se comprometió el Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 2025. Los mercados sabrían que ya no hay margen para que el gobierno pague la deuda. Es la zona de turbulencias en una economía que, hecha de expectativas, no genera confianza.

La desmesura verbal, la codicia política y la imprudencia federal de Casa Rosada, abrió las puertas de la oportunidad a quienes desafían a la macroeconomía para minar el frágil poder institucional del presidente. Necesitará gestión política; Guillermo Francos no ha sido suficiente.

"Los gobernadores" no son un club homogéneo; Karina Milei apostó por pisar territorios en procura de pureza genética libertaria. No hay experiencias históricas que sugieran que tales pretensiones sean menos crueles que exitosas. Luis Caputo desatendió a los mandatarios subnacionales.

En el país del "no hay plata", el gobierno "liberó" unos $ 10 billones. Crédito: Reuters.

Milei sostuvo en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, que la política de superávit fiscal es permanente e innegociable, y que funciona como un "chaleco de seguridad" de la economía argentina. Reiteró que la inflación es un fenómeno monetario; la Argentina no desconoce fenómenos como la estanflación, que desafían las ortodoxias académicas.

Los pesos que se vuelcan por estas horas al mercado, es cierto, no están en manos de los ciudadanos sino de la intermediación financiera. La Casa Rosada entiende que la propia incertidumbre combinada con tasas bajas, incentivaría la producción y el consumo, lo que generaría una mejora en el clima social de cara a los comicios.

Pero al mismo tiempo, la desconfianza de los mercados financieros no proveerá a la baja del riesgo argentino si la propuesta política no se alinea con el superávit fiscal.

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Milei dice que "arrasa" en las elecciones, Economía dialoga con los inversores. No habrá aumento inmediato de la mínima jubilatoria de $379 mil a $441mil como propone la ley. El dólar apunta más cerca de $1300 que del piso. No habrá recomposición inmediata de demanda que justifique subas de precios desmesuradas.

Los mercados -el país- no contarán votos que no sean los del escrutinio.

La Unión Industrial Argentina pidió en su última reunión de comisión directiva el tratamiento en el Congreso nacional del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas, que fue anunciado en noviembre del año pasado por el gobierno durante la Conferencia Industrial.

La iniciativa tiene por objetivo facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente PyMEs), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral, según la información difundida por el gobierno nacional.

La sanción de esta norma es reclamada desde hace meses por industriales, sobre todo del sector pymes, porque complementa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está pensada especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de una empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande.

El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los 150 mil dólares en el caso de las empresas micro; 600 mil dólares en las pequeñas; 3,5 millones de dólares en las empresas del tramo 1; 9 millones de dólares en las empresas del tramo 2: y 30 millones en el resto.

A su vez, en lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.

AmesetamientoRespecto a los niveles de actividad en las distintas regiones del país, en un comunicado emitido por la entidad después de la reunión que se desarrolló el martes en la sede de la entidad, los representantes sectoriales y regionales “manifestaron preocupación por el amesetamiento en la recuperación de la actividad industrial, en un contexto de aumento de costos locales y tensiones comerciales a nivel global”.

En tal sentido, dice la información difundida por la entidad, expresaron la necesidad de “avanzar rápidamente en una agenda consensuada de las reformas necesarias para superar los dilemas del costo argentino y su impacto sobre la competitividad, por ejemplo en el impulso a las exportaciones con valor agregado, financiamiento competitivo, reforma tributaria con abordaje productivo, mejora de la logística y la conectividad, la infraestructura, y la reducción de costos laborales no salariales, entre otros.

Finalmente, los integrantes de la Junta Directiva coincidieron en que “cada una de las iniciativas en pos de dinamizar la actividad industrial tiene impacto positivo sobre agendas clave para el futuro del país como el empleo ya que la industria genera 1,2 millones de puestos de trabajo formales directos en todo el país, con salarios que se ubican un 30% por encima del promedio de la economía privada formal -y más de 50% si se toman todos los empleos, además de liderar las exportaciones nacionales, lo que resulta clave para la balanza comercial y sostener las reservas internacionales”.

El Ministerio de Economía avanzó hoy en el canje de un bono, cuyo decreto que lo habilita busca ser derogado por la oposición en el Congreso Nacional.

