Un reciente estudio del Departamento de Estadísticas y Tendencias del Centro de Almaceneros y Comerciantes Minoristas de la Provincia de Córdoba reveló que el 93% de los argentinos enfrenta deudas, y el 54% de estas son con tarjetas de crédito. La investigación, realizada en julio, incluyó 4200 encuestas a nivel nacional, ofreciendo un panorama claro de la situación financiera de los hogares argentinos.

Detallando las deudas

Entre los datos obtenidos, se destaca que el 26% de las deudas están vinculadas a tarjetas de crédito. Además, el 10% corresponde a deudas familiares, el 9% a créditos bancarios, el 8% a servicios e impuestos, el 7% a alquileres y fiado, y el 5% a prepagas.

Las deudas con tarjetas de crédito son mayormente por compras de alimentos (54%), seguido por combustible (16%), pago de impuestos y servicios (12%) y compras de indumentaria (11%).

Evolución de las deudas

El estudio revela que el 47% de las deudas se adquirieron en 2023, mientras que el 35% corresponden al presente año, 2024. Solo el 18% de las deudas son de 2022 o años anteriores.

En cuanto a la cantidad de deudas por hogar, el 35% tiene una sola deuda, el 57% tiene hasta tres obligaciones financieras y el 8% enfrenta más de tres.

Créditos bancarios y estrategias de pago

Un 9% de los encuestados recurre a créditos bancarios para cubrir sus deudas. José Castillo, economista, explicó: "Hay gente que acumula un saldo sin pagar, el banco le ofrece un crédito y la gente lo toma para pagar la deuda con la tarjeta”.

Perspectivas para el futuro

El 55% de los encuestados estima que podrá saldar su deuda recién en 2025. Un 23% espera hacerlo antes de fin de 2024, mientras que un 18% no cree que podrá pagar la totalidad de sus deudas.

Este estudio refleja la gravedad de la situación económica en Argentina, donde un alto porcentaje de la población sigue luchando con deudas, afectando su capacidad de ahorro y estabilidad financiera

CAME ha solicitado al ministro de Economía de la Nación una prórroga de al menos 60 días para el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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La Resolución General N° 17/2024 del Ministerio de Economía de la Nación y la Resolución General N° 5482/2024 de la AFIP establecen la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares hasta el 31 de julio de 2024 para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa.

Cabe destacar que aún no se ha reglamentado la Ley 27.743, "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas susceptibles de ejecución fiscal.

Contexto desfavorable

Desde CAME explican que la solicitud se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, lo cual impacta negativamente en la capacidad de pago de las pymes. "En este contexto será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero", señalaron.

Los últimos datos publicados por CAME muestran que las ventas minoristas pymes retrocedieron un 21,9% anual en junio, a precios constantes, acumulando una caída del 17,2% en el primer semestre del año.

"Si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general. Impactó en la caída la cantidad de feriados que hubo en el mes, el del 17 de junio por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera que generó un fin de semana largo de cuatro días", explicaron.

Qué opinan las empresas

De acuerdo con una encuesta realizada por CAME a las empresas del sector comercial, la medida más destacada que esperan los comercios pymes es la reducción de impuestos, representando el 40,7% de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 17%. Esto sugiere que, en el contexto actual, los comerciantes priorizan las intervenciones directas que pueden mejorar su competitividad y eficiencia operativa sobre opciones de financiamiento más favorables.

Asimismo, los mayores desafíos identificados por los comerciantes son la falta de ventas, representando el 57,6% de las respuestas, y los altos costos de producción y logística, que constituyen el 23,4%. Estos dos factores se destacan como los obstáculos más significativos para el crecimiento y la estabilidad de los comercios pymes.

Los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, pero mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda. El 35% de los comercios consultados han reducido gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas.

En este escenario complejo, las pequeñas y medianas empresas continúan buscando soluciones innovadoras para mantenerse a flote. Muchas pymes están adoptando estrategias digitales para expandir su alcance y reducir costos operativos. Las ventas en línea, por ejemplo, han demostrado ser una vía efectiva para contrarrestar la caída en las ventas presenciales. En los últimos eventos de promociones en línea, como el Hot Sale 2024, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) registró récord de compradores y varias empresas lograron picos de venta inusuales.

A pesar de estos esfuerzos, desde el sector empresario advierten que la situación es crítica y reclaman urgentemente la prórroga del vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares.

El Banco Central de la República Argentina enfrenta el desafío de corregir imprecisiones en sus políticas, resultando en una acumulación millonaria de deuda. La complejidad de los tipos de cambio en el país ha llevado a la autoridad monetaria a rectificar errores que, lejos de beneficiar, han generado consecuencias financieras negativas para los contribuyentes.

La escena financiera en Argentina se ve marcada por la multiplicidad de tipos de cambio, colocando al Banco Central en un constante juego de correcciones para enmendar errores que afectan las arcas del país. Recientemente, la entidad se vio obligada a revertir un sistema que pretendía funcionar como un "seguro de cambio" para empresas, pero que, en última instancia, se convirtió en un generador adicional de deuda, sumándose a los ya abultados 23 billones en Leliqs.

