El gobierno de Maximiliano Pullaro declaró la Emergencia y/o Desastre Agropecuario en amplias zonas del norte provincial, tras los intensos excesos hídricos registrados durante abril que superaron los promedios históricos y provocaron un fuerte impacto en la producción.

La medida fue instrumentada a través de un decreto oficial, impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, y alcanza a localidades de los departamentos Vera, 9 de Julio y General Obligado, además de distritos del departamento La Capital vinculados al cinturón hortícola de la ciudad de Santa Fe.

En términos productivos, la superficie afectada se estima en aproximadamente 1.300.000 hectáreas, abarcando tanto actividades agrícolas como ganaderas. Los principales daños se registraron en cultivos de soja y algodón, mientras que en ganadería el impacto se concentra en campos bajos donde se ubican unas 430.000 cabezas.

“Estamos al lado de cada productor que la está pasando mal. La emergencia no es solo una herramienta administrativa: es una decisión política para acompañar, sostener la producción y cuidar el trabajo en cada territorio”, sostuvo el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En la misma línea, el secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, remarcó: “Estas medidas buscan dar previsibilidad en un momento muy complejo. El objetivo es que los productores puedan atravesar esta situación sin perder capacidad productiva”.

El decreto establece una serie de beneficios impositivos destinados a aliviar la situación de los productores afectados. Entre ellos, se destaca la prórroga de los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Rural para quienes cuenten con certificado de emergencia, alcanzando las cuotas 3, 4 y 5.

Para los productores ubicados en zonas suburbanas, en tanto, se dispuso la prórroga de las cuotas 2, 3 y 4 del Impuesto Inmobiliario Urbano.

Además, aquellos que obtengan el certificado de desastre agropecuario accederán a la condonación total del Impuesto Inmobiliario —tanto rural como urbano— correspondiente al año 2026.

La normativa también contempla que la Administración Provincial de Impuestos (API) pueda emitir certificados de crédito fiscal o realizar devoluciones en los casos en que los contribuyentes hayan abonado cuotas que luego resulten condonadas.

Para acceder a estos beneficios, los productores deberán gestionar el certificado correspondiente a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), disponible en el sitio oficial de la provincia.

En el caso de los productores apícolas, el trámite se realiza mediante la plataforma Proap, habilitada específicamente para ese sector.

El plazo para presentar la documentación se extiende hasta el 30 de junio, por lo que desde el gobierno provincial instaron a los productores a iniciar las gestiones cuanto antes.

El decreto también crea el Registro de Oferentes de Campos, Alimentos y Transporte para la Emergencia Agropecuaria (Ropeca Santa Fe), una nueva herramienta destinada a mejorar la capacidad de respuesta ante este tipo de contingencias.

El registro permitirá relevar y organizar recursos disponibles, como campos para pastaje, alimentos para hacienda y servicios de transporte, con el objetivo de optimizar la asistencia y la planificación frente a futuras emergencias.

Con esta batería de medidas, la administración provincial busca no solo dar respuesta a la coyuntura, sino también fortalecer los mecanismos de prevención y asistencia en un contexto climático cada vez más desafiante.

Con el objetivo de acompañar a los productores mediante beneficios fiscales y administrativos, el Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, dispuso mediante el Decreto Nº 3184/25 la prórroga de la declaración de Emergencia y/o Desastre Agropecuario establecida por el Decreto Nº 0435/25, como consecuencia de la prolongada sequía que afecta a distritos del departamento 9 de Julio y que compromete la producción agrícola y ganadera. 

La medida abarca desde el 1 de septiembre de 2025 y se extiende hasta el 28 de febrero de 2026 e incluye a Santa Margarita, San Bernardo, Villa Minetti, Pozo Borrado, Tostado, Logroño, Campo Garay, Esteban Rams y Montefiore, quedando exceptuados Gato Colorado y Gregoria Pérez de Denis, donde se verificaron mejoras productivas. 

“Con esta decisión, el Gobierno encabezado por Maximiliano Pullaro refuerza su acompañamiento al sector agropecuario, brindando herramientas que permiten mitigar el impacto de la sequía y sostener la actividad productiva en una de las regiones más afectadas de la provincia. La honestidad y la transparencia en la gestión son claves para que cada productor sepa que el Estado está presente”, remarcó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

Trámites y acceso

De acuerdo con la norma, los productores que ya cuenten con certificados en situación de Emergencia Agropecuaria pasarán automáticamente a la condición de Desastre, sin necesidad de realizar trámites adicionales. Aquellos que posean certificados de Desastre Agropecuario mantendrán esa condición, quedando eximidos de cualquier nuevo acto administrativo.

Asimismo, los productores que no hayan presentado declaración jurada y deseen acceder a los beneficios previstos, deberán iniciar el trámite a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (Sisagea), completando el formulario de declaración jurada de pérdidas y daños, en el siguiente link: https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro/ 

En el caso de los productores apícolas, la presentación deberá realizarse a través del sistema Proap, ingresando a www.santafe.gob.ar/proap/login , en la sección correspondiente a Emergencia Agropecuaria.

La normativa indica que hay tiempo hasta el 29 de enero para realizar la presentación de las declaraciones juradas, a través del portal web oficial de la Provincia, y autoriza al Ministerio de Desarrollo Productivo a prorrogar dicho plazo cuando existan razones que así lo ameriten.

En tanto, la Secretaría de Agricultura y Ganadería, junto con la Subdirección General de Ordenamiento Territorial y Emergencia Agropecuaria, será la encargada de confeccionar y actualizar semanalmente el Registro Único de Productores en Situación de Emergencia o Desastre Agropecuario, el cual será comunicado públicamente mediante resoluciones ministeriales disponibles en www.santafe.gov.ar.

Beneficios fiscales

Para los productores con certificados de Emergencia Agropecuaria, cuyos establecimientos se ubiquen en zonas rurales y suburbanas comprendidas en la medida, la prórroga de los vencimientos de las cuotas 5ª y 6ª del año 2025 y la 1ª del año 2026 del Impuesto Inmobiliario, conforme a los calendarios impositivos vigentes.

En tanto, los productores que cuenten con certificados de Desastre Agropecuario y desarrollen su actividad en predios ubicados en zonas rurales y suburbanas comprendidas en la normativa accederán a la condonación de las cuotas quinta y sexta correspondientes al año 2025 y de la primera cuota del año 2026 del Impuesto Inmobiliario, conforme al calendario impositivo vigente.

También dispuso que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal o proceda a la devolución correspondiente, de acuerdo con la reglamentación que se dicte a tal efecto, en aquellos casos en que los productores con certificado de Desastre Agropecuario hubieran abonado cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano que debían ser condonadas según lo establecido en el decreto.

Por último, la norma suspende, por un plazo de 180 días contados a partir de la finalización del período de declaración de la Emergencia y/o Desastre Agropecuario, la iniciación y sustanciación de juicios y acciones administrativas vinculadas al cobro de impuestos, en los términos previstos por la Ley Nº 11.297.

A pocos días de que termine el 2024, desde la Sociedad Rural de Santa Fe hicieron un balance de lo que fue el año: “El 2024 fue realmente duro”, afirmó el presidente de la institución, Ricardo Argenti. “Al principio no acompañó el clima, tuvimos una sequía importante que tanto a la agricultura como a la ganadería, la perjudicó mucho”, justificó.

Por otra parte, hizo referencia a las disposiciones del gobierno nacional y dijo que para el sector “fue un año de promesas incumplidas” ya que “lo que está esperando nuestra producción agropecuaria es la reducción de las retenciones de los derechos de exportación”.

Emergencia agropecuariaRebobinando algunos meses, el jueves 17 de octubre, el gobierno santafesino puso en vigencia la Emergencia Agropecuaria por sequía para los departamentos San Cristóbal, 9 de Julio, Vera y General Obligado. Más tarde, en diciembre, se extendió la condición de desastre desde Nación a estos sectores de la provincia de Santa Fe.

Si bien con el paso de los meses, para el momento de la trilla del trigo la situación se regularizó un poco, “hay mucha gente que le llegó tarde el agua como para que se forme el grano, así que los trigos en la provincia de Santa Fe tuvieron un comportamiento bastante dispar”, dijo Argenti.

“Lógicamente la falta de agua siempre afecta a las pasturas para la alimentación de hacienda, también para alimentación de vacas y de tambo. Así que se vieron unas mermas de producción bastante importantes”, decía el presidente de la Sociedad Rural de Santa Fe y agregó que “fue un sufrimiento bastante prolongado porque además ya veníamos con un saldo de dos años de sequía”.