La secretaría de Finanzas anunció el martes una licitación para hoy que incluye la subasta de cuatro títulos ajustados por inflación y el canje de un BONCER con vencimiento el 14 de febrero de 2025, por otro con vencimiento el 30 de junio de 2026.

En el anuncio lo hizo atribuyéndose la facultad a partir del artículo de del Decreto 846/2024. Esta mañana anunció el precio de conversión del título de $ 6.039 por cada $ 1.000 de valor nominal.

Sin embargo, este decreto está siendo cuestionado por la oposición en el Congreso, que esta mañana le pidió al presidente de la Cámara de Diputados que convoque a una sesión especial para el próximo martes a las 15.

En esa sesión piden el tratamiento del  “Régimen Legal de los Decretos de Necesidad y Urgencia, de Delegación Legislativa y de Promulgación parcial de Leyes. Y además el “Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 846/24”.

Firmaron el pedido: Esteban Paulón, Pablo Juliano, Mónica Litza, Sergio Acevedo, Oscar Agost Carreño, Ana Carla Carrizo, Carolina Galliard, Emilio Monzó, Fernando Carbajal, Carlos Heller, Nicolás Massot, Itai Hagman, Margarita Stolbizer, Diego Giuliano, Juan Brügge, Ariel Rauschenberger, Julia Strada y Vanesa Siley.

La Secretaría de Finanzas dará a conocer estar tarde los resultados de las operaciones.

El presidente Javier Milei expone este domingo en el Congreso los detalles del Presupuesto 2025 para la administración nacional, con eje en el equilibrio fiscal.

“Este Presupuesto va a cambiar la historia del país”, dijo Milei en el inicio de su mensaje, cuando también aseguró que su idea es “ponerle un cepo al estado”.

El mandatario eligió presentar personalmente el plan de recaudación y gastos para el próximo año con la banda y el bastón de mando.

“Vengo a proponer un proyecto de Presupuesto distinto, el más radicalmente distinto”, subrayó Milei, y expresó que la “piedra basal” del proyecto es el “déficit cero”.

El presidente Javier Milei, explicó las bases que sustentan el proyecto de Presupuesto 2025.

“Nuestra metodología presupuestaria va a lograr tres objetivos inéditos”, indicó el mandatario y punteó:

Cerca del presidente, Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación.

“Va garantizar el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión”, dijo.

“Va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones”, agregó

Y en tercer lugar precisó que “para los períodos de abundancia como serán los años que vienen va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad a través de la baja de impuestos”

“Esto quiere decir que, de mantenerse esta metodología de acá en adelante no solo podremos ir reduciendo impuestos sino también el tamaño del Estado, que es la verdadera presión impositiva”.

“A los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto público consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto, hagan un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte del acuerdo. Ahora faltan ustedes”, dijo el presidente.

Y agregó: “A los integrantes del Congreso: la presente hora política nacional les ofrece dos opciones… O hacemos exactamente lo contrario a lo que venimos haciendo hace más de 100 años y nos dejamos de hundir. O seguimos haciendo lo mismo, dejamos todo como está, y mantenemos este sistema putrefacto que empobrece todos los días a los argentinos”.

El presidente Javier Milei apuntó contra el bloque de Unión por la Patria y acusó a sus integrantes de forma irónica de "sumar con dificultad".

Una vista nocturna del Congreso durante la presentación. Reuters.

"Ahora, los invito a despejar la X conmigo. Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad", aseguró Milei con una sonrisa y mirando a los diputados de la oposición.

Esas palabras desataron los aplausos de sus seguidores y público presente en los palcos, que comenzó a gritar: "La casta tiene miedo".

El jefe del bloque de UxP, Germán Martínez, le respondió sin micrófono y sin ser mostrado por la transmisión por cadena nacional, que solo enfocó a los oficialistas.

"Aunque yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez, igual pueden tomar nota que ahora empiezo", afirmó el Presidente.

La actriz Amalia "Yuyito" González acompañó en el Congreso la presentación del Presupuesto 2025, a cargo del presidente Javier Milei.

El presidente estuvo acompañado por su familia y su pareja. Reuters.

La novia del mandatario nacional ingresó antes del inicio de la exposición y se ubicó en uno de los palcos de la Cámara de Diputados.

Estuvo allí junto a los padres del jefe de Estado, Norberto Milei y Alicia Luján Lucich.

De esta forma, conductora televisiva participó por primera vez de un acto oficial y su imagen junto a los padres de su novio fue captada por la transmisión en cadena nacional.

