El Gobierno nacional dio un paso clave en la reorganización de la principal vía fluvial del país al completar la adjudicación de la Vía Navegable Troncal, por donde se moviliza alrededor del 80% del comercio exterior argentino.

La Agencia Nacional de Puertos y Navegación oficializó la selección de la unión conformada por Jan de Nul y , luego de finalizar el análisis de las ofertas presentadas en el proceso licitatorio.

Desde el Ejecutivo destacaron que la propuesta elegida fue la más conveniente y remarcaron que ninguna de las empresas participantes presentó objeciones o impugnaciones a los dictámenes técnicos elaborados durante las distintas etapas del procedimiento.

Con esta decisión, el Gobierno puso fin al proceso administrativo y dejó allanado el camino para la firma del contrato, prevista para las próximas semanas.

Menores costos y nuevas inversiones

De acuerdo con la información oficial, la puesta en marcha del nuevo esquema permitirá una reducción del 13,5% en los costos logísticos vinculados al transporte fluvial.

Además, el proyecto contempla trabajos de profundización del canal navegable y la incorporación de nuevas tecnologías destinadas a optimizar la seguridad de las embarcaciones y fortalecer los controles contra actividades ilícitas, entre ellas el narcotráfico.

Las autoridades nacionales sostienen que las obras permitirán que los buques puedan completar su carga en los puertos de origen, generando una mejora en la competitividad de los sectores productivos y una ampliación de la capacidad exportadora.

Respaldo de provincias y entidades productivas

La decisión recibió el acompañamiento de las principales entidades vinculadas al comercio exterior y a la actividad industrial, entre ellas la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, la Unión Industrial Argentina, la Bolsa de Comercio de Rosario, la Cámara de Puertos Privados Comerciales y la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas.

También expresaron su conformidad las provincias de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones, cuyos gobiernos siguieron de cerca el proceso por la importancia que tiene la hidrovía para las economías regionales.

Según el Gobierno, la licitación se desarrolló bajo estándares de transparencia y contó con auditorías de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), organismo dependiente de la ONU.

La adjudicación marca el cierre de la etapa de gestión estatal directa de la infraestructura y abre un nuevo período basado en inversiones privadas, mientras que el Estado nacional conservará funciones vinculadas al control y la supervisión del sistema.

El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso de licitación de la Vía Navegable Troncal al comunicar la preadjudicación del contrato de concesión y recomendar que la obra quede en manos de la empresa Jan de Nul - Servimagnus.

La decisión surge del Dictamen de Preadjudicación elaborado tras la evaluación final de las ofertas presentadas para administrar y mantener la principal vía de transporte fluvial de la Argentina, utilizada para la salida de gran parte de las exportaciones agroindustriales del país.

Según informó oficialmente el Ejecutivo, la recomendación se basó en el sistema de puntajes diseñado para la licitación junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que acompañó el proceso con estándares internacionales de transparencia y competencia.

La evaluación contempló tres etapas de análisis y concluyó con la selección de Jan de Nul - Servimagnus como la oferta mejor posicionada.

De acuerdo con el dictamen, la firma Jan de Nul obtuvo 66,20 puntos en las dos primeras etapas de evaluación técnica, mientras que la compañía DEME NV alcanzó 42,14 puntos.

En la instancia económica, ambas empresas lograron la misma puntuación al presentar la menor tarifa posible dentro de los parámetros previstos por la licitación.

Por otra parte, la oferta de DEME NV fue finalmente desestimada y la propuesta de DTA Engenharia fue declarada inadmisible debido a que no cumplió con uno de los requisitos fundamentales del proceso: la presentación de la garantía de mantenimiento de oferta.

El Gobierno explicó que antes de emitir el dictamen se realizó una revisión integral del procedimiento para verificar el cumplimiento de toda la documentación exigida, la normativa argentina vigente y las recomendaciones internacionales promovidas por Naciones Unidas.

Otro de los aspectos destacados por el Ejecutivo fue que el proceso no recibió impugnaciones por parte de las empresas participantes.

Además, indicó que las denuncias judiciales que se habían presentado contra el avance de la licitación fueron rechazadas por la Justicia, lo que permitió continuar con el cronograma previsto.

No obstante, el procedimiento todavía contempla una instancia adicional antes de la adjudicación definitiva.

Tras la publicación del Dictamen de Preadjudicación, se abrió un plazo de siete días corridos para que los participantes puedan presentar observaciones o impugnaciones formales.

Una vez concluida esa etapa, el Gobierno estará en condiciones de avanzar con la adjudicación final del contrato.

Desde la administración nacional señalaron que la nueva concesión permitirá una reducción inmediata cercana al 15% en los costos operativos de la vía navegable.

Asimismo, destacaron que el nuevo esquema incorporará herramientas de modernización tecnológica destinadas a mejorar la eficiencia de la navegación y la competitividad logística de la principal ruta fluvial del país.

La Vía Navegable Troncal constituye un corredor estratégico para el comercio exterior argentino, ya que por allí circula una parte significativa de las exportaciones de granos, aceites, harinas y otros productos provenientes del complejo agroindustrial.

En ese sentido, el Gobierno sostuvo que tanto los usuarios privados como los organismos internacionales que participaron en el seguimiento del proceso valoraron la amplitud de la convocatoria, la participación de distintos sectores y la transparencia de cada una de las etapas de evaluación.

Con la preadjudicación ya definida, el proceso entra ahora en su tramo final antes de la firma del nuevo contrato que definirá el futuro operativo de la principal autopista fluvial de la Argentina.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este jueves del acto de apertura de la edición 32 de Agroactiva, la muestra más grande del agro que se desarrolla del 3 al 6 de junio en Armstrong bajo el lema “Una muestra de lo que somos”, un homenaje a cada uno de los agroactivistas que construyeron el espacio durante tres décadas.

“En Santa Fe pudimos demostrar con un Estado eficiente y sin corrupción durante estos 29 meses de gestión, que invertimos en infraestructura productiva 2.160 millones de dólares para darle potencia al agro, tener mejor conectividad vial y mejor logística, los mejores puertos y aeropuertos, y contar con la mejor energía”, afirmó Pullaro durante su discurso.

El mandatario volvió a reclamar al Gobierno nacional que “la baja de retenciones continúe de manera permanente porque va a impactar de manera positiva en toda la región productiva del país” y sumó la necesidad de “bajar la tasa de interés para poder producir más y generar trabajo”, asegurando que si eso se logra, “ninguno de los hombres y mujeres del campo se van a llevar esa plata o la van a dejar en el banco, sino que todos la van a reinvertir y eso nos va a permitir tener un círculo virtuoso y que nuestra economía crezca”.

Respaldo al sector productivo

El gobernador destacó también el stand institucional que tiene el Gobierno de Santa Fe en Agroactiva, a partir del cual se anunciaron nuevas líneas de financiamiento por más de 116 mil millones de pesos, para potenciar la producción santafesina y un paquete de alivio fiscal. “En lo que va del año llevamos casi $ 200 mil millones dados en créditos al sector productivo de la provincia”, sintetizó y dijo que de los créditos lanzados el miércoles en la apertura del stand santafesino en la muestra “ya se llenaron carpetas por $ 70 mil millones y ya se prestaron $ 46 mil millones”. Vale recordar que en la sumatoria de las distintas líneas con tasas subsidiadas por el gobierno santafesino, se pusieron a disposición de la producción 116 mil millones de pesos. 

En ese sentido, el mandatario afirmó que “la Provincia de Santa Fe subsidia tasas para que el sector productivo pueda invertir en un momento muy difícil de la economía a nivel nacional”, entendiendo que “el camino es seguir trabajando al lado del sector productivo para mostrarle al resto de Argentina que si al campo, a la industria y al comercio les va bien, Argentina crece y es imparable”.

