El comienzo de julio, como sucede en cada mes, trae aparejado la puesta en marcha de nuevos aumentos en diferentes rubros que impactarán en la inflación y en el bolsillo de los argentinos en las próximas semanas.

A pesar de retomar la desaceleración de la variación de precios en los últimos meses y de la expectativa gubernamental de que dicho proceso se siga profundizando, los incrementos en diferentes sectores continúan presionando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

AlquileresLos inquilinos que hayan firmado contratos regidos por la derogada ley que regulaba al mercado de alquileres, deberán afrontar la actualización del Índice de Contratos de Locación, que marca un incremento anual de 66,1% para julio.

De esta manera, continúa con la desaceleración que viene experimentando hace varios meses. En junio el aumento de los alquileres fue de 80,6%, en mayo había sido de 95,24%, en abril de 116,85%, en marzo de 149,3%, en febrero de 174% y en enero de 190,69%. Asimismo, en diciembre de 2024 el incremento fue de 208,67%, en noviembre de 227,3%, en octubre de 238% y en septiembre de 243,16%.

ColectivosEl boleto de los colectivos que circulan en la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires vuelve a aumentar en julio, en un 3,5%. De esta manera, el pasaje con SUBE pasará a costar entre $489,61 y $629,50, dependiendo la cantidad de kilómetros recorridos y la jurisdicción.

En tanto que el pasaje de los colectivos de jurisdicción nacional, que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), tendrá un aumento en torno al 6% el miércoles 16 de julio, completando el ajuste trimestral aprobado por el Ejecutivo en mayo. Así, los valores con SUBE estarán entre $451,01 y $618,35.

Colegios privadosLas entidades que nuclean a los establecimientos educativos privados con subvención estatal de la Provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento del 4,2% en las cuotas de julio, mientras que los de CABA ajustarán los valores al alza un 2,4%.

CombustiblesLa nafta y el gasoil subirán en el séptimo mes del año, tras la actualización del impuesto a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. YPF evalúa el porcentaje a incrementar ya que no subió sus combustibles tras la disparada del precio del petróleo, como sí hicieron las otras firmas del mercado.

Tras el alto al fuego acordado en Medio Oriente, el valor del crudo se estabilizó, con lo cual el impacto del alza que defina la petrolera estatal por este motivo podría ser menor que el 5% aplicado por las competidoras.

PrepagasLos planes de salud de las prepagas tendrán una suba en el mes entrante que rondará entre el 1,2% y el 2,6%, dependiendo de la empresa, en sintonía con la variación general de los precios en los últimos meses.

Servicios públicosLas tarifas de servicios públicos seguirán con sus actualizaciones mensuales, tomando como referencia la inflación. De esta manera, las facturas de electricidad, gas natural y agua llegarán con aumentos en julio.

TelecomunicacionesLas compañías de telefonía celular y cable aplicarán nuevos aumentos en julio, que rondan el 5%. De esta manera, continúan con las actualizaciones mensuales, tras la decisión del Gobierno de eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable.

El Ente Nacional de Telecomunicaciones (ENACOM) ha decidido eliminar las regulaciones que limitaban los aumentos en las tarifas de internet, celulares y cable, permitiendo que las empresas puedan fijar los incrementos sin tope. Esta medida, formalizada mediante la Resolución 13/2024 y publicada en el Boletín Oficial, entra en vigencia de manera inmediata, por lo que las nuevas tarifas podrían comenzar a reflejarse desde julio.

La normativa anula una serie de reglamentaciones anteriores que establecían un límite del 10% mensual en los aumentos de los servicios de telecomunicaciones. Ahora, las empresas tendrán plena libertad para determinar sus precios, siguiendo el principio de fijar tarifas que sean "justas y razonables", cubran los costos de operación y promuevan una prestación eficiente con un margen de ganancia adecuado.

Este cambio se basa en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 302 del 9 de abril de 2024, que derogó el DNU N° 690/2020, además de modificar los artículos 48 y 54 de la Ley N° 27.078. Según el artículo 48 modificado, "los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

El ENACOM justificó la medida al señalar que los servicios de telecomunicaciones operan en un mercado de competencia, y que la capacidad de los licenciatarios para fijar sus precios libremente es esencial para el desarrollo y crecimiento del sector. La resolución también apunta a corregir el marco jurídico que se había establecido con el DNU N° 690/2020, para fomentar un mercado más competitivo.