Si bien ya se había mostrado en actividades públicas, no habían sido actos de gobierno como el de este domingo, con la presentación del Presupuesto 2025.

Con exposiciones fuertes para alentar la producción de los biocombutibles, y recuperar una carrear en la que el país ha quedado rezagado, las provincias que integran la Liga Bioenergética pidieron en el Congreso de la Nación una nueva ley para el sector, que ocupe el lugar de la vigente, aprobada en julio de 2021 con fuertes críticas desde las economías involucradas.

Santa Fe y Córdoba lideran esa posición, en una asociación de la que también forman parte Tucumán, Salta, Jujuy y Entre Ríos. Este martes 20, a las 17, fueron parte de una reunión informativa en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados de la Nación.

Si bien no se cumplió formalmente con la entrega del proyecto de ley que proponen las 6 provincias, acto que llevarán adelante sus gobernadores según lo acordado, el texto ya está en manos de los integrantes de la comisión y por lo tanto de los bloques del cuerpo deliberativo.

Por Santa Fe, habló Verónica Geese, la secretaria de Estado de la Energía, mientras que por los cordobeses lo hicieron su gobernador Martín Llaryora y uno de sus funcionarios.

Gesse comenzó por mencionar una frase de cabecera del gobernador Maximiliano Pullaro: "Argentina va a salir adelante con la fuerza y el trabajo que le ponen todos los días los argentinos y en nuestro caso los santafesinos, que es algo que viene desde la raíz de nuestra producción, el campo".

Describió a la asociación de las provincias que impulsan las energías verdes como una "liga de las potencialidades" que las políticas públicas deben despertar en algunos casos, apoyar en otros y apenas no obstruir en el caso del biodiésel y la normativa vigente. "El agregado de valor a la producción primaria desde el interior es la forma como vamos a salir adelante", abundó.

El proyecto de ley propuesto por la Liga "viene a proponer cambios" sobre la norma vigente "que no nos contuvo", reprochó la funcionaria santafesina respecto del marco regulatorio aprobado hace tres años, contra la opinión de los productores de biocombustibles.

Geese explicó que hubo una primera ley (de 2006) que fue "de fomento" y "nos dio origen a lo que hoy vemos y que se ha desarrollado". Lamentó que la legislación de segunda generación haya hecho retroceder a esa economía y describió: "es una mala ley que no nos va a hacer crecer".

"Buscamos desarrollar los polos productivos de una química verde", con "más eficiencia y en el único sector en el que la Argentina es importante en el Mundo".

"Hay un solo lugar donde jugamos en primera en el comercio internacional y es justamente en el sector en el que hoy, con este proyecto de ley que proponemos desde la Liga Bioenergética le queremos agregar valor en el país. Para poder seguir en esa competencia tenemos que hacer lo mismo que ya hacen los demás jugadores: con los biocombustibles (para vehículos terrestres pero también la flota aérea y marítima), que ya Brasil Estados Unidos hacen".

"Producimos en Santa Fe el 82% del biodiésel que tiene la Argentina y queremos certidumbre. Justamente el proyecto de ley de la Liga propone una alternativa a la fijación de precios que tiene la legislación anterior y actual. La competencia nos sitúa en otras condiciones para una mayor competitividad dentro de los mismos sectores", productivos de materias primas e industriales.

"Ustedes, al leer el proyecto va a ver que vamos a estratificaciones a que el cupo no lo determine un funcionario sentado detrás de un escritorio, que ha sido siempre uno de los puntos más críticos del esquema vigente. Con esas certezas se le quita al inversor la incertidumbre y nos permite ser más transparentes que creo que es a lo que apuntamos todos: eficiencia, competitividad, transparencia es lo que pide la gente a sus gobernantes", dijo a los legisladores la funcionaria santafesina.

"Lo que impulsamos no es contra nadie, o contra algún sector. Buscamos construir para que el país recupere el crecimiento y que podamos estar a la altura de los países con que competimos, por eso venimos a la casa de los consensos a construir el acuerdo que necesitamos para modificar la legislación vigente".

Dos normas, un sectorEl titular de la comisión, Atilio Benedetti, del radicalismo de Entre Ríos, estuvo flanqueado por el gobernador de Córdoba, Martín Llaryoria (un justicialista que no debe ser confundido con el kirchnerismo) y la secretaria de Energía de la Provincia de Santa Fe, Verónica Geese.

