El Gobierno nacional extendió el beneficio que permite a las microempresas computar una parte del Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, conocido como impuesto al cheque, como pago a cuenta de las contribuciones patronales. La prórroga alcanza a las remuneraciones que se devenguen hasta el 31 de diciembre de 2026.

La medida representa un alivio fiscal para el segmento más pequeño del entramado productivo, en un contexto en el que los costos laborales y financieros siguen siendo uno de los principales factores de presión sobre la actividad de las microempresas en todo el país.

De acuerdo con la normativa vigente, las firmas categorizadas como microempresas pueden descontar hasta el 30% del impuesto al cheque efectivamente ingresado. Ese monto puede aplicarse como pago a cuenta de hasta el 15% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

El beneficio había sido creado originalmente en 2023 como una herramienta de apoyo al empleo formal en las unidades productivas de menor escala. Su vencimiento estaba previsto para diciembre de 2024, pero ya había sido prorrogado hasta finales de 2025, plazo que ahora vuelve a extenderse por todo el ejercicio 2026.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se tomó ante la continuidad de los motivos que dieron origen al régimen, vinculados a la necesidad de sostener la actividad económica y el empleo en el sector de las microempresas, que suelen tener menor margen para absorber aumentos de costos.

La prórroga fue formalizada a través de la Resolución General 5817/2026 de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La norma adecúa el marco reglamentario a lo dispuesto por el Decreto N° 923/25, que habilitó la extensión del beneficio.

Desde el punto de vista operativo, la resolución mantiene sin cambios el mecanismo de aplicación. Para realizar la determinación de los aportes y contribuciones, los empleadores deben continuar utilizando el sistema informático “Declaración en línea”, donde se imputa automáticamente el crédito correspondiente.

El esquema permite que una porción del impuesto al cheque, que grava los movimientos bancarios, se transforme en un alivio concreto sobre las cargas laborales. De esta manera, se busca mejorar la liquidez de las microempresas y generar incentivos para la formalización y sostenimiento del empleo registrado.

Para el sector empresario, la continuidad del beneficio aporta previsibilidad en la planificación financiera y laboral, especialmente en actividades intensivas en mano de obra. En ese sentido, la prórroga hasta diciembre de 2026 es vista como una señal de acompañamiento del Estado hacia los emprendimientos más chicos.

Desde el Gobierno señalaron que la medida se enmarca en una estrategia más amplia de apoyo a las micro y pequeñas empresas, consideradas clave para la generación de empleo y el desarrollo de las economías regionales. La evaluación de su impacto continuará durante el próximo año, en función de la evolución de la actividad y del mercado laboral.

La propuesta de la Fundación Mediterránea para implementar un único impuesto a las ventas que unifique IVA, Ingresos Brutos y tasas municipales, que ya se la identifica con el hashtag  #SuperIVA, fue muy tomada en cuenta por el Gobierno nacional y pegó fuerte en las redes.

El IVA, con alta incidencia del consumo interno, hace ingresar al ARCA el 33% del total de impuestos que recauda.

La recaudación de Recursos Tributarios en 2024 alcanzó $131.357.699 millones, con una variación interanual de 205,6%, de los cuales el Impuesto al Valor Agregado Neto recaudó $43.027.692 millones y tuvo una variación interanual de 190,9%.

Es cierto que hubo dos aportes extraordinarios a las arcas fiscales, ya que el Impuesto Solidario PAIS, que finalizó en diciembre, reunió $6.274.713 millones.

Y además por el Régimen de Regularización de Activos –Impuesto Especial de Regularización (blanqueo) se percibieron $394.392 millones.

La performance de los principales fue: 

Estudios recientes muestran que el sistema tributario argentino depende mucho de pocos impuestos, como el IVA, Ganancias e Ingresos Brutos. 

Milei manifestó su interés en esta iniciativa, vislumbrando un sistema de "competencia fiscal" entre provincias, donde cada una podría ofrecer alícuotas atractivas para atraer inversiones.

El ingreso resultante debería ser coparticipado a provincias y de estas, a su vez, hacia los municipios.

El esquema prevé que la recaudación del "Súper IVA" quede en manos del fisco nacional, quien luego distribuiría los fondos a las otras jurisdicciones. 

Se interpreta que podría ser un paso hacia una simplificación del sistema, aunque su viabilidad depende de un acuerdo político entre Nación y provincias. 

Su adopción requeriría un amplio consenso con los gobernadores, ya que implica una modificación de la ley de coparticipación federal.

La tasa actual del IVA es de 10 y 21%, según los productos gravados, y hasta ahora nada se habló de la idea en torno de la cual gira el porcentaje que se fijaría.

No es sencillo para las provincias dejar de cobrar Ingresos Brutos. 

En promedio, representa el 82,5% de lo que recaudan de impuestos locales.

El resto se distribuye entre el Automotor, el Inmobiliario, Sellos y otros ingresos, de acuerdo con el análisis de la consultora Eco Go.

Evalúa que en Tierra del Fuego el gravamen a las ventas tiene un peso del 53,2% en las arcas provinciales.

Se trata de la jurisdicción menos dependiente de ese tributo. Le siguen San Juan (72,2%), Entre Ríos (73,6%), Provincia de Buenos Aires (76,2%) y Córdoba (78,3%).

En el otro extremo se encuentra Misiones, donde Ingresos Brutos representa el 93,2% de todo lo que recauda esa jurisdicción en impuestos provinciales.

También están por arriba del 90% las provincias de Catamarca (92,3%), Neuquén (91,8%) y Salta (90,8%).

CABA, por su parte, se encuentra cerca del promedio, con un 82,4%.

“Cuando uno compra un bien, del precio total que se paga entre un 8% y 9% está explicado por Ingresos Brutos, explica el especialista en impuestos de IARAF,  Nadín Argañaraz. 

Una tesis que sostienen Giordano y el intendente bonaerense Valenzuela, al interpretar la letra del artículo 75 de la Constitución nacional, es que para un cambio de estas características no se necesita el aval unánime de las provincias, sino de la mayoría.

El cambio del esquema tributario nacional y provincial había sido iniciado en 1974 con el reemplazo de Réditos por Ganancias, y seguido en 1975 con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Se derogaron actividades lucrativas y el impuesto a las ventas. Como las provincias se quedaron sin recursos, en 1977 nació Ingresos Brutos.

A comienzos de este año, el Poder Ejecutivo había considerado enviar un proyecto en esta línea al Congreso en 2024, pero decidió postergarlo para este año.

El proyecto de Presupuesto 2025, luego descartado, mencionaba la “revisión de esquemas tributarios y la eliminación de imposiciones que distorsionan el mercado, fomentando así la competitividad y facilitando la inversión privada”.

Durante su discusión, el Gobierno anticipó que la meta será extender al resto de la economía los beneficios tributarios que hoy existen para las empresas que ingresen al RIGI.

Según Osvaldo Giordano, presidente de la Fundación Mediterránea -y ex director de Anses durante este gobierno-, “una reforma tributaria integral, encabezada por el Súper IVA, lograría beneficios concretos en el corto plazo y agudizaría la mirada en cómo seguir mejorando la calidad del Estado bajando gastos”.

El proyecto se basa en experiencias similares implementadas en Brasil y en pruebas realizadas con pequeños contribuyentes en Córdoba.

La idea es que la recaudación del "Súper IVA" quede a cargo del fisco nacional y luego sea redistribuida entre provincias y municipios, reduciendo la carga administrativa para los contribuyentes y evitando distorsiones en la competitividad económica.

Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal analizó el nivel de concentración que hay en el sistema tributario argentino entre la Nación, provincias y municipios.

“Considerando la recaudación de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina”, sostiene.

“Si a los 6 tributos mencionados se le agregan el impuesto PAIS, los Derechos de Importación, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH) e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 92% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal”, indicó el centro de estudios que preside Nadin Argañaraz.

Una modificación de esa naturaleza al sistema tributario no podría provenir de una reforma en la que solo operen cambios en los impuestos nacionales, sino que tendría que estar contemplada en una discusión integral sobre la ley de coparticipación.

El impuesto al valor agregado (IVA) es uno de los impuestos más utilizados a nivel mundial, existiendo actualmente en más de 160 países. 

En América Latina y el Caribe el IVA es el impuesto más importante en materia de recaudación, generando en un país típico ingresos equivalentes a 6,1% del PIB, y representando cerca de 30% de sus ingresos fiscales totales.

La reducción de las retenciones y la eliminación para las economías regionales entró en vigencia este lunes con la publicación de la medida en el Boletín Oficial.

Con la firma del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el decreto 38/2025 se oficializó y ya comenzó a regir hasta el próximo 30 de junio.

Además, en el instrumento se aclararon las condiciones para poder acceder al beneficio: se deberá liquidar el 95 por ciento de lo declarado en los últimos 15 días hábiles en la Declaración Jurada de Venta al Exterior (DJVE).