Esta desregulación ocurre en un contexto económico difícil, donde muchos argentinos están ajustando sus presupuestos para lidiar con los costos de la conectividad. Un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE) revela que el 67,5% de los hogares ha implementado medidas para reducir los gastos de internet fijo debido a la situación económica actual. Asimismo, el 65,3% de los hogares ha ajustado sus gastos en servicios de TV paga.

En resumen, la eliminación de las regulaciones sobre las tarifas de telecomunicaciones permite a las empresas fijar sus precios sin restricciones, lo que podría resultar en incrementos significativos en los próximos meses. Esta medida, mientras busca promover un mercado más competitivo y eficiente, también refleja la necesidad de los hogares argentinos de adaptarse económicamente ante los crecientes costos de conectividad.

A través del Decreto 302/2024 publicado este miércoles en el Boletín Oficial el gobierno anunció la derogación del Decreto N° 690/20 y la modificación de la Ley Argentina Digital N° 27.078.

Estas medidas buscan restaurar la libre competencia y la fijación de precios por parte de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), revirtiendo las regulaciones establecidas previamente por el gobierno. 

El Decreto N° 690/20, emitido en agosto de 2020, había introducido cambios significativos al marco legal del sector de las TIC al establecer un régimen de regulación de precios por parte del Estado. Sin embargo, con la derogación de este decreto y la modificación de la Ley Argentina Digital, se busca darle autonomía a los licenciatarios para fijar precios justos y razonables, asegurando la competencia y la calidad del servicio.

Modificaciones

Una de las principales modificaciones introducidas es la sustitución del artículo 48 de la Ley Argentina Digital, que establece que los licenciatarios de servicios de TIC tendrán la facultad de fijar sus precios, siempre y cuando sean justos y razonables, cubran los costos de explotación y promuevan la eficiencia operativa. Esta medida busca garantizar un ambiente propicio para la inversión y la innovación en el sector.

Además, el gobierno también decidió mantener el Servicio Público Telefónico como una prioridad, asegurando su condición de servicio público básico. Esto implica un compromiso con la accesibilidad y la igualdad de oportunidades en el acceso a la telefonía, especialmente en áreas donde la cobertura es limitada.

La derogación del Decreto N° 690/20 también significa el fin de la intervención del Estado en la fijación de precios y tarifas de los servicios de TIC, lo que brinda mayor certidumbre a los operadores del mercado y promueve la competencia justa y equitativa.

Las medidas se aplicaron en un contexto de ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, el gobierno considera que la restauración de un marco normativo que favorezca la libre competencia es esencial para garantizar el acceso a servicios de calidad en condiciones equitativas para todos los ciudadanos.

Tras la aprobación de los pliegos para que las telcos liciten el espectro para la quinta generación de tecnología de telefonía móvil (5G), Movistar, Personal y Claro sacaron un comunicado en forma conjunta pidiendo que se modifiquen las condiciones de la subasta que, según aducen las tres empresas, "comprometen su viabilidad".

"Las Operadoras Móviles de Argentina, Claro, Personal y Movistar, queremos invertir y competir, queremos colaborar con el desarrollo del país y queremos desplegar el 5G, que es un paso muy importante que Argentina tiene que dar y darlo bien", aseguran las empresas en el comunicado.

Y continúan: "Por todo lo dicho, reiteramos la necesidad de revisar las condiciones, dado que en este escenario es imposible el despliegue de 5G y será, en consecuencia, difícil la presentación al Concurso por parte de las Operadoras Móviles".

Los puntos que piden revisarSegún explican en el comunicado las tres principales operadoras móviles del país, "el precio asignado a cada uno de los bloques de 100 Mhz es muy elevado respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector".

Y dan una referencia: "El precio base fijado por Enacom supera en un 300% al de igual banda establecido por Brasil, que tiene una situación económica completamente distinta y es uno de los mejores ejemplos de subasta de espectro 5G en la región".

El Enacom asignó a Arsat un bloque de forma gratuitaPor otro lado, sobre la asignación a Arsat, la empresa de telecomunicaciones estatal, de un bloque de 100 Mhz el comunicado señala que al ser a "título gratuito es otra contradicción y distorsión económica anticompetitiva e irregular. Es un hecho de enorme inseguridad jurídica".

También hacen referencia a "Se imponen planes y regulaciones de precios, en un claro remedo del DNU 690/2020, cuyos efectos fueron negativos, distorsivos y recesivos para el país", continua el reclamo conjunto.

Por último, piden que "para atender en forma eficiente al crecimiento de las redes móviles actuales, que se incluya en un procedimiento competitivo oneroso, la asignación del espectro 4G que se encuentra sin utilizar desde hace más de siete años".