La Unión Industrial Argentina pidió en su última reunión de comisión directiva el tratamiento en el Congreso nacional del proyecto de Ley de Promoción de Inversiones y Empleo para pequeñas, medianas y grandes empresas, que fue anunciado en noviembre del año pasado por el gobierno durante la Conferencia Industrial.

La iniciativa tiene por objetivo facilitar e impulsar el crecimiento de pequeñas, medianas y grandes empresas (especialmente PyMEs), potenciar las exportaciones industriales, formalizar el empleo, impulsar el sector agro y generar cambios profundos en materia laboral, según la información difundida por el gobierno nacional.

La sanción de esta norma es reclamada desde hace meses por industriales, sobre todo del sector pymes, porque complementa el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y está pensada especialmente para medianas inversiones de acuerdo a las capacidades de cada uno de los segmentos de una empresa, ya sea micro, pequeña, mediana o grande.

El proyecto incluye beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los 150 mil dólares en el caso de las empresas micro; 600 mil dólares en las pequeñas; 3,5 millones de dólares en las empresas del tramo 1; 9 millones de dólares en las empresas del tramo 2: y 30 millones en el resto.

A su vez, en lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal.

AmesetamientoRespecto a los niveles de actividad en las distintas regiones del país, en un comunicado emitido por la entidad después de la reunión que se desarrolló el martes en la sede de la entidad, los representantes sectoriales y regionales “manifestaron preocupación por el amesetamiento en la recuperación de la actividad industrial, en un contexto de aumento de costos locales y tensiones comerciales a nivel global”.

En tal sentido, dice la información difundida por la entidad, expresaron la necesidad de “avanzar rápidamente en una agenda consensuada de las reformas necesarias para superar los dilemas del costo argentino y su impacto sobre la competitividad, por ejemplo en el impulso a las exportaciones con valor agregado, financiamiento competitivo, reforma tributaria con abordaje productivo, mejora de la logística y la conectividad, la infraestructura, y la reducción de costos laborales no salariales, entre otros.

Finalmente, los integrantes de la Junta Directiva coincidieron en que “cada una de las iniciativas en pos de dinamizar la actividad industrial tiene impacto positivo sobre agendas clave para el futuro del país como el empleo ya que la industria genera 1,2 millones de puestos de trabajo formales directos en todo el país, con salarios que se ubican un 30% por encima del promedio de la economía privada formal -y más de 50% si se toman todos los empleos, además de liderar las exportaciones nacionales, lo que resulta clave para la balanza comercial y sostener las reservas internacionales”.

El proceso de desinflación de la economía es el punto de apoyo de la administración Milei, que ayer tuvo una jornada política y económica de reveses significativos. Diputados le rechazó el DNU con fondos reservados para la Side y los minoritarios diputados oficialistas terminaron en fuertes acusaciones cruzadas. Mientras los indicadores oficiales de actividad económica marcaron con crudeza la magnitud de los problemas de recesión que afronta la administración central.

En junio de 2024, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró una caída de 3,9% en la comparación interanual. Y si bien en mayo había señalado una recuperación intermensual del 0,7%, cerró el sexto mes del año con un nuevo retroceso del 0,3% respecto a mayo en la medición desestacionalizada, según reportó el Indec.

El reporte oficial alterna malas y buenas. "Nueve sectores de actividad registraron caídas en la comparación interanual, entre los que se destacan Construcción (-23,6% ia) e Industria manufacturera (-20,4% ia). Junto con Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-18,6% ia) le restan 6,8 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE".

Estimulador mensual de la actividad económica 

Las buenas aún no alcanzan para configurar la "recuperación heterogénea" en la que se apalanca el discurso oficial. El organismo estadístico expuso que "con relación a igual mes de 2023, seis sectores de actividad que conforman el Estimador Mensual de la Actividad Económica, registraron subas en junio, entre los que se destacan Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+82,4% ia) y Explotación de minas y canteras (+4,6% ia).

"La actividad Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (+82,4% ia) fue, a su vez, la de mayor incidencia positiva en la variación interanual del EMAE, seguida por Explotación de minas y canteras (+4,6% ia)".

ïndice de produccion industrial

Con un mes de adelanto respecto de la medición oficial, y con referencia sólo a la actividad industrial, la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (Fiel) difundió su Índice de Producción Industrial (IPI). Registró en julio una contracción interanual de 5,2%.

¿Hay mejoras como pretende el gobierno? Fiel apenas señala que hubo "una reducción en el ritmo de caída en la comparación con lo registrado en meses previos" en la actividad industrial.