Actualmente, Argenti confiesa que muchos “están perjudicados por la siembra de la de la cosecha gruesa -fundamentalmente la soja- ya que no están en condiciones los suelos, porque las lluvias intermitentes que tenemos no nos dejan trabajar”.

Sin embargo, explicó “aparentemente ahora se corregiría un poco ese tema y podremos implantar la soja con una con un buen perfil de humedad y con una perspectiva de lluvias que parece que va a acompañar un poco”.

En los últimos seis años, han cerrado 497 tambos en la provincia, lo que refleja una marcada tendencia decreciente en la cantidad de productores operativos.“Cuando se pierde producción láctea, se pierde mucho federalismo porque el tambo significa arraigo en los lugares de producción ya que requiere más gente y una atención diaria a los 365 días del año", reflexionó Argenti con respecto al quiebre de la producción láctea.

El saldo del gobiernoHace unas semanas, el presidente Javier Milei asistió a un evento organizado por la Sociedad Rural Argentina, donde brindó un discurso donde afirmó que bajará las retenciones en 2025 si la economía vuelve a crecer.

“La única producción que se le sacó las retenciones fue la láctea, pero porque verdaderamente estaba en una situación de quiebre y se han cerrado muchos tambos”, recordó Argenti y reflexionó que “cuando se pierde producción láctea, se pierde mucho federalismo porque el tambo significa arraigo en los lugares de producción ya que requiere más gente y una atención diaria a los 365 días del año. Eso hace que la gente permanezca en sus lugares”.

“Lo que están esperando nuestra producción agropecuaria es la reducción de las retenciones de los derechos de exportación de nuestros productos agrícolas y a la carne”.

Por último, destacó que otra asignatura pendiente del gobierno de Milei y de los anteriores y es la falta de caminos de ripio: “son fundamentales para asegurar que la producción llegue a las rutas pavimentadas donde pueden pasar los camiones que recolectan la leche y también nos está pasando obviamente con la producción agrícola”.

Este martes se extendió la condición de emergencia y/o desastre agropecuario desde Nación para cuatro departamentos de la provincia de Santa Fe.

9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal han sido afectados por los efectos de la sequía y en consecuencia se ha tomado la medida publicada en la Resolución 1297/2024 de este 3 de diciembre en Boletín Oficial.

El documento cuenta con la rúbrica de Luis Andrés Caputo, ministro de Economía de la Nación, y extiende la condición hasta el 28 de febrero de 2025.

La decisión va en consonancia con lo definido por la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe el pasado 23 de octubre en base a informes del INTA, estableciendo el plazo de inicio desde el 1° de septiembre.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, afirmó en su momento que los cuatro departamentos están comprometidos en su totalidad, afectando gravemente las actividades agropecuarias, especialmente la ganadería de cría. "Estamos en etapa de parición, y la vaca necesita recomponerse rápido para volver a preñarse", explicó, subrayando la importancia de preservar los vientres y evitar mayores pérdidas en los rodeos.

En lo que respecta a la Resolución 1297/2024 publicada por Nación, se detalló que el gobierno santafesino remitirá a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencia y desastres Agropecuarios el listado de los productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe concluyó su reunión de este lunes recomendando la declaración de Emergencia o Desastre agropecuario en los departamentos de 9 de Julio, Vera, General Obligado y San Cristóbal. La medida, que abarcará seis meses desde el 1° de septiembre, surge tras analizar los informes presentados por el INTA y los equipos técnicos de la provincia, que confirmaron el impacto crítico de la falta de lluvias en estas zonas.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, afirmó que los cuatro departamentos están comprometidos en su totalidad, afectando gravemente las actividades agropecuarias, especialmente la ganadería de cría. "Estamos en etapa de parición, y la vaca necesita recomponerse rápido para volver a preñarse", explicó, subrayando la importancia de preservar los vientres y evitar mayores pérdidas en los rodeos.

Además, el funcionario señaló que, aunque algunos distritos en el centro de la provincia también presentan dificultades, podrían mejorar con precipitaciones, por lo que se decidió no incluirlos aún en la declaración. La Comisión facultó al Ejecutivo a seguir evaluando estos distritos, dependiendo de la evolución climática, con el fin de evitar demoras en la homologación de la emergencia por parte de Nación. "Esto también hay que elevarlo a Nación para beneficios del Banco Nación y queremos ser prudentes en no incorporar distritos que generen luego alguna demora en la homologación", precisó.

Las actividades afectadas incluyen la ganadería, con especial énfasis en los rodeos bovinos, caprinos y ovinos, además de la producción de trigo, que se encuentra "muy condicionada", afirmó Mántaras, si no mejoran las lluvias. El cultivo de algodón también se enfrenta a posibles retrasos en la siembra.

Entre las medidas que se desplegarán, el Gobierno provincial ofrecerá prórrogas o exenciones del Impuesto Inmobiliario Rural (IIRR), y, si la declaración es homologada a nivel nacional, se aplicarán beneficios sobre el impuesto a las ganancias y sus anticipos. Mántaras también destacó otras acciones que se implementarán "con o sin declaración de emergencia", como la construcción de aguadas comunitarias, asistencia con forraje y acarreo de agua para pequeños y medianos productores, además de apoyo para rodeos en mal estado.

Finalmente, el secretario adelantó que se está trabajando en una nueva ley que garantice recursos suficientes para enfrentar estos eventos climáticos, con un enfoque integral para mejorar la respuesta del Estado frente a futuras emergencias.

El secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, encabezó hoy una reunión de la Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria de Santa Fe para analizar el avance de la “chicharrita de maíz” y sus efectos en los cultivos de la provincia. El encuentro se llevó a cabo en el Salón de La Torre de la sede de Gobierno ubicada en Rosario.

La “chicharrita de maíz” ha sido identificada como portadora de la bacteria Spiroplasma kunkelii, responsable de una enfermedad que ha afectado históricamente a los cultivos en el norte del país. Sin embargo, en las últimas semanas, su propagación se ha intensificado en el territorio santafesino, generando preocupación en el sector agrícola.Luego del encuentro, el secretario de Agricultura y Ganadería del Ministerio de Desarrollo Productivo, Ignacio Mántaras, explicó: “Por indicación del ministro Gustavo Puccini estuvimos validando alguna información y qué zonas han sido las más afectadas en el centro norte y qué zonas han sido menos afectadas, o que prácticamente no hemos tenido episodios, porque son zonas de maíz de primera, que es el sur”. Asimismo, se realizó un análisis “de las causales, los motivos y las falencias” y se concluyó que “esto implica un plan de acción”. 

A continuación, el funcionario explicó que ese plan se definirá en el marco de la Comisión de Protección Vegetal Santafesina (Coprovesa), “convocada para el jueves 24 de abril con los mismos actores”. En ese sentido, se refirió a las herramientas que el estado provincial puede aportar a los productores para hacer frente a la plaga: “Capacitación a productores y a ingenieros para entender cómo se desenvuelve la plaga; y una red de monitoreo y red de alertas. Habrá que trabajar con semilleros, porque hay también una cuestión genética y hay que ver las variedades. Con Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria), analizaremos las aplicaciones que se están haciendo hoy para esta plaga, porque necesitan una homologación o una oficialización por parte de Senasa. Hay un acto y una tarea que tiene que hacer Senasa respecto a con qué remedios o insecticidas atacamos esta plaga y ahí también se están haciendo gestiones”. 

Asimismo, Mántaras manifestó que, desde el Ministerio, se ve con “mucha preocupación” lo que pueda suceder en la próxima campaña, porque “los productores, ante este escenario, pueden volcarse hacia otros cultivos” y “esos cambios de decisiones generan impacto y condicionan algunas otras cadenas”. “El maíz para nosotros es estratégico para la provincia, como insumo para otras cadenas, así que alguna de las acciones también van a contemplar cómo afecta a otras cadenas productivas como las lecheras, bovinas, porcinas, aviares”, explicó.

Acompañamiento

Por otro lado, durante la reunión se examinaron posibles políticas para acompañar a productores que sufrieron precipitaciones abundantes en el departamento Rosario y a aquellos que tuvieron carencia de lluvias en los departamentos San Cristóbal y 9 de Julio. Respecto a esto, se definieron tres líneas de asistencia: la primera, destinada a productores hortícolas de Fighiera y Coronel Bogado, se harán gestiones para canalizarlo a través de Ader Rosario, por "exceso de lluvias"; la segunda, para productores ganaderos, que ya tenían certificado de emergencia por sequía, con fondos remanentes de la Ley de Emergencia Agropecuaria; y la última, destinada a ganaderos y mixtos de departamentos del norte que continúen afectados por sequía, pero no será excluyente la tenencia de certificado. 

