La sequía, un fenómeno climático implacable, ha desencadenado una crisis en la industria ganadera de Argentina, con devastadoras consecuencias económicas y un futuro incierto. Según un informe del Instituto de Estudios Económicos (IEE) de la Sociedad Rural Argentina (SRA), la sequía ha elevado de manera alarmante la mortandad en el ganado bovino, alcanzando una tasa del 46%. Esta situación ha desencadenado una serie de efectos adversos que han dejado una marca indeleble en el sector ganadero del país.

El impacto económico de la sequía es innegable. Se estima que las pérdidas económicas ascienden a un total de US$ 3,000 millones. Este golpe financiero se debe en gran medida a la falta de lluvias que ha asolado la industria ganadera, afectando tanto a la salud de los animales como a la producción de forrajes esenciales.

La reducción en el peso de los terneros vendidos ha sido uno de los efectos más notorios de la sequía. En promedio, cada ternero ha perdido alrededor de 20 kilos de peso debido a la falta de alimentación adecuada. Esta pérdida de peso no solo impacta en la rentabilidad de los productores, sino que también afecta a la cadena alimentaria en su conjunto.

La sequía también ha tenido un impacto negativo en el peso de faena de los animales, con una disminución de 10 kilos por animal. Esta reducción en el peso de faena afecta directamente el rendimiento de carne y la dinámica del mercado ganadero.

Otro indicador preocupante es la liquidación prematura de vacas. Cerca de 500,000 vacas han sido liquidadas debido a las dificultades generadas por la sequía. Esta situación revela la presión financiera que enfrentan los productores ganaderos, quienes se han visto obligados a tomar decisiones difíciles en medio de la crisis.

El panorama para el año 2024 es desafiante. Se proyecta que la oferta de terneros en el destete del próximo año se reducirá significativamente, entre 1.3 y 1.6 millones de ejemplares, debido a la fuerte disminución en la tasa de preñez. Esta reducción es el resultado directo del mal estado corporal de los animales, agravado por la falta de forraje y las condiciones de estrés térmico y hídrico.

El 73% del ganado bovino se encuentra en las provincias productoras más impactadas por la sequía, como Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y Corrientes. Según el informe del IEE, la afectación promedio durante estos 10 meses alcanzó el 32%, llegando a picos del 45%, y actualmente el 18% de los animales aún se encuentra en esta situación.

Los productores ganaderos de Argentina están atravesando una de las peores sequías de los últimos 70 años en un contexto macroeconómico altamente inestable. La situación ha llevado a ventas con precios retrasados y ha dejado a muchos sin capital de trabajo para enfrentar los desafíos venideros.

A pesar de las dificultades, la sequía persiste, afectando al 18% de los animales que aún padecen la escasez de agua. La industria ganadera enfrenta un panorama incierto y desafiante, con la esperanza de que mejores condiciones climáticas permitan la recuperación de este pilar fundamental de la economía argentina. La resiliencia y la capacidad de adaptación de los productores serán fundamentales para superar esta crisis y restaurar la prosperidad en el sector ganadero argentino.

Tras el anuncio del Gobierno de cerrar las exportaciones de carne vacuna durante 15 días en pos de negociar un nuevo acuerdo de precios con los frigoríficos, el sector agropecuario ha manifestado un enérgico rechazo a esta medida, denunciando su impacto negativo en la actividad y criticando la falta de previsibilidad que estas acciones generan.

Alfonso Bustillo, presidente de la Asociación Argentina de Angus, un organismo que reúne a criadores de ganado bovino de esta raza, expresó su descontento ante lo que considera una medida incoherente y perjudicial para el sector. En su opinión, esta acción gubernamental carece de previsibilidad y pone de manifiesto la falta de una estrategia coherente para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Bustillo destacó que abrir mercados es una tarea ardua y que medidas como esta afectan la confianza y estabilidad necesaria para fomentar el crecimiento sostenible de la producción.

Gabriel de Raedemaeker, vicepresidente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), también se sumó al rechazo de la medida y cuestionó fuertemente la dirección tomada por el Gobierno. De Raedemaeker calificó estas acciones como "aprietes" que buscan obtener acuerdos ficticios de precios, los cuales no tienen un impacto real y duradero en el sector. Además, consideró que estas decisiones son propias de un Gobierno que, a su parecer, carece de competencia y que ha contribuido a mantener al país en una situación de estancamiento económico a lo largo de décadas.

El experto en temas agropecuarios, Víctor Tonelli, también emitió críticas hacia la medida gubernamental, cuestionando la viabilidad de alcanzar acuerdos justos de precios dadas las condiciones actuales. Tonelli señaló la falta de seriedad y organización por parte del Gobierno y mencionó la incertidumbre que esta medida genera en un momento en el que la economía y el empleo están en una situación crítica. Para él, la reciente devaluación del dólar por parte del Gobierno ha profundizado la inestabilidad y la falta de confianza en el sector.

En consonancia con estas opiniones, Juan Diego Etchevehere, director del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), también compartió su preocupación y descontento. Etchevehere hizo hincapié en cómo esta medida afecta de manera negativa a los productores de la región, quienes ya se enfrentan a los desafíos derivados de la sequía histórica. Para él, el Gobierno sigue mostrándose desconectado de la realidad agropecuaria y toma decisiones que impactan de manera negativa en el campo y en la economía rural en general.

En conclusión, el rechazo del sector agropecuario hacia las medidas gubernamentales de cierre de exportaciones de carne vacuna se fundamenta en la falta de previsibilidad, la desconfianza generada y el impacto negativo que estas acciones tienen sobre la actividad económica en un momento de gran fragilidad. Las voces críticas del ámbito agropecuario resaltan la necesidad de políticas coherentes y sostenibles que permitan un crecimiento genuino y estable del sector en beneficio de la economía del país.

Durante el encuentro los dirigentes analizaron aspectos referidos a la producción, las sequías que afectan al sector agropecuario a nivel nacional, las mermas que significarán y la caída de rentabilidad que deberán afrontar los productores. “Venimos de tres años de inclemencias climáticas. Tuvimos heladas y ahora la sequía. Si bien no se perdieron ingresos de divisas por exportaciones, los volúmenes de exportación descendieron considerablemente”, dijo González.

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Y continuó: “De prolongarse las mermas, producto de las heladas y de la sequía que nos trajo el fenómeno de La Niña, se pone en riesgo la continuidad de la actividad productiva para el ejercicio 2023-2024”. Cabe destacar que las producciones regionales exportaron por USD 7.500 millones en el período diciembre 2021-noviembre 2022 y que invierten anualmente alrededor de USD 4.200 millones en concepto de capital de trabajo, sin considerar amortización.

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En virtud de esta situación se propuso elaborar una agenda común, con la finalidad de gestionar iniciativas que den respuestas a las demandas del productor, además de la promoción de instrumentos de alivio para el empresariado pyme de todo el país. Participaron también del encuentro el director ejecutivo de Economías Regionales de CAME, Pablo Vernengo, y director de la SRA, Juan Manuel Bautista.