Cuando Jean Bodin la definió en 1576 como el “el poder absoluto y perpetuo de una República”, es decir, la capacidad de decisión sobre un territorio y su población; o cuando la Paz de Westfalia de 1648 consagró que ningún poder externo puede intervenir en los asuntos internos de un Estado, nadie pensaba en litio, en centros de datos ni en modelos de lenguaje. Y sin embargo pocas categorías políticas resultan hoy tan vigentes. La Cuarta Revolución Industrial (Schwab, 2016) está reescribiendo qué cuenta como recurso estratégico, y con ello qué significa ser un país soberano en el siglo XXI. La discusión actual sobre Inteligencia Artificial no inaugura el debate sobre soberanía tecnológica, lo resignifica.

La soberanía nunca fue solamente una cuestión jurídica. Siempre tuvo una dimensión material. Es soberano quien posee alguna capacidad efectiva para tomar decisiones y sostenerlas. Un país puede tener bandera, Constitución, territorio y representación internacional, pero si no controla su energía, sus recursos estratégicos, sus sistemas de comunicación, sus capacidades industriales o sus infraestructuras fundamentales que le permitan desarrollarse en el orden mundial vigente, su autonomía puede convertirse progresivamente en una ficción.

Durante el siglo XX, la soberanía estuvo estrechamente asociada al control de recursos como el petróleo, el gas, los minerales, los alimentos y las rutas comerciales. En el siglo XXI esos recursos siguen siendo fundamentales pero se les suma una nueva capa: datos, capacidad de cómputo, semiconductores, software, telecomunicaciones y sistemas de Inteligencia Artificial. Esto no significa que los viejos recursos hayan perdido importancia. Al contrario: significa que han adquirido nuevos usos estratégicos.

La transición tecnológica está generando una competencia mundial por aquello que permite alimentar la infraestructura digital. Estados Unidos y China protagonizan la rivalidad más visible en materia de chips, Inteligencia Artificial y capacidad de cómputo. Pero la competencia involucra a muchas otras regiones. Taiwán ocupa una posición decisiva en la fabricación avanzada de semiconductores. Europa intenta reducir sus dependencias tecnológicas a través de regulación e inversión industrial. India busca fortalecer sus capacidades digitales. Los países productores de minerales críticos adquieren una importancia geoeconómica creciente.

Vili Lehdonvirta, en el trabajo Cloud Empires: How Digital Platforms Are Overtaking the State and How We Can Regain Control (MIT Press, 2022), llama la atención sobre una desigualdad fundamental: la concentración geográfica de la capacidad de cómputo avanzada. Plantea que una parte importante del planeta corre el riesgo de convertirse en un “desierto de cómputo”, es decir, en una región capaz de consumir Inteligencia Artificial pero sin infraestructura suficiente para desarrollarla en condiciones de autonomía.

Aquí aparece una nueva definición posible de la soberanía. Ya no alcanza con preguntar quién posee los recursos. Hay que preguntar quién puede transformarlos, quién controla la infraestructura, quién posee la tecnología para convertir una materia prima en conocimiento, quién administra los datos y quién obtiene finalmente la renta económica.

Un país que exporta litio pero importa las tecnologías construidas con ese litio puede conservar la propiedad jurídica de un recurso y, al mismo tiempo, ocupar una posición subordinada en la cadena de valor. Lo mismo ocurre con el talento. Un país puede formar excelentes programadores que trabajen a distancia para empresas extranjeras generando ingresos para sus habitantes pero sin que esa capacidad se traduzca necesariamente en empresas nacionales, infraestructura propia, patentes, investigación o capacidades estatales.

La inserción internacional no es, por lo tanto, un problema de apertura o cierre. La cuestión es más compleja: en qué parte de la cadena de valor decide ubicarse un país.

