A medida que avanza el año, los contribuyentes continúan observando de cerca las posibles modificaciones en el régimen del Monotributo. Sin embargo, hasta el momento, las cuotas y escalas permanecen estables, según lo establecido a principios de año. Esto se debe a que el Congreso aún no ha tratado el paquete fiscal propuesto por el oficialismo.

Según lo publicado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), las escalas vigentes desde enero siguen siendo la referencia para determinar la categoría de cada usuario y los topes de ingresos para cada grupo.

Para abril de 2024, las cuotas del Monotributo se mantienen sin cambios, reflejando la estructura establecida a principios del año. Aquí están las cuotas según la categoría:

Categoría A: $12.128 / $11.081 (exento)Categoría B: $13.562 / $11.543 (exento)Categoría C: $15.503,51 / $15.241 (venta de cosas muebles)Categoría D: $19.497,94 / $19.066 (venta de cosas muebles)Categoría E: $26.945,97 / $24.526 (venta de cosas muebles)Categoría F: $33.137,61 / $29.223 (venta de cosas muebles)Categoría G: $38.694,95 / $33.440 (venta de cosas muebles)Categoría H: $66.111,51 / $56.403 (venta de cosas muebles)Categoría I: $81.122 (venta de cosas muebles)Categoría J: $93.619 (venta de cosas muebles)Categoría K: $106.965 (venta de cosas muebles)

Posibles cambios en el horizonte

Sin embargo, se espera que estos números cambien si el paquete fiscal propuesto por el oficialismo se aprueba en el Congreso. Entre las modificaciones planteadas se encuentran aumentos significativos en los topes de facturación, con incrementos que podrían llegar hasta un 330%. Esto elevaría el tope máximo de ingresos anuales a $68.000.000 para cualquier tipo de actividad.

Además, se prevén ajustes en los montos mensuales a pagar tanto en la categoría de aportes al régimen jubilatorio como a la obra social. Estos cambios podrían tener un impacto significativo en los pequeños contribuyentes, marcando una nueva etapa en el régimen tributario del país.

El Gobierno anunció oficialmente los cambios en el impuesto a las Ganancias, estableciendo un piso mínimo no imponible de $1.8 millones para trabajadores solteros y $2.2 millones para casados con dos hijos. Esta medida fue parte del acuerdo alcanzado tras intensas negociaciones con gobernadores y líderes de bloques en Diputados.

La novedad más destacada es la implementación de una escala progresiva de tributación, que comenzará en un 5% y llegará hasta un máximo del 35%. Además, se acordó que la actualización por IPC se realizará para mantener la proporcionalidad inicial.

El proyecto de ley que contiene estos cambios, junto con otras disposiciones fiscales, será enviado al Congreso este martes. El Gobierno confía en obtener la aprobación de esta ley ómnibus, respaldado por el diálogo constructivo que ha mantenido con los distintos sectores políticos.

Durante las reuniones con diputados de diferentes bloques, se discutieron también aspectos relacionados con una potencial reforma laboral. Los puntos de debate incluyen el período de prueba, las multas por juicios laborales y la libre elección por la indemnización. Sin embargo, quedaron fuera del alcance de estas discusiones temas más controvertidos, como los aportes sindicales y el funcionamiento de las obras sociales.

Desde el Gobierno, se estima que la semana próxima se discutirá el proyecto en comisión para obtener un nuevo dictamen, con la meta de llevarlo al recinto antes de que finalice el mes de abril. Este avance legislativo representa un paso significativo en el compromiso del Gobierno por mejorar las condiciones fiscales y laborales en el país.

¿Cómo impactan el fracaso de la ley de Bases y la acusación de Javier Milei a los gobernadores -Maximiliano Pullaro incluído- en las cuentas de Santa Fe? La norma procuraba un rediseño estructural para atraer inversiones en la economía real. Una arquitectura que sin consensos políticos -como reclamó el mandatario santafesino- no podrá convertirse en plataforma para cambiar el crítico deterioro en el que quedó el país tras la administración del Frente de Todos.

Despejado el ruido de una administración nacional especializada en “tik-tok” pero sin dirigentes eficaces a la hora de abordar “lo que hay que hacer”, el ministro de Economía Luis Caputo es quien barniza con moderación discursiva a un cruel ajuste ortodoxo: pone en la licuadora los pasivos del BCRA junto con los salarios (los nacionales se actualizaron al 16% para luego congelarse) y las jubilaciones. Se apalanca en la herencia peronista de inflación y en la vigente ley de actualización de haberes que perjudica a los jubilados, a lo que añade la devaluación. Hasta el FMI le ha advertido a la Casa Rosada por los costos sociales y la sostenibilidad del gobierno.