En caso de no cumplir con es disposición, se cobrará la alícuota anterior, y serán la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central los encargados de supervisar el mecanismo.

"Con el objetivo de colaborar con la situación del campo en este contexto de sequía, el Gobierno Nacional decidió bajar las retenciones de manera temporaria en un 20% hasta el mes de junio, inclusive", informó la Secretaría de Comercio en un comunicado tras el anuncio oficial.

Agregó que "la medida refleja la decisión del Gobierno de reducir el peso del Estado para los sectores productivos, en el marco de la política de superávit fiscal".

De esta manera, la soja (poroto) baja de 33% a a 26%; la soja (aceite y harina), del 31% al 24,5%; el trigo, la cebada, el sorgo y el maíz pasan del 12% al 9,5%; y el girasol, del 7%, al 5,5%.

Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional eliminó las retenciones (Derechos de Exportación) para las economías regionales y otros productos.

La medida alcanzará a productos tales como azúcar; preparaciones alimenticias; algodón; cuero bovino; bebidas; ovinos (lana y cueros); tabaco; forestoindustria; arroz; maní; golosinas, chocolates y otros.

Estos bienes representaron más de 1100 millones de dólares de exportaciones en el año 2024.

A poco de finalizar la segunda prórroga de la primera etapa del blanqueo de capitales, distintos gobiernos provinciales decidieron avanzar con la aplicación de un impuesto especial sobre los contribuyentes que adhirieron al Régimen de Regularización de Activos.

Las administraciones gubernamentales de Neuquén y Salta ya lo formalizaron, ya que al mismo tiempo que suscribieron al régimen nacional, incluyeron el pago de un nuevo tributo local para aquellos ciudadanos que hayan regularizado activos. Santa Fe planea seguir el mismo camino, mediante un proyecto de ley que será tratado en la legislatura provincial.  

La decisión de avanzar en este sentido se da sobre el cierre de la primera etapa del blanqueo, que el Gobierno nacional postergó hasta este viernes 8 de noviembre, y en medio de los datos positivos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al precisar que ingresaron casi 105 mil contribuyentes que depositaron más de US$19.000 millones.

Neuquén fue la primera provincia en introducir un impuesto al momento de adherir a la herramienta promovida por la administración de Javier Milei, en el marco de la sanción, por parte de la legislatura, de la ley 3450 que generó la figura del Régimen Provincial de Regularización de Activos.

La norma establece que los contribuyentes que se adhieran al blanqueo nacional también lo deberán hacer con el homónimo provincial y tendrán que realizar el pago de un tributo especial a cambio de quedar eximidos de abonar Ingresos Brutos.

El esquema del impuesto provincial es similar a la escala establecida a nivel nacional, ya que variará según el momento de adhesión, gravando sólo cuando la exteriorización supere los US$100.000, con una alícuota progresiva del 0,75% a 1,25%.

De esta manera, la carga será de un 0,75% sobre el excedente de US$100.000 para quienes presenten la declaración jurada hasta el 30 de noviembre, del 1% sobre el excedente de US$100.000 para quienes adhieran hasta el 31 de enero de 2025 y del 1,25% del excedente de US$100.000 para quienes blanqueen hasta el 30 de abril del 2025.

En el caso de Salta, las cámaras legislativas sancionaron la ley 8461 que establece el Régimen Excepcional y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal, en el cual se incorporó la adhesión a la regularización de activos y se dispuso un impuesto especial sobre el mismo.

Al respecto, el artículo 16 de la norma provincial establece “un Impuesto Especial de Regularización equivalente al 10% del impuesto nacional que corresponda abonar en los términos del Capitulo IV del Titulo Il de la Ley Nacional 27.743. el que no deberá ser ingresado en los supuestos especiales de exclusión de pago del impuesto nacional previstos en el Capitulo V del Titulo 1 de la citada Ley”.

Además, el artículo 17 determina que “el decaimiento de los beneficios dispuestos por la Ley Nacional 27.743 o en su caso, la falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dispuesto en el articulo precedente, privara a los sujetos de los beneficios dispuestos por la presente Ley”.

Por el lado de Santa Fe, la iniciativa aún no fue tratada en la legislatura pero ya fue presentado el proyecto de ley que contempla un impuesto especial sobre el blanqueo, generando un crédito fiscal, a cuenta de Ingresos Brutos, para destinar a nuevos emprendimientos productivos y de construcción de viviendas.

Las condiciones del tributo también se asemejan a lo dispuesto a nivel nacional, al gravar los ingresos superiores a US$100.000, aunque en este caso la alícuota se establece en un 2%, sobre el excedente.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, precisó que “quienes paguen el 2%, podrán utilizarlo como anticipo de obligaciones fiscales que van a tener en el futuro” y reveló que “lo recaudado no quedará en las arcas provinciales, sino que será utilizado para otorgar beneficios impositivos a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma”.

Además, aseguró que “como un principio central, la adhesión al blanqueo provincial tendrá estrictos controles de seguridad para asegurar que no haya vínculos con actividades ilegales”.

En relación al espíritu de la decisión señaló que “esta medida busca equilibrio: dar seguridad a quienes regularicen y premiar a los que cumplen, impulsando a su vez el crecimiento y la inversión en nuestra provincia”.

La política de aplicar nuevos impuestos provinciales sobre un régimen de regularización de activos, ya se había dado en el blanqueo pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, con la decisión de La Pampa de gravar todos los bienes sincerados, aplicando una alícuota del 1% sin considerar la ubicación de los bienes.

En aquél momento se apuntó que la norma cercenaba el principio de territorialidad tributaria, que limita la potestad fiscal de las provincias a la riqueza generada dentro de sus jurisdicciones, por lo que se iniciaron varias demandas que actualmente esperan un veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con este antecedente y a la espera de que la Corte se expida, los flamantes tributos provinciales sobre el actual blanqueo de capitales pueden derivar en nuevas presentaciones judiciales.

El Gobierno ha decidido desmantelar la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), dando un giro importante en su estrategia para reducir el tamaño del Estado y eliminar estructuras ineficientes. En su lugar, se establecerá la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un organismo que promete ser más ágil, con menos costos y una burocracia simplificada.

La creación de la ARCA forma parte de una serie de medidas que tienen como objetivo la modernización de la administración pública. Según el anuncio oficial, la nueva agencia implicará una reducción del 45% en las autoridades superiores y un recorte del 31% en los niveles inferiores, lo que en conjunto eliminará el 34% de la estructura actual de la AFIP. Este ajuste permitirá un ahorro estimado de 6.400 millones de pesos anuales.

Reducción de personal y ajustes salariales

La reestructuración también tendrá un fuerte impacto en el personal, ya que 3.155 empleados que ingresaron de manera irregular durante el último gobierno kirchnerista serán desvinculados. Esta cifra representa el 15% del total de la planta actual de la AFIP, lo que ha generado la reacción inmediata del gremio del organismo, que está evaluando medidas de fuerza en respuesta a la decisión gubernamental.

Otra medida relevante es la eliminación de la Cuenta de Jerarquización, que hasta ahora otorgaba sueldos diferenciados para los altos cargos. Con la nueva estructura, el salario del titular de la ARCA se reducirá a aproximadamente 4 millones de pesos, igualando la remuneración de un ministro. Los directores de la Dirección General Impositiva (DGI) y de la Dirección General de Aduanas (DGA) seguirán el mismo esquema de ajuste.

Liderazgo en la nueva ARCA

La dirección de la nueva agencia estará en manos de Florencia Misrahi, quien será responsable de la transición y puesta en marcha de la ARCA. La acompañarán Andrés Gerardo Vázquez, como nuevo director de la DGI, y José Andrés Velis, a cargo de la DGA. Ambos tendrán la misión de liderar el proceso de reorganización y profesionalización del organismo, con el objetivo de optimizar la recaudación y el control aduanero.

Con esta reestructuración, el Gobierno busca no solo reducir costos, sino también mejorar la eficiencia en la recaudación fiscal y la administración aduanera, en un contexto económico donde la reducción del gasto público es una de las prioridades clave.

Un productor propietario que no paga alquiler, que es el mejor de los escenarios- y que distribuye a mitades iguales de soja y maíz su producción, le deja al Estado el 62% de su renta en la zona pampeana y 77% de su utilidad bruta en la extrapampeana. "En ambos casos, 'lo que se lleva' el Estado vía recaudación de impuestos es mayor que 'lo que queda' finalmente al productor".

La cuenta de Franco Artusso para el Ieral/Fundación Mediterránea ratifica que en tiempos del "liberal-libertarismo", la carga tributaria sigue siendo mayor que la renta de quien invierte en su propio trabajo.

El productor es además quien asume los riesgos y debe reponer nutrientes al suelo. Algo que los extractivistas del litio, el cobre o los hidrocarburos -con beneficios fiscales del RIGI- no aportan. Las provincias con recursos mineros cobran regalías y no padecen las detracciones a los distritos cuyos actores privados trabajan la tierra.