"Con el avance de la producción ajustada por estacionalidad mejoraron las señales de freno en la caída de la actividad, habiéndose alcanzado en abril un mínimo para el nivel de la producción, y el mayor desvío de la tendencia de crecimiento. También en dicho mes la difusión de la caída resultó máxima en la presente fase cuando alcanzó al 90% de la actividad industrial y a partir de cuándo se recortó hasta el 75% en julio. Con lo anterior, abril resulta un candidato potencial para el inicio de una recuperación cíclica de la industria".

Panorama industrial en Santa Fe

"El nivel de producción industrial en la provincia de Santa Fe presentó en junio de 2024 una nueva y pronunciada caída de 10,9% interanual, acumulando en el primer semestre del año una disminución de 13,0% en relación al mismo período del año pasado", según el Índice de Producción Industrial de Fisfe, el más bajo de los últimos tres años.

El registro tuvo un piso en diciembre y venía marcando mejoras intermensuales del IPI en febrero 98,9, marzo 110,7, abril 126,1 y mayo 131,4. En junio retrocedió a 123,5 puntos. "En el primer semestre del año la industria santafesina enfrentó de manera acentuada la caída de la demanda interna, la paralización de la obra pública nacional y los mayores costos de producción", aportó la Federación que reúne a los fabricantes de la provincia.

El promedio no fue peor porque el complejo industrial soja registró en junio de 2024, por sexto mes consecutivo, un crecimiento del 30,9% en el procesamiento de porotos de soja, comparado con el ciclo anterior de sequía. La elaboración de aceite de soja se incrementó un 33,4% respecto al mismo mes de 2023. En el primer semestre de 2024 la industrialización de porotos de soja superó las 17,4 millones de toneladas.

El gobierno nacional dictó el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 699 declarando servicio público a las actividades de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico de las vías navegables de jurisdicción nacional. Además designó como autoridad de aplicación a la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables que depende de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía y dispuso la disolución total del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable de la cual participaban las provincias, entre ellas Santa Fe. Este Ente había sido creado mediante el decreto N° 556 de agosto de 2021 que el DNU deroga.

El ex presidente Alberto Fernández había anunciado el 11 de diciembre de 2019 durante el acto de jura de Omar Perotti como gobernador que las provincias iban a tener el control de la hidrovía hasta entonces en manos de una unidad entre Jan De Nul y el grupo Emepa. Casi dos años después creó el Ente con la participación de las provincias y sede en Rosario que ahora fue disuelto.

En los extensos considerandos del decreto, cita la Ley N° 24.385 que aprobó el Acuerdo de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay - Paraná suscripto el 26 de junio de 1992 entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay parea facilitar la navegación y el transporte comercial, fluvial longitudinal en la Hidrovía, en el ámbito del Tratado de la Cuenca del Plata, mediante el establecimiento de un marco normativo común que favorezca el desarrollo, modernización y eficiencia de dichas operaciones, y que facilite y permita el acceso en condiciones competitivas a los mercados de ultramar. Acota que corresponde al Estado Nacional "el mantenimiento de las vías navegables que conducen a los canales y vías de acceso a los puertos, cualquiera sea su titular, clasificación o destino".

Más adelante resalta la trascendencia de la Vía Navegable Troncal para el desarrollo de las economías regionales de la cuenca respectiva, su relevancia estratégica y la función para el transporte y el comercio regional e internacional y por ello "resulta necesario reconocer el carácter de servicio público que revisten las tareas de dragado, redragado, mantenimiento, señalización, balizamiento y control hidrológico, sin importar si estas son llevadas adelante directa o indirectamente por el Estado".

Agrega que "declarar servicio público a dichas actividades procura asegurar la continuidad y regularidad de las prestaciones que hacen a la navegación interjurisdiccional, en cumplimiento del deber de proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados, al control de los monopolios naturales y legales y a procurar la calidad y eficiencia de los servicios públicos".

Sobre el Ente afirma que "desde su creación, no logró un normal o regular funcionamiento, ni ejerció efectivamente las misiones y funciones que le fueron encomendadas, por lo que no alcanzó los objetivos propuestos".

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su profunda preocupación por las implicancias que podrían tener en la industria nacional las medidas propuestas en la Ley Ómnibus, actualmente en discusión en el Congreso. Especialmente, la suba de derechos de exportación al 15% y la exclusión de la industria manufacturera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) han generado críticas por parte de los referentes de la entidad.

