La comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados reanudará este martes el tratamiento de los proyectos para reducir la jornada laboral, con una nueva reunión informativa donde expondrán empresarios de organizaciones empresarias provinciales, abogados laboralistas, y representantes de la Unión Industrial Argentina.

Será la tercera reunión donde se volverán analizar los distintos proyectos presentados por Unión por la Patria, la UCR, el FIT y el socialismo santafesino, de los cuales la mayoría proponen desde 40 hasta 30 horas semanales, en lugar de las 48 horas semanales que hoy se establecen en la ley 11.524 que está vigente desde 1929.

La Libertad Avanza está en contra de avanzar en una reducción de la jornada laboral como están proponiendo la mayoría de los legisladores opositores.

Sergio Palazzo es uno de los que propone cambios en la jornada laboral.

La Comisión de Legislación del Trabajo fue citada para este martes desde las 11 para que nuevamente puedan dar su opinión sobre estos proyectos-que son rechazados por el oficialismo-como sucedió en la reunión del 6 de junio pasado.

Esta invitados a exponer el presidente de la Unión Industrial de Córdoba, Luis Macario; el ex funcionario y representante de la UIA, Juan José Etala; Nazarena Bitscho de la Asociación de Laboralistas de Buenos Aires; Luisa Contino de la Asociación de Laboralistas de Tucumán; Eduardo Curuchet del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la Plata, y Pablo Anino, quien es economista de Radio Con Vos y la Izquierda Diario.

Si bien todos los legisladores del kirchnerismo, de la izquierda y el socialismo quiere reformar la cantidad de horas diarias que se pueden trabajar, uno de los proyectos presentados por el presidente de la comisión, Martín Tetaz, habilita a que la distribución de horas por día se acuerde en las convenciones colectivas de trabajo.

Nicolás Del Caño también propone un proyecto para reducir la jornada laboral.

En ese sentido, Tetaz señaló en la última reunión que “nosotros proponemos un período de exploración de jornadas alternativas a modo de evaluar si se sostiene la productividad”, puntualizó, al explicar los fundamentos de su propuesta: “La clave central es, además, poder generar la herramienta para que el convenio tenga flexibilidad en la reestructuración de la jornada laboral”.

Dentro de los textos impulsados por UP, está el del diputado nacional Hugo Yasky -secretario general de la CTA-, el cual establece que no se exceda de las 8 horas diarias o los 40 semanales, sin disminución del salario que los trabajadores estén percibiendo en el momento en que se reduzca la duración del trabajo.

En el mismo sentido, el diputado nacional Sergio Palazzo -secretario general de la Asociación Bancaria- propone que la jornada laboral tenga un máximo de 8 horas diarias, pero que no exceda los cuatro días a la semana.

Los proyectos de Eduardo Valdés (UP – CABA), Nicolás Del Caño y la exdiputada Claudia Ormachea pretenden días laborales de 6 horas o 30 horas a la semana; y los de Mónica Litza y el socialismo plantearon que no se excedan las 36 horas semanales.

En un movimiento inusual que ha generado debate en todo el país, el gobierno argentino está proponiendo reducir la cantidad de horas diarias por las que las empresas deberían contratar a sus empleados. Sin embargo, un informe reciente del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) advierte sobre las posibles consecuencias económicas de esta medida.

El informe de IDESA señala que en la actualidad, seis de cada diez argentinos ya trabajan menos de 8 horas diarias. Esto ha llevado a la preocupación de que una reducción adicional en la jornada laboral podría tener un efecto negativo en la economía, aumentando los precios de los productos y servicios.

El estudio de IDESA también critica la falta de consideración por parte del gobierno hacia la realidad laboral del país. Según el informe, "dos de cada tres trabajadores realizan tareas por menos de 40 horas semanales, lo que tornaría abstracta la discusión para la mayoría de los asalariados". En lugar de reducir la jornada laboral, IDESA sugiere que el enfoque debería centrarse en "ordenar el Estado y las instituciones laborales para crecer con más empleos de calidad".