Pero Caputo ya tiene un dato en el que apoyarse. La inflación núcleo de enero en CABA fue “apenas” 2,5% (21,7% la general) y bajando. Un indicio de lo que procura. La recesión baja el consumo y modera los precios; la inflación es la determinante demanda de los argentinos. La tolerancia social al ajuste es la principal amenaza al gobierno central, una mayor que la desgastada advertencia de la CGT, de un peronismo sin líder y de una izquierda que en su protesta destructiva, favorece al presidente.

¿Llega con chances la desordenada Casa Rosada, al oxígeno de los dólares del campo que entrarán después de Semana Santa? Hasta entonces el ajuste nacional autoinfligido es una imposición a los gobiernos provinciales.

Pullaro aseguró que no acompañarán una reforma "que se lleve puesta a la producción santafesina".

Milei ya recortó las transferencias “discrecionlaes” que en Santa Fe significan paralizar obras como el acueducto de Granadero Baigorria y la ampliación de la planta potabilizadora de la capital provincial (fondos de Enhosa), así como las obras en la cascada Saladillo. (Obras Públicas). La circunvalar ferroviaria también está paralizada, pero esa es administrada desde Ferrocarriles y no por intermedio de la Casa Gris.

Sin autorización nacional, no se podrá licitar la segunda etapa del gasoducto biprovincial con Córdoba, que necesita autorización y aval del gobierno central para el desembolso Saudí de US$100 millones. La “motosierra” ha recortado además el reembolso de una doceava parte al mes del déficit del año inmediato anterior en la Caja de Jubilaciones no transferida.

Santa Fe tuvo un déficit previsional de $173 mil millones el año pasado, por lo que debería recibir este año $14,4 mil millones al mes. Pero como el último convenio con Anses fue en 2019, el gobierno justicialista le volvió a meter la mano en el bolsillo a los santafesinos -como lo hizo el kirchnerismo durante 10 años- con cuotas sin actualizar. Según la consultora Aerarium, en todo el 2023 el gobierno central le “reembolsó” a la Casa Gris $8.547 millones; queda claro que a la “motosierra” la usó Alberto Fernández y sólo al final de la gestión de Omar Perotti, la provincia hizo un reclamo a la Corte.

En los recortes del gobierno central hay un especial capítulo para los docentes. El Fondo Nacional de Incentivo Docente desaparece sin una norma que lo reedite; la “hora 25” (adicional a interinas) queda sin financiamiento. A eso deben añadirse otras podas que no impactan fiscalmente en Santa Fe pero sí en los bolsillos santafesinos: las transferencias por subsidios al transporte o los subsidios a hospitales.

El ministro de Economía, Luis Caputo. Crédito: Xinhua.

No podrá la Casa Gris compensar estas faltas; al menos no por completo. La recaudación propia, como la coparticipación automática, navegan 1,5% nominal por encima en la comparación con el período anterior, pero pierden respecto de la inflación. En la frazada corta, Pullaro ya dictaminó dos prioridades en orden al valor de la vida: las inversiones para equipos y móviles policiales, y el refuerzo de asistencia alimentaria porque la “motosierra” nacional restó planes o el poder adquisitivo de los subsidios. ¿Las paritarias..? En orden a la evolución de los recursos y teniendo en cuenta que la provincia no está sólo para pagar salarios.

La Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su profunda preocupación por las implicancias que podrían tener en la industria nacional las medidas propuestas en la Ley Ómnibus, actualmente en discusión en el Congreso. Especialmente, la suba de derechos de exportación al 15% y la exclusión de la industria manufacturera del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) han generado críticas por parte de los referentes de la entidad.

En el contexto de las intensas deliberaciones en el Congreso en torno a la Ley Ómnibus, la Unión Industrial Argentina (UIA) ha alzado la voz para expresar su inquietud y desacuerdo con algunos de los puntos más controvertidos de la propuesta gubernamental.

Los representantes de la UIA han advertido que las medidas planteadas podrían tener consecuencias negativas para la competitividad, el empleo y el ingreso de divisas en la industria argentina. En un comunicado oficial, la entidad expresó particular preocupación por dos aspectos clave de la legislación: la suba de derechos de exportación al 15% y la exclusión de ciertas empresas del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Respecto a la suba de derechos de exportación, la UIA señaló que esta medida no favorece la promoción de exportaciones con valor agregado, esenciales para generar divisas genuinas para el país. Afirmaron que la presión fiscal derivada de estos nuevos derechos podría incrementarse en más de 11 puntos porcentuales, erosionando rápidamente la competitividad obtenida mediante el nuevo tipo de cambio oficial.

