Al cumplirse un año de la implementación del régimen de devolución de saldos a favor de Ingresos Brutos, entre abril de 2025 y marzo de 2026 se tramitaron casi 2.000 solicitudes que derivaron en reintegros por un total de $ 5.320 millones a contribuyentes santafesinos. La iniciativa forma parte del conjunto de políticas que impulsa el Gobierno de Santa Fe para aliviar la presión tributaria sobre el sector productivo.

Entre las medidas complementarias se destacan los créditos fiscales y la posibilidad de deducir del impuesto los sueldos de nuevos empleados y el costo de la energía eléctrica, entre otros beneficios previstos en la normativa vigente.

En respuesta al pedido del gobernador Maximiliano Pullaro de avanzar en un esquema de alivio fiscal, a comienzos de 2025 se puso en marcha el sistema de devolución de saldos a favor (SAF) del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Durante el primer año de aplicación, la Administración Provincial de Impuestos (API) devolvió exactamente $ 5.320.232.996 correspondientes a saldos a favor, a partir de 1.928 solicitudes gestionadas de manera online a través del sitio oficial del organismo.El ministro de Economía, Pablo Olivares, destacó: “La devolución de los SAF directamente al CBU del contribuyente fue una de las primeras medidas innovadoras que implementamos, y se fue complementando con otros beneficios impositivos en el marco de la agenda de reducción de impuestos que impulsa el Gobierno santafesino”.

El funcionario subrayó, además, el proceso de digitalización de la API, que permitió que el trámite se realice de manera íntegramente online, simplificando tiempos y requisitos administrativos.

Devoluciones interjurisdiccionales

En paralelo, la Provincia avanzó en un esquema inédito a nivel nacional: la devolución de saldos a favor de carácter interjurisdiccional.

En este marco, la API de Santa Fe y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires implementaron el Procedimiento de Imputación Recíproca Interjurisdiccional (PIRI), mediante la firma de un convenio bilateral.El mecanismo permite que contribuyentes radicados en la Ciudad de Buenos Aires soliciten la devolución de saldos a favor en Santa Fe, mientras que los contribuyentes santafesinos con créditos en CABA pueden gestionar el reintegro a través del sitio web de AGIP.

Durante el primer mes de implementación del PIRI se compensaron $ 170 millones entre ambas jurisdicciones, en respuesta a 61 solicitudes.

El subsecretario de Ingresos Públicos, Florencio Galíndez, señaló: “Fuimos dando respuesta a reclamos históricos de manera innovadora. Este camino nos permite consolidar una medida inédita en el país y marcar un rumbo para el trabajo conjunto con otras jurisdicciones”.

El acuerdo -el primero de estas características en Argentina- habilita a los contribuyentes a solicitar mensualmente la devolución de hasta $ 10 millones por saldos a favor de Ingresos Brutos y fija un tope de compensación mensual de $ 100 millones entre ambas jurisdicciones.

La presión fiscal sobre la cadena láctea argentina continúa consolidándose como uno de los principales factores que limitan su competitividad, tanto en el mercado interno como en el frente exportador.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios para el Progreso (CEPP), a pedido del Centro de la Industria Lechera (CIL), la carga tributaria promedio alcanza el 38% del precio final de los productos.

El estudio se inscribe en un contexto de elevada presión impositiva a nivel nacional, que pasó de representar cerca del 21% del Producto Bruto Interno en la década de 1990 a niveles cercanos al 40% en la actualidad. Si bien se registraron algunas reducciones puntuales, especialistas advierten que persisten tributos considerados distorsivos que impactan directamente sobre los costos de producción.

Entre ellos, se destacan Ingresos Brutos y el Impuesto a los Créditos y Débitos Bancarios, comúnmente conocido como “impuesto al cheque”, que incrementan la carga a lo largo de toda la cadena.Fuerte impacto en el mercado interno

En el mercado doméstico, los productos lácteos presentan una carga impositiva cercana al 38% del precio final, con variaciones menores según la categoría. Dentro de esta estructura, el IVA representa aproximadamente el 45% del total de impuestos, mientras que los tributos distorsivos —como Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque— concentran cerca del 25%.

El informe advierte además que, en escenarios donde predominan grandes empresas con mayores alícuotas, la carga fiscal puede escalar hasta el 42% en determinados productos.