El encuentro contó con la participación de entidades agropecuarias como el Colegio de Ingenieros Agrónomos (Ciasfe), la Confederación de Asociaciones Rurales (Carsfe), la Federación Agraria Argentina y Coninagro; el INTA; el Senasa; representantes del Ministerio de Economía, del API y del agente financiero, entre otros.

Pese a que termina con El Niño en plenitud, y en varias zonas de la provincia empiezan a verse complicaciones por los excesos hídricos, el 2023 será recordado como el año en que llegó a su máxima expresión la sequía más dura en décadas. En verdad fue el factor más relevante entre otras zancadillas que generó el clima, como una insólita helada el 18 de febrero y olas de calor a destiempo, ya entrado el otoño.

Para Santa Fe, el golpe climático a la economía fue cinco veces mayor al que causó a nivel nacional, según la mensura del IPEC (Instituto Provincial de Estadísticas y Censos). Mientras la actividad en Argentina durante la primera mitad de 2023 cayó 1,9%, en la provincia el retroceso acumulado a junio quintuplicó aquél indicador nacional fue del 9,6%. Entre los argumentos, el reporte indica "mayor impacto relativo de la sequía, y en la fuerte incidencia que las actividades agrícolas, y comerciales e industriales vinculadas". También porque actividades como agricultura, ganadería, caza y silvicultura son el 20,0% del PBI santafesino, mientras a nivel nacional ronda el 8%.

La medición oficial estimó que la cosecha de trigo en Santa Fe (campaña 2022/23) disminuyó un 61,2% y apenas superó 1,9 millones de toneladas, el registro más bajo de los últimos 7 ciclos anuales. La soja disminuyó un 53,7%, equivalente a una merma de 4,4 millones de toneladas respecto del ciclo anterior. Mientras que la cosecha de maíz habría retrocedido 72,3%.

Agro y algo másSiendo una provincia agropecuaria, el impacto se sintió también en el resto de las actividades. "Varias ramas fabriles se encuentran directamente entrelazadas a la producción primaria, siendo ellas, además, de elevada participación relativa en la generación de valor agregado industrial: molienda de oleaginosas, harinas y aceites, biodiesel, agroquímicos y fertilizantes, maquinaria agrícola y acoplados", indicó en su informe el IPEC.

Para ponerle precio al daño, en la Bolsa de Comercio de Rosario calcularon en u$s 3.100 millones las pérdidas que sufrieron los agricultores, sólo en soja, trigo y maíz. Una cifra equivalente a dos tercios de la cosecha, ya que de las 22,6 millones de toneladas de granos que se esperaban al momento de la siembra, finalmente la recolección fue inferior a 8 millones.

Al igual que el IPEC, la entidad rosarina planteó que el factor multiplicador del agro se tradujo en una pérdida para el conjunto de la economía provincial, monto que calculó en unos u$s 5.100 millones para el Producto Bruto Geográfico (PBG) de Santa Fe.

En materia ganadera, el cálculo que hizo la Bolsa de Comercio de Santa Fe marca una disminución del stock bovino provincial del 1.5%, sólo entre enero y julio. El número implicó una pérdida de 89.953 cabezas respecto a igual período de 2022, por una mayor liquidación de vacas y vaquillonas y la "continua y creciente participación de hembras en faena, una caída significativa de la parición y el ingreso de vacas a los feedlots".

Así, el promedio de kilos por res en gancho durante los primeros siete meses de este año fue de 226 kilos, "notándose el efecto de la sequía en una merma de los mismos en el actual ciclo, en comparativa a igual período del 2022, cuando alcanzó los 232 kilos promedio". Para darle perspectiva, la Bolsa recordó que en la sequía de 2009, "con una situación climática prácticamente idéntica a la gran sequía del actual ciclo", este indicador fue de 213 kilos.

En definitiva, la combinación de sequía y elevada faena generaron una reducción -respecto de 2022- de 39.800 hembras (-1,2%) y unas 60.000 cabezas entre novillos y novillitos (-6,0%). En cambio, la categoría de terneros/as registró una suba en el stock de unas 11.300 cabezas en los primeros 7 meses.

Impacto socialSin embargo, no todo son números en el campo. El primer y conmovedor impacto que generó la histórica sequía fue el drama de las familias rurales que, impotentes, veían morir de sed a sus animales en el norte provincial ya a fines de 2022.

Desde la Cuña Boscosa llegaron las primeras alarmas, que no cesaron hasta bien entrada la primavera de 2023, cuando El Niño (con cierto retraso) finalmente descargó la suficiente agua para recomponer pasturas y recargar represas.

Durante buena parte de ese tiempo, la atención se posó en los organismos del Estado y los funcionarios, que dispusieron ayudas celebradas por algunos y depreciadas por otros. A tal punto que la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (Carsfe) se declaró en "estado de alerta y movilización" y elevó una nota al gobernador Omar Perotti para manifestar el "desasosiego y malestar" de la entidad, por lo que consideran "la muy escasa acción efectiva desplegada por el gobierno de la provincia" para socorrer a los productores afectados por la sequía.

Incluso criticaron duramente a la gestión por falsear datos de la asistencia. "Exigimos seriedad, transparencia y responsabilidad en la información", sostuvieron en relación a la incongruencia entre el monto que se anunciaba en concepto de ayuda por la emergencia y lo que realmente se ejecutó.

A pocos días de finalizar, este fatídico 2023 aún sigue generando dificultades climáticas. Paradójicamente, en zonas como San Carlos, Matilde, Larrechea o San Jerónimo Norte, los productores que apenas un mes y medio atrás seguían sufriendo la sequía en el inicio de una nueva campaña gruesa, de repente se encontraron inmersos en escenas que parecían olvidadas. La acumulación de milímetros por encima de los 200 o 250 en cuestión de días trajo al presente aquellas pesadillas de canales desbordados, rutas cortadas, caminos intransitables y campos inundados que se habían disuelto en la mente de los colonos durante casi cuatro años de lluvias flacas. Sin duda, climáticamente 2023 es un año para el olvido.

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario que lleva la firma de Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré, en materia productiva, el año anticipa una fuerte recuperación luego del desastre de la 2022/23. "Luego del desastre que significó la histórica sequía que afectó a nuestro país durante la última campaña 2022/23, la nueva cosecha 2023/24 presenta un desempeño mucho más auspicioso en términos generales, aunque con realidades dispares según cada grano".

En primera instancia, resaltan que los cultivos de invierno ya se vieron afectados por factores climáticos negativos desde el comienzo de su ciclo. "La falta de humedad en los suelos a la hora de la siembra limitó el avance de las coberturas. Si bien había mucho interés por parte de los productores de llevar a cabo la producción de trigo y también de cebada para hacerse de un ingreso a mitad de año (sobre todo luego de la fallida 2022/23), los factores ambientales actuaron como limitantes, y el área sembrada de ambos terminó por debajo de la campaña anterior: 5,4 Mha de trigo y 1,6 Mha de cebada, implicando caídas en términos interanuales del 14 y 12%, respectivamente".

En cuanto al cultivo de trigo específicamente, señalan que no se desarrolló en el mejor de los ambientes, ya que la falta de agua afectó el normal crecimiento del cultivo, sobre todo en la zona oeste de la región centro. Por ello, la producción total del cereal se termina ubicando en 14,5 Mt, algo por debajo de lo proyectado inicialmente bajo un escenario de normalidad. "No obstante, cabe remarcar que después del fuerte desliz de la campaña anterior, el crecimiento de la producción de una campaña a la otra se ubica casi en un 25%. En cuanto a la cebada, se estima que la producción pueda alcanzar 4,9 Mt, un aumento de más del 35% respecto del volumen obtenido en la campaña anterior", aclara el informe.

Perspectiva auspiciosaEn lo que respecta a los cultivos de verano, la perspectiva "es auspiciosa". Desde la entidad confirman que si bien ya desde mediados de año se pronosticaba un evento Niño entre moderado y fuerte para este verano, las lluvias se demoraron algo más de lo previsto en llegar, pero finalmente arribaron y permitieron recomponer buena parte del agua en los perfiles. "Así, ante las estimaciones de superficie implantada de los principales granos, las primeras proyecciones ubican a la producción de soja en 50 Mt y al maíz en 56 Mt. El girasol se estima en 4,3 Mt y el sorgo en 2,4 Mt, mientras que otros cultivos sumarían otras 4,9 Mt".

De esta manera, la producción total de granos en la 2023/24 podría alcanzar 137 Mt, un 65% más que el volumen total obtenido en la campaña previa. De confirmarse esta cifra quedaría como la de segunda mayor producción de la historia, sólo por detrás de los 140 Mt del ciclo 2018/19.

