El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicó este 30 de mayo el informe mensual sobre la dotación de personal del Estado nacional. El relevamiento indica que en abril de 2025 el total de empleados en la Administración Pública Nacional (APN) fue de 292.801 personas, lo que representa una baja de 1.687 puestos respecto a marzo, es decir, una reducción del 0,6% mensual.

La tendencia de recorte viene sostenida desde noviembre de 2024, acumulando así seis meses consecutivos de caída. En ese período, el Estado nacional perdió 11.306 empleos, lo que equivale a una contracción del 3,7% en su plantel total.

El informe abarca tanto la administración central como las empresas públicas y entes descentralizados. La caída se da en medio del plan de ajuste fiscal del Gobierno nacional y los compromisos asumidos con organismos internacionales.

Los sectores más afectadosEl ajuste no fue homogéneo: algunas áreas mostraron recortes más pronunciados que otras. Entre los más afectados se encuentran:

Empresas y sociedades estatales: bajaron un 0,9%, con 93.350 empleados.

Administración descentralizada: cayó un 0,7%, totalizando 121.125 agentes.

Administración pública nacional: perdió un 0,4%, quedando en 199.451 trabajadores.

En contraste, la administración centralizada aumentó levemente su dotación un 0,1%, y los "otros entes" crecieron un 0,2%.

A nivel ministerial, los mayores recortes se vieron en:

Jefatura de Gabinete de Ministros: -7,1%

Ministerio de Capital Humano: -2,8%

Ministerio de Economía: -3,2%

Ministerio de Defensa: -1,7%

Cancillería (Relaciones Exteriores): -2,5%

ANMAC: -13,8%

Por el contrario, algunos organismos aumentaron personal debido a procesos de regularización contractual, como el Ministerio de Justicia (+36,1%) y la Procuración del Tesoro (+33,9%).

Empresas públicas en revisiónLas empresas estatales también sufren el impacto del ajuste. El recorte alcanzó a firmas como:

Aerolíneas Argentinas: -1,1%

Banco Nación: -1%

Correo Argentino: -0,6%

Corredores Viales S.A.: -3,5%

Casa de Moneda: -4,8%

Algunas de estas empresas están bajo procesos de auditoría, reestructuración o incluso liquidación, como la Administración General de Puertos S.A.U..

Detrás del ajusteLa reducción de la planta estatal forma parte de la estrategia del Gobierno para alcanzar el equilibrio fiscal. En ese marco, se creó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y se reactivó el rol de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, responsables de llevar adelante este proceso.

La metodología incluye no renovación de contratos, retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y despidos directos, según fuentes oficiales.

Señales de alertaEspecialistas advierten sobre los posibles efectos en áreas sensibles como salud, educación y seguridad. Desde el Ejecutivo aseguran que se busca "eficientizar" la gestión, mientras que gremios estatales denuncian despidos arbitrarios y pérdida de capacidades clave para el funcionamiento del Estado.

La compañía láctea SanCor Cooperativas Unidas Limitada (CUL) solicitó la formación y apertura del concurso de acreedores en medio de la crisis que atraviesa por las deudas acumuladas y la merma en la producción que incluyó despidos en los últimos días.

El proceso que corre por vía judicial fue asignado por sorteo al Juzgado de Primera Instancia de distrito en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de la ciudad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, donde tiene residencia legal la firma. El juez a cargo es Guillermo Vales.

La decisión de SanCor se dio a conocer mediante un comunicado en el que se detalló el dificultoso devenir que afrontó en los últimos años indicando que "tras atravesar una profunda crisis en 2017, la cooperativa inició un proceso de reestructuración que fue cumpliendo distintas etapas".

Al respecto, precisaron que "este plan incluyó una instancia extrajudicial, así como la venta y cierre de varias dependencias productivas, comerciales y administrativas", asegurando que "estas medidas permitieron una paulatina estabilización de la situación que transitaba la cooperativa". Durante este transcurso, la empresa pasó de tener 12 plantas a seis.

En relación a la reducción del personal de las diferentes plantas, que también forma parte de la mencionada reestructuración, a finales del mes pasado se produjo la desvinculación de 300 empleados. Esta realidad se viene acentuando ya que en 2017, la compañía contaba con 4.000 trabajadores, mientras que actualmente apenas supera los 1.000.

