El blanqueo de capitales en su primera parte para dinero en efectivo vence hoy y, a pocas horas del cierre, no hay indicios de una tercera extensión.

En principio esta etapa iba a culminar el 30 de septiembre, luego se postergó al 30 de octubre y finalmente para este viernes 8. En este último caso, desde el ministerio de Economía adujeron “problemas operativos”.

Hasta el cierre del horario bancario podrá depositarse dinero en efectivo no declarado sin pagar multa por hasta US$ 100.000 y además disponer libremente de él desde el próximo lunes.

Dado el ritmo que venían teniendo los depósitos se espera que el monto exteriorizado exceda largamente los US$ 20.000.

Este buen resultado llevó a algunos analistas a pensar que el Gobierno arbitraría algún mecanismo para que el programa quede abierto.

Hasta el momento las etapas son tres.

La primera vence hoy donde se pueden blanquear hasta US$ 100.000 en efectivo sin pagar penalidad y por sobre ese monto con una alícuota de 5%.

La etapa 2 va del 9 de noviembre de 2024  hasta el 7 de febrero de 2025 con límite hasta el 7 de marzo para el pago de la alícuota de 10%.

La etapa 3 se extiende del 8 de febrero de 2025 y hasta el 7 de mayo de 2025 con fecha máxima de presentación y pago el 6 de junio de 2025. En este caso, la alícuota es de 15%.

CAME ha solicitado al ministro de Economía de la Nación una prórroga de al menos 60 días para el vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares que las pymes mantienen con la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

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La Resolución General N° 17/2024 del Ministerio de Economía de la Nación y la Resolución General N° 5482/2024 de la AFIP establecen la suspensión de los juicios de ejecución fiscal y las trabas de medidas cautelares hasta el 31 de julio de 2024 para toda persona humana y micro, pequeña y mediana empresa.

Cabe destacar que aún no se ha reglamentado la Ley 27.743, "Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes", que establece un régimen de regularización de deudas vencidas al 31/03/2024 y que también posibilitará la regularización de deudas susceptibles de ejecución fiscal.

Contexto desfavorable

Desde CAME explican que la solicitud se enmarca en un período de fuerte contracción de la actividad y caída generalizada de ventas, lo cual impacta negativamente en la capacidad de pago de las pymes. "En este contexto será difícil la regularización de deudas para una gran cantidad de pequeñas y medianas empresas, lo que generará una situación extra de ahogo financiero", señalaron.

Los últimos datos publicados por CAME muestran que las ventas minoristas pymes retrocedieron un 21,9% anual en junio, a precios constantes, acumulando una caída del 17,2% en el primer semestre del año.

"Si bien los comercios están más aliviados por la mayor estabilidad en las listas que reciben, la dinámica de las ventas que no despuntan preocupa. No hubo ningún rubro que haya escapado a la tendencia general. Impactó en la caída la cantidad de feriados que hubo en el mes, el del 17 de junio por la conmemoración del fallecimiento de Martín Miguel de Güemes, y el puente por el Día de la Bandera que generó un fin de semana largo de cuatro días", explicaron.

Qué opinan las empresas

De acuerdo con una encuesta realizada por CAME a las empresas del sector comercial, la medida más destacada que esperan los comercios pymes es la reducción de impuestos, representando el 40,7% de las respuestas, seguida por el estímulo a la demanda interna con un 17%. Esto sugiere que, en el contexto actual, los comerciantes priorizan las intervenciones directas que pueden mejorar su competitividad y eficiencia operativa sobre opciones de financiamiento más favorables.

Asimismo, los mayores desafíos identificados por los comerciantes son la falta de ventas, representando el 57,6% de las respuestas, y los altos costos de producción y logística, que constituyen el 23,4%. Estos dos factores se destacan como los obstáculos más significativos para el crecimiento y la estabilidad de los comercios pymes.

Los comercios valoraron la mayor estabilidad en los precios, pero mostraron su preocupación por los montos que se están pagando por el consumo de energía en un contexto de tan baja demanda. El 35% de los comercios consultados han reducido gastos operativos, mientras que otro 26,5% diversifica productos para suplir la falta de ventas.

En este escenario complejo, las pequeñas y medianas empresas continúan buscando soluciones innovadoras para mantenerse a flote. Muchas pymes están adoptando estrategias digitales para expandir su alcance y reducir costos operativos. Las ventas en línea, por ejemplo, han demostrado ser una vía efectiva para contrarrestar la caída en las ventas presenciales. En los últimos eventos de promociones en línea, como el Hot Sale 2024, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) registró récord de compradores y varias empresas lograron picos de venta inusuales.