La entidad hizo un llamado al Gobierno para que reconsidere la suba al 15% para los complejos industriales exportadores, buscando evitar penalizaciones al agregado de valor y la salida exportadora.

Otro punto crítico abordado por la UIA es la exclusión de la industria manufacturera del RIGI. Los industriales argumentaron que esta medida podría tener un impacto significativo en la actividad económica del sector, instando al Gobierno a considerar la inclusión de la industria manufacturera para promover la diversificación de la estructura de exportaciones.

Finalmente, en el ámbito impositivo, la UIA abogó por el reconocimiento a los contribuyentes que cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones tributarias y de seguridad social, destacando la importancia de un sistema que premie el cumplimiento para impulsar el desarrollo económico.

Luego del encuentro que mantuvieron con el ministro del Interior, Guillermo Francos, la vicegobernadora Gisela Scaglia y los ministros de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, y de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastía, se reunieron con diputados y senadores nacionales que representan a Santa Fe en el Congreso Nacional para evaluar el impacto que la Ley Ómnibus tendría en los sectores productivos santafesinos.

Durante el encuentro, que se desarrolló este lunes de manera virtual, brindaron un informe detallado de las consecuencias que tendrían las modificaciones propuestas en la Ley Ómnibus -que elevó el gobierno nacional al Congreso-, en los diferentes sectores productivos de la provincia de Santa Fe.

Scaglia contó que "manifestamos al Gobierno nacional nuestra preocupación sobre lo que plantea la Ley Ómnibus, principalmente en relación a los biodiesel, y la propuesta que tenemos. Ahora el desafío es trabajar juntos en la defensa de la industria de Santa Fe, entendiendo que si Argentina necesita dólares, Santa Fe los puede producir".

Puccini por su parte convocó a "trabajar juntos para defender a la provincia, más allá de quién gobierne. Santa Fe está a disposición para que el país salga adelante, y la única manera de hacerlo es con más producción".

Los legisladores nacionales compartieron sus pareceres, brindaron información de las reuniones que llevan adelante y además destacaron la convocatoria del gobierno provincial a todas las fuerzas políticas con representación en el Congreso, así como la importancia de ponerse de acuerdo para defender a la producción de Santa Fe.

Participaron de la reunión los diputados nacionales Mario Barletta, Rocío Bonacci, Alejandro Bongiovanni, Florencia Carignano, Gabriel Chumpitaz, Mónica Fein, Germana Figueroa Casas, Melina Giorgi, Diego Giuliano, Germán Martínez, Magalí Mastaler, Roberto Mirabella, José Nuñez, Esteban Paulón, Verónica Razzini, y Eduardo Toniolli; los senadores Carolina Losada y Eduardo Galaretto; e integrantes del equipo de trabajo de Marcelo Lewandowsky.

Además estuvieron presentes las secretarias de Energía, Verónica Geese, y de Comercio Exterior, Georgina Losada.

La vicegobernadora de la provincia, Gisella Sclaglia, y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, volvieron este lunes a la mañana a la Casa Rosada, en esta oportunidad con sus pares de Córdoba, Entre Ríos, Tucumán y Jujuy; para reunirse con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, y funcionarios de la secretaría de Energía de la Nación por las modificaciones que contiene la Ley Ómnibus sobre el tema de los biocombustibles que a criterio de los productores y empresarios del sector, de aprobarse significaría extenderles un certificado de defunción.

"Fue una reunión positiva y quiero destacar la predisposición a escuchar de parte de los funcionarios nacionales. Ahora buscaremos avanzar en las modificaciones que entendemos deben hacerse tanto en el tema de los biocombustibles como en el del maíz pisingallo", fue el balance del ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini minutos después de terminada la reunión.

"Repasamos lo que habíamos hablado con el gobernador el 29 de diciembre del año pasado y el impacto que tendrían de aprobarse sobre la producción santafesina. Coincidimos con los funcionarios nacionales en que hay que modificar lo que dice el proyecto de ley en el tema del corte mínimo que nunca debe ser inferior al actual, sino que tiene que ir creciendo como en Brasil y rechazamos la posibilidad de que se abra la importación porque las consecuencias serían muy malas para el sector", expresó.

Respecto al maíz pisingallo, el ministro santafesino dijo que el gobierno nacional se comprometió a corregir el proyecto de ley con una enmienda, para evitar que se le cobre el 15 por ciento de retenciones que establece el proyecto, volviéndola a incluir en la categoría de economía regional.