En el contexto de las intensas deliberaciones en el Congreso en torno a la Ley Ómnibus, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha alzado la voz para expresar su inquietud y desacuerdo con algunos de los puntos más controvertidos de la propuesta gubernamental.

Los representantes de la UIA han advertido que las medidas planteadas podrían tener consecuencias negativas para la competitividad, el empleo y el ingreso de divisas en la industria argentina. En un comunicado oficial, la entidad expresó particular preocupación por dos aspectos clave de la legislación: la suba de derechos de exportación al 15% y la exclusión de ciertas empresas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Respecto a la suba de derechos de exportación, la UIA señaló que esta medida no favorece la promoción de exportaciones con valor agregado, esenciales para generar divisas genuinas para el país. Afirmaron que la presión fiscal derivada de estos nuevos derechos podría incrementarse en más de 11 puntos porcentuales, erosionando rápidamente la competitividad obtenida mediante el nuevo tipo de cambio oficial.

La entidad hizo un llamado al Gobierno para que reconsidere la suba al 15% para los complejos industriales exportadores, buscando evitar penalizaciones al agregado de valor y la salida exportadora.

Otro punto crítico abordado por la UIA es la exclusión de la industria manufacturera del RIGI. Los industriales argumentaron que esta medida podría tener un impacto significativo en la actividad económica del sector, instando al Gobierno a considerar la inclusión de la industria manufacturera para promover la diversificación de la estructura de exportaciones.

Finalmente, en el ámbito impositivo, la UIA abogó por el reconocimiento a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, destacando la importancia de un sistema que premie el cumplimiento para impulsar el desarrollo económico.

Vigente el DNU 70/2023 que -entre otros muchos efectos- derogó la ley de alquileres, el mercado santafesino, como sucede en otros grandes centros urbanos del país, vuelve a dinamizar la oferta no solo de unidades para viviendas, sino también de locales comerciales e incluso galpones con distintos usos.

"La actitud de la gente cambia en virtud de los cambios que percibe en el gobierno. Se están observando modificaciones; propietarios que habían retirado sus inmuebles de las ofertas para alquiler, se vuelcan al mercado nuevamente", confirmó Fernando Amut.

El directivo de Benuzzi recordó que "cuando pasó lo de la pandemia, la empresa tuvo un papel relevante; hablamos uno por uno con los inquilinos y los propietarios, entendiendo que había situaciones complejas para las partes" a la hora de encauzar intereses y necesidades. "Se evitaron rescisiones inconducentes".

Para Fernando Amut, la desregulación del mercado promovió el retorno de los inmuebles al mercado de alquileres. Créditos: Manuel Fabatia

"Creo que se ha hecho un buen trabajo con el equipo de la empresa, gestionando para cumplir en tiempo y forma tanto con el inquilino como con el propietario" poniendo el foco en la búsqueda de "consensos" cuando las situaciones extraordinarias lo requieren.

"Es lo que nos permitió crecer -como en todas las áreas de la empresa- en la administración de propiedades".

En el nuevo marco legal, CPN Fernando Amut señaló que "estamos planificando para el 2024 que vamos a tener un aumento de un 30% en la cartera de la administración de propiedades, y de un 40% a un 50% para el 2025".

Benuzzi se expande hacia el norte de la ciudad y ya está en la emblemática avenida Aristóbulo del Valle.

"Hablamos de propiedades que van a entrar en alquiler en virtud de lo que sucede tras la derogación de la ley. El propietario entiende que no va a tener mucho tiempo de espera en la actualización de los alquileres; se está trabajando con actualizaciones trimestrales. "El inquilino -reseñó- recupera alternativas y cierta previsibilidad a partir de un índice que no es un invento, sino que se basa en indicadores objetivos. Son reglas claras", insistió el directivo.

"Desde la publicación del DNU, hemos recibido infinidad de consultas. Se ha reactivado muchísimo el mercado de la administración de propiedades; están entrando en oferta entre cuatro y cinco propiedades por día de gente que estaba esperando que el panorama se aclare.

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"Por razones de estacionalidad, son los estudiantes, sus familias, los que están buscando para alquilar. Diciembre, enero y febrero es la época fuerte en la demanda de departamentos residenciales de uno o dos dormitorios", explicó Amut ante la consulta.

"Por razones de estacionalidad, son los estudiantes, sus familias, los que están buscando para alquilar. Diciembre, enero y febrero es la época fuerte en la demanda de departamentos residenciales de uno o dos dormitorios".