Eduardo Duhalde impuso las retenciones tras la devaluación del 2002 (cuando la soja tocaba el cielo); en 2008 la propuesta de Martín Lousteau -el hoy presidente de la UCR era el entonces ministro de Cristina- agrietó al país y los productores quedaron como "los oligarcas" en el relato K. El país debate desde entonces quién debe llevarse la renta del campo.

El productor agropecuario es quien asume los riesgos y debe reponer nutrientes al suelo, algo que los extractivistas del litio, el cobre o los hidrocarburos no aportan. Foto: Archivo El Litoral

Durante 2023, la "Tasa de asistencia efectiva por actividad económica", es decir la suma de la intervención estatal para proteger el mercado y descontar impuestos, le dio a los fabricantes electrónicos de Tierra del Fuego 191,5% de valor agregado; a los fabricantes de vehículos 96%; a los de cuero y calzado 60; a los de confecciones 50,8% y a los textiles 40,8%. En el otro extremo, la TEA para agricultura, ganadería y caza fue negativa en 13,8% y la de alimentos y bebidas de -51,7%, fundamentalmente por la incidencia de harinas y aceites en la punta de la actividad agroindustrial.

El detalle del reporte es de la Oficina de Presupuesto del Congreso y revela de manera significativa el sistema de premios y castigos según la actividad. Pero también según la región; se entiende en esta radiografía por qué Maximiliano Pullaro se negó a conceder el incremento en las retenciones que contemplaba la versión original de la ley Bases de Milei. Lo que Nación se lleva, se le resta a la rentabilidad que los productores dejan en reposición de nutrientes, maquinarias, chatas, profesionales y comercios de la zona.

El informe de Artusso para el Ieral/Fundación Mediterránea plantea que "los márgenes proyectados para 2025 suponen rendimientos medios 'normales' en ambas zonas, tanto para soja como para maíz.

Fuente: OPC

Asume el autor que en zonas extrapampeanas la variable de ajuste por efecto 'chicharrita' será el área de siembra y no tanto el rinde medio (productores que prevean mermas de rindes similares a las de 2024 directamente no sembrarán el cultivo).

Fuente: Ieral

"Permaneciendo todo lo demás constante, dado los precios esperados para la soja y el maíz en Chicago en 2025 (US$389 y US$197 por tonelada, respectivamente), los márgenes -después de impuestos- están dando US$318 por ¿hectárea en zona núcleo y US$145 por hectárea en el centro-norte, "un 65-70% por debajo del último año en que se registraron rendimientos 'normales' en ambas zonas (2022)".

Lejos de la diplomacia que las entidades ruralistas conceden al presidente Milei y su pedido de paciencia (hubo mejoras a sectores lácteo y ganaderos), los productores autoconvocados están "activos" en redes sociales, haciendo reclamos al presidente por la presión fiscal al sector.

El campo aportará al país en la próxima campaña entre US$32,6 mil millones y US$35,7 mil millones según la sequía y la evolución de precios en Chicago. Solo en retenciones, el Estado se quedará con 33% de la soja y 12% de los embarques de maíz. Y con todos los dólares a cambio de pesos, mientras el cepo y la brecha persistan.

El Gobierno ha dado un paso más en la modernización tecnológica de la Administración Pública con la ampliación del sistema de firma digital, permitiendo que trámites y contratos puedan formalizarse de manera remota. Esta modificación fue establecida mediante el Decreto 743/2024, publicado recientemente en el Boletín Oficial.

La nueva normativa introduce la posibilidad de realizar la verificación de identidad virtualmente, eliminando la necesidad de la presencia física para completar los trámites, como estaba estipulado hasta ahora. Esta validación se hará en tiempo real, contrastando la información con el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

Además, se han realizado ajustes en el régimen de Certificadores Licenciados, permitiendo que “autoridades de registro” deleguen funciones de validación de identidad y otros datos de los suscriptores, y eliminando el requisito de presencialidad. Anteriormente, estos procesos requerían la comprobación presencial de la identidad de los solicitantes.

El Decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, subraya que esta medida es parte del proceso de modernización tecnológica en la Administración Pública, orientado a mejorar la interacción entre el Estado y los ciudadanos.

Con esta iniciativa, el Gobierno continúa avanzando en la implementación del Plan de Modernización del Estado, aprobado durante la presidencia de Mauricio Macri, con el objetivo de facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios estatales, agilizar procesos administrativos, y fomentar la transparencia y accesibilidad mediante herramientas tecnológicas que permitan un acceso remoto y un seguimiento efectivo de la actividad administrativa.

Tras fracasar en las negociaciones con el Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, el Gobierno determinó por decreto en el Boletín Oficial de este viernes el nuevo piso salarial que pasará de $234.315,12 a $254.231,91 para julio.

Además, adelantó las subas de los próximos meses: el piso será de 262.432,93 pesos en agosto, 268.056,50 en septiembre, 271.571,22 en octubre.

Pese a la suba dispuesta por la administración nacional, el sueldo básico se mantiene como el menor en 30 años y está todavía muy alejado del pedido inicial de la CGT, que había propuesto que saltara a $480.000.

El SMVM alcanza a "todos los trabajadores comprendidos en el Régimen de Contrato de Trabajo aprobado por la Ley Nº 20.744, en el Régimen de Trabajo Agrario, de la Administración Pública Nacional y de todas las entidades y organismos del Estado Nacional que actúe como empleador", según precisa la resolución publicada por el Gobierno a través del Boletín Oficial.

El Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil se reunirá este jueves 18 de julio, con el objetivo de definir un nuevo piso salarial junto con los montos mínimos y máximos de la prestación por desempleo, en medio de un escenario que ubica al sueldo básico como el menor en 30 años.

El cónclave entre gremios, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales se llevará a cabo esta tarde, primero en comisión, dónde tendrá lugar la discusión técnica en busca de elevar una propuesta de actualización, y luego en la sesión plenaria ordinaria del Consejo del Salario, para dar paso al debate central.

El último encuentro entre las partes, en la Secretaría de Trabajo, fue a fines de abril. En aquella oportunidad no se logró un acuerdo, al igual que en la primera convocatoria del año, y el Gobierno terminó definiendo un aumento del 15% en el piso salarial en dos tramos (abril y mayo).

De esta manera, el ingreso básico pasó de $202.800 a $221.052 en abril para los trabajadores mensualizados, mientras que en mayo alcanzó los $234.315,12. En cuanto a los empleados jornalizados, la hora aumentó de $1.014 a $1.105,26 en el cuarto mes del año y a $1,171,58 en el quinto.

Con el actual valor, el salario mínimo tiene un poder de compra 32,1% menor del que tenía en noviembre del año pasado, ya que “los aumentos nominales sumaron 60,5% respecto de noviembre de 2023, cuando en el mismo período se proyecta acumular una inflación superior al 136%”, de acuerdo a un informe elaborado por el Centro de Investigación y Formación (CIFRA) de la Central de los Trabajadores de la Argentina (CTA).

Además, precisó que en lo que va del año, el sueldo mínimo real fue 53,1% menor que en 2015 y está en el nivel “más bajo de las últimas tres décadas”. En ese sentido, el reporte señaló que “el valor es inferior incluso al vigente durante la mayor parte de la década de 1990”.

Al respecto, desde el CIFRA sostuvieron que “en ese entonces, como ahora, el nivel era tan bajo que este instrumento había perdido su rol como piso salarial, tal como se buscaba desde un gobierno que bregaba por la desregulación y flexibilización del mercado de trabajo”.

El análisis también aseguró que “el retroceso histórico se evidencia también en la comparación del salario mínimo con las líneas de pobreza y de indigencia”, indicando que “este salario sólo sería suficiente en julio para comprar el 56,8% de la canasta básica de alimentos que define la línea de indigencia para una familia tipo y un 25,6% de la canasta de pobreza, relaciones comparables a las vigentes en la crisis final de la convertibilidad en 2001/2002”.

Asimismo, el área de investigación de la CTA remarcó que “si no hubiese tenido lugar la pérdida de poder de compra del salario mínimo sucedida desde fines de 2015 a la fecha, en el actual mes de julio este salario hubiera sido prácticamente de $540.000 y hubiese representado más del 143% sobre la canasta básica alimentaria aludida”.

Ante este escenario, los gremios buscarán conseguir un aumento que compense el impacto de la variación de precios en los salarios. En caso de que no haya acuerdo entre las partes, lauda el Gobierno al igual que en las dos reuniones que se llevaron a cabo este año.

El Gobierno nacional anunció en un encuentro concretado en la sede de la Secretaría de Transporte, una serie de beneficios y promociones destinadas a los servicios de Transporte para potenciar el Turismo durante la temporada de invierno, brindando mayor conectividad y accesibilidad a todos los argentinos.

Del encuentro participaron el jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos; los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; los secretarios de Transporte, Franco Mogetta, y de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli.