El informe de IDESA también compara la situación argentina con la de la Unión Europea, donde se está analizando la posibilidad de reducir la jornada laboral como una forma de evitar salarios más altos. Sin embargo, señala que en Europa, la discusión se centra más en mejorar la calidad de vida de los trabajadores que en aumentar el empleo.

Los datos recopilados por el INDEC en su Encuesta Permanente de Hogares también parecen contradecir la propuesta del gobierno. Según el informe, en 2023, un 15% de los asalariados en Argentina trabajaba más de 48 horas semanales, un 19% entre 40 y 48 horas, y un 66% menos de 40 horas semanales.

En este contexto, IDESA advierte que para reducir la jornada laboral a seis horas, las empresas deberían aumentar su productividad en un 33%. De lo contrario, el mayor costo de esta iniciativa se trasladaría a los precios de los productos y servicios.

El informe concluye que la principal preocupación no debería ser la cantidad de horas que trabajan los empleados, sino la falta de empleos de calidad en el país. IDESA subraya que "el principal desafío no pasa por compartir los pocos empleos de calidad que hay, sino por multiplicar los empleadores y las inversiones productivas".

En resumen, la propuesta del gobierno argentino de reducir la jornada laboral ha generado un intenso debate, con IDESA advirtiendo sobre posibles consecuencias económicas negativas si no se aborda adecuadamente la productividad y la calidad de los empleos en el país.

El Grupo de los 6 (G6), una coalición de las principales cámaras empresariales en Argentina, ha emitido una declaración importante en relación con el debate en curso en el Congreso sobre la reducción de la jornada laboral. En su comunicado de prensa, las organizaciones que componen el G6, incluyendo la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Unión Industrial Argentina (UIA), expresaron su preocupación por la posible aprobación de leyes que, según ellos, podrían perjudicar gravemente la generación de empleo formal, especialmente en un año electoral.

El G6 enfatizó la importancia de una discusión responsable y la participación de todas las partes involucradas en cualquier modificación de la estructura laboral, como la reducción de la jornada laboral. Argumentaron que, en lugar de apresurar medidas de este tipo, Argentina debería centrarse en estabilizar sus condiciones macroeconómicas, reducir el empleo informal y promover el empleo formal, que ha estado estancado desde 2012. También resaltaron la necesidad de implementar incentivos al empleo antes de considerar reformas de este tipo.

Además, los empresarios señalaron que Argentina lidera la presión fiscal sobre el sector formal, y cualquier cambio podría resultar en una carga fiscal adicional para los empleadores formales. También hicieron hincapié en que en las últimas dos décadas, el sector público ha sido el principal creador de empleo registrado en el país.

Aunque reconocieron que algunos países han reducido las horas de trabajo de manera gradual, destacaron las diferencias socioeconómicas entre estos países y Argentina. Finalmente, el G6 solicitó que estos debates se lleven a cabo en el marco de discusiones tripartitas, involucrando al sector empleador, sindical y al gobierno, en línea con las disposiciones del Convenio 144 de la OIT sobre consulta tripartita. También expresaron su compromiso de participar en discusiones regionales y sectoriales debido a la naturaleza federal del debate en curso. Este llamado a la responsabilidad y al diálogo busca abordar los desafíos laborales en Argentina en medio de un contexto electoral.

"Una medida que tiene que ver con la calidad de vida de los trabajadores", "un cambio directamente relacionado con la salud y la seguridad", pero también un primer paso para abordar, luego, el tema de la informalidad que afecta al 40 % de la población. Todas estas opiniones y muchas más se escucharon este martes en la comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se comenzaron a debatir, con la presencia de sindicatos, empresarios y referentes del gobierno, los siete proyectos de ley que establecen una reducción de la jornada laboral en la Argentina.

