El presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara de Diputadas y Diputados de Santa Fe, Mariano Cuvertino, detalló las claves del proyecto de ley que obtuvo media sanción en el Senado y que se está trabajando en la Cámara Baja.

La iniciativa, impulsada junto al senador Paco Garibaldi, propone aliviar la carga tributaria provincial, otorgar subsidios a la contratación de personal y simplificar trámites administrativos para potenciar a más de 47.000 micro, pequeñas y medianas empresas provinciales que sostienen unos 330.000 puestos de trabajo formales.

Durante los meses de junio y julio, Cuvertino concentró sus esfuerzos en coordinar rondas de consulta con federaciones industriales, centros comerciales y entidades representativas del corredor productivo santafesino, con especial énfasis en los departamentos La Capital, Las Colonias, San Justo y Castellanos.

Al respecto, el diputado provincial enfatizó que "durante junio y lo que va de julio hemos priorizado el tratamiento de la media sanción que llegó desde el Senado sobre el proyecto de promoción y desarrollo de las MiPyMEs" y explicó que "la idea fue escuchar a quienes representan a las pymes, conocer sus opiniones y enriquecer el proyecto antes de avanzar hacia su redacción definitiva".

El debate legislativo parte de una rigurosa evaluación sobre la estructura empresarial provincial. De acuerdo con datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el 98,2% de las empresas registradas en Santa Fe pertenecen al segmento MiPyME, sumando un total de 47.268 unidades que generan el 52,9% del empleo privado formal, equivalente a 327.770 puestos de trabajo.

Dentro de esta matriz, las microempresas representan el 71,2% del entramado (34.258 firmas y 68.896 empleos), las pequeñas empresas abarcan el 20,7% (9.981 firmas y 113.712 empleos) y las medianas empresas constituyen el 6,3% (3.029 firmas y 145.162 empleos). En contraposición, las grandes empresas representan solo el 1,8% del total (873 firmas), aunque concentran 291.315 puestos laborales.

A la par de estos indicadores, Cuvertino advirtió sobre el complejo escenario macroeconómico nacional y su impacto local, señalando que "desde el Centro de Estudios Demos, en diciembre de 2025, publicamos un balance de los dos primeros años del gobierno nacional y advertimos que en Santa Fe se estaban perdiendo, en promedio, tres empresas y veinte puestos de trabajo por día". El legislador cuestionó las medidas del Poder Ejecutivo Nacional y remarcó que "una apertura indiscriminada de las importaciones, sumada a un dólar atrasado, afecta especialmente a las pequeñas y medianas industrias, que son las que tienen mayores dificultades para competir".

Frente a este panorama, planteó una profunda crítica a la estructura fiscal vigente al manifestar que "creemos que en Argentina existe un esquema tributario invertido respecto de lo que debería ser. Hoy se grava fuertemente a quien produce, invierte, exporta y genera empleo, mientras que otros patrimonios o ingresos tienen una carga relativamente menor". Por ello, sostuvo que "el objetivo inmediato es ayudar a atravesar un momento complejo, pero el objetivo de fondo es mucho más ambicioso: que la inversión productiva deje de ser castigada por el sistema impositivo", recordando que "cada peso que invierte una pyme genera mucho más empleo que el que invierte una gran empresa".

La iniciativa contempla un conjunto integral de instrumentos diseñados para favorecer el escalamiento productivo. Entre sus pilares se destaca la emisión de certificados de crédito fiscal para compensar hasta el 50% de las inversiones en infraestructura, modernización tecnológica, sistemas de gestión de calidad, activos fijos y sustentabilidad ambiental, permitiendo descontar hasta un 20% en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos o en servicios provinciales, renovable por un año.

Además, promueve subsidios para la contratación de nuevos empleados por tiempo indeterminado durante tres años (100% del Salario Mínimo Vital y Móvil en el primer año, 80% en el segundo y 60% en el tercero), facilidades para la transición hacia energías renovables, plazos de gestión de hasta dos meses ante la EPE, y la creación de una Ventanilla Única para agilizar trámites.