Francos afirmó que "es el momento de activar la economía" y destacó la tarea que realiza la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes al impulsar el turismo en la Argentina. "Desde antes de asumir el Gobierno, trabajamos en la tarea de desregular la aviación comercial e impulsar la incorporación de nuevos destinos. La Argentina del futuro es una Argentina de libertad, desregulación y de cielos abiertos para todos", señaló Francos.

Los ministros y funcionarios presentes en el encuentro.

En tanto, Sturzenegger aseguró: “La desregulación aerocomercial, que se publicó hoy en el Boletín Oficial, es crucial dada la configuración geográfica de Argentina y su densidad poblacional. Y tuvo como punto de partida el DNU 70/2023 con el que derogamos una serie de normativas que eran de gobiernos de factos y que generaban grandes restricciones al funcionamiento del mercado. Con todo esto estamos impulsando que más operadores aéreos vengan al país, con libertad comercial para conectar más rutas y aumentar las frecuencias, y un mercado en constante crecimiento que permita potenciar la producción y el turismo, con resultados positivos que se verán reflejados en los próximos meses”.

En su intervención, Caputo señaló que para el Gobierno “el turismo es un sector estratégico por generación de empleo, generación de divisas, por lo que implica para el desarrollo regional y de Pymes. El turismo es esencial y lo vamos a seguir empujando y acompañando, creemos que va a ser un impulsor importantísimo en la economía. Argentina tiene tanto para ofrecer en turismo que es necesario desarrollarlo y desregularlo para poder aprovechar todo su potencial”.

“Estamos empezando a mostrar avances concretos, impulsando medidas que acompañan con beneficios y descuentos en materia de transporte para potenciar el turismo. Y en este punto quiero agradecer sobre todo al sector privado y a las cámaras de transporte por el enorme esfuerzo que están haciendo. Estamos devolviendo libertad a los empresarios, corriendo al Estado del medio para brindar más conectividad a los argentinos y turistas para que visiten nuestro querido país”, sostuvo a su vez Mogetta.

El encuentro tuvo lugar en la Secretaría de Turismo.

Mientras que Scioli enmarcó lo anunciado en “la definición que dio el presidente Milei sobre las actividades estratégicas para la recuperación económica del país”, remarcó sobre el sector turístico “el impacto positivo que tiene en la economía local” y aseguró que “tiene respuestas a los principales problemas del país: que ingresen divisas y generar trabajo”.

El funcionario dijo que “el país tiene todo para ser una potencia turística mundial” y explicó: “Nos estamos preparando para esta temporada de invierno con una proyección de movimiento turístico de más de 5 millones de personas”. “Estoy convencido de que lo que está ocurriendo en materia turística solo es posible por un marco de reordenamiento económico que facilita, entre otras cosas, que hoy volvió el crédito”, agregó.

En el modo aéreo se destacan las promociones ofrecidas por Aerolíneas Argentinas como la posibilidad de abonar el pasaje en 12 cuotas o 6 cuotas, ambas sin interés, con tarjetas de crédito de diferentes bancos. También los programas de JetSMART vinculados a descuentos focalizados en destinos de distintas regiones del país, incluso sin pasar por Buenos Aires; y por parte de Flybondi, descuentos del 20% para jubilados en todos los vuelos nacionales.

En materia ferroviaria, para los 8 servicios de larga distancia y los 10 servicios regionales existentes que se brindan desde Trenes Argentinos, se destacan diversos descuentos: 10% comprando los pasajeros de forma online para todos los pasajeros; un 40% de descuento para jubilados y pensionados; un 50% de descuento para las personas que tengan de 3 a 12 años; y el pasaje gratuito para los pasajeros con discapacidad o menores de 3 años.

De esta manera, los pasajeros podrán optar viajar en tren desde y hacia Buenos Aires, conectando con destinos como Mar del Plata, Pinamar, Córdoba, Junín, Bragado, Pehuajó, Tucumán o Rosario. Y, además, se pueden utilizar los servicios regionales en invierno, en el interior del país, en localidades Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Neuquén, Entre Ríos, Chaco y Salta.

Asimismo, para los micros de media y larga distancia, durante la temporada invernal, diferentes empresas ofrecerán descuentos especiales si se abona de forma online o a través de las APP, tarifas especiales en los días de menor demanda y el programa Cuota Simple, con planes de financiamiento que permite comprar el boleto en 3, 6, 9 y 12 cuotas con tarjetas de crédito.

Para el sector automotor, se destacó que el Gobierno Nacional está trabajando en la nueva reglamentación para transformar el transporte terrestre que será presentado próximamente y abarca la renovación de la normativa vigente que llevaba varias décadas de atraso, con el objetivo de potenciar el mercado y brindar mayor conectividad. A su vez, junto al Banco Nación Argentina, se lanzaron líneas de crédito para que las empresas puedan renovar sus flotas de micros.

Finalmente, las empresas de cruceros serán beneficiadas con una bonificación del 23,5% de descuento en promedio para los buques superiores a 30 mil toneladas, a lo que se adicionará un 5% más en los casos que tengan 10 recaladas. Esto fomenta el arribo de nuevos buques, con más capacidad y mayor volumen de pasajeros.

La reunión contó con la presencia, además, de las cámaras de transporte y turismo, y empresas privadas y públicas de transporte.

Tras el lanzamiento de los Créditos Hipotecarios Nido, desde el jueves pasado un total de 13.013 santafesinos se inscribieron para acceder a las líneas de préstamo que ofrecen el Gobierno provincial y el Banco Municipal, para construir, adquirir o finalizar sus viviendas con la tasa más baja del país.

Hay $ 60.000 millones asignados a las cuatro líneas de préstamos disponibles, para construir, adquirir o finalizar viviendas, con la tasa de interés más baja del país. Los interesados se pueden inscribir hasta el 31 de julio en https://www.santafe.gob.ar/nidocreditoshipotecarios/.

Los requisitos para acceder son residir en la provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024; grupos familiares o personas solas que posean ingresos demostrables por el equivalente a dos salarios Mínimo, Vital y Móvil para los Créditos de Vivienda y un salario Mínimo, Vital y Móvil para la terminación. También podrán acceder a los créditos aquellas personas en relación de dependencia o trabajadores autónomos y personas que no posean otras propiedades.

El Banco Municipal cruzará los datos crediticios con el Banco Central de la República de Argentina con el objetivo de acreditar si es una persona apta y susceptible de tomar un crédito y con posterioridad a eso se armará un listado de aptos. No es necesario que quienes no hayan salido sorteados, ni como titulares ni suplentes, se vuelvan a inscribir. Al mes siguiente se repetirá el procedimiento, pudiendo incorporarse más familias santafesinas.

Por último, y con el objetivo de garantizar equidad en el acceso a los créditos NIDO, el gobierno provincial estableció un cupo para cada departamento santafesino.

Durante el mes de junio, las empresas de la cadena agroindustrial liquidaron US$1.978 millones, una caída de US$634 millones en comparación con los US$ 2.612 millones durante el mes de mayo. En el acumulado enero-junio del presente año, el total es de US$11.024 millones, cifra muy similar al mismo periodo del 2023 (US$11.032 millones) con una campaña afectada por la sequía. El monto estuvo "muy lejos del 2022 cuando el ingreso de divisas llegó al récord de US$ 19,145 millones".

Las cifras explican en parte lo que sucedió con la baja en el ritmo de acumulación de reservas por parte del BCRA. Tal vez la buena noticia para el gobierno -que ratifica que no devaluará más allá del 2% mensual- es que quedan en silos y bolsas más granos por liquidar en el tercer trimestre del año, tradicionalmente de menor ingreso de divisas. Pero eso depende de los precios relativos del mercado, de la brecha entre el blend 80/20 con los dólares financieros, así como de las necesidades de los productores para deshacerse de lo que aún atesoran.

El volumen de soja sin vender en la Argentina alcanza a unos 34,954 millones de toneladas. Esa es la estimación de los exportadores, ya de descontada la soja física entregada y vendida. Lo que queda sin comercializar más los granos entregados con precio por fijar, equivale al 74% de la producción total de la campaña. Una cifra muy por encima a sus equivalentes del 2023 (57%), 2022 (56%), 2021 (51 %) y 2020 (48%).

A su vez el volumen de maíz sin vender llega a 7,238 millones de toneladas. De este total 1,484 millones de toneladas es maíz entregado a fijar sin fijar precio todavía. El volumen de maíz físico sin vender, sobre la base de un volumen de 34 millones de toneladas, son 5,754 millones de toneladas (39%); en este caso los productores vendieron el mayor porcentaje con respecto al volumen de la producción y retienen el menor porcentaje de los últimos 5 años; esa cifra alcanzó en el 2023 el 61%, en 2022 un 46%, en 2021 el 7 % y en 2020 el 52%.