Por su parte, la presidenta de Agroactiva, Rosana Nardi, consideró a Agroactiva como la oportunidad de “hacer los mejores negocios con las mejores y las más variadas oportunidades y compartamos conocimiento” porque “nació en el lugar donde las cosas suceden de verdad, en el corazón productivo de nuestra patria, en el campo”, manifestó, donde este año “hay más de 1.100 empresas de todos los tamaños y rubros y una peregrinación imparable de chacareros que llega a Agroactiva desde todo el país, porque en esta ciudad se muestra el campo en su mejor versión”, aseguró.

Presentes

Del acto participaron también la exvicegobernadora y actual diputada nacional, Gisela Scaglia; el intendente de Armstrong, Guillermo Luzzi; el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta; el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini; el senador por el departamento Belgrano, Pablo Verdecchia; entre otros.

El Gobierno nacional presentó una nueva herramienta financiera destinada al sector agropecuario que permitirá financiar la compra de vehículos nuevos con cobertura de hasta el 100 % de su valor.

La iniciativa fue anunciada en el marco de AgroActiva 2026 y será instrumentada a través del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), con el objetivo de fortalecer la capacidad logística de productores y pequeñas y medianas empresas vinculadas a la actividad agropecuaria.

La propuesta contempla la adquisición de camiones, semirremolques, acoplados, pickups y utilitarios mediante un esquema de leasing que ofrece tasas fijas en pesos desde el 19,45 % y plazos de hasta tres años.

Además, los beneficiarios podrán optar por realizar los pagos tanto en pesos como en dólares, según las características de cada operación.

Financiamiento para ampliar la logística

Desde la Secretaría de Agricultura explicaron que la medida apunta a acompañar la modernización del equipamiento utilizado por el sector productivo y facilitar nuevas inversiones.

Los montos disponibles oscilan entre un mínimo de 80 millones de pesos y un máximo de 6.500 millones por solicitante, lo que permite financiar desde unidades individuales hasta proyectos de renovación de flotas.

El programa está dirigido principalmente a productores agropecuarios y pymes que buscan mejorar su infraestructura de transporte y aumentar la eficiencia operativa.

Beneficios impositivos

Uno de los aspectos destacados del esquema es la posibilidad de acceder a ventajas fiscales.

Según informó el organismo, quienes utilicen esta modalidad podrán deducir las cuotas del Impuesto a las Ganancias y diferir el pago del IVA durante todo el período de financiamiento.

La medida busca reducir el impacto tributario inicial de la inversión y facilitar el acceso al equipamiento productivo.

Más líneas para el agro

La nueva propuesta se suma a otras herramientas que el BICE ya ofrece para distintas actividades vinculadas al campo.

Entre ellas figuran créditos en valor producto para los sectores sojero, ganadero, tambero y porcino, que permiten fijar las cuotas en unidades productivas como kilos de novillo o litros de leche.

Estos instrumentos están orientados a financiar la compra de animales, tecnología, sistemas de automatización y equipamiento para aumentar la productividad.

Con esta nueva línea de leasing, el Gobierno apuesta a impulsar la renovación de vehículos y fortalecer la logística de uno de los sectores clave de la economía argentina.

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la reducción gradual y permanente de las retenciones a las exportaciones agroindustriales, una medida que busca mejorar la competitividad del sector y que había sido anticipada semanas atrás por el presidente Javier Milei.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 423/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las nuevas alícuotas y el cronograma de disminución de los Derechos de Exportación (DEX) para los principales productos agropecuarios y sus derivados.

La medida alcanza a complejos clave de la economía argentina, entre ellos soja, maíz, trigo, cebada, sorgo, girasol y biodiésel, y forma parte de una estrategia oficial orientada a reducir la presión tributaria sobre el sector exportador.

Desde el Gobierno argumentaron que los derechos de exportación constituyen un impuesto distorsivo que afecta la competitividad y desalienta las inversiones.

“Esta gestión entiende a los derechos de exportación como un impuesto distorsivo que debe eliminarse y que, en la medida en que lo permita el superávit fiscal, se irán reduciendo hasta su desaparición”, sostiene el texto oficial.

El programa diseñado por el Ejecutivo contempla dos mecanismos diferenciados.

Por un lado, se establecen reducciones de aplicación inmediata para los cultivos de invierno, mientras que para los cultivos de verano se fijó un cronograma de baja progresiva que se extenderá durante 2027 y 2028.

La intención oficial es brindar previsibilidad a productores, exportadores e industrias vinculadas al agro para facilitar la planificación de inversiones y ampliar la producción.

Entre los principales cambios, el decreto fija nuevas alícuotas para los cultivos de invierno.

El trigo en grano pasará a tributar apenas un 1 %, mientras que la harina de trigo tendrá una retención del 2,5 %.

En el caso de la cebada, la alícuota quedó establecida en 5,5 %.

Estas modificaciones entran en vigencia de manera inmediata y buscan favorecer la comercialización de la próxima campaña.

La soja, principal complejo exportador argentino, tendrá un esquema de reducción progresiva.

La alícuota vigente del 24 % comenzará a descender mensualmente desde enero de 2027 hasta alcanzar el 15 % en diciembre de 2028.

También se reducirá la carga tributaria sobre los productos industrializados.

El aceite de soja, por ejemplo, pasará de niveles actuales de entre 18 % y 22 % a una franja de entre 11 % y 14 % hacia finales del período establecido por el programa.

El maíz y el sorgo también se verán beneficiados.

Algunos derivados quedarán directamente exentos del pago de retenciones, mientras que otros reducirán sus alícuotas de manera escalonada.

Según el cronograma oficial, las tasas bajarán desde el actual 8,5 % hasta 7,5 % en 2027 y llegarán al 5,5 % a partir de diciembre de 2028.

El esquema también contempla reducciones para la cadena del girasol.

Algunas variedades específicas quedarán exentas de derechos de exportación y el aceite de girasol reducirá sus retenciones desde niveles actuales de entre 2,5 % y 4,5 % hasta una franja de entre 1 % y 3 % hacia fines de 2028.

Por su parte, el biodiésel elaborado con aceites de colza, cártamo o camelina tributará una alícuota cero.

En tanto, el biodiésel producido con aceite de soja iniciará un descenso gradual desde el 21 % hasta llegar al 13 % en diciembre de 2028.

El Gobierno sostuvo que la medida se apoya en los resultados económicos alcanzados durante 2025 y en el mantenimiento del superávit fiscal.

Según el decreto, la reducción de las retenciones busca fortalecer uno de los sectores más dinámicos de la economía argentina y favorecer una mayor inserción internacional.

Además, el Ejecutivo considera que una menor carga tributaria permitirá incentivar nuevas inversiones, aumentar la producción y mejorar la competitividad de las cadenas agroindustriales.

Con este esquema, la administración Milei busca avanzar en uno de los compromisos asumidos desde el inicio de la gestión: reducir gradualmente los derechos de exportación hasta su eliminación definitiva cuando las condiciones fiscales lo permitan.

El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas contempladas en la Ley de Modernización Laboral para financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante aportes realizados por los empleadores y administrados a través de instrumentos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La medida fue oficializada mediante el Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las reglas para la conformación, administración y funcionamiento de estos fondos, así como los mecanismos de recaudación y pago destinados a trabajadores registrados del sector privado.

La reglamentación representa un paso clave dentro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, aunque su puesta en marcha no será inmediata. El Poder Ejecutivo dispuso que el sistema comenzará a regir recién el 1 de noviembre de 2026, una vez que los organismos involucrados dicten las normas operativas necesarias.

Según establece el decreto, los empleadores alcanzados por el régimen deberán realizar aportes a fondos específicos destinados exclusivamente a financiar eventuales indemnizaciones laborales.

Para administrar esos recursos se utilizarán vehículos de inversión colectiva autorizados por la CNV, como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.

Desde el Gobierno sostuvieron que este esquema permitirá garantizar una adecuada separación patrimonial de los recursos y una supervisión permanente sobre su utilización.