En cuanto a la distribución de la recaudación, los impuestos nacionales concentran el 79% del total. Sin embargo, al considerar el esquema de coparticipación, el peso real de provincias y municipios se incrementa significativamente, alcanzando el 55% de los tributos efectivamente asignados.

Uno de los puntos más sensibles señalados por el estudio es la eliminación de los reintegros a la exportación para productos lácteos, actualmente fijados en 0%. Este mecanismo, contemplado en el Código Aduanero, tiene como objetivo devolver los impuestos internos abonados durante el proceso productivo para evitar distorsiones en los precios internacionales.

No obstante, desde 2024 el sector quedó excluido de este beneficio tras la suspensión y posterior eliminación del régimen, lo que impacta de lleno en su competitividad externa.

Según las estimaciones del CEPP, el reintegro teórico debería ubicarse entre el 5,5% y el 7% del valor exportado. Incluso, si se incorporan las contribuciones patronales, la carga total sobre exportaciones podría alcanzar entre el 9,8% y el 12,1%.

Dentro de esta estructura, Ingresos Brutos vuelve a aparecer como el tributo de mayor incidencia, seguido por el impuesto al cheque. Además, cerca del 60% de la carga impositiva considerada para estos cálculos corresponde a tributos subnacionales.

Frente a este escenario, el informe propone una serie de medidas orientadas a mejorar la competitividad del sector lácteo.

En materia de exportaciones, plantea restablecer un esquema de reintegros basado en la carga tributaria efectiva, con el objetivo de equiparar condiciones frente a competidores internacionales.

Para el mercado interno, recomienda avanzar en la reducción o eliminación de impuestos distorsivos que encarecen el precio final, especialmente Ingresos Brutos, tasas municipales y el impuesto al cheque.

A nivel general, el trabajo sugiere reducir los costos de importación de insumos, revisar el esquema de contribuciones patronales para fomentar el empleo e impulsar incentivos a la inversión, como la amortización acelerada.

Asimismo, destaca la necesidad de fortalecer la trazabilidad, combatir la informalidad y simplificar el sistema tributario, en particular para pequeños y medianos productores que enfrentan mayores dificultades administrativas.

Mediante esta medida, el Gobierno Provincial permitirá a los consumidores conocer con mayor precisión cuánto inciden los tributos en el precio final, discriminando cuánto es la carga provincial y cuánto la nacional. La adopción del esquema no será obligatoria en caso de implicar costos adicionales para los comercios por la adecuación de sus sistemas de facturación. La iniciativa se suma a las acciones de la Ley Tributaria 2026, a cuyos beneficios de bajas de impuestos -incorporando empleados o descontando el pago de la luz, entre otros puntos-, ya adhirieron unas 5.000 empresas.

El Gobierno de Santa Fe dio un nuevo paso en su política de alivio fiscal y mejora de la información al consumidor al adherir al Régimen de Transparencia Fiscal. La iniciativa encomienda a la Administración Provincial de Impuestos (API) la implementación de un esquema que permita identificar con claridad cuánto incide el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el precio final de bienes y servicios.

El objetivo es mejorar la calidad de la información disponible para los ciudadanos. De este modo, los consumidores podrán distinguir qué parte del precio corresponde a tributos provinciales y cuál a impuestos nacionales.

Menor carga tributaria

La medida se inscribe en una estrategia más amplia de reducción de la presión impositiva: la Provincia avanza de manera sostenida en la baja de Ingresos Brutos con el propósito de acompañar al sector productivo, incentivar el empleo y mejorar la competitividad.En ese marco, la Ley Tributaria 2026 incorporó beneficios como la deducción del costo salarial de nuevos trabajadores y la posibilidad de descontar del impuesto el gasto en energía eléctrica. Estas herramientas forman parte de una política integral orientada a reducir la carga tributaria sin comprometer recursos esenciales.

La adhesión al régimen de Transparencia Fiscal se suma a ese proceso y permitirá visibilizar de forma concreta el peso relativo de los impuestos provinciales frente a los nacionales, como el IVA.

Qué cambia para los consumidores

A partir de esta decisión, la API establecerá los mecanismos de cálculo para determinar, en cada operación, la incidencia de Ingresos Brutos sobre el precio neto facturado.De este modo, los consumidores podrán identificar en sus comprobantes, de manera más clara, qué parte del monto abonado corresponde a este tributo provincial.

Más información y transparencia

La iniciativa se articula con lo dispuesto a nivel nacional por la Ley 27.743, que estableció la obligación de detallar los impuestos en precios y comprobantes, e invitó a las provincias a avanzar en el mismo sentido.