Según el último reporte -a junio- del Monitor Agroindustrial, el volumen promedio de ventas semanales de soja durante el mes de mayo fue de 1,5 millones de toneladas. "A partir de las primeras semanas de junio el volumen de ventas semanal promedio bajó a 500,000 toneladas", reseñó el documento de la Cámara de la Industria Aceitera junto a la Cámara de Exportadores de Cereales (Ciara/CEC).

De hecho ingresaron a las plantas procesadoras y exportadoras -fundamentalmente en los puertos del sur santafesino- siempre en el sexto mes del año, 66,617 camiones, una merma del 56% con relación a los 150,425 camiones que ingresaron en el mes de Mayo. "Esto confirma el impacto y se refleja en el menor ingreso de divisas durante el mes de junio".

El reporte indica una leve mejora en el índice de molienda de soja; la utilización de capacidad instalada del sector aumentó la molienda en Mayo a 3,969 millones de toneladas por tercer mes consecutivo, en base al buen volumen de ventas de los productores durante dicho mes. La Capacidad Ociosa bajó del 35% al 32%.

Sin el volumen de soja importada de Paraguay (cuando sale al exterior no paga retenciones), el Índice Utilización de Capacidad Instalada hubiera sido del 54% y la Capacidad Ociosa del 46%.

Por su parte las exportaciones de harina -alimento para animales- verificó una fuerte recuperación durante mayo, mes en el que se exportaron 2,343 millones toneladas, dentro de los 3 valores más altos de los últimos años. En cambio hubo una caída en las exportaciones de maíz, llegando a 3,300 millones de toneladas en Mayo (4,162 millones de toneladas en abril).

El informe señaló una fuerte recuperación en las exportaciones de poroto de soja, "llegando a 1.514 millones de toneladas durante mayo", que se suman a "169.000 toneladas en abril".

La industria automotriz nacional ha enfrentado un declive significativo durante junio, marcando el sexto mes consecutivo de caída en la producción de vehículos. Según la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA), las terminales automotrices produjeron 32.029 unidades el mes pasado, lo que representa una disminución del 40,2% en comparación con el mismo mes del año anterior.

El balance del primer semestre del año tampoco es alentador. La producción acumulada alcanzó las 216.736 unidades, un 26,7% menos que en el mismo período del año anterior, registrando el nivel más bajo en tres años. Martín Zuppi, presidente de ADEFA, explicó que este descenso refleja un proceso de adaptación al nuevo contexto económico y la reestructuración de los programas productivos de las terminales.

A pesar de las medidas implementadas por el Gobierno para reducir los costos de importación de autopartes, las terminales automotrices han fabricado y exportado menos unidades cada mes en comparación con el año anterior. Zuppi destacó la necesidad de redoblar esfuerzos y trabajar en conjunto con la cadena de valor y el Gobierno para crear condiciones que permitan un retorno al crecimiento lo antes posible.

Uno de los principales desafíos ha sido la brecha creciente entre los precios de los vehículos nuevos y los ingresos de la clase media. Actualmente, ningún automóvil nuevo cuesta menos de 20 millones de pesos, lo que dificulta aún más las ventas en el mercado interno. Además, las terminales no han logrado compensar esta caída con un aumento en las exportaciones.

En junio, las exportaciones de vehículos sumaron 20.884 unidades, un 10,3% menos que en el mismo mes del año anterior. Exceptuando enero, todos los meses de este semestre han mostrado una disminución en las exportaciones, totalizando 126.839 unidades, un 16,6% menos que en el primer semestre de 2023.

La caída en la producción y las exportaciones también se ha visto afectada por la falta de piezas debido a las inundaciones en el sur de Brasil, lo que impactó especialmente en mayo a las plantas de Fiat, General Motors y Peugeot. Sin embargo, la mayoría de las interrupciones técnicas y las vacaciones prolongadas durante los primeros seis meses del año se debieron a la caída en las ventas y la necesidad de ajustar la producción a una demanda decreciente tanto en Argentina como en otros países de la región, como Chile, Perú y Colombia.

Brasil ha sido un salvavidas parcial para la industria automotriz argentina, con el 70% de las exportaciones dirigidas a ese país. A pesar de una ligera caída del 8% en la demanda, Brasil compró 87.000 unidades, principalmente pick-ups.

En cuanto a las ventas mayoristas, las concesionarias adquirieron 32.333 unidades en junio, un 26,7% menos que en el mismo mes del año pasado. Durante el primer semestre, las ventas mayoristas totalizaron 161.986 vehículos, un 21,7% menos que en los primeros seis meses de 2023.

En resumen, la industria automotriz nacional enfrenta un panorama complejo, con desafíos tanto en el mercado interno como en el externo. La recuperación dependerá de la capacidad de adaptación a las nuevas condiciones económicas y de la implementación de estrategias efectivas que impulsen la demanda y fortalezcan la cadena de valor.

Desde este lunes, el gobierno de La Rioja puso en circulación la cuasimoneda provincial conocida como los "Chachos", en honor al caudillo Ángel Vicente Peñaloza. Estos Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) fueron inicialmente anunciados por el gobernador Ricardo Quintela en enero de este año y finalmente aprobados por la Legislatura local a finales de febrero.

Se emitieron billetes de 1.000; 2.000; 5.000; 10.000; 20.000 y 50.000 “Chachos”, con una paridad de “1 a 1” en relación al peso.

El gobierno de Quintela explicó que esta medida fue adoptada "debido al no envío de los fondos correspondientes a la provincia por parte del gobierno Nacional, la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias".

En la página web oficial de la provincia, donde se realizó la presentación del nuevo billete, se describió como "un instrumento financiero" diseñado para "potenciar el circuito financiero local, reactivando la economía y el consumo".

Según la Ley 10.703, los bonos solo tendrán circulación dentro de la provincia y podrán utilizarse en comercios adheridos al convenio. Además, se podrán pagar impuestos y servicios locales con estos billetes.

El gobierno riojano también aclaró que "todos los comercios pueden recibir estos bonos, pero no podrán cobrar ningún recargo ni recibirlos por un valor inferior".

Tras el lanzamiento de la cuasimoneda, el gobierno provincial comenzará a pagar los salarios de empleados públicos en “Chachos”.

Salarios públicosLos funcionarios del Poder Ejecutivo de la provincia recibirán $100.000 en estos bonos como parte del sueldo de junio, mientras que los directores generales obtendrán $50.000 en “Chachos”.

Ricardo Quintela expresó días atrás: “Para el resto de los trabajadores, en el mes de agosto realizaremos el pago único de un Bono de 50 mil pesos que se hará efectivo en Bocade”.

“Asimismo solicito a la Función Judicial, a la Función Legislativa y miembros del Tribunal de Cuentas a implementar la misma medida con funcionarios, diputados y jueces del TSJ”, aseguró.

Y concluyó: “Por otro lado, para el resto de los trabajadores y trabajadoras, en el mes de agosto realizaremos el pago único de un Bono de 50 mil pesos que se hará efectivo en BOCADE”.

Cómo son los “Chachos”Los nuevos billetes provinciales incorporan diversas medidas de seguridad. Entre estas, se incluyen fibrillas visibles e invisibles, una marca de agua exclusiva, papel de seguridad sin fluorescencia, numeración y códigos QR visibles en color negro y reactivas a luz ultravioleta en color azul, entre otros elementos.

Otro de los detalles es un hilo metálico aventanillado con efectos ópticos dinámicos, microletra de seguridad, numeración visible en color negro, reactiva a U.V. en color azul, e invisible reactiva a U.V. en color amarillo.

Quién fue Chacho PeñalozaÁngel Vicente Peñaloza, conocido como "Chacho Peñaloza", nació a fines del siglo XVIII en Malanzán, un pueblo de la Costa Alta de la Sierra de los Llanos, en el sur de la actual provincia de La Rioja. Se convirtió en uno de los caudillos más importantes de la historia argentina.

Peñaloza fue uno de los principales jefes de escolta de Juan Facundo Quiroga, quien lo ascendió al rango de mayor. Por sus diferencias con los unitarios liderados por Juan Manuel de Rosas, Peñaloza fue nombrado comandante de armas de la provincia. Al año siguiente, el presidente Justo José de Urquiza lo ascendió a general.

En 1862, Peñaloza encabezó la resistencia con un numeroso ejército, aunque fue derrotado en varias ocasiones. Tras firmar un armisticio con el gobierno de Bartolomé Mitre, se levantó nuevamente en mayo de 1863.

A pesar de haberse rendido, fue brutalmente asesinado el 12 de noviembre de 1863. Su cabeza fue exhibida en una pica en la plaza de Olta como una advertencia a otros posibles insurrectos.

Cuáles son las obras que finalizará la NaciónEl gobernador riojano, se reunió este martes en Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, para acordar la reactivación de obras paralizadas en la provincia. Durante la reunión, reiteró su postura crítica contra la gestión de Javier Milei y confirmó su no participación en la firma del Pacto de Mayo, prevista para el 9 de julio.