El texto oficial señala que el objetivo es dotar al sistema de mecanismos transparentes para asegurar la disponibilidad de fondos cuando corresponda afrontar una desvinculación laboral.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de recaudar las contribuciones y derivarlas al fondo correspondiente, integrando el proceso al sistema de seguridad social.

Para ello, cada empleador deberá informar un identificador específico denominado "ID FAL", que permitirá asignar correctamente los aportes a la cuenta correspondiente.

La reglamentación también fija el procedimiento para que los trabajadores accedan a las prestaciones.

Entre los requisitos establecidos figura una antigüedad mínima de doce meses de registración laboral para acceder plenamente a la cobertura del sistema.

Cuando se produzca una desvinculación y se presente la documentación correspondiente, la entidad administradora deberá efectuar la transferencia de los fondos al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Uno de los puntos destacados del decreto es que los recursos administrados por estos fondos sólo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la República Argentina.

La decisión apunta a canalizar esos recursos hacia el financiamiento de actividades productivas y del mercado de capitales local.

El Gobierno argumentó que la medida busca fortalecer el ahorro interno y generar un mecanismo sostenible para el financiamiento de obligaciones laborales futuras.

Aunque la reglamentación ya fue publicada, el sistema aún requiere una serie de disposiciones complementarias para comenzar a funcionar.

Hasta noviembre, la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Valores, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán elaborar las normas técnicas y operativas que permitan implementar el régimen.

Entre otros aspectos, deberán definirse los procedimientos de registración, la operatoria de los fondos, los mecanismos de fiscalización y los sistemas de intercambio de información entre organismos.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral constituye uno de los cambios más relevantes incorporados por la Ley de Modernización Laboral y abre una nueva etapa en el esquema de financiamiento de indemnizaciones dentro del mercado de trabajo argentino.

El ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, realizó gestiones ante la Secretaría de Transporte de Nación y planteó la necesidad de que se regularice el pago de atributos sociales y comisiones SUBE, luego de que Nación reconociera un retraso en la liquidación de fondos. Según información que maneja el ministro del Gobierno de Maximiliano Pullaro, a Santa Fe se le adeudan $ 3.255 millones, sin contar abril, que aún no está liquidado. Nación manifestó la intención de regularizar parcialmente durante los próximos días, priorizando los atributos sociales por ser el monto más importante. 

Puccini señaló que “cuando los recursos no llegan en tiempo y forma, el transporte interurbano se vuelve insostenible; por eso necesitamos que Nación cumpla con su responsabilidad para garantizar un sistema equitativo y federal, eso fue lo que vinimos a plantear a Buenos Aires”. 

Además recordó que Santa Fe continúa siendo discriminada en materia de subsidios al transporte, y que pese a compromisos asumidos anteriormente por Nación de ampliar el sistema y sumar lectores de SUBE, en la actualidad hay un 25,4 % de los santafesinos usuarios de colectivos que no acceden a los beneficios de SUBE, es decir a los atributos sociales como por ejemplo el descuento para empleadas domésticas, jubilados o excombatientes de Malvinas. Por otro lado, desde la Secretaría de Transporte y Logística detallaron que existen 30 empresas de transporte en la provincia que no cuentan con sistema SUBE, de un total de 40 empresas, generando así ciudadanos de primera y de segunda dentro de la propia provincia.

Distribución desigual

La Provincia viene denunciando de manera sostenida la desigualdad en la distribución de subsidios nacionales. En abril de 2026, la vocera provincial Virginia Coudannes recordó que entre 2024 y lo que va de 2026 la administración nacional destinó cero peso a Santa Fe, mientras que el Área Metropolitana de Buenos Aires concentró más de $ 1,6 billones en subsidios al transporte.

En contrapartida, el gobierno de Maximiliano Pullaro debió sostener el sistema con recursos propios, destinando más de $ 193.000 millones en el mismo período, a través de herramientas como el Boleto Educativo y el Boleto Educativo Rural, que alcanzan a cientos de miles de estudiantes, docentes y asistentes escolares. “Santa Fe aporta al sistema nacional y exige igualdad: que se pague lo que corresponde y que se habiliten los beneficios que ya están listos. La deuda con nuestra provincia es también una deuda con la equidad federal”, concluyó Puccini.

Discapacidad y trazabilidad

Otro eje prioritario de la presentación fue el pedido de la implementación inmediata en la tarjeta SUBE de los pases para personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD). Este sistema permitiría aplicar el beneficio directamente sobre la tarjeta, contar con datos reales de uso y garantizar transparencia en la gestión. Nación informó que el desarrollo tecnológico ya está resuelto desde hace meses, pero aún faltan movimientos administrativos para implementarlo. La secretaria Mónica Alvarado destacó que “la inclusión requiere decisiones rápidas; la trazabilidad en SUBE es una herramienta disponible y debe ponerse en marcha de inmediato, porque cada día de demora significa un derecho vulnerado”.

El subsecretario Jorge Henn agregó que “las empresas necesitan certezas para sostener recorridos y garantizar el servicio; sin subsidios regulares y sin herramientas de inclusión, la movilidad de miles de santafesinos queda comprometida”.

El Gobierno de Santa Fe, a través del Ministerio de Desarrollo Productivo, presentó esta mañana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la primera Exposición Portuaria & Logística (Exportlog 2026), el encuentro cumbre del sector que tendrá lugar los días 19 y 20 de agosto en la Terminal Fluvial de Rosario. Durante el lanzamiento, llevado a cabo en el Espacio Santa Fe ante un destacado auditorio de empresarios y operadores, se ratificó la fuerte sintonía de trabajo entre la Provincia y el Estado Nacional para llevar adelante una concesión eficiente de la Hidrovía Paraná-Paraguay y consolidar a la región del Gran Rosario como el Nodo Logístico Multimodal más importante de la República Argentina.

“Estamos aquí en Buenos Aires para ratificar que la salida de la Argentina es trabajando juntos, articulando esfuerzos entre las provincias y el Gobierno Nacional para que la nueva licitación de la Hidrovía sea un éxito histórico que multiplique nuestra competitividad”, destacó el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, quien compartió el panel junto a Juan Carlos Venesia (IDR), Ariel Armero (GlobalPorts) e Iñaki Arreseygor, Director de la Asociación Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn).

Sintonía federal y baja de costos logísticos

El momento de mayor volumen institucional del lanzamiento se dio al abordar el proceso de la futura licitación de la Vía Navegable Troncal. El director de la Anpyn, Iñaki Arreseygor ponderó el rol activo de la Provincia: destacó el trabajo conjunto que se viene realizando desde el primer momento con Santa Fe a través de la gestión del ministro Gustavo Puccini. 

Arreseygor confirmó que varios de los puntos técnicos y estratégicos planteados por la provincia fueron escuchados e incorporados en el diseño del proceso. Asimismo, el funcionario nacional anticipó que se avanza en la etapa final de adjudicación de la concesión, bajo un esquema que permitirá bajar los costos logísticos en un 15 %, un impacto directo en la competitividad de toda la producción argentina.

En un claro gesto de apertura federal, el titular de la Anpyn anunció además que se está terminando de armar el órgano de control de la Hidrovía en conjunto con las provincias y los usuarios de la vía navegable. Este nuevo Consejo garantizará un control transparente, diario y eficiente de la concesión, otorgando a los actores del interior y del sector privado una silla en el monitoreo de la principal autopista de exportación del país.

El salto a la logística multimodal: Puertos, Rutas y el tren

En el marco del lanzamiento, Puccini explicó que el “Modelo Santa Fe” concibe la logística de manera integral y multimodal, entendiendo que la eficiencia del río debe complementarse simétricamente en la tierra.

