"El gasto público consolidado argentino, en 2024 puede terminar con un peso relativo de 33,5% del PBI. Serían 7 puntos porcentuales del PBI menos que en 2023, cuando fue del orden de 40,6% del PBI. El punto más bajo de la serie se ubica en el año 2004, cuando fue de 25,6% del PBI. El punto más alto se ubica en el año 2016, con 44,8% del PBI, esto es 4,2 p.p. por arriba de 2023".

Así concentró la fotografía del gasto público el economista Nadin Argañaraz. Para el especialista del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, "el peso relativo de 25% del PBI planteado como objetivo en el Pacto de Mayo, requiere una baja adicional de 8,5 puntos porcentuales del PBI.

Gasto público total por nivel de gobierno. En porcentaje del PBI. De 1993 a 2024.

"¿En qué año se puede lograr un peso relativo del gasto público consolidado argentino de 25% del PBI?". Ensayando diversos escenarios, calculó que "en el escenario más pesimista, el incremento promedio anual del PBI sería del 1,5%, lo cual, con un gasto real creciendo al 1,2%, implica un descenso lento del peso relativo del gasto. En este caso, en el año 2124 recién se lograría un gasto público consolidado de 25% del PBI.

"Para el caso de un crecimiento promedio anual del 2%, se lograría un gasto del 25% del PBI recién en el año 2062. El caso más optimista sería el de un crecimiento anual del 5%, ya que se lograría cumplir con el objetivo planteado en el Pacto de Mayo en el año 2033. Un mayor crecimiento que el 5% promedio anual, acercaría, obviamente, el año en el que se lograría el objetivo del Pacto de Mayo".

Si la economía crece en términos de PBI y el gasto se mantiene "bajo la motosierra", la posibilidad de que la meta planteada en el pacto de Mayo se acerca en el tiempo. Una baja de impuestos prometida por Luis Caputo (retenciones, ingresos brutos e impuesto al cheque) podrían alterar la escena de ingresos, pero al mismo tiempo acelerar la dinámica de recuperación económica, que se promedia en 5% del PBI en 2025.

Pero en medio juega la tolerancia social. Según Iaraf, "el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas tuvo un descenso real interanual del 21,4% en el acumulado a octubre. El resto de los gastos de este grupo fueron el gasto en salarios, en subsidios a la energía, inversión real directa, en transferencias corrientes a provincias, en Transferencias a universidades, y en Asignaciones familiares.

"La participación de este grupo en el gasto primario del año 2023 fue del 69%. Esto implica que la mayoría del gasto primario tuvo una desaceleración en su ajuste a lo largo de los primeros diez meses del año".

El economista Marcelo Capello estimó que la Argentina puede "salir del loop perverso de decadencia económica y social. En primer lugar, porque después de 15 años, ahora no existe déficit fiscal, la emisión de dinero por motivos sociales está clausurada y de esa manera tiende a bajar la inflación. Existe una fuerte determinación presidencial de no volver al desequilibrio social, así como apoyo social a tal prédica, lo que ha generado confianza en el mercado respecto a que esa situación se puede mantener".

En el último reporte del Ieral/Fundación Mediterránea, el economista reconoció oportunidad y advirtió amenazas. Si bien advirtió sobre las reservas escasas, expuso que "según proyecciones del BCRA, las exportaciones de energía y minería aumentarán en más de 30 mil millones de dólares en 6 años", a lo que sumó inversiones eventuales por el RIGI (sobre todo minería), el aporte de la agroindustria y financiamiento gracias a la baja del Riesgo País.

"Con mayor entrada de dólares en los próximos años, y equilibrio fiscal en el estado, más probablemente se puedan evitar las típicas crisis macro por estrangulamiento de la balanza de pagos, y así se pueda dar un proceso de crecimiento sostenido de la producción y el ingreso", apuntó.