Quintela, uno de los mandatarios provinciales más críticos del gobierno nacional, se unió a los acuerdos firmados con otros gobernadores para que las obras en ejecución puedan retomarse y finalizarse. Y destacó su diálogo con Francos, pero se mantuvo firme en su rechazo a las políticas de Milei, afirmando: "En estos siete meses no hubo una medida que beneficie a la gente".

El gobernador también expresó su descontento con el Pacto de Mayo, señalando que no asistirá a la firma porque considera que los diez puntos del acuerdo fueron impuestos sin negociaciones previas. Según Quintela, tenía previsto concurrir a la Rosada hace 20 días, pero la reunión fue pospuesta para este martes. En relación a las obras, mencionó que se reiniciarán aquellas con avances significativos, incluyendo obras viales, construcción de escuelas y centros de primera infancia, aunque falta definir el financiamiento entre la Nación y la provincia.

Además criticó duramente la gestión nacional, afirmando que en siete meses no ha habido propuestas en beneficio de la sociedad y que los jubilados tienen sus ingresos congelados. Y expresó su esperanza de que el gobierno modifique sus políticas para beneficiar a la gente. También opinó negativamente sobre la Ley de Bases y el paquete fiscal aprobados recientemente en el Congreso, considerándolos perjudiciales para el pueblo argentino.

Destacó su relación con Francos, describiéndolo como un funcionario con un "diálogo muy receptivo". Aunque Francos no tenía capacidad resolutiva como ministro del Interior, ahora como jefe de Gabinete, Quintela mantiene una comunicación productiva con él. Sin embargo, su interacción con Milei ha sido limitada a una única conversación cuando este recibió a los gobernadores en Casa Rosada.

Finalmente, el gobernador riojano reiteró sus críticas a la gestión libertaria, especialmente por la supuesta falta de giro de fondos a su provincia. En respuesta a esta situación, decidió comenzar a emitir una cuasimoneda, el "Chacho", para pagar sueldos del sector público.

El economista Daniel Artana reconoció que "la acumulación de reservas del BCRA ha motivado algunas propuestas de acelerar el levantamiento del cepo cambiario", pero advirtió que "es prudente demorar esta decisión hasta tanto se resuelvan los problemas de stocks acumulados de demanda de divisas".

En el último Informe de Coyuntura de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL), Artana planteó que "el 'overhang (exceso) monetario' se ha reducido y eso facilita la apertura del cepo, pero todavía quedan stocks acumulados de demanda de divisas y nuevos flujos trabados que, si el cepo se levantara de golpe, podrían presionar a la demanda de cambios en una forma inusual".

El economista planteó que "la postergación de pagos de nuevas importaciones generó un stock pendiente de pago exigible si se levanta el cepo que, en mayo, sería superior a los US$10.000 millones".

Reconoció que "con el BOPREAL el gobierno resolvió buena parte del stock indeseado de importaciones de bienes y servicios previo al 10 de diciembre, pero no hizo lo propio con los pagos de dividendos acumulados que, a su vez, han seguido aumentando desde entonces.

"Previo a cualquier decisión de levantamiento del cepo se requiere resolver estos problemas de stocks acumulados. Esa represión en la demanda de divisas despierta algunas dudas respecto a si los niveles observados del tipo de cambio son de equilibrio o no.

"Todavía resta un largo camino que recorrer en la acumulación de reservas y las importaciones deberían volver a cierta normalidad cuando se recupere la economía y se hayan 'digerido' los adelantos motivados por la brecha cambiaria y la inconsistencia macroeconómica de la política adoptada entre finales de 2019 y finales de 2023".

La producción de la industria manufacturera pyme recortó el nivel de caída en febrero, al retroceder 9,9 por ciento frente al mismo mes del año pasado, a precios constantes, de acuerdo al relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

De esta manera, es el tercer mes consecutivo en que la actividad fabril cae, aunque aminoró la tasa luego de haberse retraído entre 27% y 30% en diciembre y enero, respectivamente.

En cuanto a la comparación mensual, desestacionalizada, el análisis reveló que también se registró un descenso de 7,7% y en el acumulado del año la actividad cae 21,7%.

El Índice de Producción Industrial Pyme (IPIP) reflejó que las empresas operaron en febrero con 70,9% de su capacidad instalada, manteniendo los niveles de enero (70,8%).

Asimismo, aportó que "si bien 32,7% de las industrias siguen reportando problemas para la reposición de stock, son dificultades de mucha menor escala que meses anteriores".

Desde la entidad gremial-empresaria indicaron que "lo que más preocupó en febrero fueron las subas de costos, especialmente en servicios y combustibles" y precisaron que "las industrias consultadas manifestaron las dificultades que conlleva trasladar a precios esos incrementos en el contexto actual".

Al mismo tiempo, recogieron las primeras repercusiones del sector con respecto a la autorización del Gobierno para el ingreso al país sin restricciones de productos de la canasta básica producidos en el extranjero.

En este sentido, CAME indicó que "hay incertidumbre por el impacto que pudiera tener la apertura de importaciones en algunos sectores".

Cinco de los seis sectores manufactureros del segmento pyme relevados tuvieron caídas en la comparación anual, pero los más afectados fueron "Papel e Impresiones" (-24,6%) y "Químicos y Plásticos" (-23,1%).

El rendimiento de cada sector:

Alimentos y bebidas: el sector registró una caída de 0,3% anual a precios constantes en febrero y de 1,1% en la comparación intermensual. En los primeros dos meses del año acumula una baja de 14,6% anual. Las industrias operaron con 71,9% de su capacidad instalada.

Indumentaria y textil: el sector creció 10,5% anual en febrero, aunque registró una caída de 2,4% frente a enero. En los primeros dos meses del año acumula una baja de 1,3% anual. Las industrias operaron con 72,6% de su capacidad instalada, 4,4 puntos por encima del mes pasado, lo que refleja el repunte en la producción.Maderas y muebles: en febrero el sector se retrajo 10% anual a precios constantes y 3% en la comparación intermensual. Para los primeros dos meses del año acumula una baja interanual de 24,6%.

Las industrias operaron con sólo 70,2% de su capacidad instalada, 0,2 puntos por debajo de enero.

Metálicos, Maquinarias, Equipos y Material de Transporte: el sector tuvo una contracción de 15,2% anual a precios constantes en febrero y del 4,9% en la comparación intermensual. En los primeros dos meses del año acumula una caída de 27,9% en relación con el mismo período del año pasado. Las industrias operaron al 68,9% de su capacidad instalada, casi 2 puntos por encima de enero.Productos químicos y plásticos: la actividad del sector se contrajo 23,1% anual en febrero, siempre a precios constantes, y 6,2% en la comparación intermensual. Con ese resultado, en los primeros dos meses del año acumula una baja de 31,2% frente al mismo período del año pasado. Durante este mes las industrias operaron con 69,9% de su capacidad instalada, casi sin cambios en relación con enero (70,6%).

Papel, cartón, edición e impresión: el sector experimentó una marcada caída de 24,6% anual a precios constantes en febrero y acumula un descenso de 26% en el primer bimestre del año. En términos mensuales también se registró una retracción de 4,8%. Las empresas operaron con 76,3% de su capacidad instalada, 1,8 puntos más que en enero.Alimentos: casi el 44 % del precio son impuestos

Los impuestos nacionales, provinciales y las tasas municipales equivalen al 43,9 por ciento del precio final de los principales alimentos de consumo masivo, según reveló un informe elaborado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF).

El análisis se llevó a cabo sobre 9 productos de consumo masivo, que tienen un valor actual de $50.064, y de ese total, "se ha verificado una carga tributaria de $21.993, es decir, del 43,9% del valor de la compra", aportó el IARAF.

El estudio especifica que pueden agruparse 2 categorías de alimentos de acuerdo al Impuesto al Valor Agregado (IVA) que los grava, y 2 tipos de bebidas teniendo en cuenta las distintas alícuotas de impuestos internos.

En cuanto a los referidos en base al IVA, precisa que los bienes Tipo I son alimentos que tienen una alícuota de IVA del 10,5% con una carga tributaria del 36,2%.

En tanto, los Tipo II son alimentos con alícuota de IVA del 21% (aceite, arroz, fideos, galletas envasadas, mermelada) con una carga tributaria del 41,8%.

Por el lado de los bienes Tipo III y IV, el informe señala que son bebidas sin alcohol en los que, además de todos los tributos de los alimentos, hay que sumar los impuestos internos, que son del 4% para los del Tipo III (agua mineral y jugos) con una carga tributaria del 46,7% y del 8% para los del Tipo IV (bebidas gaseosas) con una carga tributaria del 48,1%.

El informe asegura que "en la Argentina los productos alimenticios de consumo masivo que pasan por un proceso industrial de elaboración y por una cadena comercial de distribución, incorporan en su precio las retribuciones a los insumos, la fuerza laboral y rentabilidad empresarial; así como también tributos de los distintos niveles de gobierno".