Benedetti es autor, con su par Miguel Pichetto y otros 20 diputdos nacioales de un proyecto de ley llamada "Proyecto RIDA" para el "estímulo y el desarrollo" agroindustrial. Es una iniciativa que surge como respuesta a la "completa exclusión del sector del RIGI", que otorga amplias ventajas fiscales a otros sectores, en busca de inversiones.

El entrerriano dijo que pronto la Comisión pasará del "plano informativo" al "tratamiento" de las iniciativas. Tanto para el programa de estímulos al agro en general como la norma que esperan el biodiésel y el bioetanol.

Con tonada cordobesaAntes que el gobernador cordobés, habló su ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López, que explicó aspectos básicos de los biocombustible. Destacó que esa provincia concentra la mayor parte de la producción de bioetanol en base a maíz. También, un plan provincial en el que "una flota de 2.000 vehículos" usa ese biocombustibles al 17% de corte en las naftas, en lugar del 12% que le reserva en todos los surtidores del país, la actual legislación nacional "que consideramos que atrasa el desarrollo del sector". Como se sabe la norma que nació en 2006 tenía previstos márgenes mayores, en especial para el biodiésel.

Para Llaryora "gobernar es crear trabajo". Y al describir lo que necesitan los combustibles verdes aseguró: "No es una cuestión de ideologías sino de hacer lo necesario para que haya trabajo genuino y previsible, en un ciclo virtuoso en el que los biocombustibles son el eslabón de una cadena mayor", que incluye al campo, la metalmecánica y las exportaciones.

"Lo que venimos a proponer es una segunda revolución para el agro. Pero no es un camino nuevo, sí lo era cuando nosotros comenzamos", al comenzar el milenio.

"Hoy Brasil nos ha superado y antes ellos venían a ver lo que nosotros hacíamos. Ya está todo inventado", graficó. "Tenemos apenas que copiar lo que ya han desarrollado, y si no les gusta Brasil por cuestiones ideológicas copiemos lo que hace Estados Unidos", que tienen iguales modelos "que se mantienen pese al cambio de gobiernos, con verdaderas políticas de Estado", acotó luego Geese.

Advirtió que con anteojeras ideológicas no es posible ver que hay una oportunidad que ya se ha perdido durante demasiados años. Pidió no hacer un homenaje a "un sector dinámico al que se lo mató", por falta de previsibilidad y quita de estímulos que quedaron plasmados en la norma vigente.

"En la Argentina llegamos al colmo de hacer que fabriquemos, en Córdoba, los motores flex, pero para que se usen solo en Brasil. Porque acá no los tenemos autorizados. Y gracias a Dios que Brasil nos encarga esos autos. Pero es absurdo que aquí no los usemos".

Comparó lo que sucede con los biocombustibles con el tiempo perdido con Vaca Muerta "hubo que importar gas porque no teníamos los gasoductos para aprovechar esa enorme reserva. Ahora se está terminando y por fin vamos a exportar y utilizarlo. Con los biocombustibles es lo mismo: el mundo siguió avanzando" y el sector en la Argentina fue postergado.

Frases fuertes

Cuando se agotaba su tiempo de exposición, el gobernador de Córdoba Martín Llaryora dejó más expresiones que, sin el contexto por la premura podrían ser inquietantes. Las usó como una forma de azuzar a su auditorio: los legisladores. Les recordó que las provincias piden cambiar la legislación vigente y que "cualquier ley que aprueben va a ser mejor que la que tenemos". Destacó que hoy el precio y el corte de los biocombustibles en los de origen fósil "dependen de la firma de un funcionario, así quién va a querer invertir", preguntó retóricamente.

Y luego expresó textualmente: "Miren si Córdoba estuviera separada, sería el octavo productor de maíz del Mundo. Y hoy lo tenemos que sacar en camiones".

"La oportunidad de una segunda revolución del agro es producir biocombustibles para aviones, cuando nos pase otra vez que Brasil nos compra la materia prima y que otra vez nos venda el combustible de vuelo… ¿a quién le vamos a echar la culpa? Estamos en condiciones de producirlo y eso es generar trabajo en el interior del interior". Y afirmó que esa diversificación del uso de las materias primas en el país, "contribuiría a bajar el precio de los alimentos", afirmó.