Advirtió que si bien el ingreso de dólares sobrevalora la moneda enfría la economía local (enfermedad holandesa), "se tratará de un tipo de cambio bajo con fundamentos macroeconómicos más sólidos, basado en mayores exportaciones, y no por endeudamiento o entrada de capitales de corto plazo, que de un día para el otro pueden salir".

Conjeturó en esa línea que "si se consolida un fuerte aumento de las exportaciones de energía y minería en los próximos años, la economía soportará un mayor salario en dólares sin caer necesariamente en situaciones inviables desde el punto de vista de las cuentas externas. El ritmo de las exportaciones será lo que le ponga límites en el futuro al salario que la economía argentina pueda pagar".

¿Qué hacer ante el dólar bajo?

Capello sugiere tratar de inducir menores costos y mayor productividad en lugar de devaluar. Propone mantener el equilibrio fiscal sin que el gasto público vaya más rápido que el privado; bajar la presión tributaria, especialmente en los impuestos más distorsivos (Derechos de exportación, Cheque, Ingresos Brutos provincial y municipal); otorgar reintegros a las exportaciones industriales; desregular la economía allí donde las trabas suben parcialmente los costos; disminuir los costos laborales no salariales (regulaciones laborales, litigios judiciales, contribuciones patronales); mejorar toda la infraestructura ligada a las exportaciones; facilitar todo lo que tenga que ver con la exportación y generar un fondo de ahorro soberano (anticíclico , o fondo anticíclico) , de modo que el sector público ahorre en las épocas buenas para gastar más en las malas.

"Con respecto a la apertura de la economía, que en alguna medida debe ocurrir, sería conveniente que avance a la par que se realizan las reformas estructurales, siempre teniendo en cuenta que un po de cambio bajo ya genera, de por sí, un efecto de apertura implícita. Tipo de cambio bajo con aranceles bajos es como abrir la economía dos veces, hay que hacerlo con cuidado para no destruir ramas industriales o de servicios que podrían sobrevivir con un set diferente, pero viable, de precios relativos".

Confianza internacional

El último análisis de JP Morgan corrigió a la suba las predicciones sobre la Argentina. "El crecimiento secuencial durante los últimos tres meses convergió a solo un -1% interanual, una mejora sustancial en comparación con las caídas del 8,4% y el 6,8% interanual sufridas en el primer y segundo trimestre, respectivamente. Esto establece el efecto arrastre para el tercer trimestre en un muy alentador 6,9% interanual". Para el banco, la Argentina estará cerca de recuperar 5% en 2025.

El pacto contiene diez puntos que constituyen compromisos recíprocos, que van desde lo económico, particularmente lo fiscal, hasta la educación, pasando por la explotación de los recursos naturales, entre otros.

Las metas que implican cada uno de estos compromisos esbozados de manera global, deberán hacerse operativas a través de leyes del congreso de la nación y de las legislaturas provinciales, puesto que en muchos casos requerirán verdaderos acuerdos federales.

En el plano fiscal y relacionado con la distribución de la renta federal, aparecen temas como la reforma del sistema impositivo, un nuevo régimen de coparticipación y la reducción del gasto público consolidado en los tres niveles de gobierno.

Todas estas reformas se encuentran estrechamente vinculadas y requerirán en el futuro una secuencia temporal lógica tanto en su aprobación como en su implementación, augurando un intenso debate por sus posibles implicancias: apuntan al corazón de los conflictos que durante décadas han caracterizado a nuestro federalismo fiscal.

En esta oportunidad nos abocamos al análisis de lo que podría implicar reducir el gasto público consolidado (GPC) al 25% del PBI, medida que afecta no solo al gasto público nacional, sino también provincial y municipal.

En la actualidad, los últimos datos disponibles para un año completo corresponden a 2023 y dan cuenta de un GPC de 40,8% del PBI. Esto implica que para llegar a los 25 puntos del producto que propone el Pacto, se requiere una reducción del gasto de 15,8 puntos porcentuales (p.p.). Se trata de un recorte que a simple vista inquieta por su magnitud, sin definirse el horizonte temporal en el que debería alcanzarse.

