"Quien logre bajar la inflación en forma permanente y generar reformas cambiarias y estructurales que permitan a nuestras empresas competir en el mundo, en un contexto de buenas instituciones, habrá puesto a la Argentina en el camino del crecimiento económico".

El párrafo pertenece a un informe de Marcelo Capello, del Ieral/Fundación Mediterránea, que aborda "el desafío de bajar la inflación y ganar competitividad en un país federal".

El análisis llega en medio de los desencuentros de Casa Rosada y Provincias y bajo la presión de Luis Caputo para que los distritos subnacionales bajen impuestos a la luz de sus superávits. La idea de la administración Milei, que promete bajar retenciones "cuando pueda", es que las reduzcan o eliminen Ingresos Brutos.

Eso mientras los gobernadores presionan para que Nación coparticipe los ATN y el impuesto a la transferencia de combustibles. Al tiempo que le reclaman a la Casa Rosada por el abandono de las rutas nacionales, decisivas en la calidad social como en los costos de productividad o incluso en las exportaciones.

"Además de la voluntad política necesaria para impulsar las reformas a nivel de gobierno nacional, se requiere también similar voluntad en los gobiernos provinciales, que en un país federal cuentan con autonomía. Y también de los municipios".

Recuerdos Capello que en 2023 el "déficit fiscal nacional más provincial ascendía a 4,6% del PBI y la presión tributaria era alta (8,6 puntos del PBI mayor en 2023 que en 2000), para lograr el equilibrio fiscal no quedaba otra que bajar fuertemente el gasto público".

Reseña que entre 2000 y 2023 el gasto público nacional había subido 4,8 puntos del PBI, y 2,6 puntos en el conjunto de provincias. "El exceso de gasto era evidente en ambos niveles de gobierno".

Señala que en 2024 el gasto se ajustó un 26% real a nivel nacional, pero también reconoce una baja del 17% en provincias. "Aún si no se tuvieran en cuenta los fuertes recortes en las transferencias discrecionales a provincias que llevó a cabo el gobierno nacional, el resto de sus erogaciones hubiesen bajado un 23% el año pasado".

Milei propone ser competitivos bajando impuestos. Crédito: Reuters.

Despejada la condición del superávit, Capello apunta que "se necesita una reforma laboral, mejor infraestructura e impuestos más bajos (y menos distorsivos), entre otras reformas.

"Para bajar impuestos, manteniendo el equilibrio fiscal que se necesita para disminuir la inflación, se debe reducir aún más el peso del gasto público. Ambos niveles de gobierno deben seguir bajando el peso del gasto y los impuestos en el PBI, para tener una economía estable y competitiva. Los municipios también".

El economista explica que "si el PBI crece, se puede alcanzar ese objetivo con un gasto que no suba más que la inflación". Sin embargo advierte que el gasto público en lo que va de 2025, bajó entre enero y mayo un 0,2% anual real a nivel nacional.

"Pero en un conjunto de 17 provincias que publicaron datos del primer trimestre, sus erogaciones suben un 21% anual promedio. Si esta situación se confirma para el consolidado de 24 jurisdicciones, estaríamos en un problema, porque se estaría revirtiendo el ajuste provincial del año previo y habría a futuro menos posibilidades de bajar impuestos provinciales".

Capello aborda los efectos posibles de los proyectos impulsados por los gobernadores, para que los ATN se coparticipen y para que la participación de las provincias en la recaudación del impuesto a los combustibles pase del 25% al 57%.

"En ambos casos, los mayores ingresos para provincias serían de libre disponibilidad". Son iniciativas que -junto al aumento jubilatorio- pondrían en duda el superávit y la competitividad de la economía.

"Se justificaría el envío automático de ATN a provincias si éstas bajan impuestos distorsivos, como el impuesto de Sellos o Ingresos Brutos, o utilizan los recursos para financiar reformas pro-competitividad. Pero sería muy mala idea que los recursos extras alimenten el gasto corriente provincial", advierte el economista.

Además apunta que el dinero del ITC que debería ir a las rutas y la infraestructura hídrica, si pasa a manos provinciales debería tener similar destino, más allá de la suerte de la incierta concesión para que capitales privados revitalicen la infraestructura vial.

Los gobernadores buscan recursos ante un gobierno central que abandonó la infraestructura.