En cuanto al impacto humano dentro de las estructuras productivas, Cuvertino analizó la cercanía del vínculo laboral indicando que "las MiPyMEs son, en su mayoría, empresas familiares, con dos, cinco o diez empleados. Allí el vínculo entre el empresario y sus trabajadores es muy cercano. Muchas veces el dueño hace enormes esfuerzos para evitar despidos y los propios empleados también acompañan con paciencia momentos difíciles".

A esta situación compleja, se suma el fenómeno de la precarización y la "presión laboral" que afecta a la población activa: "Es la situación del trabajador que cumple su jornada laboral formal y después necesita manejar un Uber o un Didi, hacer repartos o buscar otra actividad para completar sus ingresos. No necesariamente perdió su empleo, pero un solo trabajo ya no le alcanza para sostener el nivel de vida que tenía hasta hace un tiempo".

El proyecto busca complementarse con las medidas de alivio fiscal impulsadas por el Gobierno provincial. Según precisó el diputado, "la ley tributaria 2026 ya permitió que más de 10.000 empresas accedieran a beneficios de alivio fiscal y contribuyó a la generación de más de 8.000 puestos de trabajo mediante distintos incentivos", a lo que se suman las modificaciones al Código Procesal Laboral para aminorar costos no salariales.

Asimismo, Cuvertino repasó los ejes estratégicos de su agenda legislativa, la cual abarca la promoción de la industria naval y el desarrollo logístico en el río Paraná, la incorporación de innovación tecnológica en el agro, la consolidación de los biocombustibles y la ley de seguridad rural (N°14.358) que ya se encuentra vigente.

En el plano institucional de debate nacional, insistió en tres reformas impostergables: la reestructuración integral del sistema tributario, una nueva Ley de Coparticipación Federal y la federalización del Banco Central para integrar a las provincias productivas en las decisiones macroeconómicas.

Con el respaldo unánime obtenido previamente en la Cámara de Senadores, la Comisión de Industria, Comercio y Turismo de la Cámara Baja ultima la redacción del dictamen de este proyecto que busca fortalecer a las MiPyMEs y que sumará propuestas impulsadas en el mismo sentido por legisladores de la oposición.

Como concluyó el propio Mariano Cuvertino: "No queremos empresas que simplemente sobrevivan. Queremos empresas que crezcan, innoven y sigan siendo el motor del desarrollo económico y social de Santa Fe".

En medio de la creciente tensión entre Nación y provincias por la distribución de recursos y la coparticipación, el gobierno abrió un nuevo capítulo de debate al anunciar que evalúa la creación de un impuesto a las ventas, conocido como “Súper IVA”. Aunque se presenta como una solución para simplificar el sistema impositivo, un informe del centro de estudios DEMOS alerta que esta iniciativa pone en jaque el federalismo fiscal argentino y afecta la autonomía financiera de las provincias y los municipios.

“Aún no se presentó como proyecto de ley o decreto, sólo existen declaraciones públicas en las que se deja ver hacia dónde se pretende ir. Pero flota un tema estructural en torno a la cuestión impositiva que es la coparticipación federal de impuestos y el rol que van a tener las provincias en la decisión sobre un cambio en el sistema de reparto de los fondos”, indicó Mariano Cuvertino, diputado provincial y miembro del equipo económico productivo de Demos, uno de los autores de este trabajo junto a la Dra. Laura Marcos, especialista en derecho tributario. “Este informe ofrece una mirada crítica y técnica de lo que se conoce de la iniciativa, destacando los desafíos institucionales y las consecuencias para las provincias”, agregó.