Luces y sombrasSegún el productor Santiago del Solar, la gruesa viene transcurriendo con buenas lluvias periódicas, "lo que hace que estas proyecciones sean auspiciosas en relación a los rindes y las exportaciones proyectadas. Esto sería casi el doble que la campaña anterior marcada por la sequía. Desde ya que esa campaña fue de quebranto para todos los productores, que necesitan recuperarse financieramente después de semejante golpe. Los precios internacionales no son los mismos que hemos tenido en los últimos años, han bajado en maíz, soja, girasol. Y tengamos en cuenta que un aumento de los DEX erosiona un poco más esos precios. en definitiva, una campaña que desde el punto de vista productivo, de confirmarse este tendencia climática va a poder proyectar un rendimiento de grano muy superior, pero en la cual la ecuación económica va a ser distinta debido a las retenciones y los precios que han bajado".

Por si hace falta aclararlo, no debe soslayarse que, respecto de la cosecha gruesa, los números de producción son tentativos, y lo que ocurra efectivamente con el clima será fundamental para ver finalmente cuál es la producción obtenida en el nuevo ciclo.

Exportaciones y divisasLa fuerte recuperación de la producción prevista para la nueva campaña permite que el agro vuelva a posicionarse como un aportante de divisas genuinas fundamental para la economía del país. En base a estos números de producción se proyecta que el agro realice exportaciones por casi 100 Mt en la 2023/24, un 65% más que el total estimado a exportar en el ciclo que corre.

Para el ciclo comercial 2023/24 se proyectan envíos al exterior de granos cereales y oleaginosos por un total de 63 Mt, con el maíz posicionándose como el principal grano de exportación (40 Mt). No obstante, cabe mencionar que también se vislumbra una fuerte recuperación en la exportación de los demás granos, con el trigo posicionándose a la cabeza con 9,5 Mt, el triple de lo alcanzado en la 2022/23.

En cuanto al envío al exterior de subproductos y aceites, para la 2023/24 se espera también un aumento en los despachos en términos de toneladas, con casi 30 Mt de exportaciones de subproductos y 6,7 Mt de aceites (un aumento del 45% en ambos casos).

De esta manera, ante esta notoria recuperación de los envíos al exterior de los principales productos del agro y la agroindustria en términos de volumen y de acuerdo a los precios de exportación proyectados para el próximo ciclo, el aporte del sector en términos de divisas por exportaciones ascendería a US$ 35.800 millones, más de US$ 10.000 millones más que el total aportado en la campaña actual.

Entre los principales complejos, el sojero se erigiría nuevamente como el principal complejo exportador, con más de US$ 20.000 millones generados por los despachos de granos y derivados (vs. US$ 13.700 millones en la 2022/23); pero también se destaca la fuerte recuperación del maíz, con un aporte de US$ 8.300 millones. El complejo triguero, en tanto, generaría envíos por US$ 2.400 millones, el doble de la marca alcanzada en la última campaña.

De esta manera, la exportación de granos y subproductos del agro representaría cerca del 45% del total de los US$ 75.000 millones proyectados a exportar en total desde el país para el próximo año 2024.

Una enorme inversiónEl economista Ernesto Ambrosetti remarca un dato que no es menor. Una inversión muy relevante del sector, cercana a los U$S 12.500 millones para aspirar a tener una producción de 137 millones de toneladas, si el clima nos acompaña. "Es una estimación razonable, con un ingreso estimado de 35 mil millones de dólares. Para los productores, lo positivo es que tenían comprado los insumos a un dólar más bajo: por otro lado, la devaluación mejora los precios de los granos, pero también el costo de los insumos para le sector".

El aporte del agro se triplicaFinalmente, la recuperación de la producción no sólo tiene su impacto en el frente externo generando divisas genuinas para el país, sino que también impacta en la economía nacional: el Valor Agregado Bruto de la producción de granos en la nueva campaña se triplica respecto del valor del ciclo 2022/23, alcanzando más de US$ 15.000 millones.

Con pinzasSegún José "Peco" Alonso, en la zona Videla, con el 60 % de la soja sembrada, hay poco o nada de maíz de segunda y tercera. Es que los 450 mm precipitados en los últimos 33 días tuvieron mucho que ver. "Resiembras complicadas y retrasadas. Difícilmente sea un año récord. Seguramente no somos el grueso del país, pero diría que no es récord. Los maíces de primera hay muy poco sembrado por sequía, aunque ahora están buenos", explica.

Un poco más al sur provincial, se registran algunas pérdidas en soja de primera por encharcamientos semi importantes, "pero en general muy bien; el maíz de primera muy poco se sembró en septiembre aunque está muy bueno. La soja de 2° mucha pérdida por exceso de agua, y hubo que resembrar algunos lotes, aunque en otros se acepta la pérdida de superficie. Maíz de 2° o tardío, esperando piso para siembra", admiten.

El Ministerio de Economía anunció la extensión de la emergencia agropecuaria en la provincia de Córdoba debido a las condiciones adversas de sequía y heladas. La medida se llevó a cabo mediante la Resolución 1523/2023, publicada hoy en el Boletín Oficial.

La norma establece que el estado de emergencia o desastre agropecuario continuará vigente hasta el 29 de febrero del próximo año para las explotaciones agrícolas, forestales y frutihortícolas que se han visto afectadas por las adversidades climáticas. Esta fecha se considerará como el fin del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.

La extensión de la emergencia incluye a 21 de los 26 departamentos de la provincia, abarcando áreas como Sobremonte, Río Seco, Tulumba, Ischilín, Totoral, Río Primero, Colón, Punilla, San Alberto, Pocho, Santa María, Río Segundo, San Justo y Tercero Arriba. También afecta a las jurisdicciones de General San Martín, Juárez Celman, Río Cuarto, General Roca, Presidente Roque Sáenz Peña, Unión y Marcos Juárez.

La medida abarca tanto a las zonas afectadas por sequía como a las afectadas por heladas, y se ha delimitado utilizando polígonos geo-referenciados.

Esta prórroga de la emergencia responde al decreto provincial 992 de agosto pasado, que fue posteriormente analizado y homologado por la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

Los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia que confirme que sus propiedades o explotaciones están incluidas en los casos previstos para recibir los beneficios de la emergencia agropecuaria.

El Gobierno de Córdoba enviará a la Comisión el listado de los productores afectados, junto con copias de los certificados de emergencia emitidos por la autoridad provincial.

Además, las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) facilitarán los medios necesarios para que los productores afectados por la resolución puedan acceder a los beneficios previstos.

La asistencia a las zonas en emergencia incluye la prórroga del vencimiento del pago de impuestos que gravan el patrimonio, capitales o ganancias de las explotaciones afectadas hasta el ejercicio siguiente a la finalización de la emergencia. También se contempla la deducción en el balance impositivo de ganancias del 100% de los beneficios derivados de la venta forzada de ganado.

La medida suspende el inicio de juicios de ejecución fiscal para el cobro de impuestos adeudados, y en caso de que ya estuvieran iniciados, se paralizarán hasta que expire la emergencia. La AFIP ofrecerá planes de facilidades de pago especiales para la regularización total o parcial de los pagos de la seguridad social, incluyendo intereses, multas y sanciones.

Esta extensión de la emergencia agropecuaria busca brindar alivio a los productores cordobeses afectados por las adversidades climáticas, permitiéndoles mantener su actividad productiva y económica en medio de condiciones difíciles.

Mientras la actividad económica nacional en la primera mitad de 2023 cayó 1,9% (Emae-Indec), en la provincia de Santa FE (Imae-Ipec) el retroceso acumulado a junio quintuplicó aquél indicador nacional fue del 9,6%, en ambos casos en relación a igual período del 2022.

La diferencia "se fundamenta en el mayor impacto relativo de la sequía, y en la fuerte incidencia que las actividades agrícolas, y comerciales e industriales vinculadas alcanzan en la configuración productiva provincial", advirtió un estudio especial del Instituto Provincial de Estadística y Censo.

"Tras la recuperación macroeconómica verificada durante el año 2021 y los primeros meses de 2022, al menos desde el último trimestre de ese año y hasta el presente la actividad económica en la provincia de Santa Fe enfrentó de manera plena los graves efectos de una aguda y prolongada sequía de ribetes históricos", detalla el documento.