Sería ingenuo suponer que, porque las formas cambiaron, desaparecieron las relaciones de dependencia. Autores como Nick Couldry y Ulises A. Mejias, en su trabajo The Costs of Connection (Stanford University Press, 2019) han desarrollado el concepto de “colonialismo de datos” para describir la expansión de relaciones de apropiación sobre la información producida por la vida social. Kate Crawford, en The Atlas of AI: Power, Politics, and the Planetary Costs of Artificial Intelligence (Yale University Press, 2021), muestra cómo la IA depende de cadenas extractivas de minerales, energía, datos y trabajo. Karen Hao, en Empire of AI: Dreams and Nightmares in Sam Altman's OpenAI (2025), ha popularizado recientemente la idea de una nueva frontera imperial de la Inteligencia Artificial, donde grandes empresas tecnológicas extienden su poder sobre territorios, recursos y poblaciones de distintas partes del mundo.

La cuestión no consiste en afirmar que toda inversión extranjera es colonialismo ni que toda tecnología desarrollada fuera de las fronteras nacionales constituye una amenaza. El problema aparece cuando una relación de dependencia se vuelve estructural y no existen capacidades propias para negociar.

La diferencia es decisiva. Un país puede recibir inversión extranjera en condiciones de fortaleza relativa, estableciendo requisitos de transferencia tecnológica, asociación con universidades, contratación de proveedores locales, desarrollo de capacidades nacionales y protección de recursos estratégicos; o puede limitarse a ofrecer recursos baratos -energía, agua, minerales, territorio, datos y trabajo calificado- para que el mayor valor agregado se produzca en otro lugar.

La soberanía, en este sentido, no significa autarquía. Ningún país moderno produce por sí solo todos los componentes de un sistema de Inteligencia Artificial. La soberanía consiste más bien en poseer capacidades suficientes para que la interdependencia no se convierta en dependencia absoluta.

Argentina llega a esta transformación con una combinación particularmente interesante de recursos y capacidades.

Posee importantes recursos minerales, entre ellos litio y cobre, que resultan estratégicos para la transición energética y tecnológica (CEPAL, 2022). Tiene capacidad industrial, agua dulce, recursos energéticos y un extenso territorio. En determinadas regiones cuenta además con condiciones climáticas relevantes para la instalación de infraestructura tecnológica aunque ningún recurso natural, por sí mismo, garantiza desarrollo.

Argentina posee, sin embargo, otra ventaja menos visible: capital humano. Tiene una larga tradición en educación universitaria, investigación científica, ingeniería, informática y desarrollo tecnológico. Su ecosistema de programadores y profesionales de software constituye una fuente real de capacidades. El problema es que ese talento puede seguir dos caminos muy diferentes. Puede convertirse en la base de una economía nacional de alto valor agregado o transformarse en una suerte de “minería a cielo abierto del talento”, profesionales formados localmente cuya capacidad productiva es capturada principalmente por empresas y economías externas.

La exportación de servicios tecnológicos puede ser positiva pero no debería ser el único horizonte. Un proyecto de soberanía tecnológica, del que vienen dando cuenta la literatura latinoamericana de CEPAL y la UNCTAD, exige preguntarse cómo transformar talento individual en capacidad colectiva: empresas, centros de investigación, infraestructura pública, modelos propios, sistemas de cómputo, desarrollo de software estratégico y aplicaciones destinadas a resolver problemas nacionales.

La Inteligencia Artificial ofrece aquí una oportunidad. Argentina no está en condiciones de competir inmediatamente con Estados Unidos o China en todos los segmentos de la frontera tecnológica pero tampoco necesita hacerlo. Puede desarrollar capacidades especializadas en sectores donde ya posee conocimiento: agroindustria, salud, energía, industria nuclear, satélites, logística, biotecnología, educación y clima, por enumerar algunos.

La pregunta más importante es: ¿qué capacidades tecnológicas necesita Argentina que aporten a resolver sus propios problemas y para participar con mayor autonomía en la economía mundial?

Si la IA será una tecnología cada vez más intensiva en energía, la política energética se convierte también en política tecnológica.

Esto vuelve especialmente relevante la discusión sobre las capacidades científicas y tecnológicas acumuladas por la Argentina, que posee una historia singular en materia nuclear. Desde la creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica en 1950 (Decreto 10.936/50, 31 de mayo de 1950) y el desarrollo posterior de reactores, centros de investigación, producción de radioisótopos y centrales nucleares, Argentina construyó un entramado de conocimiento que no surgió espontáneamente ni de la importación ocasional de tecnología. Fue el resultado de décadas de formación de científicos, técnicos e ingenieros y de una política estatal de largo plazo. El propio informe nacional argentino sobre seguridad nuclear destaca que el reactor RA-1, puesto en funcionamiento en 1958, fue el primer reactor de investigación construido en América Latina.