Las reservas del Banco Central comenzaron a desacelerarse tras meses de crecimiento. Foto: Xinhua

Según las informaciones que dejó trascender el gobierno, el Super IVA sería un impuesto que unificaría el IVA, los Ingresos Brutos provinciales y las tasas municipales en un solo tributo, cuya recaudación estaría a cargo del gobierno nacional pero con una parte que sería redistribuida a provincias y municipios. La propuesta se inspira en el “IVA dual” recientemente aprobado en Brasil, aunque en nuestro país se mantendría bajo control central, sin una estructura institucional clara de participación de las jurisdicciones subnacionales.

Si bien advierten los autores que la iniciativa simplificaría el sistema impositivo argentino, plantean que, de avanzar, se generarían riesgos importantes sobre la equidad territorial, la coparticipación federal y la autonomía financiera de municipios y provincias.

“El nuevo impuesto reemplazaría a los Ingresos Brutos, que representan entre el 80% y el 85% de la recaudación de las provincias. Además, se eliminarían tasas municipales que son vitales para los gobiernos locales”, dijo Cuvertino. “Hay datos preliminares de institutos como el IARF que indican que si se implementa este modelo, al menos 18 provincias perderían recursos o deberían subir fuertemente sus alícuotas para sostener sus ingresos”, agregó.

En el informe se muestra que provincias como Catamarca, Formosa o La Rioja necesitarían aumentos del 81%, 56% y 52% respectivamente. Mientras tanto, CABA, con una base impositiva 40% superior al promedio nacional, podría incluso reducir su carga tributaria.

El informe del Centro DEMOS analiza la desaceleración económica y la incertidumbre por las reservas

“Insisto en que hasta ahora el debate se instauró en los medios, sin mención expresa de que toda modificación debe plantearse en el Congreso Nacional y con el debido respeto a la autonomía que tienen las provincias al momento de ejercer sus potestades fiscales”, indicó. “Pero si se tiene en cuenta el dramático ajuste del gasto público que hizo el gobierno nacional con énfasis en jubilaciones, obra pública ciencia, tecnología, rutas y la rebaja de las transferencias a las provincias, estas iniciativas deben hacer sonar las alarmas de los gobernadores, y a lo mejor explican también proyectos como el que votó el Senado la semana pasada, para recuperar los fondos de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y las partidas que les corresponden del impuesto a los combustibles líquidos”, agregó.

El gobierno justificó que la reforma impositiva abrirá una “competencia fiscal entre provincias”, en la que las jurisdicciones más ricas atraerán inversiones a costa de las más débiles. Para Cuvertino, “este tipo de medidas ya existieron en Argentina en el pasado y no solo no funcionaron sino que estuvieron lejos de promover la equidad. Son instancias que ya creíamos superadas”.

El estudio advierte también que de avanzar con la reforma sin actualizar previamente el régimen de coparticipación federal, pendiente desde la reforma constitucional de 1994, y otros componentes claves del sistema tributario argentino, es comenzar la discusión por el final. “La eliminación de tributos distorsivos como Ingresos Brutos, retenciones o el impuesto al cheque es necesaria, pero solo puede realizarse en el marco de un nuevo pacto fiscal, que redistribuya los recursos de manera justa, fortalezca la autonomía provincial y traslade la carga impositiva desde la producción y el trabajo hacia los ingresos y patrimonios”, indicó Cuvertino.

El informe concluye con un llamado a avanzar en una hoja de ruta que asegure una viabilidad política y técnica de una reforma de esta magnitud. “Trabajar en conjunto y lograr el consenso por supuesto es una ardua tarea, mucho más que pregonar definiciones para generar un clima hostil y proponer salidas milagrosas. Pero no debe olvidarse que trabajar en conjunto potencia las capacidades, permitiendo que la suma de esfuerzos y voluntades supere cualquier obstáculo. Si nos atenemos a un conocido refrán todos sabemos que no es justamente la pelea y la división las que hacen la fuerza”, concluye.

La publicación es de salida mensual, con acceso público y se encuentra disponible en las redes del Centro Cultural y de Estudios DEMOS (www.demoscce.com)