En ese sentido, la Provincia detalló las acciones de vanguardia que viene implementando para optimizar los accesos terrestres a las terminales fluviales, tales como el diseño del Circuito de Ingreso a Puertos (CIP), la ampliación de infraestructura vial y la consolidación del sistema digital Stop 5.0, que ordena mediante turnos obligatorios el flujo de los camiones para terminar con los históricos embotellamientos en los nodos portuarios.Más allá del agro: conectando las nuevas cadenas de la energía y el litio

“La infraestructura de Santa Fe históricamente sirvió al complejo agroexportador, pero el diseño estratégico de nuestro hub logístico hoy mira al futuro”, remarcó el ministro Puccini. La Provincia expuso su plan para acoplar las terminales portuarias y las redes viales y ferroviarias de la región a las nuevas cadenas logísticas globales originadas por el auge energético del país.

Gracias a su ubicación geográfica estratégica y su capacidad operativa, Rosario y toda la provincia se posicionan como el puente natural y el nodo de transferencia óptimo para el desarrollo minero del norte, puntualmente para la cadena global del litio, así como para proveer insumos y servicios hacia los sectores del gas y el petróleo de Vaca Muerta. El sistema multimodal santafesino se redefine así como el gran dinamizador que conecta los recursos estratégicos del subsuelo argentino con los mercados internacionales.

Hacia el cierre del encuentro, se convocó formalmente a todo el arco naviero, logístico, ferroviario y empresarial del Cono Sur a participar de Exportlog 2026, los días 19 y 20 de agosto en el Salón Terrazas de La Fluvial, en Rosario.

Para más información sobre la exposición: https://www.exportlog.com.ar/

La privatización de la Vía Navegable Troncal ingresó en su tramo decisivo. Este martes, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) realizó la apertura del Sobre Nº3 de la licitación, correspondiente a las ofertas económicas de las empresas interesadas en la concesión de la Hidrovía Paraná - Paragay, uno de los corredores logísticos más estratégicos para el comercio exterior argentino.

Según informó oficialmente el Ministerio de Economía, las empresas Jan de Nul y DEME presentaron una propuesta económica de U$D 3,80, una cifra que representa una reducción de 50 centavos respecto de la tarifa vigente y que implicaría un ahorro estimado del 13,5 %.

Ahora, la etapa siguiente será la evaluación final de cada oferente, donde se analizarán tanto los antecedentes técnicos como las propuestas económicas presentadas. El objetivo oficial es avanzar hacia una adjudicación que permita modernizar y profundizar la vía navegable, mejorando la competitividad del sistema exportador argentino.

Uno de los puntos destacados por el Gobierno nacional fue que ninguna de las empresas presentó impugnaciones durante las etapas previas del proceso ni cuestionó las condiciones establecidas en el pliego licitatorio.

Desde la administración nacional sostuvieron que este escenario “ratifica la transparencia y la solidez técnica” del procedimiento, en un contexto donde la discusión sobre el futuro de la Hidrovía se convirtió en uno de los temas centrales para las provincias productivas y el sector exportador.

El comunicado oficial remarcó además que el proceso recibió respaldo de distintos actores institucionales, empresariales y productivos, entre ellos la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), la Cámara de Actividades Portuarias y Marítimas (CAPYM) y la Cámara de la Industria Aceitera y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC).

También se destacó el acompañamiento de provincias vinculadas al corredor fluvial y de organismos internacionales como Naciones Unidas.

La futura concesión contempla inversiones estimadas en torno a los 10.000 millones de dólares destinadas a tareas de modernización, dragado y profundización de la Vía Navegable Troncal, infraestructura clave para la salida de granos, aceites, combustibles y productos industriales argentinos hacia los mercados internacionales.

El Gobierno nacional sostuvo que la meta es garantizar “mayor previsibilidad operativa” y fortalecer la competitividad de la producción argentina mediante una logística más eficiente y costos más bajos para el comercio exterior.

La Hidrovía concentra una porción significativa de las exportaciones nacionales y constituye uno de los principales ejes del sistema económico del país, especialmente para Santa Fe y el complejo agroexportador del Gran Rosario.

El informe del INDEC publicado este martes mostró que el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 5,2% respecto de marzo, con una variación interanual de 30,8% y un acumulado de 11,6% en el primer cuatrimestre.

En paralelo, el Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB) avanzó 4,8% mensual, 29,6% interanual y 10,3% en lo que va del año; mientras que el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP) también trepó 4,8% en abril, con 30,9% interanual y 10,3% acumulado.

La aceleración fue nítida frente a marzo. El mes pasado, el IPIM había marcado 3,4%; ahora escaló hasta 5,2%. Es decir, sumó 1,8 puntos en apenas treinta días y volvió a instalar una señal incómoda para el relato oficial, que venía apoyándose en la desaceleración de este indicador para sostener la idea de una nominalidad en baja.

Al respecto se expresó el Ministro de Economía, Luis Caputo, que reconoció el dato malo pero lo asoció principalmente al efecto externo de la guerra en Medio Oriente antes que como un cambio de tendencia en la dinámica local de la economía.

El organismo resumió en el informe: “El nivel general del IPIM registró un aumento de 5,2% en abril de 2026 respecto del mes anterior, consecuencia de la suba de 5,3% en los ‘Productos nacionales’ y de 2,5% en los ‘Productos importados’”. Dentro de los Productos nacionales, las divisiones con mayor incidencia positiva fueron ‘Petróleo crudo y gas’, con 2,09%; ‘Productos refinados del petróleo’, con 1,63%; ‘Sustancias y productos químicos’, con 0,46%; ‘Alimentos y bebidas’, con 0,26%; y ‘Productos de caucho y plástico’, con 0,18%”.

El principal motor del movimiento fue el Petróleo crudo y gas saltó 22,9% mensual. Los productos refinados del petróleo avanzaron 13,6%. Sustancias y productos químicos subieron 5,1%. Caucho y plástico, 7,4%. Alimentos y bebidas, 2,2%. Si se mira el cuadro de incidencias, solo petróleo crudo y gas más refinados explicaron 3,72 puntos de los 5,16 del nivel general. Si a eso se suman químicos y caucho y plástico, la incidencia conjunta trepa a 4,36 puntos.

Sobre esa base se apoyó Caputo para dar su lectura política. En una publicación en su cuenta de X, el ministro sostuvo que, “si bien el número es alto”, estuvo explicado “casi en un 85% por la suba en el precio del petróleo y productos vinculados, producto de la guerra”. Y agregó que, excluyendo esas cuatro categorías, “la variación del resto del índice se estima en torno a 1,1% en el mes”.

Es la interpretación con la que el Gobierno buscó presentar el salto de abril como un shock externo impulsado por el cierre del estrecho de Ormuz, más que como una generalización de aumentos en toda la estructura productiva. Sin embargo, este mismo segmento ya había marcado en marzo un 27,3%, aunque su impacto en los productos refinados del petróleo habían registrado 6,6%.

El dato de abril dejó además otro contraste relevante: el IPIM duplicó al IPC del mismo mes que se conoció la semana pasada y marcó 2,6%. El desacople vuelve a mostrar que el mayorista puede moverse con una lógica distinta, más sensible a distintas variables como el tipo de cambio, insumos básicos y shocks internacionales, mientras que el índice minorista tiene un peso mucho más alto de servicios y consumos atados al mercado interno. En sentido distinto de la lectura del presidente Javier Milei cuando afirmó que la "aritmética inflacionaria" explica que "la mayorista anticipa lo que viene para la minorista".

En el resto del sistema mayorista también se vio el mismo sesgo. El INDEC detalló que “el nivel general del índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un ascenso de 4,8% en el mismo período, que se explica por la suba de 4,9% en los ‘Productos nacionales’ y de 2,5% en los ‘Productos importados’”. Y añadió: “el nivel general del índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 4,8% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 7,5% en los ‘Productos primarios’ y de 3,7% en los ‘Productos manufacturados y energía eléctrica’”.

Es decir que el incremento estuvo más concentrado en un bloque puntual de primarios y manufacturas ligadas a energía. De hecho, en el IPIM los productos primarios subieron 9,8% en abril, contra 4% de manufacturados y energía eléctrica. En el IPIB, los primarios avanzaron 7,9%; y en el IPP, 7,5%.