Capello explica que para que Nación y Provincias "accedan al financiamiento externo, que ayude a viabilizar la transición, debe bajar el riesgo país, como mínimo 200 puntos. Pero el riesgo país difícilmente baje en un contexto en que la oposición y gobernadores logren aprobar leyes sobre jubilaciones y otras erogaciones que dinamitarían el equilibrio fiscal y las posibilidades de mejorar la competitividad de la economía. En definitiva, un perro que se muerde la cola".

"¿Cómo alinear incentivos entre niveles de gobierno, en un país federal, para lograr estabilizar la economía y ganar competitividad? Desde la política real, se trata de un problema de incentivos e intereses", dice Capello.

"Bajar la inflación le genera votos al presidente, no a los gobernadores o intendentes. Para éstos, cosechar votos significa hacer obra pública, mejorar los salarios de los agentes públicos y minimizar los conflictos en un año electoral.

"En determinadas situaciones, dichos incentivos suelen conducir a un mayor gasto público, deteriorando las posibilidades de estabilizar y darle competitividad a la economía. ¿Qué 'palancas' tiene un presidente en Argentina para alinear incentivos de gobernadores e intendentes? Históricamente se usaron con este fin las transferencias discrecionales" ya eliminadas por la administración Milei.

Mientras Córdoba o Santa Fe procuran crédito internacional, Capello reconoce que precisamente el endeudamiento externo es uno de los "incentivos" para alinear a los gobiernos a bajar impuestos y ganar competitividad.

"Las provincias tienen actualmente capacidad de endeudamiento, pues su stock de deuda pasó del 7,4% del PBI en 2019 a 3,9% en 2024. Con financiamiento, podrían exhibir mayores niveles de obra pública y ganar competitividad electoral. Claro que se trata de un recurso que no estaría al alcance de todas las jurisdicciones, si no sólo para las de mayor ingreso per cápita y con mejores antecedentes fiscales en el pasado".

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el gobierno nacional avanza en una reforma tributaria que busca dividir el Impuesto al Valor Agregado entre la Nación y las provincias. La medida, según explicó, permitiría que cada jurisdicción establezca su propia alícuota y así se genere una competencia entre ellas.

“Vamos a dividir el IVA entre nación y provincia. Cobraríamos 9% sobre el 21% que es el IVA y las provincias pondrán el suyo”, detalló Caputo durante una entrevista en un programa de streaming. Sin embargo, aclaró que el proyecto se enviará al Congreso Nacional “cuando los tiempos políticos lo permitan”.

Inflación en baja y precios en dólares

Durante la entrevista, el funcionario también se refirió a la inflación de abril, que según estimaciones oficiales se ubicó por debajo del 3%, una cifra menor a la registrada en marzo. “El proceso de desinflación continúa. Nos da más bajo que marzo”, afirmó, y añadió que “la inflación va a colapsar, es un proceso inexorable”.

Caputo advirtió que “Argentina está más cara en dólares que hace un año” y explicó que eso impacta negativamente en la competitividad. “Buscamos que un asalariado cobre un buen salario en dólares”, agregó.

Por último, reconoció que rubros como la indumentaria y el calzado siguen con precios elevados, aunque confía en que la competencia, una vez consolidada, presionará a la baja. “La gente aún convalida esos precios y la competencia todavía no entró de lleno”, cerró.

Los supermercados argentinos renovaron el reclamo por una reducción de la carga impositiva que pesa sobre los alimentos que comercializan, apuntando a las provincias y municipios, en una nota dirigida al Gobierno nacional. El documento firmado por la Cámara Argentina de Supermercados (CAS) y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) fue enviado al presidente Javier Milei y a los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

En la misiva, las cadenas supermercadistas manifestaron su apoyo a la política de recorte del gasto público y las rebajas impositivas implementadas por el Ejecutivo nacional pero solicitaron que se avance en la misma dirección en la carga fiscal que afronta el sector.

En este marco, destacaron que "el reciente anuncio de reducción de retenciones a las exportaciones agrarias, en primer término, seguido por la eliminación y reducción de gravámenes aplicados a automóviles y motos, es una plausible confirmación de la decisión de tomar las medidas necesarias en materia económica".

En ese sentido, aseguraron que "la mayoría de la sociedad argentina apoya estas medidas, al igual que nuestro sector, integrado por empresas de capital nacional radicadas a lo largo y a lo ancho de todo el país, sin embargo, no debemos perder de vista que medidas similares se deben aplicar de manera urgente a productos de consumo masivo, especialmente a los alimentos".