Esta tarde a partir de las 15 horas Puccini, la vicegobernadora, la secretaria de Energía, Verónica Geese y la secretaria de Comercio Internacional, Georgina Losada van a mantener una reunión por zoom con los legisladores nacionales de todos los partidos políticos de la provincia de Santa Fe para analizar la situación y, eventualmente, fijar una estrategia común pensando en los productores de la provincia.

En la semana, el ministro de Desarrollo Productivo señaló a las empresas petroleras como las responsables de impulsar estos cambios en el régimen que regula al sector. "Entendemos que hay un lobby petrolero que perjudica directamente a Santa Fe", dijo al tiempo que propuso ir a un esquema similar al de Brasil, donde el corte de combustibles fósiles con biocombustibles está aumentando y propuso llevarlo a un 14 % en 2024 y a un 15 % en 2025.

Martes en el CongresoEn tanto mañana, será el turno de los empresarios que serán recibidos por los legisladores nacionales a quienes le explicarán las consecuencias que tendrá en el sector la aprobación de lo contenido en la Ley Ómnibus y por qué dicen que eso significará un certificado de defunción para las empresas pymes productoras de biocombustibles.

A las 13 horas serán recibidos por el bloque Hacemos Federal que integran los socialistas santafesinos y conduce Miguel Pichetto, a las 14 por los legisladores santafesinos de los distintos bloques de ambas cámaras y a las 15,30 junto con representantes de productores de bioetanol de Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba, Tucumán, San Luis y La Pampa estarán con legisladores de todo el país.

"Rechazamos los artículos contenidos en el proyecto porque es una sentencia de muerte para las empresas. ¿Qué sentido tiene abrir las importaciones de biocombustibles cuando en el país tenemos una capacidad instalada para producir 3,9 millones de toneladas de biocombustibles?", le dijo a El Litoral un empresario del sector.

De acuerdo con la información oficial, en la provincia de Santa Fe hay 19 plantas que producen el 82% del total de biodiésel del país. En el paquete de reformas que impulsa el Ejecutivo nacional, se incluyen cambios en la ley que regula la industria del biocombustible, eliminando el corte obligatorio y permitiendo el ingreso de industrias petroleras al mercado.

En una movida sorpresiva, fuentes oficiales confirmaron que el Gobierno nacional enviará próximamente un nuevo proyecto para restaurar el impuesto a las Ganancias destinado a los asalariados de la 4ª categoría. Esta iniciativa, excluida de la reciente Ley Ómnibus presentada en el Congreso Nacional, se encuentra actualmente en fase de negociación con los gobernadores, aunque aún no se han proporcionado detalles sobre los plazos exactos.

La ausencia de este crucial capítulo en la Ley Ómnibus ha dejado perplejos a muchos, ya que resulta fundamental para equilibrar las cuentas provinciales tras la pérdida de ingresos coparticipables. La negociación entre el Gobierno nacional y los gobernadores sigue sin resolverse, ya que el presidente Javier Milei se muestra reticente a coparticipar el impuesto al cheque, una solicitud clave de los mandatarios provinciales.

En el ámbito de los gobernadores, la opinión está dividida, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado de las negociaciones, aún debe cerrar acuerdos para evitar posibles trabas en el Congreso. Los líderes provinciales no desean cargar con la responsabilidad de impulsar nuevos descuentos salariales para los trabajadores, mientras que el Gobierno nacional no está dispuesto a perder recaudación impositiva al distribuir el impuesto a los créditos y débitos.

En estos momentos, la discusión se centra en el monto mínimo no imponible del impuesto y en la estructura de las alícuotas crecientes en función del salario, aspectos cruciales que marcarán el rumbo de la propuesta.

En un movimiento sorprendente, el presidente Javier Milei ha enviado un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso que incluye la privatización de 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam.

Este proyecto, denominado 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', establece la venta al sector privado de estas empresas en base a "la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales". Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".

En el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara "sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal". Esto faculta "al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada".

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado la semana pasada, sienta las bases para esta privatización al modificar el "status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades". Este DNU, objeto de varios amparos judiciales en su contra, entrará en vigencia en los próximos días.

Javier Milei ha defendido esta medida desde antes de asumir la presidencia, calificando a las empresas estatales como "generadoras de déficit". Las 41 empresas públicas sujetas a privatización incluyen entidades como Administración General de Puertos, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Casa de Moneda, Energía Argentina (Enarsa), y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Esta propuesta ha desencadenado un debate acalorado sobre el papel del Estado en la economía y la posible afectación de servicios esenciales. Con incertidumbre en el horizonte, la atención se centra en el Congreso y en cómo se desarrollarán los próximos pasos en esta controvertida iniciativa.