El Gobierno nacional reglamentó este lunes el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), una de las herramientas contempladas en la Ley de Modernización Laboral para financiar el pago de indemnizaciones por despido mediante aportes realizados por los empleadores y administrados a través de instrumentos financieros supervisados por la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La medida fue oficializada mediante el Decreto 408/2026, publicado en el Boletín Oficial, donde se establecen las reglas para la conformación, administración y funcionamiento de estos fondos, así como los mecanismos de recaudación y pago destinados a trabajadores registrados del sector privado.

La reglamentación representa un paso clave dentro de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, aunque su puesta en marcha no será inmediata. El Poder Ejecutivo dispuso que el sistema comenzará a regir recién el 1 de noviembre de 2026, una vez que los organismos involucrados dicten las normas operativas necesarias.

Según establece el decreto, los empleadores alcanzados por el régimen deberán realizar aportes a fondos específicos destinados exclusivamente a financiar eventuales indemnizaciones laborales.

Para administrar esos recursos se utilizarán vehículos de inversión colectiva autorizados por la CNV, como fondos comunes de inversión y fideicomisos financieros.

Desde el Gobierno sostuvieron que este esquema permitirá garantizar una adecuada separación patrimonial de los recursos y una supervisión permanente sobre su utilización.

El texto oficial señala que el objetivo es dotar al sistema de mecanismos transparentes para asegurar la disponibilidad de fondos cuando corresponda afrontar una desvinculación laboral.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la encargada de recaudar las contribuciones y derivarlas al fondo correspondiente, integrando el proceso al sistema de seguridad social.

Para ello, cada empleador deberá informar un identificador específico denominado "ID FAL", que permitirá asignar correctamente los aportes a la cuenta correspondiente.

La reglamentación también fija el procedimiento para que los trabajadores accedan a las prestaciones.

Entre los requisitos establecidos figura una antigüedad mínima de doce meses de registración laboral para acceder plenamente a la cobertura del sistema.

Cuando se produzca una desvinculación y se presente la documentación correspondiente, la entidad administradora deberá efectuar la transferencia de los fondos al trabajador en un plazo máximo de cinco días hábiles.

Uno de los puntos destacados del decreto es que los recursos administrados por estos fondos sólo podrán invertirse en instrumentos financieros emitidos y negociados dentro de la República Argentina.

La decisión apunta a canalizar esos recursos hacia el financiamiento de actividades productivas y del mercado de capitales local.

El Gobierno argumentó que la medida busca fortalecer el ahorro interno y generar un mecanismo sostenible para el financiamiento de obligaciones laborales futuras.

Aunque la reglamentación ya fue publicada, el sistema aún requiere una serie de disposiciones complementarias para comenzar a funcionar.

Hasta noviembre, la Secretaría de Trabajo, la Comisión Nacional de Valores, ARCA y la Secretaría de Finanzas deberán elaborar las normas técnicas y operativas que permitan implementar el régimen.

Entre otros aspectos, deberán definirse los procedimientos de registración, la operatoria de los fondos, los mecanismos de fiscalización y los sistemas de intercambio de información entre organismos.

La creación del Fondo de Asistencia Laboral constituye uno de los cambios más relevantes incorporados por la Ley de Modernización Laboral y abre una nueva etapa en el esquema de financiamiento de indemnizaciones dentro del mercado de trabajo argentino.