Al respecto, consideran que "nada justifica que los precios que abonan los consumidores tengan, en la mayoría de los casos, un componente de impuestos y otros gravámenes cercano al 50%", indicando que "los impuestos y tasas provinciales y municipales son una parte destacada de esa carga que afecta en mayor medida a las capas sociales de menores recursos".

En la misma línea, expresaron que "es mucho lo que queda por hacer en ese campo, comenzando por una carga perniciosamente distorsiva como es Ingresos Brutos, y continuando con tasas municipales y otras formas de recaudación que sólo sirven para obtener fondos, sin brindar una contraprestación equivalente por parte de los municipios".

Ante la manifiesta disconformidad, los supermercados indicaron que "desde nuestro sector pedimos a los gobernadores e intendentes que reduzcan sin dilaciones las cargas tributarias, para que la gente pueda acceder a los productos que necesita sin una desmedida presión fiscal, como la actual, que aumenta sus precios injustificadamente".

En otro guiño a las políticas de la administración Milei, los representantes del sector sostuvieron que "estamos enfrentando tiempos decisivos para terminar con la decadencia de nuestro querido país; ya se ha dado un gran paso con la reducción de la inflación, la estabilidad de precios está impulsando una incipiente recuperación del consumo; celebramos que se comiencen a implementar medidas en el sentido correcto y remarcamos la necesidad de actuar con celeridad y priorizando los sectores más críticos".

Cambio históricoLa planta de Mercedes Benz en Buenos Aires fue la primera, hace más de 70 años, fuera de Alemania. El secretario general de Smata, Ricardo Pignanelli, anticipó que en 20 días pasará a manos del Grupo ST de Pablo Peralta, se hará cargo de la terminal con licencia para fabricar la Sprinter hasta 2029. El ex ceo de Toyota en el país, Daniel Herrero, estará al frente de las operaciones que incluyen el traspaso del personal a la nueva firma. Mercedes Benz separó el negocio de camiones y buses y construye en Zárate una nueva planta para producir los modelos Accelo y Atego y los chasis de buses OH y OF.

La inversión en bajos nivelesLa inversión cerró el 2024 con un desplome del 13,7% anual, el nivel más bajo desde la pandemia en 2020, según un informe de Orlando J. Ferreres (OJF). La evolución de ese componente se vio afectado por la devaluación, el salto de la inflación y la caída en consecuencia del consumo, lo que profundizó la recesión iniciada el año previo.

De esa manera, la inversión medida en dólares alcanzó los US$ 79.670 millones, por debajo de los US$ 103.621 millones en 2023.

"El fuerte ajuste del gobierno tuvo como principal objetivo frenar la inflación, frente en el que está teniendo buenos resultados, pero esta política generó también una brusca caída de la actividad y de los salarios durante los primeros mes de 2024, y como consecuencia una baja en la inversión", explicó Rosendo Plana, de OJF.

La estimación surge de los datos de venta de maquinaria agrícola, venta de vehículos pesados, despachos para la construcción e importaciones de bienes de capital, entre otros. Según la consultora, la inversión en construcción cayó 21,6% interanual y en maquinaria y equipos retrocedió 6,1% por la brusca caída de las importaciones debido al impacto de la devaluación.

Luego de anotar once meses de caídas interanuales, recién en diciembre el indicador registró una expansión del 19,9% interanual. El principal motivo fue la baja base de comparación que dejaron las importaciones de bienes de capital en diciembre de 2023.

Desde la consultora, proyectan que la inversión subirá 10% en 2025, producto de una situación macroeconómica más ordenada, junto con una mejora general de los salarios y un rebote de la actividad.

La consultora espera una mejora por el lado de la maquinaria importada, aunque advierte que el tipo de cambio atrasado es un freno para la actividad de la construcción y la baja del riesgo país será clave para la entrada de inversiones.

Exportaciones mineras en subaEl sector minero viene de pasar un muy buen año, y eso se vuelve a confirmar con los datos dados a conocer por la Secretaría de Energía sobre las exportaciones mineras.

Entre enero y noviembre de 2024, Argentina registró exportaciones mineras por US$ 4.115 millones, lo que representó un incremento del 15% respecto al mismo período de 2023.

Se espera que con la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una previsibilidad macroeconómica mayor, el sector experimente otro buen año en 2025.