Ese ejemplo permite comprender algo fundamental: las capacidades estratégicas pueden tardar décadas en construirse y, sin embargo, pueden deteriorarse mucho más rápidamente. Una nación no conserva soberanía tecnológica simplemente porque alguna vez haya desarrollado una tecnología. Debe sostener universidades, laboratorios, salarios capaces de retener investigadores, programas de formación, empresas tecnológicas y proyectos de largo plazo. Cuando esos sistemas se debilitan, no sólo se pierden empleos o presupuestos, se pierde trayectoria institucional.

En la economía de la Inteligencia Artificial, esta cuestión será todavía más importante. La disponibilidad de energía puede atraer centros de datos, pero tener centros de datos no equivale automáticamente a poseer soberanía tecnológica. Es necesario preguntarse quién es dueño de la infraestructura, quién controla el hardware, dónde están los datos, qué legislación los protege, qué conocimiento queda en el país y qué capacidad local se desarrolla a partir de esas inversiones.

Argentina no tiene por qué elegir entre dos extremos: aislamiento tecnológico o subordinación. Existe una tercera posibilidad: la inserción soberana. 

Eso implica negociar inversiones pero negociar desde una estrategia nacional. Recibir capital extranjero pero exigir desarrollo local. Exportar recursos pero avanzar hacia su industrialización. Aprovechar el talento para exportar servicios pero construir también empresas y conocimiento propios. Utilizar plataformas globales pero desarrollar infraestructura pública y capacidades nacionales en áreas estratégicas.

La soberanía del siglo XXI no será la autosuficiencia absoluta. Será la capacidad de elegir las dependencias que un país acepta y aquellas que no.

Para Argentina, eso exige un plan que conecte recursos naturales, energía, ciencia y tecnología, industria y formación de recursos humanos. El litio sin industria puede ser extractivismo. El talento sin empresas nacionales puede ser dilapidación de trabajo calificado. La energía sin control de la infraestructura puede ser un subsidio territorial a la acumulación externa. Los datos sin jurisdicción propia pueden convertirse en una nueva forma de extractivismo.

Esos mismos elementos, articulados mediante una estrategia, pueden constituir una plataforma extraordinaria de desarrollo.

Quizás la mayor paradoja de nuestro tiempo sea que, en el momento de mayor sofisticación tecnológica de la historia, volvemos a discutir problemas aparentemente antiguos: quién controla el territorio, quién decide sobre los recursos, quién domina las rutas comerciales, quién posee la energía y quién tiene la capacidad de defender sus intereses.

Sólo que ahora las rutas comerciales también son cables submarinos y redes de datos. Las materias primas incluyen minerales críticos. Las fábricas son también centros de datos. Las fronteras atraviesan servidores. Y el poder militar, económico y cultural depende cada vez más de la capacidad de procesar información.

La soberanía no desapareció, sólo cambió de forma. En la era de la Inteligencia Artificial, un país soberano no será necesariamente aquel que produzca todo por sí mismo; será aquel que comprenda cuáles son las infraestructuras que sostienen su autonomía y sea capaz de defenderlas, desarrollarlas y ponerlas al servicio de un proyecto colectivo.

Argentina tiene recursos que el mundo necesita: agua, energía, minerales, territorio y conocimiento. Tiene una tradición científica y tecnológica que costó décadas construir. Tiene profesionales capaces de participar en la economía digital global. La cuestión es qué hará con todo eso.

La transición tecnológica mundial no espera. La Inteligencia Artificial está reorganizando la división internacional del trabajo mientras se escriben estas líneas. Algunos países construirán la infraestructura, diseñarán los sistemas y capturarán el mayor valor. Otros aportarán energía, minerales, territorio, datos y trabajadores. La discusión sobre la soberanía consiste, finalmente, en qué parte de esa ecuación quiere estar la Argentina.

No se trata de rechazar el mundo. Se trata de estar en él de forma estratégica.