"Hay una creciente oferta de propiedades y también una gran demanda no sólo de departamentos, sino de locales y galpones en el norte de la ciudad. Esto es como cuando tenés una fábrica y necesitás producir más, tenés que ampliarte, por lo cual en estos días estamos por abrir una nueva sucursal en Aristóbulo del Valle 6197 para ampliar la presencia de Benuzzi en la ciudad, tanto para administraciones de propiedad como para compra venta de inmuebles".

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"El cambio de la ley al DNU no produjo grandes novedades a la hora de alquilar. Los requisitos son los de siempre, más allá de que Benuzzi analiza parámetros que no siempre son rígidos y que se procura avanzar en gestiones que en ocasiones se vuelven complejas. Es parte de las funciones del administrador".

"En la medida en que se reactiva el mercado de alquileres, también se dinamiza el interés de inversores en nuestros desarrollos. La Argentina es un país en el que los bonos y las acciones exponen a los inversores a altos riesgos y no han funcionado, como todos ya sabemos; en cambio el ladrillo ofrece más seguridad. Es cierto que el alquiler hoy puede no representar la rentabilidad esperada en lo inmediato, pero la seguridad y el manejo de los tiempos lo compensan".

"Hay inversiones que se vuelcan al desarrollo inmobiliario. Nosotros siempre aconsejamos a la gente que le preste atención en primer lugar a la ubicación y en especial a la calidad de las terminaciones. Cuando una persona o empresa va a comprar o alquilar un inmueble, se fija mucho en las distancias que debe recorrer desde su residencia a sus ocupaciones -trabajo y estudio- en especial en tiempos en los que el transporte y el combustible se encarecen. Por eso, muchas personas en la actualidad eligen edificios, donde además no solo tienen más seguridad, sino también menores costos de mantenimiento, entre otros"

Javier Milei, presidente de La Libertad Avanza, ha manifestado su optimismo ante las estimaciones que indican una posible inflación del 30% en diciembre, según los datos del INDEC. Celebrando lo que él denomina un "numerazo", Milei destacó que este porcentaje representa un logro fenomenal al compararse con las proyecciones anteriores.

"Si la inflación en diciembre es un 30%, es un numerazo", afirmó Milei en declaraciones radiales, expresando su sorpresa y satisfacción ante el resultado. El presidente argumentó que, considerando las proyecciones previas de alrededor del 45%, este nuevo dato representa una mejora significativa al abatir un tercio de la inflación en tan solo un mes.

No obstante, expertos señalan que un 30% de inflación marcaría un notorio aumento con respecto al 12,8% registrado en noviembre del 2023. Este incremento se atribuye a factores como la devaluación superior al 110% y la política de liberación de precios en diversos sectores de la economía.

En otro contexto, Milei defendió el mega DNU de desregulación económica, argumentando que otorga libertades individuales y es promercado, no pro empresa. Criticó a la oposición por intentar "fragmentar" su contenido y resaltó que el decreto elimina prácticas deshonestas, justificando la resistencia política.

Sobre la ley ómnibus, Milei reafirmó que no están dispuestos a negociar, pero están abiertos a sugerencias para mejorarla. Además, elogió al ministro de Interior, Guillermo Francos, describiéndolo como un "gran jugador" enfrentando una misión difícil en la política. Durante su reciente viaje a la Antártida, Milei estuvo acompañado por una comitiva de funcionarios, incluyendo a la canciller Diana Mondino y el ministro de Defensa, Luis Petri.

La decisión judicial hace lugar a un planteo de la Confederación General del Trabajo (CGT) y considera que no se habría configurado la situación de “extrema urgencia” requerida para que el Poder Ejecutivo pueda legislar sobre temas que son potestad del Congreso Nacional.

El DNU 70/2023, publicado el 27 de diciembre pasado, introdujo modificaciones en las leyes laborales referidas a la interpretación de las normas, contratación, jornada laboral, indemnizaciones y actividad sindical. Si bien la vigencia operaba a partir del 30 de diciembre, ahora queda suspendida por la justicia.

En su fallo, la sala integrada por las juezas María Dora González y Andrea García Vior y el juez Alejandro Sudera sostiene que la extensa fundamentación del Poder Ejecutivo sobre la gravedad de la situación económica del país resulta insuficiente para demostrar la urgencia en implementar cambios estructurales en las leyes laborales, máxime cuando algunas de esas normas tienen naturaleza penal.

Asimismo, los camaristas remarcaron que el presidente de la Nación podría haber convocado a sesiones extraordinarias en el Congreso si consideraba prioritario el tratamiento de la reforma laboral.