No todo, sin embargo, se movió al mismo ritmo. En abril hubo rubros que incluso jugaron como amortiguadores parciales. Los productos agropecuarios bajaron 0,6% mensual. También retrocedieron vehículos automotores, carrocerías y repuestos (-1%), productos metálicos básicos (-1,6%) y máquinas y equipos (-0,1%). Los importados, en tanto, subieron 2,5%, bastante por debajo del nivel general.

Esa heterogeneidad también aparece en el acumulado del año. Entre enero y abril, el IPIM subió 11,6%, pero petróleo crudo y gas acumuló 62,3%; productos refinados del petróleo, 25%; y productos pesqueros, 23,9%. Del otro lado, productos metálicos básicos mostraron una variación acumulada negativa de -2,4%, y vehículos automotores y repuestos, -0,6%.

En la comparación interanual, el mismo patrón se repite. El nivel general del IPIM quedó en 30,8%, pero petróleo crudo y gas llegó a 69,2%; productos refinados del petróleo, 58,9%; y productos pesqueros, 61,8%. Los aumentos mostraron, otra vez, una presión concentrada en energía y primarios.

La inflación de abril fue de 2,6% y marcó el primer retroceso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) desde mayo de 2025. El dato difundido por Instituto Nacional de Estadística y Censos confirmó una desaceleración de 0,8 puntos porcentuales respecto de marzo y llevó el acumulado anual al 12,3%, mientras que la variación interanual alcanzó el 32,4%.

El informe oficial mostró que los precios regulados encabezaron las subas del mes con un incremento de 4,7%, impulsados principalmente por los ajustes en transporte y electricidad. Detrás quedó la inflación núcleo, que avanzó 2,3%, traccionada por alquileres, restaurantes y comidas fuera del hogar. Los precios estacionales, en tanto, se mantuvieron prácticamente sin cambios.

La división que registró el mayor aumento fue Transporte, con una variación de 4,4%, producto del impacto de los combustibles y otros costos asociados a movilidad. Educación ocupó el segundo lugar con 4,2%, aunque con una desaceleración respecto del fuerte salto que había tenido durante marzo por el inicio del ciclo lectivo.

En el otro extremo aparecieron Alimentos y bebidas no alcohólicas, que subieron apenas 1,5%, y Recreación y cultura, con un incremento del 1%. La moderación en los alimentos fue uno de los factores centrales para explicar el alivio en el índice general, luego de varios meses de fuerte presión sobre el consumo cotidiano.

El dato fue recibido con alivio en la Casa Rosada, donde el equipo económico esperaba que abril marcara un cambio de tendencia tras varios meses de aceleración. El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la desaceleración y la vinculó con la política fiscal y monetaria implementada por el Gobierno.

Desde distintas consultoras privadas coincidieron en que el principal factor detrás de la baja fue la desaceleración del IPC núcleo. La consultora C&T señaló que la inflación subyacente pasó de 3,2% en marzo a 2,3% en abril, convirtiéndose en el menor registro desde octubre pasado.

A pesar de la mejora, el Gobierno ya da por descartada una de las metas originales planteadas en el Presupuesto nacional, que proyectaba una inflación anual de 10,1% para 2026. Con los números acumulados del primer cuatrimestre, ese objetivo quedó virtualmente fuera de alcance.

El presidente Javier Milei también se expresó públicamente tras conocerse el dato. A través de sus redes sociales, afirmó que la inflación “retorna al sendero decreciente” y volvió a responsabilizar a factores externos y a la oposición por las tensiones económicas de los últimos meses.

Las proyecciones privadas anticipan que la inflación podría continuar desacelerándose durante mayo. Consultoras como EcoGo y C&T estimaron que el IPC se ubicaría en torno al 2,2%, favorecido por una menor presión en alimentos, el fin de los aumentos estacionales en educación e indumentaria y un ajuste más moderado en combustibles.

También influyeron promociones comerciales y descuentos vinculados al Hot Sale, que ayudaron a contener algunos precios de bienes durables y productos tecnológicos. Sin embargo, los analistas advierten que la economía todavía atraviesa un escenario de fragilidad y que cualquier shock externo podría alterar nuevamente la dinámica inflacionaria.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) prevé una inflación de 2,3% para mayo, 2,1% para junio y 2% para julio. Recién en agosto el índice perforaría el umbral del 2%, una meta que el propio Milei había anticipado para meses anteriores.

Pese a la mejora estadística, economistas privados remarcan que el costo de vida continúa en niveles elevados y que el consumo todavía no logra recuperarse plenamente. La evolución de tarifas, combustibles y alimentos seguirá siendo determinante para saber si el proceso de desaceleración logra consolidarse en la segunda mitad del año.

Las proyecciones privadas comenzaron a consolidar un escenario de desaceleración inflacionaria durante abril, con estimaciones que ubican el índice de precios en torno al 2,5% mensual, tras un marzo afectado por factores estacionales y subas puntuales.

El dato surge de distintos relevamientos de consultoras económicas que coinciden en señalar una menor presión en el rubro alimentos, clave en la dinámica general de precios, y que explica buena parte del cambio de tendencia observado en las últimas semanas.

En ese contexto, el último informe de la consultora LCG indicó que la inflación de alimentos en la última semana de abril fue del 1,3%, mientras que el promedio de las últimas cuatro semanas se ubicó en 1,7%.

Por su parte, la consultora Eco Go precisó que durante la cuarta semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de apenas 0,5%.

De esta manera, la proyección mensual para abril en ese rubro se ubica en torno al 2,1%, consolidando una desaceleración respecto a los meses previos.

“Con todas las categorías relevadas, la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual”, señalaron desde la firma, marcando un punto de convergencia con otras estimaciones del mercado.

El informe también detalló que los productos para el hogar mostraron una leve aceleración, con subas del 0,5% semanal, mientras que los alimentos consumidos fuera del hogar registraron un incremento del 1,4%, interrumpiendo la tendencia previa.

A este comportamiento se sumó el impacto de los combustibles, que evidenciaron un aumento del 10,4%, aunque con menor traslado inmediato a precios finales en algunos sectores.

En línea con estos datos, el economista Lorenzo Sigaut Gravina, de la consultora Equilibria, proyectó una inflación del 2,5% para abril.

Estimaciones similares fueron difundidas por la consultora CyT, dirigida por María Castiglione y Camilo Tiscornia, que también ubicaron la variación mensual en ese rango.

Por su parte, el relevamiento de Orlando Ferreres arrojó una proyección levemente superior, con un 2,6% mensual y un 30,7% interanual.

En tanto, la consultora Analytica registró una variación semanal del 0,9% en alimentos y bebidas durante la cuarta semana del mes, con un promedio de cuatro semanas del 1,3%.

Desde esa firma estimaron que el nivel general de precios podría ubicarse en torno al 2,8% mensual, marcando un escenario de desaceleración más moderada.

Más allá de las diferencias puntuales, las proyecciones coinciden en que la inflación de abril se mantendría en torno a la zona del 2,5%, impulsada por una menor presión en alimentos y cierta estabilidad en otros rubros clave.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, volvió a poner el foco en el desarrollo del mercado de capitales como condición necesaria para que la Argentina logre sostener un proceso de crecimiento en el tiempo.

A través de una publicación en la red social X, el funcionario reafirmó conceptos que ya había expresado días atrás y subrayó la importancia de generar condiciones para canalizar el ahorro hacia la inversión productiva.

“Sin un mercado de capitales propio y desarrollado, no es posible pensar en un crecimiento sostenido a largo plazo”, reiteró Caputo, en línea con su visión sobre el rol que debe ocupar el sistema financiero en la economía.

En su mensaje, el ministro sostuvo que “el desarrollo del mercado de capitales es crucial para el crecimiento sostenido en el largo plazo”, reforzando la idea de que el financiamiento local resulta clave para impulsar la actividad económica.

En ese marco, destacó los cambios que se impulsan desde la Comisión Nacional de Valores (CNV), orientados a simplificar procesos y reducir trabas regulatorias.