Los tributos considerados a nivel nacional son el IVA, Ganancias, Impuesto al cheque, Impuestos internos y las cargas de la Seguridad Social; a nivel provincial, el impuesto a los Ingresos Brutos y a nivel municipal la tasa de Inspección, Seguridad e Higiene.

6,9 % en quince díasLos precios de los alimentos de la canasta básica treparon un 6,9% en la primera quincena de marzo, en medio de la polémica entre el Gobierno y los supermercados y firmas líderes de consumo masivo, según aportó el relevamiento de la consultora LCG.

Durante la segunda semana del tercer mes del año, el estudio reveló que los alimentos aumentaron un 3,3%, impulsados principalmente por las subas en bebidas. Dicha cifra representó un leve retroceso, de 0,3 puntos porcentuales, frente a la primera semana del mes, que había registrado un alza de 3,6%.

De esta manera, los productos de la canasta básica escalaron 6,9% en lo que va del mes. Mientras que en el acumulado de las últimas cuatro semanas, tuvieron un incremento promedio de 11,6% y del 11,2% de punta a punta en el mismo período.

El análisis coincidió con las diferencias del Ejecutivo con los supermercadistas y empresarios por la aplicación de promociones (como 2x1 o descuentos del 70% u 80% en la segunda unidad), que según la mirada oficial, esconden la baja de la inflación de las últimas semanas.

Al mismo tiempo, durante la última semana, el Gobierno anunció la apertura de importaciones para productos de la canasta básica para buscar moderar el alza de precios al consumidor a través de una mayor oferta.

En la semana pasada, las bebidas y las comidas listas para llevar fueron los rubros que más aumentaron, con un alza de 8,77% y 5,69%, respectivamente. Le siguieron los panificados y los lácteos con el 4,35% y 2,93%.

En un giro sorpresivo, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, anunció hoy que el Gobierno nacional derogará la actual Ley de Alquileres. La noticia fue revelada durante una entrevista en el programa "Cada mañana" conducido por Marcelo Longobardi en Radio Rivadavia.

“Por lo que hemos visto y hablado va en ese sentido”, expresó Menem, dejando entrever que la derogación estaría contemplada en un decreto de desregulación económica que será publicado en las próximas horas. Esta decisión plantea interrogantes sobre la forma en que se pactarán las locaciones una vez que entre en vigencia el decreto.

Aunque Menem no proporcionó detalles específicos, sugirió que la medida ya está decidida, generando incertidumbre sobre si se restituirá la ley anterior o si se enviará un nuevo texto al Congreso que contemple los cambios propuestos por sectores como el liderado por Javier Milei, defensor de la libertad contractual entre partes y la posibilidad de acordar la moneda en la que se realizarán los contratos.

La Ley de Alquileres, aprobada en julio de 2020, ha sido objeto de controversias desde su implementación. Las últimas modificaciones realizadas en octubre de este año, que redujeron el plazo de actualización a seis meses pero no modificaron la duración de los contratos, no lograron revertir la fuerte reducción de la oferta que se observó desde su sanción.

La normativa inicial generó una disminución significativa de la oferta, lo que se tradujo en un aumento desmedido de los precios y una contracción en la disponibilidad de unidades en alquiler. Los propietarios se mostraron renuentes ante el nuevo plazo de tres años de contrato y las actualizaciones anuales, lo que llevó a una situación de incertidumbre en el mercado inmobiliario.

La derogación de la Ley de Alquileres plantea desafíos y expectativas en cuanto a cómo se regularán las locaciones en el futuro. Los defensores de la libertad contractual esperan que esta medida impulse la flexibilidad en los acuerdos entre propietarios e inquilinos, mientras que otros aguardan posibles propuestas legislativas que aborden las deficiencias de la normativa anterior. La publicación del decreto y la reacción de diversos sectores serán clave para comprender el impacto y las repercusiones de esta decisión en el ámbito inmobiliario argentino.

El vocero presidencial Manuel Adorni aseguró que el país se encuentra atravesando una hiperinflación, con un aumento de precios en el orden del 3.678% si se anualiza el 1% diario de las últimas jornadas. “Es aterrador”, expresó además.

“Estamos absolutamente conformes de cómo viene evolucionando el mercado. La brecha cambiaria se redujo hasta el 25%, incluso si uno toma el dólar importador, esa brecha prácticamente desaparece", resaltó Adorni.

Ante este panorama, el vocero indicó que la prioridad del Presidente los más vulnerables "y, dentro de ese grupo, los más chicos” por lo que todas las medidas apuntan a favorecer a ese sector.

“Monitoreamos la situación de la Argentina permanentemente en todos sus aspectos. Si existen medidas, serán anunciadas", concluyó.

Congelamiento de planes sociales con intermediariosEn sintonía con el monitoreo permanente que harán desde Balcarce 50, Adorni adelantó que se congelarán los planes sociales “que tengan característica de tener intermediarios”, lo que no incluye a la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni otras asignaciones directas del Estado.

“Queremos terminar con el negocio de la pobreza”, argumentó el funcionario al tiempo que sostuvo que podría haber una comunicación a cargo de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, en la que detallará el “manejo operativo de los planes sociales”, aunque no brindó más detalle. 

“El desafío que tenemos es construir un modelo de trabajo que se base en el asociativismo y en una agenda de temas comunes que nos preocupen y podamos trabajar juntos para incorporar a la agenda nacional, que lamentablemente durante muchos años a nuestra región la ha tenido olvidada. Somos de provincias que tienen un ADN muy similar, somos parecidos y eso amerita que trabajemos juntos”, destacó el gobernador electo por Santa Fe, Maximiliano Pullaro, en la conferencia de prensa que compartió junto a su par entrerriano Rogelio Frigerio.

Ambos gobernadores estuvieron acompañados por sus vicegobernadoras Gisela Scaglia (Santa Fe) y Alicia Aluani (Entre Ríos). A pocos días de asumir a su cargo provincial (Pullaro lo hará el 10 de diciembre, Frigerio el 11) dialogaron con los medios luego de la primera reunión de ambos equipos de gobierno, que tuvo lugar este miércoles por la tarde en Howard Jonhson Mayorazgo de la ciudad de Paraná.

“Estamos muy entusiasmados tanto por la relación institucional como personal que estamos construyendo y que nos permite enfocar los principales temas y problemas que tienen nuestras provincias y que debemos abordar de manera conjunta”, señaló Pullaro y remarcó que “vamos a defender al interior de la República Argentina, es el principal mandato y desafío que tenemos”.

El próximo mandatario entrerriano comentó acerca de la reunión de ambos gabinetes: “Planteamos temas estratégicos que unen a ambas provincias, los cuales vamos a trabajar de manera conjunta, con dos grandes ejes como la defensa del federalismo, y en los aspectos que hacen a la producción y al trabajo. Creemos que tenemos enormes oportunidades para lo que se viene y se van a aprovechar mejor si trabajamos en conjunto, son dos provincias que tienen tantos temas en común”, y agregó que el futuro se incorporará la provincia de Córdoba para completar la región Centro.

“Una de las cosas que se hicieron mal durante estos últimos años fue no respetar la visión de las provincias que forman parte de la hidrovía, nosotros vamos a pelear para tener voz y voto en las decisiones que se tomen porque impactan directamente en la calidad de vida de nuestra gente, en la capacidad de generar empleo, mejorar la competitividad, no vamos a ser espectadores”, sostuvo el gobernador electo entrerriano.

En consonancia, Pullaro precisó que “la hidrovía debe ser un proyecto de desarrollo. Entendemos que el error fundamental fue que el kirchnerismo debatió quién se queda con el peaje, los 3 dólares por tonelada. Por los puertos de Santa Fe salen alrededor de 80 mil toneladas, el 70% de las toneladas que se exportan. En definitiva el debate no es económico sino de desarrollo, qué es lo que hacemos, no el calado, el balizamiento y quién cobra, sino proyectos verdaderos. Debemos debatir el rol de los puertos públicos y privados de la provincia de Santa Fe, las rutas transversales y verticales, la conectividad con otras provincias, con Entre Ríos particularmente, debe estar de lleno en el debate de la hidrovía”, y remarcó que “vamos a poner arriba de la mesa obras estratégicas para nuestras provincias que le aportan muchísimo a Argentina, pero que lamentablemente muy poco vuelve a nuestra región”.

En materia de inseguridad, la cuestión del narcotráfico y el crimen organizado preocupa y ocupará a ambas gestiones provinciales, que tendrán la difícil misión de sumar fuerzas nacionales y aunar esfuerzos para combatirlo. “Tenemos junto con Néstor Roncaglia (futuro ministro de Seguridad de Entre Ríos) una política concreta para combatir este flagelo y hemos hablado en la reunión para hacer el trabajo de manera mancomunada y por supuesto también con el gobierno nacional, donde tenemos la suerte de que Patricia Bullrich sea la próxima ministra de Seguridad”, indicó Frigerio.