Continuando con la recopilación de lo sucedido en los calendarios pasados, la cooperativa sostuvo que "con el paso del tiempo, SanCor evaluó diferentes alternativas y mantuvo negociaciones con un grupo empresarial interesado en desarrollar un fideicomiso que impulsara su recuperación. Sin embargo, luego de dos años, esa iniciativa no prosperó, lo que marcó un punto crítico en el camino de la Cooperativa".

Al mismo tiempo, recordó que "a fines de 2023, y hasta agosto de 2024, SanCor, por razones que son de público conocimiento, vio reducida sustancialmente su operatoria, afectando su recuperación", haciendo alusión al conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Láctea Argentina (Atilra).

Aún ante este escenario, se explicó que "SanCor continuó dialogando con nuevos interlocutores interesados en participar del negocio, logrando progresos significativos en dichas gestiones".

Sin embargo, desde la firma informaron que "antes de avanzar con cualquier iniciativa concreta, la cooperativa debe resolver los problemas derivados de sus deudas y otras circunstancias que podrían frustrar futuras negociaciones", por lo que "en este contexto, y con el objetivo de ofrecer una solución a todos los interesados, SanCor decidió dar este paso judicial".

Ante esta determinación, expresaron que "aunque los resultados de esta medida no pueden preverse con certeza, la cooperativa confía en que las partes involucradas llegarán a un entendimiento", remarcando que "esto permitirá concretar, con el apoyo de herramientas técnicas y financieras adecuadas, una solución definitiva que garantice la consolidación de SanCor".

Asimismo, el comunicado aclaró que "en virtud de lo mencionado anteriormente, se aplicarán todos los pasos determinados por los procedimientos que establece la justicia actuante, y de los cuales iremos informando a medida que corresponda".

El panorama para el sector de la construcción en Argentina se oscurece aún más con la reciente declaración de emergencia por parte de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO). Esta medida se toma en medio de una preocupante caída del 29,2% en las ventas de insumos para la construcción en enero, según el Índice Construya (IC).

El IC, que refleja la demanda de materiales para la construcción, también mostró un retroceso del 19,6% respecto al mes anterior, exacerbando la situación ya complicada que atraviesa el sector. Este descenso en las ventas se atribuye principalmente al receso vacacional y a la incertidumbre provocada por la alta inflación que afecta al país.

La emergencia declarada por CAMARCO destaca la grave situación que enfrentan alrededor de 1.400 empresas y más de 200.000 empleos en riesgo inminente. En una reunión extraordinaria del Consejo Federal, los empresarios de la construcción expresaron su preocupación por el futuro del sector, advirtiendo sobre posibles cierres de empresas y despidos masivos si no se toman medidas urgentes.

La parálisis de la obra pública en todo el país es uno de los principales desafíos que enfrenta el sector, con más de 3.000 proyectos detenidos y una cadena de pagos comprometida. Ante esta situación, CAMARCO insta a las autoridades nacionales y provinciales a encontrar soluciones rápidas y efectivas para evitar consecuencias irreparables tanto para el sector de la construcción como para la economía en general.

La incertidumbre y el riesgo de colapso en el sector de la construcción ponen de manifiesto la urgencia de medidas concretas y un diálogo constructivo entre el gobierno y los actores empresariales para enfrentar esta crisis y evitar un impacto devastador en la economía del país.

El presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió sobre la grave situación que enfrenta el sector luego de que Javier Milei anunciara la conclusión de la obra pública a partir de su mandato el 10 de diciembre, generando envíos masivos de telegramas de despido y el riesgo de quiebra para numerosas empresas.

Las repercusiones de las declaraciones de Javier Milei sobre el fin de la obra pública en Argentina se han dejado sentir con fuerza en la industria de la construcción. Gustavo Weiss, presidente de la Cámara de la Construcción (Camarco), reveló que muchos trabajadores del gremio han recibido telegramas de despido en respuesta a la estrategia del presidente electo de paralizar todas las obras públicas financiadas por el Estado nacional a partir de su asunción el 10 de diciembre.