Según explicó, las medidas buscan “reducir al mínimo la burocracia para la apertura de fondos cerrados y a cero para los fondos abiertos”, con el objetivo de facilitar el acceso a instrumentos de inversión tanto para empresas como para ahorristas.

El funcionario agregó que una lógica similar se aplica a la emisión de obligaciones negociables, uno de los instrumentos más utilizados por las compañías para financiarse en el mercado.

Caputo definió estas modificaciones como “un cambio fundamental” dentro de la estrategia económica del gobierno de Javier Milei, que apunta a consolidar un esquema basado en el desarrollo del sector privado y la inversión.

En ese sentido, la apuesta oficial pasa por fortalecer el mercado local para reducir la dependencia del financiamiento externo y generar condiciones más estables para el crecimiento.

El planteo del ministro se da en un contexto en el que el Gobierno busca avanzar con reformas estructurales que permitan dinamizar la economía y consolidar expectativas de mediano y largo plazo.

En una semana marcada por feriados y menor actividad, el escenario económico argentino dejó una serie de señales mixtas que reflejan tanto avances como tensiones de fondo. A la espera de nuevos indicadores clave, el Gobierno nacional enfrenta un contexto donde la recuperación aún no logra consolidarse.

Uno de los datos más relevantes llegó de la mano del ministro de Economía, Luis Caputo, quien durante su exposición en la Bolsa de Comercio de Rosario admitió su preocupación por la velocidad de la recuperación.

“Por ahí el EMAE de febrero da para abajo, por ahí la inflación del mes pasado es más alta, no importa. No nos va a desviar del rumbo”, sostuvo el funcionario, en un contexto donde el consumo sigue sin repuntar y algunos indicadores de actividad muestran señales de enfriamiento.

En ese marco, también cuestionó con dureza a los economistas que proponen una devaluación como vía para mejorar la competitividad, rechazando esa alternativa y defendiendo el programa económico vigente.

En paralelo, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) difundió el dato de pobreza correspondiente al segundo semestre de 2025, que mostró una mejora respecto a la primera mitad del año.

El índice se ubicó en 28,2%, lo que representa una baja de 3,4 puntos porcentuales y el nivel más bajo desde 2018. En términos absolutos, afecta a unas 8,5 millones de personas.

La indigencia, en tanto, cerró en 6,3%, con una leve reducción de 0,6 puntos porcentuales. Sin embargo, el dato sigue reflejando un escenario social complejo, con alrededor de 13 millones de personas en situación de vulnerabilidad.

Otro de los indicadores que encendió alertas fue la recaudación tributaria. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) informó que en marzo se alcanzaron los $16 billones, con un crecimiento interanual del 26,2%.

No obstante, al descontar la inflación, la recaudación volvió a caer en términos reales y acumuló su octavo descenso consecutivo. Además, el dato quedó por debajo de febrero, cuando se habían registrado $16,2 billones.

Este comportamiento responde, en parte, a la reducción de impuestos y retenciones, lo que impacta directamente en los ingresos del Estado.

De cara a las próximas semanas, la atención estará puesta en los nuevos informes del INDEC, especialmente en el sector industrial, uno de los más golpeados por la actual política económica.

El último dato disponible mostró una caída interanual del 3,2% en enero, acumulando siete meses consecutivos en retroceso. Además, más de la mitad de las subclases industriales registraron variaciones negativas.

A esto se sumarán otros indicadores relevantes, como la evolución de la construcción, la minería, la pesca, los servicios públicos y la distribución del ingreso, que permitirán trazar un panorama más completo del estado de la economía.

En el frente financiero, el Banco Central continúa mostrando resultados positivos en la acumulación de reservas. Durante el primer trimestre del año, la entidad adquirió más de US$4.300 millones en el Mercado Libre de Cambios.

Con compras semanales por encima de los US$400 millones, las reservas internacionales alcanzaron los US$44.427 millones, lo que representa más del 40% de la meta fijada en el programa monetario.

Este desempeño se da en un contexto de relativa estabilidad cambiaria, con el dólar moviéndose en torno a los $1.400 en sus distintas cotizaciones.

Tras conocerse el crecimiento de la actividad económica en enero, el ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el programa económico del Gobierno y cargó, nuevamente, contra el kirchnerismo, al afirmar que su modelo “iba en contra de la gente”.

El jefe del Palacio de Hacienda se presentó en el streaming oficialista de Carajo, donde se refirió al crecimiento de la actividad económica de enero que se conoció esta tarde.

“Estamos pasando de un modelo que no era ni pro-empresa ni pro-mercado, sino que era era un modelo pro-empresario y proteccionista”, señaló el funcionario.

En ese sentido, relacionó al kirchnerismo con el círculo de los empresarios: “Su modelo obligaba a la gente a pagar las cosas diez veces más caras para que ellos se hicieran ricos. Era un modelo contra la gente que servía para favorecer a unos pocos empresarios”.

Puso el caso concreto de Fate, la histórica empresa de neumáticos, y su dueño Javier Madanes Quintanilla.

“Los trabajadores no eran millonarios. Su jefe sí lo era y prefirió no adaptarse al nuevo modelo”.

También elogió a Lumilagro, dedicada a la fabricación de termos, ya que tuvieron “ventas récord, exportaciones”, y un termo “más barato y de mejor calidad”.

Sin embargo, y a pesar de haber sido crítico, Caputo reconoció que durante los gobiernos kirchneristas su deseo fue que “le vaya bien” y agregó: “Me pidieron ayuda muchas veces y siempre ayudé”.

En la defensa al programa económico del Gobierno, el Ministro económico señaló que hay récord de exportaciones, de actividad económica y de consumo.

Y deslizó: “La economía no es para todos iguales. A algunos les va a llevar más tiempo adaptarse y a otros menos”.

Ataque al periodismoEn otro tramo del programa, el funcionario cargó contra el periodismo ya que tratan de instalar que el país está en una "mega recesión, donde la gente no llega a fin de mes”.

Caputo utilizó el ejemplo concreto del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE), en donde algunos sectores siguen sin repuntar, para explicar la estrategia que usa la prensa.

“Eligen un sector de la economía que esté mal y dicen que está todo mal. El sesgo es exactamente lo que hace el periodismo desde el otro lado”.

El Ministro económico se respaldó con los datos ya que “son la verdad” y “la única forma de dirimir el sesgo”.

“Lo de los periodistas roza lo absurdo. Están instalando que estamos en una de las peores semanas del Gobierno; lo único que hacen es perder credibilidad”, advirtió.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió este martes al dato de inflación. Las declaraciones se dieron en medio de versiones sobre posibles anuncios en materia cambiaria, tras las publicaciones en sus redes sociales tras un almuerzo en la residencia de Olivos junto al titular del BCRA, Santiago Bausilli, con el presidente Javier Milei.

Respecto a la evolución de precios, atribuyó el 2,9% en enero que informó el INDEC a “un contexto de reacomodamiento de precios relativos” y confió en que la inflación irá hacia niveles internacionales en el corto período, en un mensaje que fue republicado por el mandatario.

Caputo anticipó anuncios tras el almuerzo que mantuvo este martes en Olivos con Milei y Bausili.

Dijo que “esta dinámica de precios se da en un contexto de reacomodamiento de precios relativos y a pocos meses de que operara una fuerte caída en la demanda de dinero, que se reflejó en una dolarización acumulada en los seis meses previos a las elecciones de octubre equivalente a más de 50% del M2”.

Aseguró que “el programa económico tiene como pilares fundamentales el equilibrio fiscal, el control estricto de la cantidad de dinero y la recapitalización del Banco Central". Y dijo que "esto permitirá que la inflación converja a niveles internacionales en nuestro país por primera vez en más de dos décadas”.