Las pequeñas y medianas empresas y los contadores pidieron que las provincias y municipios adhieran al blanqueo de capitales aprobado por el Congreso de la Nación. La Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) advirtieron sobre la necesidad de que las provincias, CABA y municipios adhieran al Régimen de Regularización de Activos (blanqueo) para "garantizar la efectividad" de la medida.

Ambas entidades consideraron clave esa adhesión para "estimular a los contribuyentes a normalizar sus tenencias y bienes" y que estos no se vean luego afectados teniendo que afrontar costos provinciales. En un documento elaborado en forma conjunta, la FACPCE y CAME señalaron que, sin el acompañamiento de las provincias y municipios, "los contribuyentes que ingresen al Régimen podrían quedar expuestos a determinaciones de oficio por el Impuesto sobre los Ingresos Brutos", como también de los municipios con las tasas de seguridad e higiene.

Asimismo, recordaron que la sanción de esta norma a nivel nacional requiere el acompañamiento de la legislación local para complementar la decisión del contribuyente de ingresar al régimen. "El acompañamiento legislativo local fortalecerá la decisión de los contribuyentes de normalizar sus tenencias y bienes, y permitirá un alivio fiscal integral que abarque tanto los tributos nacionales como los subnacionales", señalaron.

A su vez, consideraron que solo a partir de esta adhesión "se cumplirán de manera exitosa los objetivos perseguidos por el Ejecutivo y avalados por el Congreso, en relación con ampliar la base tributaria sobre la que se aplicarán los impuestos".

FACPCE y CAME remarcaron que el éxito del denominado blanqueo "permitirá que muchos dólares atesorados puedan dinamizar el consumo y la inversión, disminuidos por la recesión, y contribuirá a mejorar las reservas".

En un intento por restaurar el equilibrio fiscal, el Gobierno ha presentado al Congreso un proyecto de ley para modificar el Impuesto a las Ganancias, proponiendo transformaciones sustanciales en su estructura. El nuevo tributo, denominado "Impuesto a los Ingresos Personales", establecerá un mínimo no imponible y escalas que afectarán a diferentes segmentos de la población.

Según fuentes oficiales, el impuesto será aplicado a contribuyentes solteros con ingresos brutos mensuales superiores a 1.250.000 pesos, mientras que los trabajadores casados con dos hijos no pagarán hasta salarios de $1.590.062. Se estima que alrededor de 800 mil personas volverán a tributar, a diferencia de la situación actual en la que solo pagan Ganancias aquellos que perciben salarios brutos de más de $1.980.000.

Una de las novedades más destacadas es la introducción de un mínimo no imponible de $2.360.829 sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, ajustado trimestralmente según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) suministrado por el Indec.

El tributarista César Litvin explica que el nuevo esquema busca aplicar la progresividad del impuesto, eliminando distorsiones anteriores. Las alícuotas más altas, del 35%, se aplicarán únicamente a aquellos con ganancias anuales en dólares que superen los USD 17.102. Además, se introducen beneficios fiscales, como la exención del aguinaldo para quienes tengan una remuneración bruta menor a $1.250.000.

Sin embargo, el proyecto ha generado críticas, especialmente en relación con los autónomos, que según Litvin, quedaron relegados en comparación con los empleados en relación de dependencia. También se establecen nuevas escalas para los monotributistas, limitando el número de operaciones y el monto facturado anualmente.

La propuesta del Gobierno, liderada por el ministro de Economía, Luis Caputo, busca revertir la pérdida de ingresos fiscales provocada por la eliminación del impuesto, alegando razones más políticas que económicas. La medida, de ser aprobada, podría generar un impacto significativo en la recaudación, permitiendo al Gobierno aumentar sus recursos en medio de la búsqueda del equilibrio fiscal y las tensiones con los gobernadores provinciales.

El presidente Alberto Fernández destacó que su gobierno trabaja para reducir la inflación y el déficit fiscal, que la economía sigue creciendo y ponderó las obras destinadas a hacer crecer la producción energética de la Argentina.

Al hablar ante la Asamblea Legislativa, Fernández dijo que la Argentina será uno de los países que más crecerá el año próximo.

El jefe de Estado aseguró que la Argentina es "uno de los países que más creció en estos dos últimos años" y auguró que el país volverá a crecer este año.

"A pesar de los cataclismos tantas veces anunciados, continuamos ordenando nuestra economía", aseguró.

"Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más crezca del mundo y de los primeros de la región. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedía desde el 2008", destacó.

Dijo que "no hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado".

"Si no crecemos, no hay nada para distribuir. Si crecemos sin políticas activas de distribución, la riqueza se concentra en pocas manos. En ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente", afirmó.

Al hablar ante la Asamblea Legislativa, Fernández dijo que "si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas. Desde la preservación de empresas y de empleo durante la pandemia hasta las actuales políticas que estimulan la producción y las exportaciones, las que promocionan líneas de créditos y las que buscan acuerdos entre las partes en todos los sectores productivos".

Fernández destacó que la Argentina es "uno de los países que más creció en estos dos últimos años" y auguró que el país volverá a crecer este año.

"Todas las proyecciones propias y de los organismos internacionales señalan que en 2023 volveremos a crecer. Seremos uno de los países que más crezca del mundo y de los primeros de la región. Serán tres años consecutivos de crecimiento de nuestra producción, algo que no sucedía desde el 2008", subrayó.

Dijo que "no hay solución a nada si la economía no crece. Por supuesto que debemos distribuir mejor nuestra generación de riqueza, pero es fundamental sentar las bases para el crecimiento equilibrado".

"Si no crecemos, no hay nada para distribuir. Si crecemos sin políticas activas de distribución, la riqueza se concentra en pocas manos. En ese clivaje es donde tiene que asentarse un Estado inteligente y eficiente", afirmó.

Fernández dijo que "si crecimos y generamos más empleo, más inversión y más consumo fue porque adoptamos desde el Estado políticas activas. Desde la preservación de empresas y de empleo durante la pandemia hasta las actuales políticas que estimulan la producción y las exportaciones, las que promocionan líneas de créditos y las que buscan acuerdos entre las partes en todos los sectores productivos".

Datos positivos sobre la economíaFernández destacó que la economía "volvió a crecer durante 2022 y registró un aumento de 5,4%. De este modo, sumamos más crecimiento al 10,3% que se registró durante el 2021".

"En 2022 la actividad industrial creció 4,5% respecto a 2021, y muestra un crecimiento del 12,1 % en la comparación con 2019. La industria encadenó 15 meses de subas continuas y el empleo industrial alcanza el nivel más alto desde junio de 2018, acumulando 29 meses consecutivos de expansión, registrando más de 86 mil nuevos puestos de trabajo con relación a diciembre de 2019", señaló.

Dijo que "en la industria automotriz, por ejemplo, se observó en 2022 un incremento del 23,4% en relación al 2021 y de 70,5% respecto al 2019. Es el más alto desde 2015. Las estimaciones del sector proyectan para 2023 un crecimiento del orden de entre el 10 y el 15% en la producción".

"En el sector de prendas de vestir, cuero y calzado, a noviembre de 2022 se registró la vigésima primera suba interanual consecutiva con una producción 45,8% más alta que en 2019.

Para el mismo mes (noviembre de 2022) la Siderurgia registró un incremento de 28,4% respecto a 2019. La producción de alimentos es 13,1% mayor que en 2019 y la de Maquinarias y Equipos 45,6% por encima del 2019", indicó.

Señaló que "en 2022 el consumo interno de cemento totalizó 12,8 millones de toneladas. Se expandió 7,3% en comparación con el año anterior y 17,1% frente a 2019. De esta manera, el consumo acumulado del año fue el mayor desde 2004".

Destacó que "la recuperación también fue muy fuerte en las pymes industriales, con la utilización de la capacidad instalada industrial y la rentabilidad industrial Pyme en su mayor nivel en más de 3 años.

En cuanto al sector agropecuario, el año cerró con las preocupaciones que genera una sequía muy severa que en mayor o menor medida viene afectando la producción de trigo, cebada, soja y maíz. Ante estas dificultades climáticas, el Estado ha dispuesto un conjunto de instrumentos para apoyar a los productores más afectados, como lo hacemos con todos los sectores de nuestra economía. No obstante, las exportaciones del sector durante 2022 fueron récord".

Ponderó que "se produjeron más de 142 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y otros cultivos. En la campaña 2021-2022 el área sembrada fue superior a los 42 millones de hectáreas, un récord histórico. También se registró crecimiento productivo, en carne bovina y porcina, que alcanzó niveles nunca antes visto".