Santa Fe busca consolidar su protagonismo dentro del comercio exterior argentino a partir de una combinación que reúne producción agroindustrial, infraestructura portuaria y una ubicación estratégica sobre la Hidrovía Paraná-Paraguay. El potencial de la provincia y las inversiones necesarias para ampliar su inserción internacional fueron algunos de los principales ejes analizados durante el Santa Fe Business Forum, realizado en Rosario.

Especialistas vinculados a las bolsas de comercio de Rosario y Santa Fe, junto con referentes del sector portuario, expusieron sobre las perspectivas de la actividad económica, las exportaciones y la logística. Uno de los puntos centrales fue la posibilidad de aprovechar la estructura productiva existente para incrementar el intercambio comercial y reducir los costos asociados al traslado de mercaderías.

Los números reflejan el peso que tiene Santa Fe en ese esquema. Las aduanas ubicadas en territorio provincial concentran alrededor del 9% del valor de las importaciones argentinas y cerca del 30% de las cantidades. Durante 2025 ingresaron a través de ellas aproximadamente US$6.300 millones y 8,7 millones de toneladas.

Ese movimiento no solo responde a la demanda santafesina. Parte de las mercaderías que ingresan por sus terminales tiene como destino otras regiones del país, lo que posiciona a la provincia como un nodo logístico de alcance nacional.

La relevancia es todavía mayor al analizar las ventas al exterior. Los productos originados en Santa Fe representan, en promedio, alrededor del 22% del valor exportado por la Argentina y el 27% de las toneladas.

Cuando se incorporan las mercaderías producidas en otras provincias que utilizan las aduanas santafesinas para llegar a mercados internacionales, la participación asciende a cerca del 38% en valor y supera el 50% en volumen.

La agroindustria ocupa un lugar central. Las manufacturas de origen agropecuario representan cerca del 80% de las exportaciones provinciales, una característica que ofrece oportunidades frente a mercados que demandan alimentos y productos derivados de la transformación de materias primas.

Otro aspecto favorable es la diversificación de los destinos. India concentra aproximadamente el 17% de las exportaciones santafesinas, mientras que Brasil, China y Vietnam también aparecen entre los principales compradores. La Unión Europea, considerada como bloque, representa alrededor del 12%.

En materia de importaciones, Paraguay se mantiene como uno de los principales países de origen, especialmente por el ingreso de soja destinada a la industria aceitera instalada en la provincia. También tienen una participación relevante Brasil, Estados Unidos y China.

El crecimiento del comercio exterior plantea un desafío asociado directamente a la infraestructura. Para una economía ubicada a gran distancia de algunos de los principales centros internacionales de consumo, reducir costos logísticos resulta fundamental para sostener y ampliar la competitividad.

En ese escenario, la Hidrovía Paraná-Paraguay ocupa un lugar estratégico. El corredor se extiende unos 3.400 kilómetros desde Puerto Cáceres, en Brasil, hasta Nueva Palmira, en Uruguay, y constituye una vía central para el movimiento de productos agroindustriales y otras cargas de la región.

Durante el Business Forum, Julio Calzada, director de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, destacó que existe margen para incrementar el volumen transportado a través de la vía navegable, especialmente ante la posibilidad de sumar nuevas cargas vinculadas con sectores como la minería.

El desarrollo alcanzado por el complejo portuario del Gran Rosario también fue señalado como una ventaja competitiva. Las inversiones realizadas durante las últimas décadas en dragado y balizamiento permitieron acompañar el aumento de la producción y ampliar la capacidad industrial y exportadora de la región.

A esa estructura se suma el ferrocarril. La futura licitación del Belgrano Cargas y del ramal San Martín aparece como una oportunidad para fortalecer la conexión entre las zonas productivas y los puertos, reducir costos y disminuir la cantidad de camiones que recorren largas distancias por las rutas.

El Puerto de Rosario también mostró indicadores de crecimiento. Según se expuso durante el encuentro, Terminal Puerto Rosario incrementó un 40% el movimiento de contenedores y superó las 105.000 unidades durante este año.

El desempeño abre nuevas posibilidades para consolidar a Rosario como centro logístico y, al mismo tiempo, incorporar cargas provenientes de actividades que están ganando participación en la economía argentina.