Gasto público consolidado - Sector Público Argentino

Dejando de lado el tiempo que la consecución de esta meta podría insumir, tratamos de estimar cuál sería el impacto de esta reducción para los tres niveles de gobierno y en particular para la provincia de Santa Fe.

Un GPC de 25 p.p. equivale al que existía en 2004, valor más bajo de los últimos 20 años.

Un interrogante que aparece inmediatamente apunta a dilucidar en qué proporción deberían reducir el gasto en estos 15,8 p.p. cada uno de los tres niveles de gobierno y en particular la provincia de Santa Fe.

La estructura del gasto en 2023 indica que de los 40,8 p.p. de GPC, Nación ejecutaba 22,7, provincias 14,7 y municipios 3,4.

Por su parte, el GPC de 2004 de 25,1% del PBI, estaba compuesto por un gasto nacional de 12,8% del producto, mientras que el gasto de provincias y municipios ascendían a 9,9% y 2,4% respectivamente.

Volver a un gasto de tamaño y estructura similar al de 2004 implica que el gobierno nacional debería reducir su gasto en 9,9 p.p. (de 22,7% a 12,8% del PBI), las provincias 4,8 p.p. (de 14,7% a 9,9% del PBI) y los municipios 1,0 p.p. (de 3,4% a 2,4% del PBI).

Gasto público consolidado.

En el caso de la provincia de Santa Fe, la reducción implicaría para 2023 un recorte del gasto total provincial de 29% en términos reales, un monto que supera la totalidad del presupuesto educativo para dicho año.

¿Los gobernadores que suscribieron el pacto, están conscientes de estas implicancias? Seguramente los números definitivos quedarán plasmados en futuros acuerdos, que necesariamente deberán contener una regla clara y un horizonte temporal durante el cual deberá aplicarse. Es imposible pensar un recorte abrupto del gasto provincial de estas proporciones en el corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta su alto grado de rigidez, explicado en gran parte por sueldos y pasividades de los sectores educación, salud y seguridad, funciones que fundamentalmente se encuentran a cargo de los gobiernos provinciales.

Tras el Pacto de Mayo suscripto en Tucumán por el presidente Javier Milei y 18 gobernadores, las pequeñas y medianas empresas han salido a fijar su posición sobre ese acuerdo de diez puntos. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) considera que este pacto es “un acto simbólico que debe convertirse en plataforma de un país que necesita inexorablemente transitar por el camino de desarrollo”.

El sector pequeño y mediano de la economía es el que más empleo genera en la Argentina. La CAME afirmó que el acuerdo “refrenda la idea central de que no hay país viable sin el consenso político de las fuerzas que lo componen”.

“Desde CAME entendemos que el Pacto de Mayo pone en evidencia la necesidad de reestablecer puntos de diálogo genuino, basados en el natural escenario de la política, que tengan como fin anteponer el progreso del país por sobre los intereses sectoriales”, señaló la entidad.

Además, advirtió que “los desencuentros que llevaron a la Argentina a la crisis que hoy atraviesa la sociedad exigen a toda la dirigencia política, gremial, empresaria y social redoblar los esfuerzos en pos de los consensos que se explicitan en el Pacto”.

“Las bases establecidas en nuestra Constitución Nacional que garantizan la libertad de comerciar, el impulso a la educación y el respeto por la propiedad privada, entre otros aspectos, han quedado nuevamente de manifiesto en el Pacto firmado. Desde el sector productivo del país, auguramos que este acuerdo signifique el inicio de una nueva etapa en el desarrollo de la Argentina”, indicó la CAME.

Finalmente, la entidad destacó que las pymes “necesitan estabilidad y previsibilidad para dar impulso a la producción nacional, al comercio minorista, a los servicios y a las economías regionales. Las pequeñas y medianas empresas argentinas reinvierten el 100% de sus utilidades en la economía nacional”.