Así, Santa Fe combina la reducción de la carga tributaria con políticas orientadas a fortalecer la transparencia y mejorar el vínculo con los ciudadanos.

Implementación progresiva

La adopción del esquema no será obligatoria en los casos en que implique costos adicionales para los comercios por la adecuación de sus sistemas de facturación. La implementación será progresiva, con el objetivo de no afectar la operatoria del sector comercial.

Resultados de los beneficios fiscales

Con respecto a los beneficios fiscales establecidos por el Estado santafesino, vale recordar que en los primeros dos meses de vigencia de la Ley Tributaria provincial, 788 empresas -365 en enero y 660 en febrero- dedujeron del pago de Ingresos Brutos un total de 3.193 salarios correspondientes a nuevos trabajadores incorporados durante 2026. La medida generó un ahorro superior a los $ 2.150 millones en el primer bimestre; solo en febrero, el beneficio alcanzó los $ 1.384 millones.

En ese período, el régimen fue utilizado por 245 comercios, 86 industrias manufactureras, 80 empresas de la construcción y 53 firmas del sector de alojamiento y gastronomía, entre otras actividades.

La norma también contempla la deducción del gasto en energía eléctrica. En dos meses, 319 industrias y 2.644 comercios accedieron a este beneficio, con un ahorro acumulado superior a los $1.576 millones.

Por su parte, 1.245 pequeños contribuyentes se incorporaron a la reducción de la alícuota de Ingresos Brutos al 2,5%, con un ahorro total de más de $124 millones.

En conjunto, cerca de 5.000 empresas utilizaron los principales beneficios de la Ley Tributaria en sus primeros dos meses de implementación.

Con expectativas privadas de una inflación en torno al 2,5% para marzo, y con optimismo por parte de los especialistas que esperan que perfore el 2% en los próximos meses, las pymes argentinas deben adaptarse a un nuevo contexto.

Acostumbradas en los últimos años a lidiar con alzas de precios generalizadas y constantes, las empresas ahora tienen un nuevo desafío: sobrevivir en un contexto sin inflación.

A partir de esta nueva realidad, las pymes deben llevar adelante una serie de acciones para gestionar un negocio de manera eficiente.

Y cómo afecta la desaceleración de la inflación a las pymes. Simple, las empresas cubren pérdidas o ineficiencias con subas de precios. Hoy al no poder remarcar, o incluso tener que bajar precios para competir, están perdiendo rentabilidad.

Hay que volver a la cuenta de almacén, Precio por Cantidad, y si querés ganar más hay que vender más.

En un contexto donde la inflación no supera el 3% mensual y viene a la baja, se manifiestan los problemas que estaban ocultos: la falta de liquidez, la caída de las ventas por entradas de nuevos competidores, los márgenes pocos claros y los datos de gestión que no están claros. Es decir: cuanto vendo, cuanto tengo de costo y cuanto gano.

Nuevos jugadores

Con la apertura de importaciones, vienen productos más baratos. Por eso hay que sondear constantemente lo que viene de afuera por un tema de costos y competencia.

Hay productos argentinos, que por más buenos que sean, quedaron caros. Y un dato no menor, es la disparidad de precios que hay de un comercio a otro. Hoy el consumidor busca precios y compara con el celular.  

Otro de los “jugadores” que desde hace años juegan en contra de las empresas es el tema impuestos. Hoy la carga impositiva es grande, exige una planificación detallada, y tiene que ser considerado dentro de los márgenes que tienen los productos.

Si consideramos IVA, Ingresos Brutos, y otros gastos como las comisiones bancarias y de las tarjetas, en muchos casos supera el 30%, que de entrada desaparece. Hoy es muy normal que los comercios solo cobren con efectivo o con transferencia.

Si bien el gobierno está bajando impuestos, queda un largo camino por recorrer.

Deuda

Tomar deuda es recomendable teniendo en cuenta el costo. Y acá no es solamente deuda con el banco, es también con un proveedor que financia a 30 o 60 días, o un nuevo socio que se incorpora como inversor que también inmoviliza capital, solo que a una tasa no exigible sino una tasa esperada de ganancia futura. Hay que tener en cuenta a todos los proveedores de capital.

Volviendo a los créditos más duros. Hoy con una inflación a la baja, puede ser que los créditos se hayan tomado a tasas altas. Lo cual no pasaba en un contexto de inflación creciente porque se “licuaba” la deuda, donde el que perdía era el que prestaba.