Uno de esos sectores es la minería. Aunque Santa Fe no cuenta con producción minera de gran escala, su entramado industrial tiene capacidad para incorporarse a esa cadena de valor mediante empresas de metalmecánica, autopartes, biotecnología y otros servicios especializados.

La misma lógica se extiende al petróleo y al gas. El crecimiento de proyectos energéticos en otras provincias genera oportunidades para compañías santafesinas que pueden convertirse en proveedoras de equipamiento, tecnología y servicios.

El Santa Fe Business Forum dejó así planteado un escenario en el que la provincia cuenta con activos relevantes para profundizar su integración con los mercados internacionales. Su entramado agroindustrial, la concentración de terminales sobre el Paraná y la participación de sus aduanas en el movimiento nacional constituyen una plataforma para continuar expandiendo el comercio exterior.

El próximo paso estará vinculado con la capacidad de acompañar ese potencial mediante inversiones en puertos, vías navegables, ferrocarriles y conexiones logísticas. La mejora de esas condiciones permitiría reducir costos, ampliar volúmenes y facilitar el acceso de nuevos sectores productivos a los mercados internacionales.

En ese esquema, Santa Fe no solo aparece como una de las principales provincias exportadoras del país, sino también como una plataforma logística para la producción argentina, con posibilidades de ampliar su participación a medida que avance la infraestructura necesaria para conectar de manera más eficiente al interior productivo con el mundo.

La producción granaria argentina enfrenta el desafío entre bajos precios internacionales, tipo de cambio y retenciones altas que amenazan con llevar al quebranto las presentes campañas de soja y maíz, en especial cuando el productor trabaja en campo alquilado (el 80% de quien siembra en la región núcleo opera en ese modo) o está lejos de los puertos para procesar o exportar granos y subproductos.

"Infraestructura de transporte deficiente; estancamiento de la producción; dificultades para profundizar encadenamientos productivos; baja adopción de herramientas de cobertura del riesgo precio y distancia a los principales centros de consumo global", son las razones por las cuales la Argentina pierde competitividad según un informe de Guido D'Angelo, Bruno Ferrari y Emilce Terré poara la Bolsa de Comercio de Rosario.

En particular en el capítulo de "Infraestructura de transporte deficiente", los autores detallan que "el sistema vial argentino consiste en 640.000 km de rutas y caminos. De estos, 400.000 kilómetros son caminos municipales, mayormente sin pavimentar", por donde "salen" las cosechas hacia las rutas troncales. "Sin embargo, pensando en la logística entre jurisdicciones, entre la red vial provincial y nacional nos encontramos con 240.000 km: 40.000 nacionales y 200.000 provinciales. De los caminos provinciales, la mitad son de tierra, 20% de ripio y apenas 30% está pavimentado. De los caminos nacionales, 40.000 kilómetros en total, 33.000 están pavimentados, pero son rutas con calzada simple, y sólo 3.300 km están cubiertos por autovías y autopistas (Consejo Vial Federal, 2024). Las autovías y autopistas sólo cubren el 8% de la Red Vial Nacional".

La Ruta Nacional 11, uno de los ejemplos en el territorio santafesino.

El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, apuntó al gobierno central por la falta de una solución al problema., "Dijeron que iban a avanzar en la cesión de la RNA012 a la provincia y no lo quieren hacer", puso como ejemplo. En la lista están los pedidos con respuesta negativa de la cesión a Santa Fe de las rutas nacionales 11 ó 33, entre otras. Explicó que "hay 2685 km de rutas nacionales" echados "a la buena de Dios", al tiempo que reconoció que -si bien hay un plan para mantener la red vial santafesina- las rutas provinciales "son más castigadas" por la llegada de entre 1,8 y 2,2 millones de camiones que por año tienen por destino los puertos agroindustriales del sur santafesino.

Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la Provincia de Santa Fe. Crédito: Luis Cetraro.

El gobierno central se llevaría este año unos US$8165 millones en retenciones; el 61,5% de la renta agrícola son impuestos (la mayoría nacionales y no se coparticipan); el gobierno central no mantiene las rutas y la productividad se resiente por falta de logística en medio de una rentabilidad jaqueada por dólar, precios y carga fiscal.