De este modo, al menos transitoriamente, el Poder Judicial pone freno a las ambiciosas reformas anunciadas por el gobierno en un área sensible como el mundo del trabajo, generando incertidumbre sobre cómo continuará ahora el trámite legislativo de esas iniciativas.

El fallo

696392704 La Camara Nacional Del Trabajo Frena Las Reformas Laborales Del DNU de Milei by comercial on Scribd

En un movimiento sorprendente, el presidente Javier Milei ha enviado un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso que incluye la privatización de 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam.

Este proyecto, denominado 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', establece la venta al sector privado de estas empresas en base a "la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales". Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".

En el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara "sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal". Esto faculta "al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada".

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado la semana pasada, sienta las bases para esta privatización al modificar el "status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades". Este DNU, objeto de varios amparos judiciales en su contra, entrará en vigencia en los próximos días.

Javier Milei ha defendido esta medida desde antes de asumir la presidencia, calificando a las empresas estatales como "generadoras de déficit". Las 41 empresas públicas sujetas a privatización incluyen entidades como Administración General de Puertos, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Casa de Moneda, Energía Argentina (Enarsa), y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Esta propuesta ha desencadenado un debate acalorado sobre el papel del Estado en la economía y la posible afectación de servicios esenciales. Con incertidumbre en el horizonte, la atención se centra en el Congreso y en cómo se desarrollarán los próximos pasos en esta controvertida iniciativa.

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, se expresó a través de la red social X sobre los alcances del Decreto de Necesidad y Urgencia que anunció este miércoles el presidente Javier Milei y que ya fue publicado en el Boletín Oficial este jueves.

El DNU, que avanza sobre más de 300 leyes, ha generado una enorme polémica, ya que produce una radical desregulación de la economía nacional, modificando las reglas en favor del libre mercado y exigiendo el retiro del Estado como ente controlador de las variables.

Al respecto, Pullaro indicó que “el DNU del Gobierno Nacional tiene iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción, y estaríamos en condiciones de acompañar, y otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los argentinos”.

El DNU del Gobierno Nacional tiene iniciativas que van en el camino correcto y benefician a la producción, y estaríamos en condiciones de acompañar, y otras que no están claras, o que pensamos que no tienen ninguna incidencia o mejora real para la vida cotidiana de los…

Luego, pone énfasis en lo que eran sus expectativas con respecto a las medidas de la Nación en relación a los intereses de la provincia que gobierna: “Además, esperaba que entre las primeras medidas de una agenda de cambios hubiera una reforma impositiva por ley que incluyera una rebaja de impuestos a la producción. Como es el caso de las retenciones al campo, fundamental para el interior del país y particularmente para la provincia de Santa Fe”.

Finalmente, en esta publicación en la red social X, Pullaro manifiesta su punto de vista sobre esta decisión del presidente Milei de que cambios tan importantes, tanto en cantidad como en alcance, en relación a la legislación vigente se realicen por vía de un decreto y no a través del Congreso: “Pero por sobre todas las cosas, creo que la economía necesita reglas claras, credibilidad y confianza. El desarrollo y el crecimiento de un país se obtiene cuando esas reglas perduran en el tiempo. Eso requiere un gran acuerdo republicano, donde se respete la división de poderes y se valoren todas las opiniones e instituciones”, sentenció el gobernador de Santa Fe.

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que anunció Javier Milei en la noche del miércoles por cadena nacional, también introdujo modificaciones para las tarjetas de crédito, que impactarán tanto en los clientes como en los emisores.

El documento oficial explicó que los cambios responden a la necesidad de “realizar una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, adecuándolo a los cambios recientes en modalidades de relacionamiento y tecnologías de digitalización”.

Entre las modificaciones dispuestas, el DNU elimina el tope de tasa que se le cobra a comercios (hoy en 3% en caso de las tarjetas de crédito y 1,5% de las débito), quita el tope al interés punitorio (por demoras en el pago), y deroga sanciones a las empresas que no informen la tasa de interés.

Desregulación y Simplificación: se propone una fuerte desregulación y simplificación en el mercado de tarjetas de crédito, en respuesta a los cambios recientes en las modalidades de relacionamiento y las tecnologías de digitalización.

Definición del Sistema de Tarjetas de Crédito: se redefine el sistema de tarjetas de crédito como un conjunto de contratos individuales con tres finalidades principales: permitir operaciones de compra o locación de bienes y servicios, diferir el pago o las devoluciones para el titular, y abonar a los proveedores de bienes o servicios los consumos del usuario.