En noviembre de 2024, los minerales metalíferos representaron el 84,0% de las exportaciones mineras, mientras que el litio aportó un 13,4%. El resto de los minerales contribuyeron apenas con el 2,6% restante.

La motosierra es, según la sensibilidad política con que se la mire, una virtud administrativa o una calamidad sociopolítica. En todo caso, es el presidente el que se jacta del recorte de gastos por 25,9% en 2024. Pero sin alarde demostrativo, los mandatarios provinciales y el jefe de gobierno de Buenos Aires han aplicado la misma receta tras la herencia del gobierno de Alberto Fernández y de los respectivos mandatarios distritales.

Con un superávit de $ 401.445 millones en los primeros 9 meses del pasado año, contra $106.7101 millones de superávit en igual período de 2023 a valores de diciembre pasado, Santa Fe integra el grupo de 14 provincias que en la Argentina lograron incrementar sus saldos fiscales a pesar de la fuerte baja de recursos.

"Debido a una baja del gasto provincial superior a la baja de los ingresos, las provincias y CABA mejoraron su resultado fiscal en los primeros 9 meses del 2024", reseña un informe de Nadin Argañaraz.

Principales gastos por provincias.

Recuerda el informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (que omite a La Pampa por falta de información) que "en términos de variación porcentual interanual real, los ingresos corrientes cayeron un 14% en 2024 y los ingresos de capital descendieron un 81%. Como resultado, los ingresos totales descendieron un 15,6% en términos reales entre 2024 y 2023" en el conjunto de los estados subnacionales.

Expone el informe que "en lo que respecta al gasto público, en el acumulado al tercer trimestre de 2024 los gastos corrientes tuvieron un descenso interanual real del 17,5% y el gasto de capital un descenso del 51%. Como resultado, el gasto público total provincial tuvo un descenso interanual real del 21,8%".

La motosierra de los gobernadores es lo que explica los resultados; un instrumento que llegó para quedarse. De hecho en su presupuesto del presente año, Santa Fe tiene previsto un gasto de $10,5 billones, un incremento del 115,4% respecto de la erogación del 2023, pero por debajo del 117,8% de inflación del pasado año.

Iaraf analiza los datos provistos por la Dirección Nacional de Asuntos Provinciales (DNAP) del Ministerio de Economía  de la Nación. Al observar la ejecución presupuestaria acumulada a septiembre de 2023 y 2024 del consolidado de 23 jurisdicciones bajo análisis, señala que el gasto primario (no contabiliza pagos de deudas) cayó 21,6%.

"En consecuencia, dada una baja real del gasto público mayor al descenso de los ingresos durante los primeros 9 meses del 2024 en comparación con el mismo periodo de 2023, el resultado primario y fiscal de las 23 jurisdicciones mejoró.

"En 2024 el resultado primario fue superavitario por $6.080.000 millones, lo que implica un incremento real interanual de 185%. El resultado fiscal fue superavitario por $4.850.000 millones, generando un incremento real interanual de 979%", puntualiza.

Apunta el informe de Argañaraz que la caída real de los ingresos totales fue motivada fundamentalmente por una baja en la recaudación tributaria propia del 9,6%, la baja de la coparticipación de impuestos (Transferencias Automáticas totales) del 12,4% y de las contribuciones a la seguridad social provincial del 17,1%.

"Resulta importante destacar la importancia relativa de estos 3 elementos en los ingresos totales en el año 2023: la recaudación tributaria propia explicó el 30% de los ingresos totales, las transferencias automáticas el 45,2% y contribuciones a la S.S. el 9,6%".

Ingresos por provincia.

Siempre en el conjunto de las provincias más CABA, la caída real de los ingresos tributarios "propios" es explicada principalmente por la baja del tributo de mayor participación, Ingresos Brutos, del 9,6% real. Luego le sigue en orden de importancia el impuesto a los sellos con una caída real del 13,4%, luego el impuesto inmobiliario con una baja del -0,9%, el impuesto automotor con una baja real del 12,4% y "Otros" con una baja del 15,6%.

Cabe señalar que según los datos oficiales de la Casa Gris, Ingresos Brutos (a noviembre del pasado año) representó el 84% de los recursos propios de la provincia -unos $167 mil millones- con 83,69% del total. Una cifra no menor que es el centro de atención de la embestida nacional; Economía quiere rebajar el gravamen "más distorsivo" de las provincias, que a su vez replican con la imposibilidad de hacerlo si la Nación no cumple siquiera con el mantenimiento de rutas vetustas.