El análisis de la BCR señala que otros países han crecido en su área cosechada mientras la Argentina recortó márgenes, deterioró y deterioró la ya deficiente infraestructura. "Tanto el menor crecimiento de rindes, así como de superficie sembrada explican cómo la producción conjunta de Argentina de soja, maíz y trigo ha crecido 79% entre las campañas 2023/24 y 2002/03, mientras la producción del Brasil se elevó 185%".

"Es importante destacar que, Argentina aún podría incorporar 6,5 millones de hectáreas adicionales a la producción agrícola respetando la Ley de Bosques Nativos vigente en el país (Bisang & Felici, 2024). De esta manera, se colaboraría aún más en que la dinámica productiva venidera provenga de sistemas sustentables", dicen los especialistas de la BCR. Pero sin infrestructura para sacar la producción -más allá de la rentabilidad negativa presente- no habrá crecimiento de inversiones productivas en el país.

Se estrangula el ingreso de divisas

Según el reporte de los especialistas de la BCR, "un conjunto de factores microeconómicos y macroeconómicos han limitado el crecimiento de la productividad agrícola en Argentina, lo que redunda en menor ingreso disponible para los productores, recortando sus márgenes y su potencial para realizar inversiones e incorporar mejores paquetes tecnológicos a sus planteos productivos (Ferrari, D'Angelo, & Calzada, 2024).

"Si bien los rendimientos productivos argentinos han mostrado un marcado crecimiento en muchos cultivos, éste es mucho menor al aumento que se observa en otros grandes productores agrícolas, como Brasil. De esta manera, el incremento en la productividad argentina ha quedado rezagada con relación a sus principales competidores durante los últimos años".

Los analistas añaden que "al recortarse los márgenes por factores como los derechos de exportación y la brecha cambiaria, también se limita la posibilidad de fertilizar en la cantidad necesaria como para reponer nutrientes en los suelos argentinos. Para dejar en cero el balance de extracción de nutrientes de los suelos, ya en 2019 se advertía que se debe triplicar el consumo de fertilizantes. En otras palabras, se está reponiendo un tercio de los nutrientes que se llevan anualmente las cosechas (Darwich, 2019).

"Además de un alza superior de los rindes por parte de otros grandes productores agrícolas, Argentina también se ha ve rezagada en términos de crecimiento de área cosechada. En este sentido, desde principios de siglo el área cosechada en Argentina ha crecido más de un 50%. Sin embargo, el área en Brasil ha crecido más de un 150% desde inicios del 2000."

En la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe presentaron la Estrategia de Financiamiento para el Desarrollo de Infraestructura, una iniciativa que conectará el ahorro privado con obras de infraestructura esenciales, fortaleciendo la competitividad y el crecimiento de la región.

La estrategia, financiada mediante un bono de $ 50.000millones emitido a través del Banco de Santa Fe y el Mercado Argentino de Valores (MAV), responde a la necesidad histórica de mejorar los accesos a las terminales portuarias. Este plan incluye obras clave como el desvío de tránsito pesado en Timbúes, el Camino del Mozo, el tercer carril de la autopista a Santa Fe y el refuerzo de la pavimentación en la RP Nº 25.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, destacó la importancia de esta articulación público-privada: “El tiempo es un bien escaso, y es fundamental asignarlo a escuchar y coordinar esfuerzos conjuntos. Este proyecto muestra que, al integrar actores estratégicos como el Banco de Santa Fe y la Bolsa de Comercio, es posible superar obstáculos y avanzar en una infraestructura competitiva que permita operar con menores costos logísticos”.

El presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simioni, expresó su agradecimiento al Gobierno provincial por elegir a la BCR como sede para este lanzamiento. “En esta casa se identificaron junto al gobierno las obras de transporte de carga vial necesarias en el corto plazo. Esta articulación con el sector industrial y usuarios es una muestra de madurez en la colaboración público-privada”, señaló.

Por su parte, el titular del Mercado Argentino de Valores, Alberto Curado, resaltó la importancia del financiamiento a través del mercado de capitales, canalizando el ahorro hacia obras que mejoran la calidad de vida de los santafesinos. “Hoy estamos logrando esa articulación público-privada tan mencionada en campaña. Este es solo el primer paso de un camino largo y exitoso que mejorará la competitividad y servirá como ejemplo para otras provincias”, comentó.