El organismo estadístico santafesino explica la incidencia en una mayor participación relativa de la economía tranqueras adentro, y del comercio y la industria asociados a ella, en relación con lo que sucede a nivel nacional. Así por ejemplo, agricultura, ganadería, caza y silvicultura son el 20,0% del PBI santafesino y 8,1% del nacional; comercio mayorista, minorista y reparaciones 17,7% de la economía de la provincia y 12,4% de la nacional, en tanto que la Industria manufacturera representa 28,0% del PBI de la provincia y 18,9% del total en la Argentina.

En todos los casos la incidencia específica de esas actividades en la generación de producto resulta de mayor alcance en nuestra provincia que en el orden nacional,siendo su agregado de un 65,7% en Santa Fe y de un 39,4% en el orden nacional, reporta el informe.

Agricultura y ganaderíaLos tres principales cultivos agrícolas -trigo, soja y maíz- "presentaron durante la campaña 2022/23 una extraordinaria caída de la producción. La cosecha de trigo en Santa Fe (campaña 2022/23) disminuyó un 61,2% y apenas superó 1,9 millones de toneladas, el registro más bajo de los últimos 7 ciclos anuales. A escala nacional la caída alcanzó a un 43,3%.

La producción de porotos de soja en Santa Fe disminuyó un 53,7%, equivalente a una merma de 4,4 millones de toneladas respecto del ciclo anterior. En la esfera nacional la contracción fue más acotada, trepando a un 42,9% respecto del ciclo anterior.

Con respecto al maíz se espera una caída de la producción nacional de un 30,6% respecto de la campaña 2021/22. En el caso de la provincia de Santa Fe las estimaciones privadas dan cuenta de una mayor contracción de la cosecha alcanzaría a un 72,3%.

Industria manufactureraLa industria manufacturera en Santa Fe también acusó los efectos de la sequía, según destaca el informe. "Varias ramas fabriles se encuentran directamente entrelazadas a la producción primaria, siendo ellas, además, de elevada participación relativa en la generación de valor agregado industrial: molienda de oleaginosas, harinas y aceites, biodiesel, agroquímicos y fertilizantes, maquinaria agrícola y acoplados".

En el período enero-junio de 2023 el IMAE sectorial presentó una caída de un 2,8% en relación al mismo período del año anterior, y de un -12,6% interanual en junio de 2023.

Por su parte, el Índice Provincial de la Actividad Industrial (IPAI), con su propio marco metodológico, registró en ese período fuertes bajas de la producción manufacturera en Santa Fe. A nivel general, el IPAI cayó un 8,1% en términos acumulados al mes de junio de 2023, diferenciándose del crecimiento de un 1,3% observado en el Índice de Producción Industrial Manufacturero (IPIM) elaborado por INDEC para el plano nacional.

Comercio"En Santa Fe en los primeros seis meses de 2023 el sector Comercio registró una caída de un 6,4% en relación al mismo período del año anterior. Este resultado se fundamenta en los siguientes aspectos: Por un lado en la aguda sequía al impactar en los resultados de la sub-rama Comercio al por mayor que representa el 41% de la rama Comercio y registró una baja de 7,3% en la medición acumulada".

Por otro lado, "la situación macroeconómica actual explica la disminución de un 8,1% de la sub-rama Comercio al por menor, que representa el 38% de la rama Comercio, siendo las categorías de Indumentaria y Equipamiento y hogar, con caídas de 9,8 y 12,3% respectivamente, las que explican fundamentalmente aquel resultado".

Mientras tanto, en el orden nacional el EMAE correspondiente a "Comercio mayorista, minorista y reparaciones" acumuló en el primer semestre de 2023 una suba de 2,0% frente al año anterior. Otros indicadores Otros indicadores, entre ellos los energéticos e impositivos, reflejan también el impacto de la sequía y la dispar evolución de la economía santafesina respecto de lo acontecido a nivel nacional durante los primeros meses de 2023.

Exportaciones

En el período enero-julio del año 2023 las exportaciones con origen en la provincia de Santa Fe alcanzaron un valor de 7.378,1 millones de dólares, enfrentando una abrupta caída de 37,4% en relación al mismo período del año anterior, cifra equivalente a 4.399 millones de dólares por debajo con relación al año anterior.

En el plano nacional y en ese mismo lapso la disminución del valor exportado trepó a un 24,2% en relación a enero-julio de 2022, representando una merma de 12.649 millones de dólares. En consecuencia, prácticamente el 35,0% de la caída total del valor de las exportaciones argentinas se explica por las menores colocaciones externas de la provincia de Santa Fe.

Detalla el Ipec que nuestra provincia registró caídas relativas de mayor intensidad en todos los grandes rubros de exportación. Las ventas externas de productos primarios disminuyeron un 41,0% en el orden nacional, y un 59,6% las de Santa Fe; las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario (MOA) retrocedieron un 26,2% y un 30,1% en nuestro país y en Santa Fe respectivamente.

Por su parte las ventas externas de manufacturas de origen industrial (MOI) retrocedieron un 50,3% en Santa Fe, especialmente impactadas por las menores colocaciones de biodiésel de soja, mientras que en el orden nacional la merma fue de solo un 10,0%.

La desconfianza de los productores santafesinos sobre la utilidad de la emergencia agropecuaria demora la ampliación de los beneficios dispuestos por la provincia, que ha debido prorrogar plazos de inscripción para evitar que queden fondos remanentes sin utilizar o empresas sin aprovechar las facilidades otorgadas.Nación homologó la emergencia agropecuaria en Santa Fe hasta marzo de 2024En las últimas horas, desde el Ministerio de la Producción comunicaron la extensión en del plazo, que vencía este lunes 2 de octubre, para acceder a dos beneficios. Uno es un subsidio de $200.000 para pequeños productores, que se prorrogó al viernes 6. El otro es la posibilidad de gestionar el cambio de categoría de "emergencia" a "desastre" para aquellos que hayan empeorado su situación (80% o más de daño) a causa de la sequía, que ahora tendrán tiempo hasta el 31 del corriente.

Al ser consultada por las razones de la extensión de los plazos, la Secretaria de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo, reveló: "la principal causa, más allá de que tengamos casi 11.000 CUIT's con certificado de emergencia, es que tenemos un enorme universo de productores que no gestionaron el certificado".

Pese a que el período para solicitar el documento estuvo abierto desde enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2023, a raíz de los sucesivos decretos que fueron declarando o extendiendo la emergencia agropecuaria, hasta alcanzar a la totalidad del territorio provincial, "muchos productores no solicitaron el certificado; se quedaron con esa cuestión cultural de que no sirve para nada o te califica negativamente en los bancos…", lamentó la funcionaria. Y consideró: "en este contexto, este certificado se transformó en una herramienta útil, porque permite prorrogar beneficios impositivos en vencimientos de AFIP". También confirmó: "hoy no está abierta la posibilidad para que nuevos CUIT?s puedan gestionar el certificado".

Al respecto, indicó sobre la línea para pequeños productores: "habíamos hecho una inscripción y no se logró ocupar el cupo total de la línea, que es de $400 millones". Dado que sólo se pudo utilizar la mitad -contó- es que se decidió reabrir la inscripción. "Hubo algunos productores que se inscribieron y no tenían certificado, eso hizo que tengamos que abrir una segunda instancia".

Lo mismo ocurrió unos días atrás, cuando debieron reabrir la inscripción para productores ganaderos con hasta 1.000 cabezas y 1.000 hectáreas a una línea de ayuda crediticia por hasta $600 millones. "Cuando empezamos a revisar que cuenten con certificados y cumplan los requisitos, nos encontramos con productores que no encuadran", reveló Carrizo.

El viernes pasado (29 de septiembre) se realizó una reunión en la Sociedad Rural de San Cristóbal, en la que se pidió a la provincia la declaración de desastre para el distrito. Con la presencia de Carrizo, los participantes acordaron extender el plazo para que los productores soliciten el cambio de categoría en sus certificados.

La funcionaria explicó que, en toda la provincia, de los 15.600 certificados de emergencia, sólo 400 pidieron el cambio a desastre y por eso se extiende el plazo. "Tratamos de hacer una fuerte campaña de difusión para que el productor trate de utilizar todas las herramientas a disposición". Y sobre San Cristóbal, en particular, informó que de los 900 certificados sólo el 10% cambió a desastre.

Si bien son gestiones digitales, la Secretaria de Agroalimentos adelantó que desde su cartera van a "tratar de hacer operativos en distintas localidades del departamento" para asistir a los productores y que puedan hacer el cambio de manera personal.

"A veces no se pide el cambio", sostuvo, porque los arrendatarios no reciben el beneficio del impuesto inmobiliario. "Entonces muchas veces se quedan con el certificado de emergencia y no tienen el beneficio de la condonación del impuesto inmobiliario, pero sí le permite los beneficios nacionales", ya que -explicó- que los diferimientos impositivos nacionales son los mismos, sea emergencia o desastre la situación del damnificado.

El Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, a través de la secretaría de Agroalimentos, informó que, a partir de la Resolución 1484/23 del Ministerio de Economía de la Nación, este jueves se homologó el último decreto provincial N° 1887/2023 . Dicha norma, rubricada por el gobernador Omar Perotti, prorrogó desde el 1° de octubre hasta el 31 de marzo de 2024 la declaración de Estado de Emergencia y/o Desastre Agropecuario en virtud de la persistencia de los efectos adversos de sequía. La medida alcanza a los 19 departamentos del territorio santafesino y a todas las producciones agropecuarias.

Al respecto la secretaría de Agroalimentos, María Eugenia Carrizo ,quien participó de la comisión nacional, destacó que “la homologación a nivel nacional es un procedimiento que cada provincia debe realizar cada vez que se emite un nuevo decreto de Emergencia. Esto permite a los productores santafesinos sumar a los beneficios de carácter provincial, los beneficios fiscales nacionales en el marco de la Ley de Emergencia Agropecuaria nacional. Estos alivios fiscales permiten que el productor cuente con otra ayuda para el reinicio del próximo ciclo productivo”.

BENEFICIOS DE LA HOMOLOGACIÓN A NIVEL NACIONAL

La homologación establecida en la Resolución del Ministerio de Economía de la Nación comprende los beneficios contenidos en el Sistema Nacional para la Prevención y Mitigación de Emergencias y Desastres Agropecuarios establecido por la ley Nº 26.509.

A los efectos de poder acogerse a los beneficios que acuerda la ley nacional y la homologación del decreto provincial, los productores deberán disponer del certificado de emergencia o desastre agropecuario emitido por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología en el marco del decreto N° 1887/23.

BENEFICIOS DE LA LEY NACIONAL

Los beneficios a los que los productores podrán acceder debido a la homologación nacional son los siguientes:

>> Prórroga del vencimiento del pago de los impuestos existentes o a crearse, que graven el patrimonio, los capitales, o las ganancias de las explotaciones afectadas, cuyos vencimientos se operen durante el período de vigencia del estado de emergencia agropecuaria o zona de desastre. Las prórrogas para el pago de los impuestos mencionados tendrán un plazo de vencimiento hasta el próximo ciclo productivo a aquel en que finalice tal período. No estarán sujetas a actualización de los valores nominales de la deuda.

>> La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspenderá hasta el próximo ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia o desastre agropecuario, la iniciación de los juicios de ejecución fiscal para el cobro de los impuestos adeudados por los contribuyentes comprendidos en la presente ley.

Los juicios que estuvieran en trámite para el cobro de impuestos comprendidos por la franquicia deberán paralizarse hasta el vencimiento del plazo fijado en el párrafo anterior.

Por el mismo período quedará suspendido el curso de los términos procesales, de la prescripción y de la caducidad de instancia.

>> Suspensión de hasta noventa (90) días y/o ciclo productivo después de finalizado el período de emergencia agropecuaria o zona de desastre de la iniciación de juicios y procedimientos administrativos por cobros de acreencias vencidas con anterioridad a la emergencia o desastre agropecuario.

Si realizó ventas forzosas de hacienda en los términos del inciso c) del art. 23 de la Ley 26,509, podrá deducir en el balance impositivo del impuesto a las ganancias, el cien por ciento (100%) de los beneficios derivados de las mismas.

PRÓRROGA DE LA EMERGENCIA AGROPECUARIA EN LA PROVINCIA

Cabe recordar que “el Decreto Provincial N° 1887/2023 con que los productores agropecuarios de los departamentos 9 de Julio, Vera y General Obligado que cuenten con certificados de desastre agropecuario emitidos en el marco del Decreto N° 0627/2023 permanecerán automáticamente en la misma condición sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo”, informó el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología.

Por otra parte, los productores que ya cuenten con certificados de desastre agropecuario, en el marco del Decreto 0627/23, de los departamentos San Cristóbal, Garay, San Javier, San Justo, Belgrano, Caseros, Constitución, Iriondo, Rosario, San Lorenzo, Las Colonias, Castellanos, San Martín, San Jerónimo, La Capital y General López cambiarán su situación a emergencia agropecuaria y gozarán automáticamente de los beneficios establecidos sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo. No obstante, estos productores podrán solicitar el cambio a desastre agropecuario cuando su situación productiva así lo amerite, para lo cual deberán iniciar el trámite respectivo a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA), completando un formulario de declaración jurada por medio del cual detallarán las pérdidas sufridas a los fines de ser evaluado y -en caso de corresponder- se procederá a modificar la condición de dicho certificado a desastre agropecuario

Estos productores deberán presentar los formularios de manera digital, a modo de Declaración Jurada, a través de la página web del gobierno provincial:

>> Productores agropecuarios, excepto apícolas: https://www.santafe.gov.ar/emergencia-agro/

>> Productores apícolas: https://www.santafe.gob.ar/proap/

El Gobierno Provincial a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, brinda una nueva asistencia económica a través de aportes no reintegrables a pequeños productores agrícolas y ganaderos santafesinos afectados por la sequía.

Los fondos se destinarán a la adquisición de elementos vinculados a la alimentación, producción forrajera, infraestructura intrapredial, insumos veterinarios, insumos de riego, semillas, combustible, alimentos concentrados, forrajes, servicios de reparación de infraestructura, construcción de aguadas, servicios de acarreo de agua, fertilizantes, productos de protección vegetal, bovinas de electrohilo, alambre, bombas de extracción de agua, entre otros.

La presente línea está destinada exclusivamente a productores que cuenten con certificado de emergencia y/o desastre agropecuarios emitidos por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología en el marco del decreto 627/23.

Cabe mencionar, que la materialización de la asistencia se canalizará por medio de instituciones locales para el desarrollo de la provincia.

Sobre la asistencia, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, manifestó: “Se trata de una nueva asistencia económica a productores afectados por la sequía, en esta oportunidad destinado a los más pequeños, que en definitiva forman parte de la base fundamental de nuestra comunidad santafesina. Esta ayuda se suma a la que ya hemos realizado mediante acciones como el acarreo de agua, la limpieza de represas, la construcción de perforaciones, la provisión de alimentos, la entrega de créditos y otras iniciativas que hemos llevado adelante para con el sector a fin de recomponer parte del capital para continuar trabajando”.

En tanto, el secretario de Desarrollo Territorial y Arraigo, Fabricio Medina, ahondó: “Durante estos años de sequía acompañamos a través de distintas acciones a cada uno de los productores de nuestro territorio. En esta oportunidad la asistencia es para los pequeños productores que cuenten con el certificado de emergencia agropecuaria, debido a que éste es un requisito fundamental para acceder a esta ayuda económica”.

DESTINATARIOS

>> Producción agrícola: Hasta 50 hectáreas declaradas en el RUPP.

>> Producción ganadera bovina: Hasta 100 cabezas totales de ganado.

>> Producción ganadera ovina y/o caprina: Hasta 200 cabezas totales de ganado.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA

>> Fecha de inicio de inscripción: 18/09/2023

>> Fecha límite de inscripción: 25/09/2023

>> Monto máximo por solicitud: hasta $200.000.

>> Monto máximo de la línea: $400.000.000

Los interesados deben inscribirse a través del siguiente formulario:https://docs.google.com/forms/d/10ILyuQuXPYtYP4j7bcE3QzDev8uHApZUm1_Pwwrk66A/edit

Los productores que resulten beneficiarios deberán cumplimentar los siguiente requerimientos para el acceso al beneficio:- Copia de DNI certificada.- Constancia de RUPP.- Certificado de emergencia/desastre agropecuario.- Última acta de vacunación.- Factura de gasto a nombre del beneficiario posterior a la emisión de la norma legal, es decir a partir de cuando fue notificado.

Un paso hacia la equidad en el sector agroalimentario

La secretaría de Agricultura, Ganadería y pesca ha dado un importante paso en la promoción de la igualdad de género en el ámbito agroalimentario al crear el programa nacional "mujeres promoviendo alimentos". A través de una Resolución publicada este miércoles en el boletín oficial, se estableció este innovador programa con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible de pequeños y medianos productores agroalimentarios liderados por mujeres y diversidades.

El programa, cuyo manual operativo fue aprobado en el artículo 1° de la Resolución, tiene como objetivo central fortalecer las unidades productivas de estas emprendedoras y promover un mayor nivel de ocupación en el sector agroalimentario. Para lograrlo, se busca aumentar la cantidad y calidad de la producción agroalimentaria nacional a cargo de mujeres y diversidades, así como fortalecer su participación en las agropymes y en puestos de gerenciamiento.