A pesar de estos esfuerzos, desde el sector empresario advierten que la situación es crítica y reclaman urgentemente la prórroga del vencimiento de la no ejecución de las deudas fiscales y las trabas de medidas cautelares.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ha oficializado la prórroga del pago del componente impositivo de las cuotas del monotributo para las categorías A, B, C y D, a través de la Resolución General 5411/2023. Esta medida, que se enmarca en los anuncios previos del ministro de Economía, Sergio Massa, tiene como objetivo mitigar los efectos de la devaluación ocurrida el 14 de agosto.

El tributarista Sebastián Domínguez ha resumido los aspectos más destacados de esta resolución:

La prórroga se aplica exclusivamente a los contribuyentes del Régimen Simplificado que se consideran "puros", es decir, aquellos que, además de ser monotributistas, no tienen empleo en relación de dependencia.

La extensión de la prórroga se limita al componente fiscal de los períodos de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2023, así como a enero y febrero de 2024.

Las nuevas fechas de vencimiento para el componente impositivo son las siguientes: septiembre y octubre, el 20 de marzo de 2024; noviembre y diciembre, el 20 de abril de 2024; enero y febrero de 2024, el 20 de mayo de 2024.

La prórroga no abarca a los componentes de obra social y el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

Esta medida solo se aplica a las primeras 4 categorías del monotributo, con los siguientes importes: A, $496,85; B, $957,27; C, $1.636,83 (Servicios) o $1.512,26 (Comercio); y D, $2.689,05 (Servicios) o $2.484,46 (Comercio).

Los contribuyentes de las categorías A y B que fueron alcanzados por la ley de Alivio Fiscal de junio de 2022, es decir, aquellos que no tienen ingresos por cargos públicos, locaciones, jubilación y pensión, trabajos en relación de dependencia, administración de sociedades, entre otros, no se ven afectados por esta prórroga.

Durante los períodos de septiembre de 2023 a febrero de 2024, los monotributistas solo deberán abonar las cotizaciones previsionales.

El pago de las cuotas del monotributo se puede realizar de diversas formas, como el Volante Electrónico de Pago (VEP), código de respuesta rápida "QR," débito directo en cuenta bancaria, débito automático mediante tarjeta de crédito, débito en cuenta a través de cajeros automáticos y otras plataformas de pago electrónico. Además, se ha establecido un procedimiento para aquellos contribuyentes que paguen de forma presencial en entidades habilitadas que no tengan adecuado el sistema para esta prórroga.

En cuanto a la devolución anual del componente impositivo por el pago a través de débito automático en tarjeta de crédito o cuenta bancaria, se ha establecido una excepción para el año 2023. Los contribuyentes podrán acceder a este beneficio si han abonado el impuesto integrado y las cotizaciones previsionales durante al menos ocho períodos mensuales mediante estas modalidades de pago. El cálculo proporcional del importe a reintegrar tendrá en cuenta la cantidad de meses del año calendario en los que se hayan abonado los conceptos mencionados previamente.

Se espera que el Gobierno incluya en la Ley de Presupuesto 2024 un artículo que condone el componente impositivo de los períodos de septiembre de 2023 a febrero de 2024, convirtiendo este endeudamiento debido a la prórroga en una liberación del pago.

El Gobierno prorrogó hasta fin de este año la eximición que gozan las instituciones privadas de enseñanza del pago de contribuciones patronales, a través del decreto 69/2023 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció un acuerdo con las cámaras de colegios privados que contiene "una pauta de aumento que pretende establecer un mecanismo hasta junio que no supere la meta inflacionaria".

Este acuerdo "nos permite bajar hasta más de la mitad el aumento de inicio en 16,38% y a partir de ahí recorrer un sendero de 3,35% hasta junio", anunció Massa.

Junto con esto, Massa anticipó que buscará un acuerdo con todas las jurisdicciones para que los colegios privados paguen los servicios de luz y gas bajo un esquema similar al que existe para los clubes de barrio, enmarcado en la tarea social que realizan.Por su parte, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, anunció que dieciocho provincias adherirán al tope de aumentos en las cuotas de los colegios privados acordado por el Gobierno.

Desde 2001 y en sucesivas oportunidades se viene eximiendo por decreto a los colegios privados de los aportes patronales.

En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció entre otras cuestiones nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximió a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020, y facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar la eximición, lo que se hizo por decreto en 2021 y 2022.

En esta oportunidad, el Gobierno destacó que "el principal costo operativo y financiero de los establecimientos educativos de gestión privada está representado por el componente salarial, en el que se incluyen las correspondientes contribuciones patronales".

Además indicó que de no prorrogarse la eximición "se produciría un incremento desmesurado en las contribuciones patronales a pagar por las instituciones, el que sería incluso mayor en jurisdicciones alejadas de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, ya que las reducciones de las que actualmente se benefician estos establecimientos difieren en las diversas áreas y regiones del país conforme a la normativa vigente".

En ese sentido, subrayó que "el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los y las docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios".En ese sentido, subrayó que "el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el 

Por otra parte, señaló que "en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía".

"Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino", concluyó el decreto.