La estrategia de Milei, según sus propias palabras, busca enfrentar el déficit fiscal del país, considerado el más grande de la historia, mediante la eliminación de la obra pública. No obstante, Weiss expresó su preocupación por las consecuencias sociales y económicas de esta decisión, advirtiendo que dejaría a "300 mil personas en la calle" y poniendo en peligro a numerosas empresas del sector.

"No tenemos plata", señaló Weiss, enfatizando la difícil situación financiera que enfrentaría la industria de la construcción si se implementa la medida propuesta por Milei. Además, alertó que muchas empresas podrían encontrarse al borde del concurso de acreedores, afectando tanto a empleados directos como al trabajo indirecto, ya que la paralización de la obra pública tendría un impacto en las fábricas de insumos.

Las empresas, según Weiss, están emitiendo facturas con 60 días de antelación y advirtiendo que no ejecutarán más proyectos si no se les paga. La incertidumbre y la posibilidad de una crisis económica en el sector de la construcción se han intensificado, generando un clima de preocupación entre los actores involucrados.

Las declaraciones de Milei, quien insiste en que la obra pública debería ser realizada por iniciativa privada a través de licitaciones, han desencadenado un debate sobre el impacto económico y social de esta decisión radical, mientras la industria de la construcción enfrenta una encrucijada que podría tener consecuencias a largo plazo.

El sector encabezó los peores números de 2018. Con sólo un cuarto de la capacidad instalada en actividad, la reunión de las cámaras de autopartes con Dante Sica pretenderá modificar el esquema fiscal para salir de lo que definen como un inminente “estado de emergencia”. Redacción Canal Abierto | $9.000 millones de pesos es el estimativo que Renault estimó que le costó la crisis argentina sólo en 2018. La automotriz francesa, en su balance anual, dio cuenta de una caída en sus ganancias superior a los 200 millones de euros (unos $8650 millones) impulsada, en parte, por el costo financiero que le significa la categoría de “economía híper-inflacionaria” que el mercado internacional le otorgó al país.

La situación no se restringe a Renault. Las autopartistas de todo el país acusan un cimbronazo producto del mercado interno pinchado y amenazan con más suspensiones y despidos para 2019 que, de producirse, impactarán directamente en las tres provincias más pobladas del país –Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba- donde están mayoritariamente radicadas sus plantas.

Lejos quedó el convenio que el Gobierno anunció en marzo 2017 con Smata por el que se producirían “un millón de autos por día”. En cambio, el sector encabezó todos los índices negativos de la economía 2018. Según el Indec, la capacidad instalada general de la industria en diciembre cayó al 56,6%. En un desglose, la automotriz es el rubro más parado: en el último mes del año sólo produjo al 25,6% de su capacidad.

Si analizamos el impacto en los empleos, según los últimos números del CEPA el sector automotriz y autopartes prescindió de más trabajadores que todo el resto de la industria, con las suspensiones en General Motors, FIAT, Renault y Volkwagen; y despidos en Itec y Metalpar. En total, se contabilizaron 10.492 trabajadores afectados, entre despedidos y suspendidos.

Para este año, según datos de la Asociación de Fábricas de Automotores, la expectativa de producción de autos ronda las 490.000 unidades, poco más que los 466.000 que se produjeron en 2018. Con estos números, la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes estima que en 2019 podría reducirse un 5% el total del personal del área, respecto de 2017.

Sólo en enero, el matutino La Nación ya contabiliza que la planta de Renault Nissan de Córdoba cortó cien contratos, el grupo Fiat está trabajando tres días a la semana y General Motors tiene un acuerdo con Smata que incluye suspensiones hasta el 30 de abril. Honda, por su parte, no trabajará hasta el 25 de febrero. En tanto, la mayoría de las plantas vienen desde diciembre con adelanto de vacaciones y días sin producción.

La próxima semana, las cámaras del sector tienen prevista una reunión con el ministro de la Producción, Dante Sica, donde pretenden plantear modificaciones al nuevo esquema fiscal que cobra retenciones sobre las autopartes que se exportan. De poder revertirlo, imaginan un escenario más amable en lo inmediato, o al menos salir de lo que en un comunicado reciente la Comisión Autopartista de la Cámara de Industriales Metalúrgicos y de Componentes de Córdoba definió como un inminente “estado de emergencia”.