Convocatoria abierta para proyectos

En el artículo 1° de la Resolución, se habilita la apertura de una convocatoria para la presentación de proyectos, la cual estará vigente durante 30 días corridos a partir de la publicación en el Boletín Oficial. Los interesados en participar deberán completar los formularios y documentación requerida, que incluye un formulario de presentación de proyecto, un formulario de Debida Diligencia, un formulario de Conflicto de Interés, y un formulario de Declaración Jurada, entre otros.

Además, se requiere la certificación de haber aprobado el módulo "Fortaleciendo la perspectiva de género en el ámbito agroalimentario", disponible en el micrositio del Programa. También se solicita la constancia de inscripción en la AFIP y en el Registro Nacional MiPyMES Agroalimentarias, así como la copia del Documento Nacional de Identidad de la persona beneficiaria.

En caso de no poder cumplir con la presentación de cierta documentación, se permite la presentación de una Declaración Jurada (DDJJ) donde se manifieste la inexistencia de Concursos y/o quiebras en ejecución y/o trámite.

Selección de proyectos

La secretaría de Agricultura ha establecido un proceso de evaluación de proyectos liderados por mujeres y diversidades a través de la coordinación de Incubadoras Para mujeres, jóvenes y productores agroalimentarios. Esta entidad enviará el expediente electrónico a la AA para que esta, basada en criterios de oportunidad, mérito y conveniencia, emita un Informe GEDO (IF) donde constará la "objeción o no objeción" al financiamiento del proyecto. El plazo para este proceso será de "30 días de corrido" y será comunicado por el área técnica al correo electrónico de la persona solicitante.

Con el programa nacional "mujeres promoviendo alimentos", se espera no solo fortalecer la presencia de mujeres y diversidades en el sector agroalimentario sino también contribuir al desarrollo sostenible y la equidad en esta importante área de la economía nacional. Para más información y para acceder al programa, los interesados pueden enviar la documentación requerida a la casilla de correo: mujeresyjovenes@magyp.gob.ar.

Más de 60 cámaras que forman parte del influyente Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) han emitido una alarma conjunta, destacando que en los próximos días podría producirse una serie de "cortes en las líneas de producción" en la mayoría de las cadenas alimenticias del país. La razón detrás de esta preocupante perspectiva es la creciente dificultad que enfrentan debido a las trabas en el Sistema de Importaciones de la República Argentina (Siras), que están obstaculizando la importación de insumos esenciales para la producción de materias primas.

En un contexto en el que las restricciones a las importaciones están aumentando, los representantes de estas cámaras agroindustriales han mantenido diversas conversaciones para abordar la situación actual y sus implicaciones para el abastecimiento nacional. Previo a esto, las empresas del sector ya habían sostenido reuniones con Guillermo Michel, el titular de la Aduana, y Juan José Bahillo, el secretario de Agricultura, para discutir los desafíos que plantean el impuesto PAIS y las dificultades con las Siras y las Sirase (pagos de servicios al exterior).

Las Siras, que son una parte fundamental del proceso de importación, han dejado de ser una vía viable para muchas empresas. La fuente anónima del CAA señaló que las autorizaciones a través de yuanes se han detenido abruptamente, lo que ha llevado a una falta de insumos críticos para la producción. 

Diversos sectores, como la avicultura y la producción de chacinados, han expresado su preocupación por las restricciones a las importaciones, que están teniendo un impacto significativo en las cadenas de producción.

En el transcurso de estas discusiones, representantes del sector de fertilizantes y agroquímicos también se han unido para abordar los problemas que enfrentan. Se ha señalado que la situación es insostenible y se anticipa que en los próximos días podría haber interrupciones en la producción en muchas cadenas alimenticias debido a la falta de insumos derivada de los problemas con las Siras.

La complicada situación económica se ve agravada por la devaluación y las dificultades operativas en los sistemas de Aduana y AFIP. La congelación de las cadenas de distribución y la escasez de insumos esenciales han contribuido a la crisis en curso. Además, se ha revelado que el Gobierno tiene planes de implementar un decreto que ofrece beneficios fiscales a las empresas que acuerden mantener un aumento de precios del 5% mensual. Sin embargo, esto ha sido recibido con escepticismo y preocupación, ya que se prevé que podría generar distorsiones en el mercado y dificultades en la implementación.

Desde el CAA se han expresado inquietudes significativas acerca de esta medida, señalando que podría resultar impracticable y generar caos en el sector. La industria de alimentación considera que esta propuesta podría actuar como una válvula de ajuste para la devaluación del Gobierno y podría tener efectos perjudiciales en la estabilidad económica.

El futuro de la producción y el abastecimiento en el sector agroindustrial argentino se ve amenazado por esta serie de desafíos, desde las trabas en las importaciones hasta las fluctuaciones de precios y la escasez de insumos. La falta de previsión y la incertidumbre en torno a los suministros están impactando en la operación diaria de las empresas y podrían tener un impacto negativo en la cadena de producción y en la disponibilidad de alimentos en el país. Ante esta situación crítica, se ha solicitado una reunión urgente con las autoridades relevantes para abordar estas preocupaciones y buscar soluciones en el corto plazo.

 La secretaria de Agroalimentos del Ministerio de la Producción, Ciencia y Tecnología, María Eugenia Carrizo, confirmó en una entrevista con Campolitoral que la provincia de Santa Fe ha decidido prorrogar la emergencia agropecuaria hasta el 31 de marzo de 2024. Esta medida se enmarca en las acciones del gobierno provincial para brindar apoyo al sector agropecuario, afectado por la sequía extraordinaria y las bajas temperaturas ocurridas en febrero.

 El ministro Costamagna convocó a la Comisión de Emergencia Agropecuaria para evaluar la situación de los distintos sistemas productivos. Tras el análisis, la Comisión determinó la extensión de la emergencia, con el objetivo de que los productores puedan acceder a los beneficios previstos en la normativa provincial y nacional. Estos beneficios son de carácter acotado pero resultan esenciales para ayudar a los agricultores y ganaderos a superar las dificultades actuales, recomponer sus actividades y reiniciar los ciclos productivos.

 Desde enero de 2022, cuando se decretó la primera emergencia, la provincia ha recibido más de 14.000 declaraciones juradas que representan a 9.500 productores. Gracias a estas gestiones, ya se han emitido más de 10.000 certificados de emergencia, situando a Santa Fe como líder a nivel nacional en la cantidad de productores que han obtenido los beneficios asociados a la AFIP, especialmente en lo que respecta a prórrogas de anticipos de ganancias y bienes personales.

 Esta prórroga de la emergencia agropecuaria demuestra el compromiso del gobierno provincial con el sector productivo y su disposición para enfrentar las adversidades climáticas y garantizar la continuidad de la actividad agropecuaria en Santa Fe. El apoyo estatal resulta crucial para asegurar la sostenibilidad del agro, fomentar la recuperación de los productores y contribuir al desarrollo económico de la región.

El Ministerio de Economía ha extendido el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en la provincia de Santa Fe hasta el 30 de septiembre próximo debido a la sequía. Esto significa que la Resolución 750/2023, publicada en el Boletín Oficial este miércoles, establece esa fecha como el final del ciclo productivo para las explotaciones agropecuarias afectadas por la falta de lluvias.

Para poder acceder a los beneficios proporcionados por la Ley N° 26.509 (ley de emergencia agropecuaria), los productores afectados deberán presentar un certificado emitido por la autoridad competente de la provincia que indique que sus tierras o explotaciones están afectadas por la sequía. El Gobierno de Santa Fe enviará a la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios una lista de los productores afectados junto con una copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente.

Además, se espera que las instituciones bancarias nacionales, oficiales o mixtas, así como la AFIP, faciliten los medios necesarios para que los productores puedan acceder a los beneficios establecidos por la Ley, de acuerdo con lo establecido en el texto oficial.

Es importante destacar que la provincia de Santa Fe presentó el Decreto Provincial N° 627 del 5 de abril de 2023 para su consideración en una reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios que tuvo lugar a principios de mayo. Después de esa reunión, la Comisión recomendó declarar la emergencia y/o desastre agropecuario, según corresponda, siguiendo las propuestas presentadas por Santa Fe.

El Ministerio de Economía de la Nación prorrogó hasta el 30 de septiembre la situación de emergencia y/o desastre agropecuario a las explotaciones agropecuarias afectadas por sequía en la provincia de Santa Fe que tenían esa situación a través de la resolución N° 16 de enero último de esa cartera. La resolución N° 750 del Ministerio de Economía, firmada por Sergio Tomás Massa, fue incluido en la edición de este miércoles del Boletín Oficial de la Nación.