Hubo voces a favor pero también reparos, como los expresados por Julio Cordero, de la Unión Industrial Argentina que preguntó "¿Trabajar menos para qué?".

En debateLa del martes fue la primera de varias reuniones de las que participarán diferentes actores involucrados en esta temática: para la próxima está prevista la presencia de la CGT y de cámaras empresariales, tal cual anticipó la titular de la comisión Vanesa Siley (FdT). Mientras tanto, se presentaron siete proyectos de ley, cinco de oficialistas, uno de la izquierda y el restante del socialismo. La idea predominante en la comisión es unificarlos en un dictamen de consenso.

"Esta discusión es para modificar una norma que data de 1929, que es la ley que rige actualmente la jornada laboral en Argentina, de 48 horas semanales", señaló Siley, tal cual recoge el sitio especializado Parlamentario.com. Se trata de "modernizar y actualizar la legislación laboral, que dentro de cinco años cumpliría 100".

"Cuando se habla de reformas laborales frente a la tecnología, el cambio en las relaciones laborales, hablamos también de este derecho fundamental que es la jornada laboral", expresó la legisladora.

Autora de uno de los siete proyectos en consideración, la diputada Claudia Ormachea (FdT) resaltó que "hace 100 años que no se discute sobre el tema de la jornada" y, sobre el impulso de la iniciativa, consideró que ante los avances tecnológicos y después de la pandemia "era necesario sentarse y pensar en este derecho". "Es un tema de debate con pruebas piloto en todo el mundo, en los países desarrollados y en los países también de América Latina", apuntó.

Desde la UIA, Julio Cordero cuestionó: "¿El Estado a qué viene a disponer una norma que entra por la ventana cuando las negociaciones colectivas están abiertas?". Crédito: TélamAl subrayar el aspecto clave de que "este avance no implique una reducción en el salario", la oficialista afirmó que "las experiencias que se han llevado adelante demuestran que para el lado de las empresas hay menos ausentismo, menos accidentes, la gente trabaja de otra manera y rinde".

Ricardo Peidró, secretario adjunto de la CTA Autónoma, argumentó que reducir la jornada laboral contribuye "en la responsabilidad familiar compartida" entre hombres y mujeres, al tiempo que consideró que "la jornada laboral en la República Argentina es una de las más altas en la región".

Otras vocesComo en todo debate, también hubo voces en contra: Julio Cordero, vicepresidente del departamento de Política Social de la Unión Industrial Argentina (UIA), preguntó: "Yo limito la jornada para que trabaje menos, ¿para qué? ¿O sea, está mal trabajar, estamos en contra del trabajo? ¿Para qué, para ir afuera a hacer qué? Por supuesto la vida familiar es absolutamente importante, pero esto ya se debatió internacionalmente. El límite dispuesto por la OIT es de 8 horas diarias o 48 horas semanales".

En tanto, Natalia Salvo, presidenta de la Corriente de Abogados Laboralistas "7 de Julio", expresó: "Estamos discutiendo intereses objetivos, pero el trabajador discute por mejores condiciones de trabajo y de vida y la regulación es fundamental para que exista un capitalismo sustentable", concluyó.

El diputado nacional Eduardo Valdés (FdT), autor de uno de los siete proyectos presentados, sostuvo que "veo que los países de mayor índice Gini (coeficiente que mide las desigualdades en los ingresos) que son los que están reduciendo el horario laboral como Noruega, Alemania o Dinamarca", y afirmó que "no es un tema ideológico, porque lo discute la derecha inglesa".

La secretaria Internacional, Cooperación y Migraciones de Comisiones Obreras de España, Cristina Faciaben, contó que en dicho país la jornada laboral se determina por convenio colectivo. "La cobertura es del 86% de los trabajadores, es decir hay un 15% de la clase trabajadora que no tienen cobertura y están bajo la normativa mínima que es el estatuto de los trabajadores que fija la jornada máxima semanal en 40 horas exigiendo que haya un descanso de 12 horas entre jornada y jornada y el máximo de una jornada ordinaria pueden ser 9 horas", precisó. En tanto, postuló que reducir la jornada no implica reducción del salario, no debe ser una imposición, sino una negociación mediante acuerdos, no debe ser "una moneda de cambio que el empresario llame al trabajador a su gusto como un recurso a disposición", no se debe ser reduccionista y se tienen que pensar alternativas porque "no en todas las actividades es posible reducirlo a 4 días semanales".