Dos en rojo

Del análisis de la ejecución presupuestaria de las 23 jurisdicciones durante los primeros 9 meses del 2024, Iaraf señala que todas presentaron un resultado primario positivo; en el caso de Santa Fe es del 6,3% de su ingreso total. No obstante, en lo que respecta al resultado fiscal, solamente dos provincias registraron déficit: Buenos Aires y Chaco.

Mayor recorte

Las obras públicas -más maquinarias- sufrieron el mayor recorte para aportar al "ahorro" de las provincias y CABA. Apunta Iaraf que " Como resultado de las variaciones interanuales reales mencionadas anteriormente, los principales cambios de composición del gasto primario se dieron en los rubros del gasto de capital, ya que tuvo un descenso por encima del resto de componentes, reduciendo su participación del 13% en 2023 al 8% en 2024. El resto de los componentes mantuvo prácticamente constante su participación".

Las provincias de Salta, San Juan, Catamarca y Mendoza serán beneficadas con proyectos de inversión en minería y energías renovables que prevén unos US$ 2.500 millones de inversión.

Las iniciativas serán beneficiadas con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

Este régimen habilita facilidades en materias de impuestos, ventajas aduaneras y acceso a los dólares para saltear los controles de capitales, que permiten mejorar la competitividad de los proyectos en la Argentina.

A través de estos incentivos, el Gobierno prevé que llegarán en la próxima década más de 54.300 millones de dólares de inversiones, principalmente con el desarrollo de Gas Natural Licuado (GNL) para procesar el combustible de Vaca Muerta y exportarlo a Brasil, Europa y Asia.

A esto se sumaría una inversión similar para el Oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS), que lidera YPF junto al resto de los principales productores de petróleo crudo de la Argentina.

En ese escenario, la empresa Minas Argentinas S.A. presentó su proyecto por unos 1.000 millones de dólares para desarrollar el proyecto "Carbonatos Profundos" en San Juan.

El objetivo es cuadruplicar su actual producción de oro, de unas 45.000 onzas anuales, a 165.000, durante un período no menor a 17 años.

También sumará producción de cales industriales, plata, la construcción de un parque solar -energías renovables- por 50 megavatios (MW) y de un gasoducto de San Juan a Jáchal y a Gualcamayo.

Las empresa prevé presentar otro por US$ 1.000 millones nuevos, que podría incluir la ampliación del parque solar hasta los 800 MW -con lo que se convertiría en uno de los más grandes del país- y la construcción de enlaces a líneas de extra alta tensión eléctrica para conectarse al sistema nacional.

Minas Argentinas es propiedad del grupo canadiense Aisa Group, cuyo accionista principal es el español Juan José Retamero Gómez, que le compró la mina el año pasado a los colombianos Mineros SA.

Retamero Gómez, a través de la firma Iberte, está en conflicto judicial con decenas de bodegas en Mendoza por denuncias penales cruzadas, en las que se acusan de estafas y defraudaciones.

A su vez, la minera surcoreana Posco presentó su pedido de adhesión al RIGI para su proyecto Sal de Oro, de producción de hidróxido de litio en Salta, por unos US$ 1.000 millones.

Y la empresa Galan Lithium se interesó en producir cloruro de litio por unas 12.000 toneladas de carbonato de litio equivalente (LCE) al año en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, con una inversión de US$ 200 millones.

Desde el lado de la energía, YPF fue la primera en buscar adherir al RIGI, con las renovables: quiere instalar 305 MW solares en El Quemado, Mendoza, equivalente a la potencia eléctrica que utilizan más de 233.000 hogares.

La puesta en marcha de la primera etapa se prevé para el primer trimestre de 2026.

A poco de finalizar la segunda prórroga de la primera etapa del blanqueo de capitales, distintos gobiernos provinciales decidieron avanzar con la aplicación de un impuesto especial sobre los contribuyentes que adhirieron al Régimen de Regularización de Activos.

Las administraciones gubernamentales de Neuquén y Salta ya lo formalizaron, ya que al mismo tiempo que suscribieron al régimen nacional, incluyeron el pago de un nuevo tributo local para aquellos ciudadanos que hayan regularizado activos. Santa Fe planea seguir el mismo camino, mediante un proyecto de ley que será tratado en la legislatura provincial.  