De acuerdo a los valores dados a conocer este martes, en enero la inflación se volvió a ubicar por encima del umbral de dos puntos porcentuales por octavo período consecutivo. El año pasado había cerrado con una senda ascendente en el segundo semestre del año tras haber alcanzado en mayo (1,5%) un piso a valores del 2020. En julio y agosto se dieron registros del 1,9%, luego septiembre y octubre marcaron 2,1% y 2,3%, respectivamente, noviembre llevó la cifra a 2,5% y diciembre alcanzó a 2,8%.

El primer dato del año otorgado por el IPC se conoce bajo cuestionamientos tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo estadístico por la decisión del Gobierno de suspender la puesta en marcha de la nueva medición que tendría que haberse comenzado a aplicar desde este mes. En su lugar fue designado el segundo en la estructura, Pedro Lines, siendo el de este martes su primer informe en el cargo, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05.

Si bien Caputo se mostró confiado en que el costo de vida irá convergiendo hacia niveles cercanos al 1 por ciento con el correr de los meses, consultoras económicas pusieron reparos sobre ese pronóstico, principalmente por el peso que tienen los servicios en la canasta de precios.

LCG advirtió que "la inercia sigue siendo relevante y un empuje de la actividad podría alentar pujas distributivas ausentes hasta el momento (salarios, recomposición de márgenes)".

Alimentos tuvo un salto fuerte en enero y es de los ponderadores con mayor peso en la canasta de consumo de 2004 que toma en consideración la actual medición de INDEC.

Para Equilibra, "las diferencias con el IPC actualizado (ENGHo 2017/18) fueron mínimas en la medición mensual", y calculó que la interanual, que el Indec informó en 32,4%, habría sido de 32,9% con la nueva metodología, no mucho más alta.

Para EcoGo, en tanto, “con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,7% mensual” para febrero. Además, “la categoría Alimentos exhibe una dinámica más moderada, aunque con una leve aceleración, con variaciones semanales que se ubican en un rango de entre 0,5%y 0,8%”.

La categoría Prendas de vestir y calzado marcó deflación en enero de 2026, en medio de cuestionamientos del Gobierno a la industria textil. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.

Señalaron además que "la combinación de ajustes tarifarios y la persistencia de aumentos en alimentos continúa ejerciendo presión sobre el nivel general de precios durante febrero".

Analytica, en tanto, tiene como proyección preliminar para el IPC de febrero un 2,2%, bastante por debajo de 2,9% de enero. Equilibra reestimó su número para este mes y ahora espera un 2,3%.

En enero, los diez alimentos que más aumentaron de precio respecto de diciembre fueron el Tomate redondo 92,6%; la Naranja 30,1%; la Papa 29,6%; la Lechuga 21,1%; la Manzana deliciosa 18,6%; el Filet de merluza fresco 12,8%; el Pollo entero 8,9%; las Hamburguesas congeladas 6%; el Jamón cocido 5,9%; las Galletitas de agua envasadas 5,7%.

Por encima de la inflación general, subieron también el asado 5,6%; el zapallo anco, 4,9%; la manteca, 4,6%; la leche en polvo entera, 4,3%; el aceite de girasol, 3,9%; las arvejas secas remojadas, 3,7%; las galletitas dulces envasadas sin relleno, 3,6%; el salame, 3,4%, el cuadril, 3,3%; la nalga, 3,3%; la carne picada común, 3,1% y el queso sardo, 3%.

En enero también hubo un grupo de alimentos medidos por INDEC que anotaron deflación. Fueron: harina de trigo común 000 un -0,4%; Cebolla un -0,6%; Batata un -2,1%; Huevos de gallina un -2,4%; Banana un -8,2%.

La inflación de enero de 2026 en la Argentina fue del 2,9%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El primer dato del año otorgado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) se conoce bajo cuestionamientos tras la renuncia de Marco Lavagna a la dirección del organismo estadístico por la decisión del Gobierno de suspender la puesta en marcha de la nueva medición que tendría que haberse comenzado a aplicar desde este mes.

En su lugar fue designado el segundo en la estructura, Pedro Lines, oficializado mediante el decreto 91/2026 del Boletín Oficial, siendo el de este martes su primer informe en el cargo, con la continuidad de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) de 2004/05.

Así, de acuerdo a los valores dados a conocer por el INDEC para enero de 2026, la inflación mensual se ubicó por encima del umbral de dos puntos porcentuales por quinto período consecutivo.

El año pasado había cerrado con una senda ascendente en el segundo semestre del año tras haber alcanzado en mayo (1,5%) un piso a valores del 2020. En julio y agosto se dieron registros del 1,9%, luego septiembre y octubre marcaron 2,1% y 2,3%, respectivamente, noviembre llevó la cifra a 2,5% y diciembre alcanzó a 2,8%.

En la comparación interanual, el IPC de enero fue del 32,4%, registrando un principio de rebote tras las bajas que se fueron registrando por arrastre mes a mes a lo largo del año. En mayo había sido del 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre, 31,4% en noviembre y 31,5% en diciembre.

La discusión se da, además, con una misión del FMI en Buenos Aires para monitorear metas del programa por US$ 20.000 millones y con un desembolso de US$ 1.000 millones en juego. Se estima que no habrá sobresaltos por el frente fiscal y el foco estará puesto en la dinámica de reservas, pero la credibilidad estadística se impuso porque el nuevo IPC era una recomendación del Fondo —con asistencia técnica incluida— y el Gobierno había asentado el compromiso de publicarlo a fines de 2025.

En el informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desmenuzó las mediciones por categorías, donde los precios Estacionales (5,7%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Regulados (2,4%).

En la segmentación por rubros, la división con mayor aumento en el mes fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que marcó 4,7%, principalmente por las subas en Carnes y derivados y Verduras, tubérculos y legumbres.

Variación de las 12 divisiones del IPC en enero del 2026, según INDEC.

Por arriba del promedio nacional estuvieron también las divisiones de Restaurantes y Hotel marcando un incremento de 4,1%; luego le siguió Comunicación con 3,6%; y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros con 3%.

Las divisiones que registraron variaciones menores a las del promedio nacional fueron Bienes y Servicios varios con 2,7%; Salud 2,3%; Transporte y Equipamiento y mantenimiento del hogar ambos 1,8%; Bebidas alcohólicas y Tabaco con 1,5%; Recreación y Cultura con 1%; Educación 0,6%.

La categoría Prendas de vestir y calzado marcó deflación en enero de 2026, en medio de cuestionamientos del Gobierno a la industria textil. Foto: Archivo / Manuel Fabatía.

En tanto llamativo fue que el rubro Prendas de vestir y calzado marcó deflación del -0,5%, en medio de las discusiones sobre la industria textil tras los cuestionamientos del ministro de Economía Luis Caputo por el precio de la indumentaria local ante la controversia por la apertura comercial.

Además, el organismo detalló las variaciones mensuales dividido por regiones de la Argentina.

La región Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,8%). Le siguieron Cuyo marcando 3%.

En la misma línea del promedio nacional se ubicó la región Pampeana y la Patagonia con 2,9%. Por detrás de la media estuvieron el Noroeste y el Gran Buenos Aires marcando 2,8%, respectivamente

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a aportar al igual que noviembre y diciembre la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

La inflación de diciembre en la Argentina fue del 2,8%, de acuerdo a los datos informados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un total de 31,5% en todo el 2025, registrando la cifra más baja de los últimos ocho años, cuando arrojó 24,8% en 2017.

Con los valores registrados en el duodécimo mes del año, por cuarto período consecutivo la inflación mensual se ubicó por encima del umbral de dos puntos porcentuales, manteniendo una leve senda ascendente en el segundo semestre del año.

Tras haber registrado una desaceleración en mayo (1,5%) marcando un piso a valores del 2020, julio y agosto tuvieron registros del 1,9%, luego septiembre y octubre marcaron 2,1% y 2,3% respectivamente y noviembre llevó la cifra a 2,5%. Al principio de año, en tanto, el índice había sido en enero 2,2%, febrero 2,4%, marzo 3,7%, abril 2,8%, mayo 1,5%.