Este anuncio consolida a la Bolsa de Comercio de Rosario como un actor estratégico en el impulso de proyectos que canalizan inversión privada hacia el desarrollo de infraestructura pública en Santa Fe, en beneficio de la región y su competitividad en el mercado global.

Demoras en el gobierno central para transferir efectivamente tramos de rutas nacionales a las provincias, expectativas por la promesa nacional de tener los pliegos para licitar la hidrovía hacia fin de año e incertidumbre por el proyecto de ley de biocombustibles, fueron los tres temas salientes en la antesala de la X Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad.

El evento impulsado por la Región Centro procura continuar la planificación de la infraestructura estratégica de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. Maximiliano Pullaro presidió la apertura de la jornada, a la que no asistieron sus pares de Córdoba, Martín Llaryora y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

"Ayer el gobierno nacional nos daba el aval para la continuidad del segundo y tercer tramo" del acueducto biprovincial de Santa Fe y Córdoba, señaló Pullaro, quien recordó que se trata de "una política pública" que impulsaron el ex gobernador Perotti (presente en la Bolsa rosarina) y Llaryora.

Tras la reunión del gobernador y tres de sus ministros con Luis Caputo, el gobierno central confirma el aval al modelo de Acuerdo de Garantía que firmará la Argentina con el Fondo Saudita para el Desarrollo (SFD), así como los modelos de contrato de contragarantía a ser suscriptos por la Nación y los gobiernos de las provincias de Santa Fe y de Córdoba para tender un tramo del acueducto bi provincial.

El mandatario santafesino volvió a resaltar el "trabajo mancomunado" de los gobiernos de las tres provincias, y el aporte del "diseño institucional del sector privado" para políticas públicas, en clara referencia al trabajo de las Bolsas de Comercio de Rosario y Santa Fe.

Miguel Simioni, titular de la Bolsa rosarina, destacó por su parte los "acuerdos que nos permiten desarrollar una agenda común" y en especial el "financiamiento" con recursos locales a través del mercado de capitales, en primer término para las obras de accesos a los puertos del Gran Rosario.

Martín Vigo Lamas, titular de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, también estaba presente en el encuentro. La entidad santafesina aún espera que el aporte institucional al diseño de la infraestructura tenga impacto productivo en el centro norte santafesino, como ya se verifica en la zona sur de la provincia con los accesos a los puertos, el tercer carril de la autopista y la avenida que une el centro de Rosario con el aeropuerto de Fisherton.

En esa lista de la propuesta capitalina está el puente Santa Fe-Paraná, de especial interés por parte de Claudia Giaccone, subsecretaria de la Región Centro por Santa Fe y enlace ante los funcionarios de organismos multilaterales que participan de la jornada.

Por otra parte, en la lista de interés santafesino están el nodo de intercambio entre la circunvalación y calle Mendoza, que facilitaría la cabecera del proyectado puente de Vialidad Nacional a Santo Tomé con posibilidad de tránsito de cargas, además de un acceso urbano santotomesino más ágil a los efectores de salud en la capital provincial. Eso y un desarrollo urbano equitativo del oeste urbano, una de las zonas más postergadas de la ciudad.

El ministro de la Producción de Santa Fe, Gustavo Puccini, comentó a El Litoral que ha planteado el tema del dragado del acceso al puerto santafesino, aunque reconoció dificultades en esa línea y señaló el hermetismo con el que el gobierno central se encamina a definir el diseño de los pliegos de dragado y balizamiento de la Vía Navegable Troncal por 30 años.

Puccini reconoció además que la decisión desregulación de Federico Sturzenegger, respecto de la ley de cabotaje, podría agilizar el uso de puertos fluviales de Santa Fe al norte.

Durante la jornada, representantes del gobierno santafesino y de sus pares de Córdoba y Entre Ríos, entidades empresariales y organismos internacionales abordan las principales obras de infraestructura necesaria y los mecanismos de financiamiento para impulsar el crecimiento regional.

Del encuentro participan funcionarios de las tres provincias, así como representantes del sector empresarial y financiero, incluyendo especialistas del Banco Mundial, BID y FONPLATA.