La decisión de avanzar en este sentido se da sobre el cierre de la primera etapa del blanqueo, que el Gobierno nacional postergó hasta este viernes 8 de noviembre, y en medio de los datos positivos difundidos por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), al precisar que ingresaron casi 105 mil contribuyentes que depositaron más de US$19.000 millones.

Neuquén fue la primera provincia en introducir un impuesto al momento de adherir a la herramienta promovida por la administración de Javier Milei, en el marco de la sanción, por parte de la legislatura, de la ley 3450 que generó la figura del Régimen Provincial de Regularización de Activos.

La norma establece que los contribuyentes que se adhieran al blanqueo nacional también lo deberán hacer con el homónimo provincial y tendrán que realizar el pago de un tributo especial a cambio de quedar eximidos de abonar Ingresos Brutos.

El esquema del impuesto provincial es similar a la escala establecida a nivel nacional, ya que variará según el momento de adhesión, gravando sólo cuando la exteriorización supere los US$100.000, con una alícuota progresiva del 0,75% a 1,25%.

De esta manera, la carga será de un 0,75% sobre el excedente de US$100.000 para quienes presenten la declaración jurada hasta el 30 de noviembre, del 1% sobre el excedente de US$100.000 para quienes adhieran hasta el 31 de enero de 2025 y del 1,25% del excedente de US$100.000 para quienes blanqueen hasta el 30 de abril del 2025.

En el caso de Salta, las cámaras legislativas sancionaron la ley 8461 que establece el Régimen Excepcional y Transitorio de Medidas de Alivio Fiscal, en el cual se incorporó la adhesión a la regularización de activos y se dispuso un impuesto especial sobre el mismo.

Al respecto, el artículo 16 de la norma provincial establece “un Impuesto Especial de Regularización equivalente al 10% del impuesto nacional que corresponda abonar en los términos del Capitulo IV del Titulo Il de la Ley Nacional 27.743. el que no deberá ser ingresado en los supuestos especiales de exclusión de pago del impuesto nacional previstos en el Capitulo V del Titulo 1 de la citada Ley”.

Además, el artículo 17 determina que “el decaimiento de los beneficios dispuestos por la Ley Nacional 27.743 o en su caso, la falta de pago del Impuesto Especial de Regularización dispuesto en el articulo precedente, privara a los sujetos de los beneficios dispuestos por la presente Ley”.

Por el lado de Santa Fe, la iniciativa aún no fue tratada en la legislatura pero ya fue presentado el proyecto de ley que contempla un impuesto especial sobre el blanqueo, generando un crédito fiscal, a cuenta de Ingresos Brutos, para destinar a nuevos emprendimientos productivos y de construcción de viviendas.

Las condiciones del tributo también se asemejan a lo dispuesto a nivel nacional, al gravar los ingresos superiores a US$100.000, aunque en este caso la alícuota se establece en un 2%, sobre el excedente.

El ministro de Economía santafesino, Pablo Olivares, precisó que “quienes paguen el 2%, podrán utilizarlo como anticipo de obligaciones fiscales que van a tener en el futuro” y reveló que “lo recaudado no quedará en las arcas provinciales, sino que será utilizado para otorgar beneficios impositivos a los contribuyentes que hayan cumplido con sus obligaciones en tiempo y forma”.

Además, aseguró que “como un principio central, la adhesión al blanqueo provincial tendrá estrictos controles de seguridad para asegurar que no haya vínculos con actividades ilegales”.

En relación al espíritu de la decisión señaló que “esta medida busca equilibrio: dar seguridad a quienes regularicen y premiar a los que cumplen, impulsando a su vez el crecimiento y la inversión en nuestra provincia”.

La política de aplicar nuevos impuestos provinciales sobre un régimen de regularización de activos, ya se había dado en el blanqueo pasado durante el gobierno de Mauricio Macri, con la decisión de La Pampa de gravar todos los bienes sincerados, aplicando una alícuota del 1% sin considerar la ubicación de los bienes.

En aquél momento se apuntó que la norma cercenaba el principio de territorialidad tributaria, que limita la potestad fiscal de las provincias a la riqueza generada dentro de sus jurisdicciones, por lo que se iniciaron varias demandas que actualmente esperan un veredicto de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Con este antecedente y a la espera de que la Corte se expida, los flamantes tributos provinciales sobre el actual blanqueo de capitales pueden derivar en nuevas presentaciones judiciales.