"Es muy importante la publicación", señaló el ministro Daniel Costamagna que aguardaba la definición. La resolución tiene, entre otros fundamentos, los decretos provinciales números 2.476 del 25 de noviembre de 2022 y 627 del 5 de abril de 2023, más el acta de la reunión de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios del pasado 3 de mayo.

Precisamente el decreto 627 prorrogó la emergencia y/o desastre desde el 1° de junio hasta el 30 de septiembre de este año. La medida se fundamenta en la extensa sequía que padeció el territorio santafesino en los últimos tres años como consecuencia del fenómeno de La Niña. Sucesivos decretos santafesinos vienen disponiendo esta situación desde enero de 2021.

La Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios en su última reunión recomendó mantener la situación de emergencia y/o desastre y estableció que el 30 de septiembre de 2023 es la fecha de finalización del ciclo productivo para las explotaciones afectadas.

En tanto, determina que para poder acogerse a los beneficios que acuerda la Ley N° 26.509 (prevención y mitigación de emergencias y desastres agropecuarios), los productores afectados deberán presentar certificado extendido por la autoridad competente de la provincia, en el que conste que sus predios o explotaciones se encuentran comprendidos en los casos previstos en el artículo 8 de la mencionada ley.

También establece que el gobierno provincial remitirá a la secretaría técnica ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios el listado de productores afectados, acompañando copia del certificado de emergencia emitido por la autoridad provincial competente. Por último, el decreto determina que bancos nacionales, oficiales o mixtos, y AFIP arbitrarán los medios necesarios para que los productores comprendidos en la resolución gocen de los beneficios previstos en los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 26.509 y sus modificatorias.

Vencimientos de Ganancias y Bienes PersonalesLa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) informó que desde el 12 al 14 de junio, inclusive, vence el plazo para la presentación de las declaraciones juradas de los impuestos a las Ganancias y Bienes Personales para personas humanas y sucesiones indivisas, correspondientes al período fiscal 2022. Para ingresar el pago, habrá tiempo desde el 13 hasta 15 del mismo mes.

Cabe recordar que en el impuesto a los Bienes Personales están obligados a presentar y pagar aquellos que posean bienes gravados que superen al 31 de diciembre de 2022 el importe de $11.282.141,08. En ese sentido, la casa habitación se computará únicamente en la medida que supere los $56.410.705,41

Por su parte, las declaraciones juradas correspondientes al Impuesto Cedular, se podrán presentar desde el 21 al 23 de junio, inclusive, debiendo cancelar el saldo resultante al día hábil inmediato siguiente.

El calendario de vencimientos operará de acuerdo a la terminación de la CUIT de cada contribuyente.

AFIP destacó que las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto Cedular se realizan a través del servicio con clave fiscal "Ganancias Personas Humanas – Portal integrado". En el caso del Impuesto sobre los Bienes Personales, la presentación se realizará mediante el servicio web con clave fiscal "Bienes Personales Web".

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, prorrogó este lunes el estado de emergencia y desastre agropecuario como consecuencia de la sequía en todos los distritos productivos de los 19 departamentos del territorio santafesino.

El Decreto N° 627/23 lo prorroga desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2023 para todas las producciones agropecuarias y extendió la fecha límite para la presentación de declaraciones juradas de daños hasta el 30 de junio de 2023.

De esta forma, los productores agropecuarios que cuenten con certificado de emergencia agropecuaria emitidos en el marco de los Decretos 0020/22, 0080/22 -y que fueron prorrogados y mantuvieron su condición (emergencia agropecuaria)- en el Decreto N° 2476/22, pasarán automáticamente su condición a desastre agropecuario sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo y con esa condición accederán a la condonación del Impuesto Inmobiliario Rural.

Por otra parte, los productores agropecuarios que aún no hayan solicitado certificados de emergencia o desastre a la fecha, deberán iniciar el trámite respectivo a través del Sistema Santafesino de Gestión de Situaciones de Emergencia Agropecuaria (SISAGEA), completando un formulario a modo de declaración jurada por medio del cual detallarán las pérdidas sufridas a los fines de ser evaluados y, en caso de corresponder, se procederá a la emisión del certificado correspondiente. Para ello tienen tiempo hasta el 30 de junio de 2023.

A quiénes comprendeProductores agropecuarios cuyas explotaciones se encuentren ubicadas en distritos de los departamentos de la provincia de Santa Fe, que se encuentren inscriptos en Registro Único de Producciones Primarias (RUPP).

BeneficiosLos productores que hayan visto afectada su producción entre el 50% y el 80%, serán considerados en estado de Emergencia Agropecuaria y recibirán una prórroga del pago del Impuesto Inmobiliario Rural. Por otra parte, aquellos que hayan tenido entre el 80% y el 100% de daños, entrarán en la categoría de Desastre Agropecuario y serán eximidos del pago del Impuesto Rural.

Asimismo, el decreto dispone que la Administración Provincial de Impuestos (API) emita certificados de crédito fiscal en carácter de devolución, cuando los productores poseedores de certificados de desastre agropecuario hubieran abonado las cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural o Urbano, que debieron estar condonadas.

Gestiones ante AFIPLa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) accedió a un pedido del Gobierno provincial para que acepten las declaraciones juradas de daños de emergencia agropecuaria como instrumento suficiente para iniciar las gestiones para obtener los beneficios impositivos que prevé la normativa nacional. No obstante, en la medida que dispongan de los certificados deberán presentarlos ante AFIP para finalizar el trámite.

Son horas de definiciones para el equipo económico que lidera Sergio Massa. Este miércoles llegaría el anuncio oficial con los pormenores del nuevo dólar agro que abarcará no solo las ventas de soja sino también las economías regionales. Lo cierto es que, según pudo averiguar Ámbito, el tipo de cambio diferencial que busca incentivar las ventas de la oleaginosa regirá por al menos 45 días desde mediados de abril hasta fin de mayo, con el claro objetivo de sumar los dólares de la nueva campaña agrícola y no solo el remanente de la campaña anterior.

}Según se desprende de la estadística oficial, quedan por venderse unas 7 millones de toneladas de soja de la campaña pasada valuadas en más de u$s4.500 millones. Grano que está en poder, en buena medida, de grandes productores o grupos económicos del agro. Es por ello que el Gobierno plantea que el nuevo tipo de cambio diferencial que rondaría los $300 por dólar abarcaría todo mayo, ventana de tiempo clave ya que durante el quinto mes del año se termina de cosechar la soja del nuevo ciclo que viene tan castigado por la sequía.

En líneas generales en el sector se advierte que, si el nuevo tipo de cambio diferencial para las ventas de soja se prolonga solo durante abril, abarcará muy poco poroto de soja del nuevo ciclo y terminará siendo un traslado directo de precio diferencial a aquellos grandes productores que cuentan con la espalda financiera adecuada para conservar el grano. En la vereda de enfrente están los pequeños y medianos productores, muy castigados por la sequía que con un incentivo claro venderían la mayor cantidad de grano posible en una campaña que ya se sabe dejará quebrantos muy importantes.

Mientras tanto y a partir de las especulaciones de un posible anuncio esta semana, el mercado de granos local está prácticamente paralizado. En líneas generales los productores que tienen grano y los que están cosechando aguardan las definiciones de una medida que puede llevar a la soja a valer más de $110.000 por tonelada en el ámbito local. Es por ello que el anuncio formal del Gobierno llegaría entonces este miércoles y el tipo de cambio diferencial comenzaría a regir el próximo lunes 10.

En lo que respecta a las economías regionales, ya está prácticamente descartado que el nuevo dólar agro para ciertas actividades exportadoras regirá a partir de mayo pero por un lapso de 90 días. Aquí entran los sectores vitivinícola y frutícola, entre otros. En total, según dejó trascender la cartera económica se busca acelerar el ingreso de unos u$s15.000 millones en los próximos meses. Una medida que parece tener una cierta lógica en medio de las necesidades que tiene la economía de contar con dólares frescos para acumular reservas mientras también se busca despejar las tensiones en el mercado de cambios local.

Por último, un dato no menor. Históricamente las elecciones presidenciales generan cierto ruido en las decisiones de comercialización de soja por parte del productor. Es que los agricultores venden lo justo y necesario o aceleran las ventas, teniendo en cuenta el panorama electoral y el signo político que encabece las encuestas. Es por ello que el equipo económico que lidera Sergio Massa busca despejar cualquier tipo de especulación con la contrapartida de un dólar diferencial que redunde en ventas fluidas y un ingreso de divisas genuino en los próximos meses.