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede de la X Jornada de Desarrollo Productivo y Competitividad, un evento impulsado por la Región Centro que será clave para debatir y planificar la infraestructura estratégica de las provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos. La actividad se llevará a cabo el viernes 4 de octubre de 2024 a las 14.30 en el auditorio de la BCR (Paraguay 777, Rosario).

Durante esta jornada, representantes del gobierno, entidades empresariales y organismos internacionales abordarán las principales obras de infraestructura necesaria y los mecanismos de financiamiento para impulsar el crecimiento regional.

El encuentro contará con la presencia de los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe), junto con Miguel Simioni, presidente de la Bolsa de Comercio de Rosario. También participarán ministros provinciales y representantes del sector empresarial y financiero, incluyendo especialistas del Banco Mundial, BID, FONPLATA y de la Bolsa de Comercio.

A lo largo de los paneles que contempla la actividad se analizarán distintos aspectos y problemáticas relacionadas con obras de infraestructuras para el desarrollo, divididos en los siguientes ejes temáticos:

-Obras estratégicas de infraestructura priorizadas por el Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI) del Foro Empresario de la Región Centro, a cargo de representantes del Foro de las tres provincias.

-Desafíos productivos y la infraestructura estratégica necesaria en la Región Centro, con la participación de ministros de producción provinciales y del Subsecretario de Asuntos Americanos de la Cancillería Argentina, Mariano Vergara.

-Financiamiento nacional e internacional para infraestructura, a cargo de especialistas del Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

-Nuevas formas de financiar la obra pública en la Región Centro y sus desafíos, con la participación de funcionarios de las tres provincias.

Una vez finalizados los paneles temáticos, autoridades de las tres provincias firmarán el acta constitutiva de la Mesa Permanente de Infraestructura Región Centro.

En el Seminario 2024 de la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA), realizado en la Bolsa de Comercio de Rosario, Ignacio Mántaras, secretario de Agricultura y Ganadería de Santa Fe, expuso sobre los desafíos y prioridades productivas de la provincia, haciendo especial hincapié en la necesidad de una nueva matriz logística multimodal y en la importancia estratégica de la Hidrovía.

En un panel junto a sus pares de Córdoba, Marcos Blanda, y de Entre Ríos, Guillermo Bernaudo, Mántaras definió al desarrollo de la Hidrovía como un "tema central" para la provincia, destacando que este sistema ha sido un modelo de eficiencia que funcionó de manera inédita en el país. "Es un sistema virtuoso, que fue algo inédito, sin grandes intervenciones del Estado en cuanto a recursos y autofinanciado por las propias cargas", afirmó el secretario, aludiendo a la importancia de mantener y mejorar este sistema para optimizar la competitividad de la producción agroindustrial de la región.

El funcionario subrayó que uno de los objetivos estratégicos de la provincia de Santa Fe es la expansión del tramo de la Hidrovía desde Timbúes hacia el norte, en un intento de mejorar la infraestructura logística y reducir costos de transporte. "Buscamos agregarle competitividad a un sistema logístico que hay que modificarlo. Tenemos una matriz ineficiente, ya que solo el 1% de las cargas es por barcazas", advirtió Mántaras, destacando la subutilización de un recurso clave como es el transporte fluvial.

El secretario señaló que el predominio del transporte de cargas por camión está generando serios inconvenientes en la infraestructura vial de la provincia, que cuenta con un entramado de rutas nacionales, provinciales y municipales. "El predominio del flete por camión genera complicaciones en la infraestructura vial de una provincia que es atravesada por rutas nacionales, provinciales y municipales, que convergen y hoy se encuentran saturadas", explicó, haciendo énfasis en los problemas de congestión y desgaste en las principales arterias viales que atraviesan Santa Fe.

En este sentido, Mántaras reveló que actualmente se está desarrollando un debate con el gobierno nacional para que la provincia pueda obtener la potestad de gestionar sus rutas y avanzar en un proyecto integral de rediseño de la conectividad. "Estamos en un debate con Nación para tener la potestad de esas rutas y generar una nueva matriz logística. Entendemos que ese es el desafío, rediseñar la conectividad con una visión multimodal", concluyó, resaltando la urgencia de contar con una infraestructura logística que incorpore distintos medios de transporte, como el ferroviario y el fluvial, para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las cadenas productivas de la provincia.