Emisores de Tarjetas de Crédito: se establece que cualquier entidad, dentro de su objeto social, puede emitir tarjetas de crédito o hacer efectivo el pago.

Denominación de la Tarjeta de Crédito: la tarjeta de crédito se define como un instrumento de identificación del usuario que puede ser físico o virtual, magnético o de cualquier otra tecnología emergente, emanado de una relación contractual previa entre el titular y el emisor.

Derogación de Artículos de la Ley Previa: se derogan los artículos 5, 7, 8, 9, 17, 32, 35, 53 y 54 de la Ley N° 25.065, lo que implica un alejamiento de algunas de las regulaciones anteriores.

Transparencia en las Tasas de Financiación: se obliga a las entidades emisoras a dar a conocer públicamente la tasa de financiación aplicada al sistema de tarjeta de crédito.

Interés Punitorio: se establece que los intereses punitorios no serán capitalizables.

Resumen Mensual de Operaciones: los emisores deben confeccionar y enviar mensualmente un resumen detallado, preferentemente en forma electrónica, de las operaciones realizadas por el titular o sus autorizados.

Tiempo de Recepción del Resumen: se especifica que el resumen debe ser recibido por el titular con una anticipación mínima de cinco días antes del vencimiento de la obligación de pago, y en caso de no recepción, el titular debe tener un canal de comunicación disponible para obtener el saldo de la cuenta y el pago mínimo.

Contenido del Contrato Tipo entre Emisor y Proveedor: se detallan los elementos mínimos que debe contener el contrato tipo entre el emisor y el proveedor, incluyendo plazos de vigencia, topes máximos por operación, comisiones, intereses, cargos administrativos, y otros requisitos.

En una movida sorprendente, el reconocido economista y líder político Javier Gerardo Milei ha propuesto un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que impacta directamente en el ámbito de los contratos de alquiler, en particular, sobre la Ley de Alquileres. El DNU, que lleva el título "Justicia", introduce cambios significativos en el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley N° 26.994).

La primera medida destacada del DNU es la derogación de la Ley N° 27.551, marcando un quiebre con la legislación existente en materia de alquileres. A continuación, se detallan algunas de las modificaciones más relevantes introducidas por el DNU:

Estos cambios, impulsados por Milei a través del DNU, generan un impacto significativo en el marco legal de los contratos de alquiler, abriendo el debate sobre la libertad contractual y la intervención del Estado en las relaciones privadas. La reacción de la sociedad y los actores involucrados en el mercado inmobiliario será crucial para determinar el futuro de estas medidas.

El presidente enumeró las principales medidas de un paquete de reformas de desregulación económica a través de la cadena nacional.El presidente Javier Milei anunció este miércoles a través de la cadena nacional un paquete ambicioso de medidas de desregulación económica.

El jefe de Estado mencionó en su discurso las principales 30 reformas, que son parte de una batería de más de 300 iniciativas para “desarmar regulaciones” del Estado.

1. Derogación de la Ley de Alquileres: para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea.

2. Derogación de la Ley de Abastecimiento para que el Estado nunca más atente contra el derecho de propiedad de los individuos.

3. Derogación de la Ley de Góndolas para que el Estado deje de meterse en las decisiones de los comerciantes argentinos.

4. Derogación de la Ley del Compre Nacional que solo beneficia a determinados factores del poder.

5. Derogación del Observatorio de Precios del Ministerio de Economía para evitar la persecución de las empresas.

6. Derogación de la Ley de Promoción Industrial.

7. Derogación de la Ley de Promoción Comercial.

8. Derogación de la normativa que impide la privatización de las empresaspúblicas.

9. Derogación del régimen de sociedades del Estado.

10. Transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización.

11. Modernización del régimen laboral para facilitar el proceso de generación de empleo genuino.

12. Reforma del Código Aduanero para facilitar el comercio internacional.

13. Derogación de la Ley de Tierras para promover las inversiones.

14. Modificación de la Ley de Manejo del Fuego.

15. Derogación de las obligaciones que los ingenios azucareros tienen en materia de producción azucarera.

16. Liberación del régimen jurídico aplicable al sector vitivinícola.

17. Derogación del sistema nacional del comercio minero y del Banco de Información Minera.

18. Autorización para la cesión del paquete accionario total o parcial de Aerolíneas Argentinas.

19. Implementación de la política de cielos abiertos.

20. Modificación del Código Civil y Comercial para reforzar el principio de libertad contractual entre las partes.

21. Modificación del Código Civil y Comercial para garantizar que las obligaciones contraídas en moneda extranjera deban ser canceladas en la moneda pactada.

