Antes de viajar a los Estados Unidos, el presidente Javier Milei firmó el decreto que transforma al Banco Nación en una sociedad anónima.

La transformación fue publicada este jueves en el Boletín Oficial mediante el Decreto 116/2025 que cuenta con firma del presidente; del ministro de Economía, Luis Caputo; y el jefe del Gabinete de ministros, Guillermo Francos.

Así lo anunció el vocero presidencial, Manuel Adorni, en redes sociales, en un mensaje que completó con la frase "Dios bendiga a la República Argentina" y su tradicional "Fin".

El Decreto 116/2025 indica que el Estado Nacional tendrá la titularidad del 99,9% del capital social y ejercerá todos sus derechos a través del Ministerio de Economía. La Fundación Banco de la Nación Argentina tendrá el 0,1% restante.

El total de dicho capital asciende a la cifra de $1.602.274.965.000, según previsiones reflejadas en el documento publicado este 20 de febrero.

“El Ministerio de Economía será la Autoridad de Aplicación del presente decreto y dictará las normas complementarias y operativas que fueran necesarias para el mejor cumplimiento de esta medida”, detalla el decreto y agrega: “ejecutará todos los actos previos que sean necesarios para instrumentar la transformación que por este acto se dispone y la puesta en funcionamiento del BNA S.A. sin que ello afecte el normal desarrollo y continuidad de su actividad y de sus actividades industriales, comerciales y administrativas conexas”.

El texto en cuestión también brinda a Guillermo Francos la facultad de realizar todas las modificaciones presupuestarias que “fueren necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto”.

Respecto a los plazos, la vigencia rige desde este viernes 21 de febrero y habrá un lapso de 90 días en los que la entidad autárquica BNA continuará con las registraciones contables en la forma en que las lleva actualmente. El Balance Especial de transformación deberá confeccionarse y aprobarse en el plazo de 180 días.

El objetivo del gobierno

El Gobierno había incluido al Banco Nación en el listado de empresas a privatizar, pero finalmente fue excluido de ese listado por el Congreso. Según se indicó en su momento desde el Banco Nación, la transformación en sociedad anónima es “imprescindible” para que la entidad “continúe aumentando los préstamos a favor de las PyMEs y las familias”.

"Para sostener ese crecimiento, la institución necesitará ampliar su fondeo, lo que podrá hacer abriendo su capital, para lo cual es esencial que se convierta en Sociedad Anónima y que tenga la aprobación del Congreso", señalan desde el Nación.

Según anticipó el vocero presidencial, el 45% de la totalidad de la traza que operaba Corredores Viales estaba en un estado crítico, los contratos de obra estaban paralizados y el atraso tarifario era de un 45% con relación a la tarifa técnica.

Se trata de la empresa pública que tiene a cargo sectores de las rutas 3, 5, 7, 8 y 9, entre otras. También controla las autopistas Riccheri y Ezeiza-Cañuelas. El Gobierno dijo que los interesados, a cambio de obras se quedarán con el cobro de los peajes.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que a partir de este modelo se va a promover el desarrollo de obras de infraestructura a través de la participación del sector privado, que se va a encargar de ejecutar las obras y gestiones necesarias a su propia cuenta y riesgo, a cambio del derecho de exigir el cobro de un peaje a los usuarios.

"Se terminó la patria contratista donde subían los peajes y las rutas se caían a pedazos", dijo Adorni.

La Agencia de Transformación de Empresas Públicas -dependiente del Ministerio de Economía- será el área encargada de adoptar las medidas necesarias y concretar una serie de acciones.

Entre esas acciones, promoverá la extinción por mutuo acuerdo de los contratos de concesión vigentes de 10 tramos asignados a Corredores Viales, la ejecución de los procedimiento de selección para la celebración de los contratos de concesión de obra pública sobre los corredores, la disolución y posterior disolución de Corredores Viales, una vez adjudicados y perfeccionados los contratos de concesión con las empresas que resulten seleccionadas.

Según el Gobierno, el sector privado va a encontrar mejores mecanismos para la subcontratación de las obras, sin las restricciones que significa la ley de obra pública.

Consecuencias económicas: deuda y pérdidas en el sector vial

El vocero explicó también que, en 2023, la empresa registró un resultado económico negativo, con una deuda con proveedores de 142.000 millones de pesos y pérdidas acumuladas por $268 mil millones.

Dijo que con estos resultados negativos, los argentinos aportaron $301.000 millones.

En un movimiento sorprendente, el presidente Javier Milei ha enviado un proyecto de Ley Ómnibus al Congreso que incluye la privatización de 41 empresas públicas, entre ellas YPF, Aerolíneas Argentinas, Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Banco de la Nación Argentina, Ferrocarriles Argentinos y la agencia de noticias Télam.

Este proyecto, denominado 'Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos', establece la venta al sector privado de estas empresas en base a "la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales". Según los fundamentos de la iniciativa, el objetivo es "generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".

En el Artículo 8 del Capítulo II del Título II, se declara "sujeta a privatización en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, a las empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal". Esto faculta "al Poder Ejecutivo Nacional a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada".

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, publicado la semana pasada, sienta las bases para esta privatización al modificar el "status jurídico de las empresas públicas, reconvirtiéndolas en Sociedades Anónimas, acordes al régimen de la Ley General de Sociedades". Este DNU, objeto de varios amparos judiciales en su contra, entrará en vigencia en los próximos días.

Javier Milei ha defendido esta medida desde antes de asumir la presidencia, calificando a las empresas estatales como "generadoras de déficit". Las 41 empresas públicas sujetas a privatización incluyen entidades como Administración General de Puertos, Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Casa de Moneda, Energía Argentina (Enarsa), y Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).

Esta propuesta ha desencadenado un debate acalorado sobre el papel del Estado en la economía y la posible afectación de servicios esenciales. Con incertidumbre en el horizonte, la atención se centra en el Congreso y en cómo se desarrollarán los próximos pasos en esta controvertida iniciativa.