Durante junio, el Sector Público Nacional (SPN) registró un resultado financiero superavitario por $551.234 millones, producto de un resultado primario de $790.533 millones, y de un pago de intereses de deuda pública neto de los intra-sector público por $239.299 millones.

"En los primeros seis meses del año se registró un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PIB y un superávit financiero de 0,4% del PIB", celebró Luis Caputo en redes sociales. El resultado es compatible con la meta de superávit fiscal primario comprometida por Argentina con el FMI para 2025, según el acuerdo de facilidades extendidas revisado en abril, que es del 1,3% del PBI.

Resultado fiscal acumulado: El superávit primario de 2025 mantiene una evolución superior respecto a 2024, según IARAF.

El saldo entre ingresos y gastos de junio, del 0,03%, supone sin embargo una baja con relación al acumulado a junio de 2024, del orden de 0,07 puntos porcentuales del PBI, según Nadin Argañaraz. Los resultados de este año se vienen moderando comparados con los del 2024; en la primera mitad del año, los ingresos cayeron 1,7% real interanual, mientras que el gasto subió un 4,6% real interanual. Pero están lejos de comprometer las metas oficiales.

El SPN acumuló al sexto mes del año un superávit financiero de aproximadamente 0,4% del PBI y un superávit primario de aproximadamente 0,9% del PBI), "profundizando el ancla fiscal del programa de gobierno", señaló el ministerio de Economía.

Ingresos fiscales: En junio de 2025, los ingresos totales crecieron un 41,6% interanual, impulsados por el IVA y los aportes a la seguridad social.

Los ingresos totales del SPN en el mes alcanzaron los $11.583.223 millones (+41,6% interanual). Los recursos tributarios presentaron un crecimiento de 42% i.a. "explicado principalmente por la variación de los ingresos correspondientes a los Derechos de Exportación (+169,7% i.a.)", durante la baja temporal de retenciones a las exportaciones agroindustriales.

Los Derechos de Importación (+140,5% i.a.), los Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social (+57,3% i.a.), el IVA neto de reintegros (+50% i.a.) y Bienes Personales (+263,2% i.a.), sumaron a la mejora.

Gasto de capital: La inversión en transporte y educación lideró los aumentos, pese a la caída en energía.

Todos los indicadores son alentadores para la estabilidad macroeconómica. Según datos de Libertad y Progreso, elaborados en base a cifras del INDEC y estimaciones propias, la inflación interanual en Argentina cayó al 39,9% en junio de 2025, marcando un punto de inflexión histórico

Siempre en referencia al sexto mes del año, los gastos primarios del Sector Público Nacional alcanzaron los $10.792.690 millones (+40,3% i.a.), en línea con la inflación estimada.

"En lo que refiere a las prestaciones sociales, las mismas ascendieron a $8.011.434 millones (+42,5% i.a.), producto del impacto de la fórmula de movilidad aprobada por la Ley N° 27.609 y el DNU 274/24 y del pago del SAC.

Gasto público primario: Las prestaciones sociales y salarios explicaron gran parte del aumento del 40,3% en el gasto corriente.

"Por otra parte, las remuneraciones alcanzaron los $1.339.245,4 millones (+29,0% i.a.) producto de los incrementos otorgados en el marco de las políticas salariales acordadas y las sucesivas reducciones en la planta de empleados públicos".

Por su parte, las transferencias corrientes alcanzaron los $2.385.601,8 millones (+38,4% i.a.), siempre de acuerdo al informe de Economía. "Aquellas correspondientes al sector privado presentaron un crecimiento de +$447.924,3 millones (+27,9% i.a.). Por su parte, las transferencias corrientes al sector público realizadas en junio alcanzaron los $334.701,8 millones (+178,2% i.a.)".

Por último, los subsidios económicos presentaron una caída de $600 millones (-0,1% i.a.), "donde los energéticos variaron -$1.389 millones (-0,6% i.a.), mientras que los destinados al transporte lo hicieron en $14.922 millones (+9,6% i.a.)".

En un giro drástico en la política tributaria, el Gobierno nacional informó que eliminará varios regímenes de información fiscal considerados invasivos y excesivos. Las modificaciones buscan “enfocar el control sobre la evasión estructural y no sobre la informalidad reactiva”, según expresó la Agencia Federal de Ingresos Públicos (ARCA).

Uno de los cambios más significativos es la eliminación del régimen informativo sobre consumos personales con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales. Desde ahora, las administradoras no estarán obligadas a reportar a ARCA las compras realizadas por las personas físicas. “El consumo deja de ser objeto de vigilancia para convertirse nuevamente en una cuestión de privacidad”, indicaron fuentes oficiales.

El gobierno busca que los argentinos blanqueen dólares guardados fuera del sistema.

También fue derogado el sistema CITI Escribanos, por el cual los notarios debían informar mensualmente operaciones importantes. Asimismo, se elimina el régimen de información de compra-venta de vehículos usados, y el reporte obligatorio del Código de Oferta de Transferencia de Inmuebles (COTI) para propiedades en venta.

Otras medidas incluyen el fin del reporte de pagos de expensas por parte de administradores de consorcios y la eliminación del control sobre consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía, que hasta hoy eran informados por las empresas de servicios públicos a ARCA.

Según ARCA, las modificaciones buscan “enfocar el control sobre la evasión estructural y no sobre la informalidad reactiva”

En paralelo, se actualizaron los umbrales de montos mínimos a partir de los cuales las entidades financieras deben informar operaciones a la ARCA. El cuadro actualizado, difundido por el organismo, muestra un aumento sustancial en los valores:

Además, se prohíbe a los bancos solicitar declaraciones juradas de impuestos nacionales a sus clientes. En caso de que lo hagan, se podrá realizar la denuncia correspondiente ante Defensa del Consumidor.