Hoy cambiar el perfil de deuda es más fácil. ¿Qué significa? Tomar nueva deuda para cancelar lo existente, cambias una tasa del 80 o 100% por una de 40%, en el mejor de los casos.

También es cierto que la deuda hoy exige una administración más activa, comparando la tasa a la cual tomo deuda, contra lo que me rinde el negocio neto, descontando la inflación. Es la clave del manejo financiero, me endeudo al 5% y con eso gano un 10%, me quedo con un 5% de diferencia.

Otra buena opción por ejemplo es el leasing, donde no se desembolsa el total y se puede descontarlo como gasto en el impuesto a las ganancias.

La clave

Para adaptarse de la forma correcta a la nueva realidad económica, primero hay que conocer la estructura de costos, saber cuánto capital se necesita mes a mes para pagar sueldos, alquiler, energía, y otros gastos fijos.

En segundo lugar, conocer qué márgenes son posibles hoy en día con el mix de productos que venden. Es muy normal que algunos productos tengan una rentabilidad nula, por ejemplo para atraer clientes, y otros tengan márgenes mayores.

No stockearse innecesariamente inmovilizando capital, a no ser que se obtengan descuentos interesantes por compras en cantidad.

Y por último conocer la cantidad (Q) que tendría que vender y a qué precio (P). La cuenta de almacenero básica, para cubrir los gastos fijos, los gastos de la materia prima y llevarse una ganancia.

Contar con la información correcta, y el dato exacto, para tomar decisiones. Aunque parezca un costo, la solución es aplicar tecnología y tener la información precisa y actualizada.

Es decir, a un nivel básico tener un sistema, un excel, tableros de control con actualización automática, sistemas de ventas y stocks. Un buen marketing, y la rapidez necesaria para largar promociones y descuentos.  

*Licenciado en Administración, Magíster en Finanzas e Idóneo en mercado de capitales CNV

La Cámara Argentina Fintech cuestionó la "alta carga tributaria" que provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional van a implementar, ya que "representa un cepo para el desarrollo".

La decisión de ciertas provincias y áreas técnicas de la Administración Nacional de incrementar impuestos distorsivos, como Ingresos Brutos o los Débitos y Créditos (IDC) sobre flujos de fondos de terceros, representa un cepo para el desarrollo", alertó la Cámara en un comunicado.

Explicó que el único freno a la digitalización de la economía "es el peso fiscal" que se aplica sobre las "personas y comercios que optan por pagar o cobrar con medios electrónicos". Las Fintech sostuvieron que Ingresos Brutos "es un impuesto distorsivo y voraz, dado que se tributa sobre los montos facturados y no sobre la utilidad".

El impacto de los nuevos impuestos en las Fintech.

Y agregaron: "Esto significa que una empresa, aunque perdiera dinero, de pagarlo. En los últimos meses, algunas Provincias optaron por subir alícuotas para sumar más presión impositiva, que en algunos casos llegan al confiscatorio 16,5%".

Cabe recordar que según el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, los cambios en la legislación tributaria de la provincia para este ejercicio fiscal tuvieron un fin específico. "Los servicios digitales que se prestan en el país pagan; estamos hablando en esta Ley de los que están prestados desde el exterior y no pagan impuestos".

Incluso reseñó que Santa Fe es la primer provincia que, en el caso que el prestador le traslade el impuesto al consumidor, éste va a poder pedir el reintegro del impuesto.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares.

"Estamos queriendo que paguen estas plataformas radicadas en el exterior, que no se radican en el país, que compiten con una ventaja con aquellos que están radicados en el país que si paguen", justificó en su momento el funcionario santafesino.

No obstante, Santa Fe recibió críticas por un incremento del 5% al 9% en la alícuota de Ingresos Brutos para los Proveedores de Servicios de Pago(PSP), lo que incluye a las billeteras virtuales  y a diversos prestadores financieros.

Por otra parte, la Cámara de las Fintech señaló que "en lo que respecta al IDC (Corporación Internacional de Datos), actualmente el Decreto 796/2021  limita las exenciones al impuesto sobre los débitos y créditos bancarios para operaciones relacionadas con activos virtuales"

"Lo que genera una desigualdad de condiciones entre éstos y el resto de los actores del sistema financiero, y una presión por encima de la capacidad contributiva de muchas de las compañías", explicaron.