Martín Tetaz (Evolución Radical) dijo estar "a favor de la reducción", y explicó que "los datos de Argentina son de mediados del 50, cuando eran 2060 horas mensuales y hay una tendencia constantemente a reducir".

Sin embargo, propuso que "se ensayen y exploren instrumentos para la reducción de la jornada laboral porque no podemos sostener la productividad con la reducción de la jornada". "No pretendamos que la causalidad va al revés. Generemos una normativa con incentivos", señaló.

El ex ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (FdT), agregó: "Tenemos la necesidad de reducir la jornada de trabajo, luego tratar el tema de la informalidad -que son el 40 por ciento de los que trabajan- y el tercer tema es el tema de los ingresos", pero aclaró: "Celebro que trabajemos ordenadamente".

La postura oficialLa ministra de Trabajo de la Nación, Raquel "Kelly" Olmos, adelantó el apoyo de esa cartera a esa iniciativa, promoviendo que en caso de adoptarse una modificación de la cantidad máxima de horas "se haga de una manera escalonada, con un horizonte y una previsibilidad", y que a partir de fijar ese máximo de horas "fortalezcamos la competencia de la negociación tripartita de cada convenio para la mejor distribución de las horas máximas a los efectos de adecuar cada sector".

La funcionaria señaló que "si optáramos por un mecanismo de reducción, estaríamos impulsando una redistribución más adecuada de la productividad alcanzada, aportando al concepto de justicia social".

En el mundo

La reducción de la jornada laboral no se debate solo de Argentina; hay legislación vigente y proyectos en discusión en otros países. Algunas de esas experiencias fueron consideradas el martes en la reunión de comisión de Legislación Laboral de Diputados.

Fue su titular, Vanesa Siley (FdT), quien explicó que en México hubo dictamen de comisión de la Cámara de Diputados; en Chile se discutió en abril de 2023 y se convirtió en ley; en Colombia en el 2021 y se convirtió en ley; en Ecuador se redujo a 40 horas en el año 1983.

En Reino Unido hubo una prueba piloto de 61 empresas para reducir un día la semana, que duró seis meses y tras ese tiempo "solicitaron tener definitivamente como régimen una jornada de cuatro días".

Qué dicen los 7 proyectos

Uno de los proyectos impulsados por el oficialismo corresponde al líder de la CTA, Hugo Yasky. Propone una semana laboral de cuatro días, que no podrá exceder las 8 horas diarias o 40 semanales.

El impulsado por la dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea establece un día laboral de un máximo de 6 horas (o 7, pero de lunes a viernes), y un tope de 36 semanales.

El secretario General de La Bancaria, Sergio Palazzo, plantea jornadas de 6 horas diarias o 36 semanales, con la posibilidad de distribuirse en seis días. El proyecto coincide con otro propuesto por la diputada oficialista Mónica Litza.

Eduardo Valdés (Unión por la Patria) propone que la jornada sea de un máximo 36 horas semanales, que se podrán distribuir en seis o cuatro días, en ese último caso si se trabaja en jornadas de 7 horas y media.

Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda, pone en su proyecto topes de 6 horas diarias o 30 semanales, por lo que la distribución establecida sería de 6 horas diarias en cinco días.

Enrique Estévez, del Partido Socialista, pide un máximo de 36 horas semanales con 8 horas diarias de trabajo máximas, permitiendo las distintas distribuciones horarias en la jornada: 6 horas en 6 días, 7 horas en 5 días o 8 horas en 4 días.