El Gobierno nacional envió a la Cámara de Diputados el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que propone ampliar y endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales en las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes sin autorización argentina.

La iniciativa reemplaza el esquema vigente desde 2011, centrado principalmente en la actividad hidrocarburífera, por un régimen más amplio que alcanza distintas formas de aprovechamiento de recursos renovables y no renovables.

El texto prevé multas equivalentes a entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo, además de la suspensión o cancelación de permisos. También establece inhabilitaciones de entre cinco y 20 años para quienes participen de las actividades alcanzadas.

En los casos vinculados con la exploración o explotación de recursos naturales no renovables, las penas previstas van de 12 a 20 años de prisión. Para la extracción, transporte o almacenamiento de hidrocarburos sin autorización argentina, las condenas podrían ubicarse entre 15 y 20 años.

Las sanciones también podrían alcanzar a proveedores que suministren bienes o servicios esenciales con conocimiento de su destino. En esos casos, el proyecto establece penas de entre cinco y siete años de prisión.

Las compañías involucradas podrían afrontar la revocación de habilitaciones, la suspensión de actividades por hasta 30 años e incluso, en determinados casos, su disolución o liquidación. Además, podrían quedar impedidas de operar o contratar con el Estado argentino durante el período de sanción.

El proyecto incorpora, a su vez, un Régimen de Desistimiento y Regularización para empresas o personas que abandonen las actividades cuestionadas y cumplan determinadas condiciones económicas o de inversión en la Argentina.

La propuesta también crea un Sistema de Seguridad Nacional para coordinar áreas diplomáticas, económicas, jurídicas, de defensa, inteligencia y protección de infraestructura crítica. El Gobierno había anticipado a comienzos de septiembre que impulsaría este esquema en respuesta al avance del proyecto petrolero Sea Lion.

Con el ingreso del texto a Diputados, comenzará ahora la discusión parlamentaria y la definición de las comisiones que intervendrán en su tratamiento.