En la comparación interanual, el IPC de diciembre fue del 31,5%, sosteniendo las bajas que se fueron registrando por arrastre mes a mes a lo largo del año. En enero la medición de esta variable fue de 84,5%, continuó en febrero con 66,9%, siguió en marzo 55,9%, en abril 47,3%, en mayo 43,5%, en junio 39,4%, julio 36,6%, agosto 33,6%, 31,8% en septiembre, 31,3% en octubre y 31,4% en noviembre.

Como es habitual, en el informe, el Instituto Nacional de Estadística y Censos desmenuzó las mediciones por categorías, donde los precios Regulados (3,3%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (3,0%) y Estacionales (0,6%).

En la segmentación por rubros, fue Transporte la división que registró mayor incremento (4%) impulsado principalmente por aumentos en tarifas y combustibles.

Variación de las 12 divisiones del IPC en diciembre.

Por arriba del promedio nacional estuvieron las divisiones de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros marcando un incremento del 3,4%; luego le siguió Comunicación con 3,3%, Restaurantes y Hotel con 3,2% y Alimentos y Bebidas no alcohólicas con 3,1%.

Las divisiones que registraron las menores variaciones en diciembre fueron Bebidas alcohólicas y Tabaco con 2,8%; Bienes y Servicios varios con 2,6%; Recreación y Cultura con 2,5%; Salud con 2,1%; Equipamiento y mantenimiento del hogar 2%; Prendas de vestir y calzado 1,1% y Educación 0,4%.

Además, el organismo detalló las variaciones mensuales en cada región de la Argentina.

Variaciones de las divisiones por región en la última medición del 2025.

La región Noreste fue la región de mayor suba mensual (3,4%). Le siguieron Cuyo marcando 3% y luego la región Pampeana con 2,9%.

En la misma línea del promedio nacional se ubicó el Gran Buenos Aires registrando un 2,8%. En tanto que estuvieron por debajo de la media el Noroeste y la región Pampeana marcando 2,6%, respectivamente

La división Alimentos y bebidas no alcohólicas volvió a aportar al igual que noviembre la mayor incidencia sobre la suba mensual en todas las regiones del país.

 La Secretaría de Energía estableció los valores mínimos de adquisición del bioetanol y el biodiesel destinados a la mezcla obligatoria con combustibles fósiles que rigen a partir de enero de 2026.

De acuerdo con la Resolución 611/2025 publicada este viernes en el Boletín Oficial, el precio mínimo del bioetanol elaborado a base de caña de azúcar es de $ 976,457 por litro. En el caso del bioetanol la base de maíz el valor se fijó en $ 894,949 por litro.

Estos montos rigen para las operaciones del mes de enero y se mantendrán hasta la publicación de nuevos valores. El plazo de pago para estos productos no podrá exceder los 30 días corridos desde la facturación.

La normativa permite realizar ajustes excepcionales en estos precios cuando se detecten desfasajes entre los costos de elaboración y los valores resultantes, o si se producen distorsiones en los precios de los combustibles fósiles para el consumidor.

Por otro lado, la Resolución 612/2025 determinó que el precio del biodiesel destinado a la mezcla con gasoil es de $ 1.797.881 por tonelada para enero.

Para este combustible, el plazo de pago es de un máximo de 7 días corridos a partir de la fecha de la factura. La misma resolución restableció el porcentaje obligatorio de mezcla de biodiesel en gasoil en un 7,5% en volumen.__IP__

Previamente, este corte se había reducido al 7% para mitigar el impacto del precio del aceite de soja en el costo del combustible en surtidor. Al normalizarse el efecto sobre los insumos, la autoridad de aplicación decidió retomar el porcentaje anterior.

El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Economía, oficializó este lunes una nueva actualización del precio del biodiesel. Según la Resolución 422/2025 publicada en el Boletín Oficial, el valor de adquisición del biocombustible destinado a su mezcla obligatoria con gasoil será de $1.590.832 por tonelada.

La medida, firmada por la secretaria de Energía María Carmen Tettamanti, entrará en vigencia a partir de su publicación y regirá hasta que un nuevo precio lo reemplace.

Se trata de una decisión que impacta directamente sobre el costo de los combustibles líquidos, ya que el biodiesel forma parte del porcentaje obligatorio que las petroleras deben incorporar al gasoil que se comercializa en todo el país.

Un nuevo ajuste en línea con el mercadoEl valor anterior había sido fijado a comienzos de octubre mediante la Resolución 385/2025, que establecía un precio provisorio hasta tanto se definiera una nueva actualización.

Según explica la Secretaría de Energía en los considerandos de la norma, “las actuales condiciones del mercado del biodiesel ameritan la determinación de un nuevo precio”, de acuerdo con el procedimiento aprobado en 2023 por la Resolución 963/23.

Ese procedimiento define la metodología de cálculo para establecer los valores de referencia del biodiesel utilizado en la mezcla con gasoil. Toma en cuenta variables como los costos de elaboración, transporte y el precio del producto puesto en planta de producción, garantizando una rentabilidad determinada para los productores.

Con la nueva resolución, el Gobierno busca dar previsibilidad al sector, que en los últimos meses había reclamado una actualización por el incremento de los costos productivos y la variación de los precios internacionales de los insumos.

Qué dice la normaLa Resolución 422/2025, dictada por la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía, establece tres puntos centrales:

Precio actualizado: el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil tendrá un valor de $1.590.832 por tonelada.

Plazo de pago: las operaciones deberán abonarse en un máximo de siete días corridos a partir de la fecha de la factura.

El documento cita como fundamento la Ley 27.640, que aprobó el Marco Regulatorio de Biocombustibles y designó a la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación.

Esta ley establece que el organismo debe determinar y publicar, con la periodicidad que considere necesaria, los precios a los cuales debe realizarse la comercialización de los biocombustibles destinados a mezclarse con combustibles fósiles.

De acuerdo con el inciso i) del artículo 3° de dicha norma, la Secretaría tiene la obligación de fijar los precios de referencia considerando la evolución de la economía y los costos asociados a la producción.

En ese sentido, la resolución reciente se enmarca en las facultades conferidas por la legislación vigente y responde a las condiciones actuales del mercado.

Contexto y antecedentesEl programa de mezcla obligatoria de biodiesel con gasoil tiene como objetivo promover el uso de combustibles más limpios, reducir la dependencia del petróleo y fortalecer a la industria de biocombustibles, especialmente en las provincias del interior donde se concentra la producción de soja, principal materia prima del biodiesel argentino.

Argentina cuenta con una amplia red de plantas elaboradoras distribuidas principalmente en Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, que abastecen tanto al mercado interno como a la exportación.

Las empresas del sector habían advertido que los costos de producción venían aumentando significativamente por la suba del aceite vegetal, los servicios y el transporte, lo que hacía necesario un nuevo valor de referencia para evitar desfasajes.

En los últimos años, el Gobierno adoptó un esquema de actualización periódica de precios para los biocombustibles, con el propósito de sostener la actividad de las pymes del rubro y mantener la competitividad frente a los combustibles fósiles.

El biodiesel se mezcla actualmente en una proporción del 7,5% con el gasoil que se expende en las estaciones de servicio del país.

Impacto y perspectivasLa actualización del precio del biodiesel podría tener efectos indirectos sobre el valor final del gasoil, ya que las petroleras trasladan parte de esos costos al consumidor.

Sin embargo, fuentes del sector estiman que el impacto inmediato sería limitado, dado que el componente de biocombustible representa una fracción menor dentro del precio total del litro en surtidor.

Desde la Secretaría de Energía destacaron que el ajuste “busca equilibrar los costos de producción con la rentabilidad esperada por los elaboradores”, en línea con el objetivo de garantizar la continuidad del programa de biocombustibles y la seguridad del abastecimiento.

El nuevo esquema de precios continuará vigente hasta que la cartera económica disponga otra actualización, que podría darse en función de la evolución de los costos del sector o de la situación macroeconómica general.