22. Modificación al marco regulatorio de la medicina prepaga y las obras sociales.

23. Eliminación de las restricciones de precios a la industria prepaga.

24. Incorporación de las empresas de medicina prepaga al régimen de obrassociales.

25. Establecimiento de la receta electrónica para agilizar el servicio y minimizar costos.

26. Modificaciones al régimen de empresas farmacéuticas para fomentar la competencia y reducir costos.

27. Modificación de la Ley de Sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran.

28.Desregulación de los servicios de internet satelital.

29. Desregulación del sector turístico eliminando el monopolio de las agencias de turismo.

30. Incorporación de herramientas digitales para trámites de los registros automotores

Anuncio oficial y anticipación por Massa

El gobierno de Argentina ha formalizado los requisitos que deberán cumplir los jubilados y trabajadores registrados para acceder a créditos de la ANSES por hasta $400,000. Esta medida, que había sido anticipada por el Ministro de economía, Sergio Massa, se concretó a través del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 463/2023, publicado en el Boletín Oficial.

Detalles de la línea de créditos

Según lo dispuesto, el financiamiento se otorgará a los beneficiarios del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y a los trabajadores aportantes bajo modalidades y condiciones que establecerá la ANSES. Los jubilados podrán acceder hasta el 20% de los activos totales del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, mientras que para los trabajadores no podrá exceder el 5%.

Monto y Tasa de Interés

El estado nacional destinará $450,000 millones a esta nueva línea de créditos, con la posibilidad de ampliar el monto. El máximo a otorgar será de $400,000 a una tasa nominal anual (TNA) del 50%. La relación cuota-ingreso no podrá superar el 20% de la remuneración bruta mensual.

Requisitos para trabajadores

Para acceder a los préstamos, los trabajadores deberán cumplir con varios requisitos, incluyendo una antigüedad mínima de seis meses bajo el mismo empleador y no superar la "situación 2" en la categoría registrada por el banco central.

Plazo y facultades de la ANSES

El plazo de amortización para trabajadores será de 24, 36 o 48 cuotas mensuales y consecutivas, con un período de gracia para la primera cuota. La ANSES estará facultada para debitar los importes adeudados de las cuentas bancarias de los tomadores y se limitará el acceso al mercado de cambios hasta la cancelación total del crédito.

Medidas para aliviar la economía

El poder ejecutivo considera que estas medidas son necesarias para aliviar el actual contexto económico desafiante que afecta a trabajadores y trabajadoras en Argentina, y busca proporcionar un alivio financiero a través de préstamos accesibles.

Esta iniciativa se convierte en una herramienta importante para apoyar a quienes más lo necesitan en medio de las dificultades económicas actuales del país.

El Ministerio de Trabajo establece pautas para la implementación de la medida

El ministerio de trabajo de Argentina ha emitido nuevas directrices sobre la forma en que las empresas podrán "absorber" el pago de un bono no remunerativo de $60,000, que debe ser abonado junto con los salarios correspondientes a este mes y el próximo. la resolución 1133/2023, publicada en el boletín oficial este martes, proporciona aclaraciones clave sobre la suma fija que fue dispuesta por decreto la semana pasada, con el objetivo de lograr una aplicación efectiva y eficiente de esta medida.

En estas nuevas directrices, el gobierno ha restringido la capacidad de las empresas, las provincias e incluso las familias de absorber el bono de $60,000 en aumentos previamente otorgados. Esto significa que la posibilidad de absorción solo será efectiva si el mecanismo para hacerlo estaba explícitamente previsto en acuerdos o convenios colectivos de trabajo ya pactados para las remuneraciones de agosto y septiembre de 2023. En caso de no estar específicamente acordado, los aumentos salariales ya pactados no podrán ser objeto de absorción, según establece la resolución.

Sin embargo, se aclara que las comisiones negociadoras podrán acordar la absorción de las asignaciones no remunerativas en las negociaciones en curso mediante una norma expresa. En ausencia de dicha norma, los aumentos salariales que se pacten no podrán ser objeto de absorción.

El cobierno ha justificado esta medida argumentando que busca mitigar la caída en los salarios reales debido al aumento de la presión inflacionaria en el país, causada por la devaluación del peso nacional frente al dólar estadounidense.