Otra novedad es la implementación de un nuevo régimen simplificado para el Impuesto a las Ganancias, que pondrá el foco en la facturación real y los gastos deducibles, en lugar de investigar consumos personales o patrimonios. Esta medida apunta a reducir la carga administrativa sobre los contribuyentes y a facilitar el cumplimiento voluntario.

Con esta batería de reformas, el Gobierno intenta cambiar el enfoque de la fiscalización, alejándose del modelo de control masivo para apuntar a lo que denomina “evasión deliberada, estructural y sofisticada”. El objetivo, según ARCA, es reconstruir la confianza y fomentar la bancarización sin que eso implique “exponer al ciudadano común al escrutinio constante del Estado”.

Con menores precios internacionales e impuestos -sobre todo retenciones- sostenidos, en el marco de un peso que se fortalece frente al dólar, no sorprende que el Estado haya incrementado su participación en la renta agrícola, con 97,4% de participación del gobierno nacional, que promete bajar retenciones cuando la recaudación así lo permita.

Según el índice de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), la participación de los tres niveles del Estado en la la renta agrícola fue del 64,3%, un índice que subió 2,8 puntos en octubre respecto del mes anterior.

La medición de diciembre 2024 marca una participación de los impuestos sobre la renta agrícola. Gráfico: FADA.

Peor aún, "comparado con diciembre 2023 es 5,4 puntos más alto. Si se desglosa lo que se paga por jurisdicción, 94,7% son impuestos nacionales, 4,7% provinciales y el resto municipales". Esto es indicador de que el "espacio fiscal" de la principal actividad económica de Santa Fe engrosa arcas nacionales sin volver en proporción ni a los inversores privados ni a las arcas santafesinas.

El dato adquiere relevancia por cuanto la actividad agrícola requiere de inversión de los productores en la sostenibilidad del recurso del suelo, mientras que por explotaciones extractivas como las hidrocarburíferas el país paga "regalías" al punto que son 31% de los "recursos propios" de Neuquén, 20% en el caso de Chubut o 18% en Santa Cruz.

Recuerda Fada que "de los impuestos nacionales, el 67,5% no se coparticipan a las provincias; principalmente son los Derechos de Exportación o DEX.

Nicolle Pisani Claro, Economista Jefe de FADA, detalló que "a modo de ejercicio, si desaparecieran los DEX la participación del Estado sería del 36%. Un escenario que no sólo sería positivo para el productor sino que permitiría que se generen nuevos puestos de trabajo y mayores inversiones.

La participación del Estado en soja es del 68,5%, maíz 56,6%, trigo 69,5% y girasol 59,1%. Gráfico: FADA.

"Esto a su vez implicaría un mayor movimiento en diferentes regiones del país y un crecimiento en diversas áreas de la sociedad, sería positivo para todos los argentinos".

Mientras que el promedio ponderado de cultivos a nivel nacional es de 64,3%, la participación del Estado en soja es del 68,5%, maíz 56,6%, trigo 69,5% y girasol 59,1%. En el caso de Santa Fe, el peso del Estado en la renta agrícola es del 60,5%.

"Los precios comenzaron a caer, principalmente en los primeros meses de 2024, para encontrarse hoy por debajo del promedio de los últimos cinco años", explican desde FADA.

La caída de los precios, aún con mayores niveles de producción tras la recuperación de lo que fue la sequía, hacen reducir el valor bruto de la producción. En este contexto, con precios debilitados, sumado a la pérdida de efecto del dólar exportador, generan una presión mayor en la participación del Estado en la renta agrícola, con un menor valor de la producción.

Frente a septiembre 2024, la principal caída de precios se da en trigo con un 15,6% en su precio disponible en dólares. En soja la caída es del 6,2%, mientras que maíz mejoró un 3,2%. Comparando los últimos 12 meses, (dic 23 – dic 24) los precios de los granos en dólares, muestran una caída del 10% en soja, 4,4% en maíz y 9,3% en trigo.

"Eliminar los DEX significa aprovechar el potencial de las cadenas agroindustriales, con beneficios sobre las economías locales y con el fortalecimiento de la economía nacional", concluye Fada.

El costo de los fletes

El índice Fada analiza -como ejemplo- los costos que entran en juego en una hectárea de maíz. Se consideran los costos de exportación (fobbing), comercialización, transporte, seguros, administración y producción.

En ese análisis resaltan dos puntos: por un lado, el fobbing (el costo de exportación definido como la diferencia entre el valor FOB y el precio FAS de un producto) representa entre el 8% y el 10% de todos los costos involucrados.

"A medida que aumenta la distancia con los puertos, el costo se va elevando" por la incidencia de los fletes. "Es así que vemos que en el caso del maíz, el flete representa el 26% de los costos en Buenos Aires, en Córdoba el 28%, en San Luis el 27%, en La Pampa el 25% y en Entre Ríos el 21%. En Santa Fe, como el grueso de la producción se encuentra relativamente cerca de los puertos, representa el 19%", explica Natalia Ariño, Economista de FADA.

Por otra parte, "una forma de representar el peso de los fletes en el valor bruto de producción de cada provincia es pensarlo en camiones, cuántos camiones de cada 10 que se producen, se van en fletes. En ese caso vemos que en Córdoba, San Luis y La Pampa, 2 de cada 10 camiones de maíz se va en fletes (20%, 19% y 18%% del valor de la producción por hectárea, respectivamente).

"En Buenos Aires y Entre Ríos, 1,5 de cada 10 camiones de maíz se va en concepto de fletes (16% y 15%, respectivamente), mientras que Santa Fe solo 1 de cada 10 camiones corresponde al costo de transporte (11% del valor de producción de maíz)", agrega Pisani Claro".