La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) reglamentó un nuevo esquema de reducción de sanciones tributarias que permitirá a pequeñas y medianas empresas, personas humanas y entidades sin fines de lucro acceder a una disminución del 50% en determinadas multas por incumplimientos formales. La medida forma parte de la Ley de Inocencia Fiscal II y establece un plazo hasta el 18 de diciembre de 2026 para regularizar las obligaciones pendientes.

La disposición quedó oficializada este jueves 12 de noviembre mediante la Resolución General 5927/2026, que define las condiciones para acceder al beneficio, los contribuyentes comprendidos y las infracciones alcanzadas. La iniciativa busca facilitar la regularización fiscal y reducir el costo económico de determinadas sanciones administrativas.

El régimen contempla incumplimientos vinculados con la presentación de declaraciones juradas y otras obligaciones de información. No implica, en cambio, una reducción de los impuestos adeudados ni de los intereses correspondientes.

Para las pymes de Santa Fe, Entre Ríos y el resto del país, la reglamentación abre una posibilidad de disminuir pasivos tributarios originados en incumplimientos administrativos, aunque el acceso dependerá de la situación fiscal de cada contribuyente.

El beneficio está dirigido a micro, pequeñas y medianas empresas de los tramos 1 y 2 que contaran con el Certificado MiPyME y la correspondiente inscripción en los registros de ARCA al momento de cometer la infracción.

También están comprendidas las personas humanas, sucesiones indivisas y organizaciones sin fines de lucro, como cooperativas, mutuales, asociaciones y fundaciones.

Quedan excluidos quienes estuvieran categorizados como Grandes Contribuyentes, así como aquellos que no reúnan las condiciones previstas por la normativa.

La reducción se aplica a sanciones relacionadas con obligaciones cuyo vencimiento haya ocurrido desde el 2 de enero de 2026 y cuyos incumplimientos se hayan producido antes del 9 de octubre del mismo año.

Además, las multas deben haber estado pendientes de resolución definitiva a esa fecha o, si ya estaban firmes, no haber sido canceladas. Las sanciones firmes incorporadas a planes de facilidades de pago se consideran canceladas a los efectos de este régimen.

Uno de los aspectos centrales de la reglamentación es que, para los casos que no se encuentran en discusión administrativa o judicial, el descuento se aplica automáticamente cuando el contribuyente cumple con la obligación formal que había omitido.

Esto significa que una empresa que no presentó determinada documentación dentro del plazo establecido podrá acceder al beneficio si regulariza su situación hasta el 18 de diciembre inclusive y reúne los demás requisitos.

La situación es diferente cuando existe una controversia administrativa o judicial. En esos casos, además de subsanar el incumplimiento, será necesario ingresar al servicio de Presentaciones Digitales de ARCA y seleccionar el trámite específico previsto para la Ley 27.826.

Allí deberá identificarse la sanción mediante el número de sumario, resolución u otra documentación que permita individualizarla.

La adhesión también implica aceptar la pretensión fiscal por el importe no reducido y renunciar a continuar discutiendo la sanción, con las consecuencias procesales correspondientes.

Uno de los puntos que genera mayor interés entre los especialistas es la posibilidad de combinar este beneficio extraordinario con otra reducción incorporada a la legislación tributaria.

El artículo 49 bis de la Ley 11.683 establece una disminución del 25% para determinadas multas aplicadas a pequeños contribuyentes y pymes. Según la interpretación del tributarista Sebastián Domínguez, ambos mecanismos podrían aplicarse de manera sucesiva, lo que permitiría alcanzar una reducción total del 62,5%.

Para dimensionar el impacto, el especialista planteó el caso de una empresa sancionada con $10 millones por no presentar en término el Libro de IVA Digital.

Con la primera reducción del 25%, el importe descendería a $7,5 millones. Si posteriormente se aplica la quita extraordinaria del 50%, la multa se reduciría a $3,75 millones.

En ese escenario, el contribuyente evitaría pagar $6,25 millones sobre la sanción original.

Sin embargo, la posibilidad de acumular ambos descuentos responde a una interpretación profesional de la normativa y requiere verificar su aplicación en cada situación particular.

Si bien el régimen representa una oportunidad para reducir obligaciones pendientes, especialistas tributarios advierten que los importes finales pueden continuar siendo elevados para la capacidad financiera de muchas pequeñas empresas.

Domínguez consideró positiva la disminución de las sanciones, aunque señaló que el alivio resulta limitado frente a los montos establecidos para determinadas infracciones administrativas.

“Aun con ambas reducciones, una multa de $3.750.000 por presentar fuera de término la declaración jurada del Libro de IVA Digital, un balance en formato PDF u otra obligación formal similar es un importe que la mayoría de las pymes no puede afrontar”, sostuvo el tributarista en declaraciones a Noticias Argentinas.

La observación pone el foco en una discusión de fondo: la proporcionalidad entre las sanciones tributarias y la capacidad económica de los contribuyentes.

Para las empresas de menor escala, una penalidad vinculada exclusivamente con la presentación tardía de documentación puede representar una carga financiera significativa, incluso cuando no exista una deuda por falta de pago del impuesto.

En ese sentido, el nuevo esquema introduce una herramienta de alivio, pero no modifica la necesidad de cumplir con las exigencias administrativas ni elimina las obligaciones tributarias originales.

Con la reglamentación vigente, las empresas cuentan con una ventana temporal para revisar su situación fiscal y determinar si pueden acceder al beneficio.

El primer paso consiste en identificar las multas correspondientes a incumplimientos formales registrados durante el período alcanzado, verificar si se encuentran pendientes de pago y comprobar la condición del contribuyente al momento de la infracción.

También será importante evaluar la posibilidad de aplicar la reducción adicional del 25% y, cuando existan actuaciones administrativas o judiciales, analizar las consecuencias de aceptar la sanción reducida.

El 18 de diciembre de 2026 será la fecha límite para completar las obligaciones omitidas y realizar las presentaciones exigidas.

Para el entramado pyme, especialmente en sectores vinculados con el comercio, la industria y los servicios, la medida puede significar una reducción de costos extraordinarios y una oportunidad de ordenar compromisos fiscales pendientes.

No obstante, el verdadero alcance del beneficio dependerá de cuántas empresas puedan cumplir los requisitos establecidos y regularizar su situación antes del vencimiento.