Además, se señala que para garantizar que esta política de ingresos no afecte la dinámica de la negociación colectiva, las asignaciones no remunerativas podrán ser absorbidas en concepto de aumentos salariales establecidos en los acuerdos, bajo la supervisión de las comisiones negociadoras de los respectivos convenios colectivos de trabajo.

Estas medidas buscan brindar claridad y orientación a las empresas y empleados sobre cómo aplicar el bono de $60,000 y garantizar que los trabajadores puedan beneficiarse de esta ayuda en medio de un contexto económico desafiante en Argentina.

 La Resolución oficial especifica quiénes serán los beneficiarios y cómo se calculará el bono

El Gobierno ha hecho pública una resolución en el boletín oficial que aclara varios aspectos importantes relacionados con el esperado bono de $60,000 que recibirán tanto trabajadores públicos como privados que ganen menos de $400,000 por mes. Además, esta resolución detalla cómo se llevará a cabo el cálculo de dicho bono.

Beneficiarios del bono 

La Resolución, firmada por la Ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, establece que los beneficiarios serán aquellos trabajadores y trabajadoras con relaciones laborales debidamente declaradas hasta el 31 de agosto de 2023, siempre y cuando hayan prestado servicios de manera efectiva.

Método de pago del bono de $60,000

En cuanto al pago del bono, la Resolución establece que el monto total será calculado en base a los salarios devengados durante el mes de agosto de 2023 y se abonará en dos cuotas iguales y consecutivas con vencimiento.

La primera cuota se pagará dentro del plazo máximo de quince días hábiles contados a partir del 1° de septiembre de 2023, y la segunda cuota se abonará junto con los salarios correspondientes al mes de octubre.

Además, la resolución aclara que, en todos los casos en los que la prestación de servicios haya sido inferior a la jornada laboral legal o convencional, el monto total del bono será calculado de manera proporcional a las horas efectivamente trabajadas.

El bono para trabajadores en licencia por enfermedad

La Resolución también establece que aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentren en licencia con goce de haberes a causa de enfermedad o accidente inculpable al 31 de agosto de 2023 serán elegibles para recibir el bono. En este caso, el monto del bono se determinará en función de la jornada laboral que venían desempeñando antes de iniciar la licencia.

Bono para el personal doméstico: cálculo proporcional

Para los trabajadores y trabajadoras bajo el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, la Resolución establece una fórmula para calcular de manera proporcional la asignación. Para aquellos con una jornada de trabajo de 192 horas mensuales, la fórmula es la siguiente:

Esta fórmula se aplica a salarios inferiores a PESOS TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($387,500) por una jornada laboral de 192 horas mensuales.

Estos detalles proporcionados por el Gobierno son esenciales para comprender quiénes serán beneficiarios del bono de $60,000 y cómo se llevará a cabo su cálculo y pago.

El presidente Alberto Fernández firmó el decreto de una asignación no remunerativa para los trabajadores que cumplen tareas en relación de dependencia en el sector privado de 60.000 pesos, en dos cuotas de 30.000 pesos con "los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre" próximos. Según el Decreto de Necesidad y Urgencia presidencial 438/2023, la asignación será otorgada "por única vez" para trabajadores en relación de dependencia del sector privado, en Jurisdicciones y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional y en el Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

El decreto firmado por todo el Gabinete nacional establece que la partida será abonada por los sujetos empleadores en dos cuotas de $ 30.000 con los salarios devengados en los meses de agosto y septiembre próximos.

También se suma una asignación no remunerativa para los trabajadores del Régimen de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares de 25.000 pesos, que será abonada por los sujetos empleadores en 12.500 pesos con los salarios devengados en agosto y septiembre próximos.

La asignación no remunerativa dispuesta se aplicará a los trabajadores que perciben salarios netos, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, inferiores a $400.000 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador o de la trabajadora fuere inferior a la jornada legal o convencional.

La asignación no remunerativa dispuesta en los artículos se aplicará a los trabajadores que perciben "salarios netos, incluyendo conceptos remunerativos y no remunerativos, correspondientes al devengado en agosto último, inferiores a $ 400.000 o el monto proporcional en el caso de que la prestación de servicios del trabajador fuere inferior a la jornada legal o convencional".

Es decir, el monto mensual de la asignación no remunerativa dispuesta será equivalente a $30.000 para los trabajadores que perciben salarios netos, correspondientes al devengado en el mes de agosto de 2023, menores o iguales a $ 370.000; o la diferencia entre $ 400.000 y los salarios netos superiores a $ 370.000 correspondientes al devengado en el este mes.