El Gobierno nacional publicó este lunes en el Boletín Oficial el Decreto 1203/2026, mediante el cual se aprueba un nuevo régimen de retiro voluntario destinado al personal que revista en la planta permanente y a los trabajadores vinculados por contratos por tiempo indeterminado en la Administración Pública Nacional Centralizada.

La normativa, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, establece que la inscripción estará abierta desde el 1° hasta el 30 de noviembre de 2026. El texto oficial otorga a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública la facultad de aplicar una prórroga única de hasta 30 días corridos.

El régimen divide a los beneficiarios en tres grupos, cada uno con esquemas de compensación diferenciados. El primer grupo abarca a mujeres desde los 58 años y hombres desde los 63 que no cuentan con los aportes necesarios para la jubilación ordinaria. Estos trabajadores podrán optar por cobrar mensualmente el 60% de su remuneración bruta habitual por un máximo de 36 meses o hasta alcanzar los requisitos jubilatorios, o bien percibir una gratificación única basada en su antigüedad.

Apruébase el Régimen de Retiro Voluntario aplicable al personal que revista en la planta permanente en los términos de la Ley N° 25.164, y al vinculado laboralmente por contratos por tiempo indeterminado.

El segundo grupo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64 años con al menos 30 años de aportes. En este caso, la compensación consiste en un sueldo bruto por cada año de antigüedad, con un tope de 18 remuneraciones, más una suma adicional equivalente a cinco sueldos brutos.

Finalmente, el tercer grupo comprende a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62 años. La gratificación será de un sueldo bruto por año de antigüedad con un máximo de 20 remuneraciones, sumado a un plus de cuatro o cinco sueldos adicionales según la antigüedad acreditada.

La normativa exige que las jurisdicciones alcanzadas procedan con la eliminación de los cargos presupuestarios correspondientes una vez que el personal acceda al retiro y se haga efectivo el cese de la relación laboral. La Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública será la autoridad de aplicación encargada de dictar las normas complementarias necesarias para la implementación del programa.