Pullaro a su turno agregó que “lo que sucede en algunas ciudades de Santa Fe son hechos de máxima gravedad. La violencia que se vive en hechos como el del colectivero el fin de semana, hace pocos días tuvimos la muerte de un policía, y así es como un hecho termina tapando al otro. Esto también tiene que ser tomado de manera integral. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que los delincuentes estén en la cárcel y que no cometan delitos desde ese lugar, que es desde donde se terminan ordenando estos delitos”.

En este sentido, el santafesino aseveró la necesidad de tener un programa de seguridad pública que frene el ingreso de la droga al país, “hay leyes y decisiones que debemos tomar. La ley de derribo es fundamental y por eso es bueno que las provincias empecemos a poner arriba de la mesa los problemas que tenemos”. Y dijo que estuvo en contacto hace poco con Bullrich, “nos dio todo el apoyo y próximamente vamos a tener una reunión. Saludo que Luis Petri sea el próximo ministro de Defensa porque las fuerzas militares tienen que cumplir un rol en nuestro país, en el cuidado de fronteras, algo que es fundamental”.

Producción y empleo“Tenemos que terminar con la idea de que en el país no hay futuro y debemos generar condiciones para que los jóvenes se sientan integrados y que hay futuro en Entre Ríos y Santa Fe, y que ellos forman parte, pero con soluciones concretas: mejor educación y salida laboral”, comentó Frigerio.

Scaglia, vicegobernadora electa de Santa Fe, indicó que para lograr esas mejores condiciones de empleo, “entendemos que para que haya trabajo en nuestras provincias también tiene que haber un apoyo al sector privado, sacarles trabas burocráticas y sobre todo pedirle a la Nación el respeto hacia nuestras producciones primarias. Vamos a defender a la provincia de Santa Fe y Entre Ríos frente a cualquier atropello que haya hacia nuestros campos, nuestras producciones agrícolas-ganaderas pero también con nuestra maquinaria agrícola que es muy importante”.

Presentes

En la reunión de ambos gabinetes participaron por parte de Santa Fe: el ministro de Gobierno designado, Fabián Bastia; el de Economía, Pablo Olivares; de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini; Trabajo, Roald Báscolo; Educación, José Goyti; Ambiente, Enrique Estévez; Igualdad, Victoria Tejeda; Justicia y Seguridad, Pablo Coccocioni; Salud, Silvia Ciancio; Cultura, Susana Rueda; Obras Públicas, Lisandro Enrico; el designado Secretario General de la Gobernación, Juan Cruz Cándido; el de Vinculación Institucional, Julián Galdeano; el de Cooperación designado y Presidente del PRO, Cristian Cunha; el de Comunicación, Luis Persello, y la subsecretaria para la Región Centro, Claudia Giaccone.

Los entrerrianos presentes en el hotel paranaense del Parque Urquiza fueron: el ministro de Hacienda, Julio Panceri; el de Obras Públicas, Darío Schneider; el ministro de Salud, Guillermo Grieve; el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia; el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso; la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso; el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo; el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello; el presidente del Consejo general de Educación, Alicia Fregonese; el secretario de Turismo, Jorge Satto; el secretario de Cultura, Fabián Reato, el delegado de la Región Centro, Jorge Chemes; el secretario de Comunicación, Sergio Kneeteman, y el director de Relaciones Institucionales y la Comunidad, Leandro Jacobi.

Apenas 20 días separan el momento actual del traspaso de mando entre el mandatario nacional Alberto Fernández y Javier Milei quien este domingo quedó consagrado como Presidente argentino. El 10 de diciembre se habrá cumplido un ciclo de gobierno y comenzará otro, con más incógnitas que certezas, pero con más del 55 % de aval en las urnas.

Una de las premisas de la campaña del libertario fue el achique del Estado, con la figura de la motosierra primero y, ya en una fase más moderada de su discurso, con el anticipo de una drástica reducción en la cantidad de ministerios.

Por el momento no se conoce la composición completa del gabinete que lo acompañará en su gestión, aunque se estima que serán ocho carteras. Algunas de ellas ya tienen nombre puesto, mientras queda por dilucidar quién estará al frente de Economía, quizás uno de los ministerios más sensibles porque involucra, muy probablemente, al área que tuvo mayor peso en el resultado de este domingo. También habrá que afinar el lápiz para establecer qué nombres o lugares pretende o reclama Mauricio Macri, aliado estratégico para el triunfo de Milei.

Mientras tanto, todo indica que se irá de 19 ministerios a 8, algunos con los mismos títulos y alguna novedad: a Defensa, Justicia, Economía, Relaciones Exteriores, Infraestructura, Seguridad e Interior, se sumará Capital Humano, que absorberá las estructuras de Desarrollo Social, Salud, Trabajo y Educación. Al frente de esta última cartera asumirá Sandra Pettovello, una especialista en Ciencias para la Familia.

Sandra Pettovello será la encargada del novedoso ministerio de Capital Humano.

En tanto, el abogado penalista Mariano Cúneo Libarona será el próximo ministro de Justicia, y la actual diputada Carolina Píparo, titular de la Anses.

Mariano Cúneo Libarona será el próximo ministro de Justicia.

Como secretario de Trabajo, dentro de la esfera de esta superministerio, podría recalar Miguel Ángel Ponte, ex viceministro de Jorge Triaca durante el Gobierno de Cambiemos. En Salud, asumiría el médico Eduardo Filgueira Lima.

El propio Milei ya confirmó que su canciller será Diana Mondino, una reconocida economista de derecha recibida en la UCEMA, que tendrá en sus manos conducir la política exterior. Una de las primeras incógnitas que tendrá que contestar es si mantendrá las relaciones diplomáticas con Brasil y China, ya que su jefe político lo puso en duda durante la campaña.

Diana Mondino será la canciller de la gestión de Milei.

Como ministro de Interior está confirmado el abogado Guillermo Francos, acaso el referente más moderado y político de La Libertad Alianza y que tendrá en sus hombros la tarea de tejer acuerdos con los gobernadores. El CV del dirigente combina un amplio recorrido por el sector privado y también por el público habiendo sido por ejemplo diputado nacional menemista entre 1997 y el 2000. Fundó junto al ex ministro de Economía Domingo Cavallo el partido Acción por la República en 1996. También fue presidente del Banco Provincia durante todo el primer mandato de Daniel Scioli como gobernador bonaerense.

Guillermo Francos será el ministro de Interior.

Para el Ministerio de Infraestructura se mencionaba al ex titular de Transporte de Cambiemos Guillermo Dietrich, impulsor del esquema de asociación público privada que alienta Milei para la obra pública. La versión se fue desinflando en las últimas semanas y se confirmó que el titular de la cartera será Guillermo Ferraro, quien se desempeñó como director de KPMG Argentina, una compañía que provee servicios de Auditoría, Impuestos y Asesoría.

En una de las últimas entrevistas que brindó, el jefe de La Libertad Avanza deslizó que vería con buenos ojos que el Ministerio de Seguridad quedará en manos de Patricia Bullrich. Antes del pacto de Acasusso, sin embargo, había dicho que tanto Defensa como Seguridad iban a estar bajo la órbita de su vicepresidenta electa, Victoria Villarruel. Esa será una de las pujas que se vienen.

Patricia Bullrich podría ser la ministra de Seguridad.

El rompecabezas del Gabinete se irá llenando con el correr de los días, pero habrá otros casilleros muy codiciados que también se van a ir completando.

Para el Banco Central, por ejemplo, suena el economista ortodoxo Emilio Ocampo, quien tendrá como desafío materializar una de las propuestas más polémicas de la plataforma de La Libertad Avanza, que es la eliminación del organismo que presidiría.

Queda por conocer si Javier Milei le brindará un ministerio a Mauricio Macri. Crédito: Reuters

Milei también tendrá que saldar la deuda con Mauricio Macri, quien salió en su rescate luego de que en las elecciones generales quedara en segundo lugar, a casi siete puntos de Sergio Massa, y sin poder crecer en porcentaje de votos respecto de las PASO.

En este sentido, se perfilan como posibles funcionarios del Gobierno de La libertad Avanza los ex ministros de Cambiemos Germán Garavano y Federico Sturzenegger, que es uno de los nombres en danza para encabezar el Ministerio de Economía, una incógnita crucial sobre la futura gestión.

Más allá del nombre del futuro titular del Palacio de Hacienda, que es el que genera mayor expectativa en el Círculo Rojo, Milei llegará acompañado por un Consejo de Asesores Económicos entre quienes estarán Carlos Rodríguez, Roque Fernández y Darío Epstein.

Como secretario de Agricultura suena el director del Programa de Bioeconomía de la Facultad de Agronomía, Fernando Vilella, mientras que en Energía el libertario tiene en carpeta a Eduardo Rodríguez Chirillo.