La estrategia inicial permitía a exportadoras adquirir letras especiales vinculadas al dólar oficial, proporcionándoles una cobertura frente a posibles devaluaciones sin asumir riesgos significativos. Bajo la normativa establecida por el presidente del BCRA, Miguel Pesce, las exportadoras, especialmente del sector petrolero, obtenían una suerte de "seguro de cambio" mediante la adquisición de LEDIV (Letras Internas del Banco Central) en dólares liquidables en pesos al tipo de cambio oficial.

Este mecanismo permitía a las empresas recibir el 50% de los pagos del exterior a través del mercado "contado con liqui" a un valor de $840, y el restante 50% al dólar oficial. Sin embargo, la posibilidad de adquirir LEDIV a un precio fijo de dólar oficial ($360) generó un atractivo inesperado para las empresas, llevando el volumen de estas letras de $2.800 millones el 7 de noviembre a más de US$ 5.000 millones en poco tiempo.

Ante la rápida detección de este negocio por parte de los operadores, el Banco Central se vio obligado a dar marcha atrás a través de la Comunicación "A" 7897, restringiendo el acceso a este "seguro de cambio" solo a bancos con depósitos en dólares vinculados, petroleras que hayan aumentado su producción y pymes importadoras. Esta corrección busca evitar mayores complicaciones financieras y reducir el impacto negativo de una normativa que, inicialmente diseñada para aliviar la presión sobre los dólares libres, terminó generando una nueva fuente de endeudamiento para la autoridad monetaria.

El 29 de este mes… ¿es el "día D" para la quiebra de Vicentin? Es la última jornada habilitada por el juez Fabián Lorenzini para que se inscriban -previo depósito de US$ 100 mil- interesados en formular propuesta de acuerdo preventivo. "Si transcurrido el plazo previsto… no hubiera ningún inscripto, el juez declarará la quiebra", ordena el inciso 2 del artículo 48 de la ley 24.522.

El juez de Primera Instancia de Distrito N° 4 en lo Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista concedió la apelación a su propia decisión de rechazar en primera instancia el acuerdo de homologación presentado por el directorio de la concursada, con el aporte de capital de los inversores estratégicos: ACA, Bunge y Viterra.

La Cámara que se abocaría al caso está integrada por los doctores Mauricio Sánchez, Santiago Dalla Fontana y María Eugenia Chapero. Pero ésta última se excusaría por amistad con la familia Vicentin. Un rafaelino completaría el trío.

De todas maneras tal apelación a Cámara -si finalmente ocurre- no suspende los efectos del período dispuesto por Lorenzini en su juzgado, que cierra el 29 de este mes y que precipita la quiebra de la empresa en la jornada inmediata siguiente si no hay oferentes. Y hasta ahora no los hay.

¿Se precipitará la quiebra sin que la Cámara resuelva el pedido de Vicentin -de concretarse- para que se acepte su propuesta? ¿Puede la empresa apelar el rechazo de Lorenzini y al mismo tiempo anotarse para el denominado cramdown? Los laberintos legales del complejo caso aún tienen páginas para ser escritas.

Los interrogantes económicos -y con ellos los sociales- se suman a la trama. Sin los aportes de los inversores estratégicos, la operatoria se cae de no haber alternativa.

Como se recordará, el juez rechazó el acuerdo alcanzado porque el plazo para pagar a los mayores acreedores -de 12 años con quitas hasta 70%- planteaba asimetrías en el trato con quienes, a menores montos, recibirían hasta 100% de lo que se les debe en un plazo de dos años.

El magistrado también había cuestionado que la propuesta "no contempla un plan de reorganización empresaria que disponga con certeza cuál será el destino de las unidades de negocios y los trabajadores de la ciudad de Avellaneda (Santa Fe), durante el plazo de cumplimiento del acuerdo".

La explicación "coloquial" del juez¿Y qué haría Lorenzini si Vicentin es el único oferente en el cramdown, sin mejorar la oferta que ya rechazó? "Hasta el año 2002 -explicó Lorenzini 'coloquialmente' en un escrito- la apertura del período de concurrencia (también llamado CRAMDOWN por asociación con la legislación de bancarrotas de Estados Unidos) significaba el desplazamiento definitivo del dueño o empresario original.

"Pero luego de la reforma que se introdujo en ese momento, los dueños originales continúan en carrera y pueden competir abiertamente con cualquier otro interesado oferente. Solamente pierden esa exclusividad, pero no implica desplazamiento. Por lo tanto siguen al frente de su empresa y pueden volver a ofrecer alternativas (el resaltado es de la redacción) a sus acreedores".

El magistrado -que define al cramdown como un "mecanismo que intenta evitar la desaparición de una empresa como generadora de actividad y trabajo"- considera incluso en ese escrito que "el período de concurrencia dura hasta que se logre valuar las acciones que deben transferirse, negociar con los acreedores y presentar esos acuerdos en el expediente, siempre con las pautas y los plazos que establece el mencionado art. 48 de la ley. Igualmente, en determinados casos por sentencia fundamentada, se podrían flexibilizar o modular razonablemente esos términos legales para evitar un fracaso del proceso por un exceso formal.

"Si ese proceso fracasa por no lograrse las mayorías necesarias por parte de ninguno de los interesados en la compra de las acciones y lograr la reestructuración de la deuda, finalmente se debe declarar la quiebra y comenzarse la liquidación", concluyó.